Ecuador: Antes y después del 30 de septiembre

ANTES Y DESPUÉS DEL 30 DE SEPTIEMBRE

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Los trágicos sucesos del 30 de Septiembre, que provocaron la muerte de diez ecuatorianos y centenares de heridos, marcan un punto de inflexión en la política nacional, entre la situación anterior y la posterior a dichos acontecimientos.

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La etapa anterior estuvo caracterizada por un deterioro político del régimen, debido a las protestas de diversos grupos sociales, contra la imposición de algunas leyes polémicas por parte del ejecutivo.

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Trabajadores del sector público, universidades, estudiantes, maestros, indígenas, jubilados, municipalidades y varios grupos políticos de oposición, habían manifestado su oposición ante el tratamiento y la aprobación de leyes como la de Hidrocarburos, la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación general, el Código Territorial (COTAD) y la Ley de Servicio Público que fue el detonante del conflicto con la policía y el ejército. La protesta había surgido también en contra de la criminalización de los luchadores sociales, especialmente dirigentes indígenas de la CONAIE y dirigentes universitarios como Marcelo Rivera, al cual se lo ha juzgado y condenado por terrorismo, de una manera totalmente reñida con elementales principios de justicia.

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La indignación aumentó no sólo por el contenido de las leyes en contra de los derechos de los trabajadores e instituciones como las universidades, sino por la forma en que se las impuso. El gobierno utilizó en varios casos el recurso de declararlas como urgentes, para que de esa manera fueran aprobadas sin mayor discusión, y pasaran por imperio de la ley. En varios casos se dejó de lado los acuerdos y negociaciones logrados entre los asambleistas y los sectores sociales afectados. El descontento se hizo palpable, inclusive al interior del propio bloque gobiernista, a tal punto que Correa amenazó con utilizar el recurso de la “muerte cruzada” para deshacerse de&nbsp los asambleistas rebeldes y de la oposición.

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La Asamblea había sufrido un fuerte desprestigio ante la opinión pública, por su ineficiencia en el tratamiento de las leyes, su nula labor fiscalizadora y la sumisión de los asambleístas de Alianza País ante la posición autoritaria de Correa. Este conjunto de elementos prefiguraban una situación de crisis del régimen.

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La polémica sobre el 30 de Septiembre

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En este contexto ocurre la sublevación de la tropa policial con los graves resultados que todos conocemos.

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Luego de los hechos, el gobierno lanzó una fuerte campaña mediática para tratar de convencer a la población de que tras los acontecimientos del 30 de Septiembre hubo un intento de golpe de estado, que se atentó contra la vida del presidente Correa y se fraguó una conspiración, cuyos responsables son Lucio Gutiérrez y su grupo político, el MPD y dirigentes vinculados al movimiento indígena. Se ha iniciado también un proceso judicial para establecer los responsables al interior de la policía, con algunas decenas de detenidos,&nbsp pero con resultados inciertos hasta el presente.

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Sin embargo, pese de la machacona insistencia de las cadenas y los medios controlados por el gobierno para demostrar que hubo intento de golpe, secuestro del Presidente, e intento&nbsp de magnicidio, la opinión pública sigue dividida, según las encuestas de opinión difundidas por las agencias especializadas.&nbsp Y es que, pese a las supuestas pruebas que ha mostrado el régimen (videos de un miembro de Sociedad Patriótica rondando el cuartel de policía, supuesto testigo protegido que después se desdijo, un carro abaleado que luego se supo no era el que usó Correa para salir del hospital, etc.), no existen evidencias físicas, jurídicas y peor políticas de una supuesta conspiración para derrocar al gobierno.

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Si bien ciertos grupos de la derecha, como&nbsp Sociedad Patriótica, quisieron aprovecharse del descontento de la tropa y el ejército, para desprestigiar al régimen correista, no existían condiciones&nbsp objetivas ni subjetivas para que se produjera un golpe de estado. Nos preguntamos por ejemplo: ¿acaso la burguesía nacional, las transnacionales o los países imperialistas tienen motivos importantes para buscar la salida del gobierno? Los datos nos muestran que los grupos empresariales más poderosos del país (La Favorita, Nobis, Eljuri, Pronaca, La Fabril, NIRSA, Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha) han continuado creciendo y enriqueciéndose más que en cualquier otro periodo. De igual manera nos preguntamos: ¿acaso las empresas extranjeras han sufrido procesos de nacionalización o expropiación para que busquen desestabilizar régimen? ¿O tal vez el gobierno norteamericano tiene grandes contradicciones con el presidente ecuatoriano? Nada de esto ha ocurrido. Mas bien se ha logrado restablecer las relaciones con el gobierno colombiano y un creciente involucramiento del Ecuador en el “Plan Colombia” bajo el patrocinio de Hillary Clinton.

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Como lo señalan la declaración de la LIT y el manifiesto del MAS sobre los acontecimientos del 30 de Septiembre: 1) Ni la cúpula militar ni la cúpula de la policía estuvieron apoyando las movilizaciones de los revoltosos, siendo desde el principio fieles al gobierno; 2) no existía ninguna dirección que reclamase la destitución del Presidente; todos los representantes del Estado burgués y la burguesía se pronunciaron en contra del presunto golpe y por la defensa de la “democracia”; 3) fueron las propias fuerzas especiales de la policía, apoyadas por los militares, las que liberaron al Presidente de su presunto secuestro, en una acción innecesaria pues ya estaba acordada su salida del Hospital; 4) Correa tuvo desde el inicio el respaldo de todos los gobiernos de América Latina, tanto de los llamados “progresistas” como de los de derecha, de los organismos internacionales y del gobierno de los Estados Unidos y su embajada.

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Por lo tanto, es evidente que no existieron fuerzas económicas o actores políticos con&nbsp capacidad para intentar un golpe de estado contra el gobernante ecuatoriano. La sublevación policial se produjo por una inconformidad con la Ley de Servicio Público que les arrebataba ciertos beneficios económicos como bonos y condecoraciones por antigüedad, consideradas como derechos adquiridos (que ahora el gobierno los ha restituido). Además existía malestar en la tropa por las inadecuadas condiciones de trabajo y&nbsp los cambios continuos a otras provincias. La actitud hormonal y provocativa de Correa al ir al destacamento policial insubordinado, lo único que hizo es agravar el descontento de la tropa.

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Consecuencias de la revuelta policial del 30 de Septiembre&nbsp

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Entre las consecuencias políticas más importantes de la revuelta del 30 de Septiembre podemos anotar las siguientes:

-&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp el fortalecimiento de la imagen del Presidente Correa al aparecer como víctima de un intento de golpe de estado y su posición en defensa de&nbsp la “democracia”

-&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp la neutralización de la protesta y la desmovilización de diversos grupos sociales en contra de las leyes gobiernistas, a fin de no aparecer como aliados de la derecha golpista

-&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp la posibilidad de ejercer un control efectivo de los aparatos represivos del estado, especialmente de la policía, pero también de la inteligencia del ejército, que no respondieron ante sus mandos jerárquicos

-&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp La justificación para prolongar el estado de excepción, con el peligro de restringir las libertades básicas como el derecho a la libre expresión

-&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp La continuación de la satanización de los movimientos sociales opuestos a las políticas del régimen y la criminalización de los dirigentes sociales

-&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp La neutralización de las posiciones más críticas al interior del bloque gobiernista, por lo que ya no fue necesario recurrir al mecanismo constitucional de la “muerte cruzada”.

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En conclusión, lo ocurrido el 30 de septiembre, ha permitido el fortalecimiento (al menos coyuntural) del régimen encabezado por Correa, que estaba experimentando un deterioro político. Esta situación facilita el avance del modelo extractivista y modernizante en lo económico, y autoritario (bonapartista) en lo político. El mayor peligro para el campo popular es que se agudice la criminalización de la protesta, la persecución judicial contra los dirigentes sociales críticos al gobierno y se limiten más las libertades básicas.

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De allí la necesidad de unificar las fuerzas populares y políticas independientes y críticas, para conformar un frente de resistencia &nbsp que permita impulsar una política de denuncia del carácter antipopular e inclusive anticonstitucional de las leyes impuestas por el ejecutivo,&nbsp la exigencia para que cese la criminalización de las luchas y se detengan los despidos de los trabajadores públicos y privados, como es el caso de Petroecuador y de ERCO.



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