Dissabte 31 de gener a Alacant, València i Castelló: Acudeix a les Manifestacions contra la crisi

Dissabte 31 de gener: Acudeix a les Manifestacions contra la crisi

Pel treball digne: No a l’atur ni a la carestía!!!

La crisi capitalista que la paguen els rics i els bancs!!!&nbsp

València 18:30 h. Plaça de Sant Agustí

Castelló 18:30 h. Plaça de la Independència

Alacant 19:00 h. Escales del IES&nbsp Jorge Juan (Plaza Luceros)

Desde hace más de un año, pero con particular virulencia desde el pasado septiembre, la crisis económica que sacude a la economía capitalista internacional, golpea con contundencia a España.

Los datos conocidos en diciembre son demoledores: un millón de nuevos parados en un año (el 46% de aumento), de ellos, la mitad en el último trimestre de 2.008, muy por encima de la media europea, lo que demuestra que las consecuencias de la crisis capitalistas están siendo en España mucho más graves para la mayoría trabajadora como consecuencia de que el régimen monárquico mantiene intactas las estructuras básicas de poder real de la dictadura franquista controladas por una minoría oligárquica acostumbrada al dinero fácil y sin riesgo, cuyos intereses están siempre cubiertos por fuerzas políticas sumisas e incapaces de salirse del guión general de consenso en las cuestiones trascendentales y cuyas inversiones las garantizan una red de caciques, ganapanes y vividores que han hecho del tráfico de influencias que tan bien retrataba Luís García Berlanga en su obra, “La escopeta nacional”, la norma.

La cifra de parados supera ampliamente los tres millones, lo que hace prever que este año se alcancen los cinco millones, como anticipaban las previsiones más pesimistas. Cerca del 80% de los nuevos parados son hombres, lo que indica, además, que el empleo que se está perdiendo es el más seguro y de mejores condiciones.

¿Cómo ha respondido el régimen continuista a esta crisis? De la misma forma que en otras crisis anteriores: defendiendo por encima de todo los intereses de la minoría oligárquica. En 1.993, durante su mandato en el Gobierno González, previo a su paso por la Comisión Europea en la que representó el papel de ciclón ultraliberal y defensor del déficit cero, el actual Ministro de Economía Pedro Solbes, manifestaba a la prensa: “…El 99 % de los habitantes de este país somos trabajadores, parados o pensionistas, y sólo el 1% son empresarios; desgraciadamente quien genera empleo son los empresarios y si queremos solucionar el problema del paro, hay que darles ventaja… Ahora bien, por muchos incentivos que les demos, los empresarios harán lo que quieran en función de sus expectativas de beneficios”. Estas palabras han sido la declaración de intenciones de los sucesivos Gobiernos, incluidos de manera especial los del PP, que siguieron al de Felipe González. Aquel fue un periodo de intensa crisis económica en el que el paro en España rozó el 25%; con todo, la crisis actual es mucho más profunda y se traslada de una manera más brutal y rápida a la clase trabajadora.

Desde que se iniciara esta nueva crisis, el régimen monárquico y las fuerzas que le son afines han coincidido en ayudar a los sectores oligárquicos a descargar sus&nbsp consecuencias sobre las espaldas de la mayoría trabajadora.

Las medidas que ha adoptado hasta la fecha el Gobierno, confirman lo que decimos: la inyección de ingentes cantidades de dinero público barato al sector financieros, no ha evitado que los bancos y cajas sigan negando sistemáticamente el crédito a los ciudadanos, por lo que la consecuente retracción de la demanda y de la inversión es más aguda de los previsto por ellos mismos y amenaza con agravar la depresión económica actual.

Últimamente, Zapatero y su equipo económico han aireado con profusión un nuevo plan de financiación autonómica para fomentar la inversión pública en infraestructuras y vivienda; pero con ello únicamente se refuerzan los desequilibrios de la débil estructura económica de la España borbónica, pues es precisamente el sector inmobiliario fuertemente sujeto además a la corrupción caciquil y política, uno de los principales responsables de la profundidad de la crisis en nuestro país.

¿Cuál es la reacción de la oposición derechista del PP?: Con el mayor descaro acusa al Gobierno de descuidar a las familias, a los trabajadores y a las PYMES, ellos, que siempre han hecho gala tanto en el Gobierno como en la oposición, de la defensa de la máxima libertad para el capital especulativo; ellos, que han medrado y medran en los territorios donde gobiernan con la obra pública y con la vivienda (recordemos que solo en Madrid, la suma de lo que adeuda el Ayuntamiento y la Comunidad alcanza los 16.000 millones de euros)

El colmo del cinismo lo han alcanzado al acusar al Gobierno de Zapatero de endeudar a las generaciones futuras con el déficit público aprobado, cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, su lideresa, Esperanza Aguirre, lleva adelante un plan de privatización de la sanidad, con la construcción de sucesivos hospitales en régimen de concesión y canon con empresas privadas, (la mayoría de ellas por cierto grandes beneficiarias de la especulación inmobiliaria de los últimos tiempos) que hipoteca al menos para los próximos 30 años a los ciudadanos madrileños y multiplica por tres el coste real de esos servicios.

Podemos concluir que aunque existen diferencias, algunas importantes, en las formas (el Gobierno, en general, resalta su “seriedad” y “responsabilidad”, mientras que el PP abraza el populismo más pedestre), la coincidencia es prácticamente absoluta en el fondo: ninguno de los dos, ni la inmensa mayoría de las otras fuerzas institucionales, habla de soluciones a la crisis desde una perspectiva popular. TODOS consideran, como Solbes, que la única salida consiste en apoyar con dinero público a quienes la provocaron a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias y sin garantías de que todas las ayudas aprobadas no terminen, como en otras ocasiones, en el bolsillo de especuladores y grandes empresarios, sin paliar los gravísimos problemas de la mayoría.

¿Es posible otra política? Por supuesto, es posible y además es absolutamente necesaria si no queremos correr el peligro de que la profundidad del abismo al que la política imperialista nos ha llevado, termine de tirar por la borda muchas de las conquistas que sólo han sido logradas con el esfuerzo de las generaciones que nos han precedido. Con todas sus limitaciones, la experiencia de la II República, en la que, a pesar de la gravísima situación internacional (el mundo capitalista vivía en plena crisis del 29, la más profunda hasta la actual) se llevaron a cabo proyectos políticos, económicos y sociales que suponían un gran salto en la España de principios del siglo XX es un ejemplo de lo que se consigue situando en el eje de la política, el interés de la mayoría.

Hoy es urgente también paliar los efectos de la crisis sobre las clases populares, pero para ello es necesario que la política económica se oriente hacia ese objetivo, lo que obliga a que el Estado (y recalcamos el Estado, porque las alternativas no corresponden únicamente al Gobierno, sino a todas las fuerzas e instituciones que han sostenido hasta ahora el régimen responsable de la lamentable situación actual) ponga fin al continuo e impune saqueo de la riqueza de España, por las oligarquías central o nacionalistas.

Para ello:

Es urgente que el estado intervenga directamente en la economía, gestionando los recursos de los grandes bancos y cajas de ahorro, estableciendo mecanismos de control de las transacciones comerciales y financieras que pongan coto a la especulación, la impune y antisocial actividad de los intermediarios, etc. Es preciso también que se elabore un plan de desarrollo económico armónico que dé prioridad a la industrialización, el cooperativismo, especialmente en el sector agrario, la investigación e inversión en equipos, etc. Debe controlarse igualmente la actuación de las grandes empresas multinacionales, acabando con la aplicación de los ERES injustificados que han llevado al paro a más de 60.000 trabajadores los últimos meses y que no van acompañados de planes sociales, de inversión y de futuro; y debe apoyarse a pequeños empresarios y autónomos que no pueden competir con las grandes entidades en el acceso a la financiación. Parar la sangría del empleo exige acabar con la impunidad de la que gozan los grandes empresarios para desprenderse de sus plantillas cuando acaban las épocas de bonanza económica.

Es necesario arbitrar medidas concretas para aliviar las consecuencias de la crisis sobre las clases trabajadoras. La situación del sector inmobiliario no puede seguir como hasta ahora: decenas de miles de ciudadanos deben hacer frente a hipotecas astronómicas que no pueden pagar y la solución no es la de cifrar las esperanzas en el aumento de la inversión pública en infraestructuras que lleven a cabo los mismos empresarios sin escrúpulos que han hecho de la vivienda un bien inalcanzable para una mayoría de jóvenes y han especulado con la riqueza social: debe crearse de manera inmediata un parque de vivienda pública social en alquiler (una reivindicación ésta, reclamada ya en 2.006 por la Plataforma de Ciudadanos por la República, en su informe sobre la situación de la vivienda en España).

Debe atenderse con prontitud la situación de quienes estando en paro o afrontando abultadas hipotecas no pueden hacer frente a los pagos de su vivienda habitual, sin recurrir como otras veces a subvencionar a constructores y especuladores inmobiliarios, sino adoptando directamente medidas de condonación o retardo de las cuotas. Los parados deben recibir apoyo de las instituciones, asegurando su acceso gratuito a los servicios públicos necesarios (transporte, energía, correo, etc) mientras dure su situación y la garantía de acceso a un subsidio de desempleo suficiente.

Debe proteger el empleo y mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y de manera particular de los sectores más precarizados (mujeres, jóvenes e inmigrantes), y ello no se consigue con nuevas reformas que recorten derechos como reclama la insaciable patronal española, sino reforzando las garantías jurídicas del trabajo.

La aplicación de estas y otras medidas similares deben contar con la participación de las organizaciones sociales y sindicales que canalizan la participación popular en los asuntos públicos.

El Estado debe terminar con la política de acoso al sector público y de privatizaciones. El sector público es la garantía de los derechos sociales para la mayoría ciudadana y es, también, garantía de empleo seguro y de calidad. Poner en marcha lo que, de otra forma serían derechos sociales sólo en el papel como ocurre con el derecho a la vivienda reconocido en el artículo 47 de la Constitución monárquica, requiere que sea el Estado quien se haga cargo de su aplicación, no dejándola a la iniciativa privada. La ayuda a la dependencia, el derecho a la educación en todas las etapas de la vida y a la atención de ancianos, discapacitados y personas dependientes, no puede ser atendido por los particulares, ni depender del Gobierno local de turno: es el Estado y sus instituciones el que debe garantizar estos derechos por igual en todo el territorio nacional.

Reforzar la fiscalidad de las rentas más altas para garantizar una mayor redistribución. Con el acuerdo del Gobierno y de la oposición se ha eliminado el Impuesto de Patrimonio, uno de los impuestos directos que grava más a quien más tiene; con ello, el Estado ha renunciado a un impuesto que, a pesar de ser objeto de fraude sistemático por los sectores oligárquicos a los que afecta, recaudó en 2.005 y según datos de la propia administración fiscal, 1442 millones de euros.
Los últimos años se ha incrementado el peso de los impuestos indirectos especialmente el IVA) que pagamos todos por igual, con independencia de la renta, en detrimento de los directos (IRPF, de sociedades, etc) y dentro de estos últimos se ha favorecido a las rentas más altas, reduciendo el tipo máximo aplicable, que ha pasado en el caso del IRPF del 66% en 1.980 al 35% actual.

Se ha hecho muy poco para acabar con el fraude fiscal del que son responsables sobre todo los grandes propietarios y empresarios que pueden eludir los impuestos con mucha mayor facilidad que quienes cobran un salario: según el profesor Viçens Navarro, solo terminando con el fraude, el estado obtendría unos 88.000 millones de euros anuales más. En definitiva es preciso que la fiscalidad deje de castigar a los más débiles y las reformas se dirijan a reforzar los impuestos de quienes tienen mas renta.
Otro apartado en el que el Estado renuncia irresponsablemente a sus deberes, en beneficio la oligarquía, es el de las jugosas subvenciones a las grandes fortunas, familias nobiliarias y casa Real (baste decir que el capítulo destinado a esta última, es uno de los pocos que han crecido en los Presupuestos Generales del Estado de este año de crisis y que algunas grandes familias de la nobleza disfrutan de numerosas prebendas como edificios y fincas donadas por la monarquía como pago a pasados favores prestados). Acabar con esta sangría, es una prioridad exigida además por las más elementales normas de decencia democrática.

Poner en marcha estas medidas enumeradas y otras muchas que podrían fomentarse en ámbitos locales: la recuperación, por ejemplo, de modos de relación colectiva sistemáticamente ignorados por la cultura oficial, como estructuras de solidaridad social en barrios y pueblos, (acuerdos de participación democrática en la gestión municipal y urbanística, etc) permitirían crear las condiciones para avanzar hacia un marco más democrático, participativo y popular. Caminar en esa dirección es una responsabilidad de todos los ciudadanos y particularmente de las organizaciones populares, sociales, sindicales y políticas que representan sus intereses.

Consecuentemente con ello, la Plataforma de Ciudadanos por la República llama a todos sus afiliados y a las organizaciones asociadas, a redoblar los esfuerzos para enfrentar organizadamente y de forma unitaria la crisis capitalista, exigiendo del estado la articulación de un plan contra la crisis que redistribuya en un sentido progresista, las cargas fiscales, mitigue sus consecuencias sobre las clases populares y permita un futuro desarrollo económico controlado socialmente, más armónico y basado en el trabajo , en los derechos y el avance social de la mayoría trabajadora.

Plataforma de Ciutadans per la República&nbsp

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