Ecuador 2019: un año de protesta social

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El 2019 quedará en la memoria de Ecuador como el año en que la protesta social cobró vida para reivindicar un derecho contenido en la Constitución de este país, donde diversos sectores decidieron expresar sus inconformidades en las calles.

Las marchas respondieron a motivos como los pedidos de liberación del exvicemandatario Jorge Glas, encarcelado por supuesta asociación ilícita en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, tras un proceso plagado de irregularidades.

Además, demandas por mejores políticas públicas para frenar los femicidios y por la igualdad de género, denuncias contra el alza en los combustibles, los reajustes económicos que solo trajeron cientos de despidos y por la salida de Ecuador del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El año comenzó con manifestaciones pacíficas en Quito, contra la violencia machista y la xenofobia, tras un femicidio cometido en la ciudad de Ibarra, por el novio de una joven, lo cual no solo cobró la vida de la chica, sino que desató una ola de rechazo a los extranjeros de la zona, por ser el perpetrador de otra nacionalidad.

Poco antes de finalizar enero, otro levantamiento, esa vez del movimiento obrero, se pronunció contra las concesiones de empresas públicas, el posible aumento de los años para la jubilación y un alza inicial de los combustibles.

Febrero, abril y por supuesto mayo, en el Día de los Trabajadores, también fueron meses en los que se registraron marchas, por los derechos, por iniciativas gubernamentales que atendieran demandas de los ecuatorianos de menos ingresos y por la liberación de Glas, a quien miles consideran un perseguido político del gobierno del presidente, Lenín Moreno.

También el pueblo salió a las calles en junio, con grupos a favor y en rechazo al matrimonio igualitario, y en julio y agosto, nuevamente contra el gobierno y el FMI.

Pero, sin dudas, el momento más álgido se vivió en octubre, cuando se registraron en varias ciudades del país 11 jornadas consecutivas de levantamientos populares contra medidas económicas de corte neoliberal dispuestas por el gobierno, las cuales desataron el descontento a nivel nacional.

La eliminación de los subsidios a combustibles fue el detonante de las marchas, iniciadas por transportistas y extendidas a otros sectores, principalmente los indígenas, quienes también se pronunciaron, una vez más, contra la presencia del FMI en Ecuador y los requisitos impuestos al ejecutivo a cambio de conceder préstamos millonarios, así como por medidas a favor de las familias de menos ingresos.

El 3 de octubre estalló el levantamiento, con la entrada en vigor de la normativa, que desató el alza en los costos del transporte público y de alimentos de la canasta básica.

Trabajadores, amas de casa, estudiantes universitarios, intelectuales y organizaciones sociales, se sumaron al contingente de representantes de nacionalidades indígenas que dejaron sus lugares de origen para realizar una cruzada, cuyo epicentro fue Quito, pero con repercusión en numerosas ciudades.

Hasta el pasado 13 de octubre, miles de personas alzaron sus voces contra todo lo que consideraron negativo por parte del ejecutivo, lo cual incluyó la liberación de los precios de combustibles, los despidos masivos y otras propuestas económicas de la administración nacional, consideradas un paquetazo por numerosos sectores sociales.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión se convirtió en el bastión de los representantes de diversos pueblos, bajo la égida de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Lo que comenzó como jornadas de levantamiento pacífico, cambió de tono cuando la policía y las Fuerzas Armadas comenzaron a intentar contener a los manifestantes mediante una brutal represión.

Balas de goma, gases lacrimógenos lanzados a escasos metros de la multitud y hasta el uso de efectivos a caballo y tanques fueron utilizados para frenar a un pueblo que ejercía su derecho a la protesta, cansado de ser desoído por sus autoridades.

La situación se tensó de tal forma que los enfrentamientos fueron inminentes y mientras los militares acudían al uso excesivo de la fuerza, los manifestantes optaron por la quema de cauchos y la resistencia.

Numerosas personas resultaron heridas y un contingente de voluntarios médicos se unió entonces a la protesta, para ayudar a curar y salvar vidas, a quienes se sumaron además personas de Quito que suministraron medicamentos, alimentos y vituallas a aquellas personas que resistían.

No se acallaron por 11 días, hasta que el presidente Moreno determinó derogar el Decreto 883 y acceder al diálogo con todos los sectores involucrados.

Como resultado del paro popular, 11 personas murieron, mil 340 resultaron heridas y mil 192 fueron detenidas, mientras crecían las denuncias populares y de medios de comunicación alternativos, por la postura de la administración, según la cual hubo intentos de golpe de Estado y de desestablización, de cuya organización responsabilizó al expresidente Rafael Correa y al jefe de estado venezolano, Nicolás Maduro.

Hoy, a punto de finalizar el año, Ecuador ha vuelto a la calma, pero las fuerzas populares, en especial los indígenas, siguen exigiendo respuestas del gobierno por la represión y se mantienen atentos a las próximas medidas económicas, que alertaron, no pueden ir en detrimento de los más desposeídos, pues volverían a tomar las calles hasta hacer entender al ejecutivo que debe representar al pueblo.

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