Diez maniobras políticas de España que ponen en duda el estado de derecho

Esta semana se ha sabido el nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, con un claro perfil ideológico, resultado de un pacto entre el PP y el PSOE. También ha sido noticia de que el Tribunal Supremo había avalado excluir una juez por sus ideas soberanistas. Estos dos casos son sólo un muestra de una estrategia política que tiene como objetivo controlar ideológicamente las estructuras del estado, apartando su soberanismo, y que hace llegar la influencia de la política en todas las áreas de decisión y poder, sean públicas o privadas.

Ángeles Vivas, excluida por el CGPJ para mostrarse a favor del derecho de decidir
En abril del año pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no escogió la juez Ángeles Vivas como presidenta de la Audiencia de Barcelona a pesar de tener unos méritos muy superiores al otro candidato. Era en el puesto 159, mientras que el candidato conservador se encontraba en el 1.359. Pero Vivas había firmado el manifiesto en favor del derecho a decidir de Cataluña, junto con 32 jueces más.

Para la minoría progresista, fue una decisión arbitraria y un caso claro de ‘discriminación ideológica’. Pero esta semana el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por considerar que, si bien firmar el manifiesto era un ejercicio legítimo de libertad de expresión, esto no significa que el órgano encargado de valorar la idoneidad del candidato no pueda tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones políticas. Los magistrados argumentan que ‘nadie obliga a los jueces y magistrados a expresar públicamente sus opiniones’ pero que ‘quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de este ámbito, no puede esperarse razonablemente que se olvide este dato ‘. La decisión abre la puerta a elegir un magistrado por sus ideas y no por sus méritos.

Xavier Vinyals o la diplomacia al servicio de una ideología
Xavier Vinyals, cónsul honorario de Letonia en Barcelona desde 2007, no había ocultado su independentismo. Era presidente de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes desde 2003, y había sido elegido justamente por haber apoyado el proceso independentista de Letonia, donde participó en la Vía Báltica de 1989.

Pero con el auge independentista, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, después de infructuosas presiones en Letonia, decidió retirar a Vinyals la autorización que le permitía ejercer de cónsul honorario, porque lo consideraba una persona no aceptable para el cumplimiento de sus funciones consulares ‘. Se trata de una actuación prevista para casos muy excepcionales, tales como el espionaje, pero un hecho sin precedentes en democracia. El Gobierno utilizó el argumento de que Vinyals había colgado una bandera en el edificio del consulado, pero se trata de una afirmación falsa certificada por notario.

También han sido noticia los constantes boicots, mediante el uso de embajadas y personal, a actos en que se debatía sobre el derecho de decidir. El ministro de Asuntos Exteriores español envió un informe, titulado ‘Por la convivencia democrática’ y de 210 páginas, a 129 embajadas y 90 consulados con argumentos contra la independencia de Cataluña. Asimismo, nombró dos ‘embajadoras especiales’, María Bassols y Cristina Ysasi-Ysasmendi, con el objetivo de contrarrestar la campaña internacional en favor de la independencia.

Más allá de la política de presiones, salió a la luz el caso de un agregado de la embajada española en Andorra que había pagado 500.000 euros de los fondos reservados al consejero delegado de la Banca Privada de Andorra en cambio de obtener información sobre las cuentas de la familia Pujol. Además, amenazaron con hacer un informe duro contra el BPA para que fuera considerada una entidad blanqueador de capital si no colaboraba. También cabe destacar la manipulación en la traducción de una respuesta de la Comisión Europea poco antes de las elecciones del 27-S.

Rodríguez-Sol, Nuet y la ‘purga’ de fiscales en Cataluña
La Fiscalía española es una institución jerárquica, con un fiscal general del estado a la cabeza, teóricamente imparcial e independiente, que es propuesto por el gobierno pero que no puede recibir instrucciones ni órdenes.

En 2013, el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, tuvo que dimitir porque le habían abierto un expediente por haber dicho que era legítimo que se consultara a los catalanes sobre su futuro político. Su sustituto es un fiscal muy político, que ejecutará sin dudar las órdenes que venga de Madrid. También ha habido influencias en la Fiscalía General del estado, muchos recordarán la frase ello la fiscalía te afina ‘. El 9 de noviembre de 2014, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se opuso a la querella contra Artur Mas y el fiscal Eduardo Torres-Dulce acabó dimitiendo por las presiones recibidas. A continuación, fue nombrada una fiscal que prometió mano dura contra el independentismo.

Un caso más reciente ha sido la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra los miembros de la mesa del p arlament por una resolución en favor del referéndum, pero sólo contra los miembros independentistas: la querella excluir Joan Josep Nuet, de CSQEP , argumentando que él no pretendía desobedecer ‘. De este modo, valora va arbitrariamente que Nuet había actúa t creyendo, erróneamente, que cumplía sus funciones y, por tanto, lo diferenciaba del resto de la mesa, que consideraba que había actuado por ideología.

El último escándalo ha sido la sustitución de la f iscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que investigaba el presidente murciano por corrupción y que, a raíz de la destitución, denunció haber recibido presiones. En este contexto, salió a la luz la intención de la Fiscalía de sustituir una treintena de fiscales por motivos ideológicos. Uno de los cambios ha sido colocar al frente de la Fiscalía Anticorrupción Manuel Moix, que tuvo una actuación polémica en el Caso Rato.

Hola, España’ o el control de los medios de comunicación
La periodista Cristina Puig, presentadora de ‘El debate’ de TVE, había pedido más pluralidad en su programa, y poco después fue despide por injerencia e indisciplina. El despido se acabó considerando improcedente. El hecho coincidió con el nombramiento como director de TVE de Eladio Jareño, hasta entonces jefe de comunicación del PP en Cataluña. No es un caso aislado, un año antes, la periodista Xantal Llavina, aunque su programa estaba por encima de la media de la cadena, fue destituida por considerar que el programa tenía demasiado contenido político.

El problema no se circunscribe únicamente a Cataluña: 2.200 trabajadores de RTVE han denunciado los intereses partidistas de la cadena, donde se ha sustituido el 95% de los responsables editoriales que había en 2012. Los trabajadores denuncian el nombramiento del ex-responsable de opinión de La Razón como jefe de informativos, y que se haya creado una redacción paralela con periodistas provenientes de medios conservadores.

TVE ha recibido más críticas. Por ejemplo, que relegara al quinto lugar del informativo la noticia sobre la Diada del 2012; que ocultara las grabaciones de Fernández Díaz o que manipulara un saludo de Bruce Springsteen en uno de los últimos conciertos en Barcelona: le hicieron decir ‘Hola, España donde había dicho’ Hola, Cataluña ‘. Más allá, de la radiotelevisión pública española, El País publicó en 2012 un informe anónimo de la policía que investigaba delitos fiscales o blanqueamiento de capital de los directivos de los principales diarios que se editaban en Barcelona, ​​seguramente para influir en su posición respecto del proceso independentista.

La tercera cámara política: el TC
Esta semana, el PP y el PSOE han pactado de renovar el Tribunal Constitucional, y han excluido el resto de formaciones. La mayoría de los magistrados son elegidos por los partidos, que han convertido el tribunal en el último recurso de la política, todo eligiendo magistrados cada vez más politizados y que llevan al límite la interpretación partidista de la constitución.

El caso que más desprestigió el TC fue la sentencia sobre el estatuto catalán, que tardó cuatro años, con un patio dividido, algunos magistrados con el mandato caducado y donde se contaron, a efectos de quórum, miembros que ya habían muerte. Desde entonces, el TC es una tercera cámara política que decide sobre cuestiones respecto de las que la constitución es ambigua. Por ejemplo, las leyes del aborto, del matrimonio homosexual, los desahucios, de la educación o de la tauromaquia. Y cada nombramiento se refuerza el partidismo, con magistrados vez más obedientes a la doctrina de partido.

Entre los miembros del TC teóricamente independientes, está el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que ha continuado siendo militante del PP tras el nombramiento, y Andrés Ollero, diputado del PP durante diecisiete años. También se eligió como magistrado el juez que en 2010 había dictaminado que el castellano debía ser considerado lengua vehicular en la escuela catalana, o un juez que había escrito, durante el debate del estatuto, un artículo titular ‘El elixir nazionalista ‘.

El último movimiento ha sido dotar al tribunal de capacidad para sancionar e inhabilitar los cargos que no cumplen las sentencias, otorgándole, pues, capacidad penal sin juicio previo ni derecho de apelación.

Clara Ponsatí o el veto por ideología
En 2012, la doctora en economía Clara Ponsatí ocupaba la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad norteamericana de Georgetown. Había sido seleccionada por la universidad entre tres candidatos elegidos por el Ministerio de Educación español y la fundación Endesa, que financia la cátedra.

Pero con el auge soberanista, la embajada y el gobierno español empezaron a hacer presiones, hasta el punto de no renovarle la plaza. El trámite se había hecho cada año desde la creación de la cátedra, pero esta vez decidieron dejar la plaza vacante, a pesar de la voluntad de la universidad porque Ponsatí hay continuara.

La profesora, que se había mostrado partidaria del derecho a decidir, pero en ningún caso en la universidad, lo consideró una maniobra de censura por opiniones políticas. Las sospechas se confirmaron cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dijo que ninguna cátedra en el extranjero no serviría ‘de base para alentar procesos secesionistas contrarios a la constitución’.

Operación Cataluña o la policía patriótica contra el independentismo
Poco antes de las elecciones españolas del 26 de junio, aparecieron las conversaciones grabadas entre Jorge Fernández Díaz y el director de la oficina antifraude, Daniel de Alfonso. Paralelamente, el polémico comisario José Villarejo reconocía la existencia de una unidad de policía dedicada a incriminar a los políticos independentistas y su entorno.

Hace cinco años, con el giro ideológico de CDC, ya se había publicado la existencia de un grupo de policías, amparados por dirigentes del gobierno, que tenían como objetivo elaborar informes contra los líderes independentistas al margen de la ley. Elaboraban informes anónimos, utilizando datos sin verificar -muchas veces, falsas-, y los filtraban a los medios afines para conseguir eco mediático y presionar para que se abriera una investigación judicial.

El falso informe de la UDEF contra Mas publicado nueve días antes de las elecciones del 2012, o las acusaciones a Xavier Trias, poco antes del 9-N, de tener cuentas en Suiza, son dos ejemplos. Documentos sin firma ni destinatario. Este mismo grupo hizo informes sobre Carmen Forcadell y su familia, y sobre más miembros de la ANC.

El CNI contra ciudadanos independentistas
Paralelamente a la actividad ‘alegal’ de la policía patriótica, el CNI también ha actuado contra la independencia. La operación del CNI se llamaba ‘Horizonte Después’. El plan constaba de tres fases. La primera fase era potenciar en Cataluña tertulianos y periodistas contrarios a la independencia; la segunda, pagar dinero a medios de comunicación que publican en Cataluña; y finalmente, reunir toda la información posible sobre los dirigentes independentistas. La operación tuvo un costo de diez millones de euros entre 2012 y 2014.

Un encausado de la operación Púnica, sobre corrupción, reveló doce llamadas y veinte y cinco mensajes con miembros del CNI para trabajos contra el independentismo en la red. Especializado a mejorar la reputación de sus clientes, había sido contratado por el CNI para difundir información contra el independentismo ya favor de la imagen de España en las redes sociales y los foros de internet. Unía a foros soberanistas, se ganaba la confianza del resto de usuarios y terminaba difundiendo contenido y mensajes contra la independencia de forma disimulada. El CNI indicaba las noticias y artículos que había de difundir.

Santiago Vidal o el control del p oder j udicial
Una de las críticas, incluso de instituciones europeas, ha sido la intervención de los políticos en los magistrados del CGPJ. Si hasta 1985 la mayoría de estos magistrados eran elegidos por los propios jueces y magistrados en voto secreto, ese año una nueva ley del poder judicial cambiar el método y desde entonces todos los miembros del CGPJ son elegidos por las cámaras legislativas, donde las asociaciones de jueces tienen una intervención simbólica, que presentan una lista de treinta y seis candidatos pactados previamente con los partidos según el talante de la asociación.

La politización del CGPJ impregna el resto de instituciones judiciales y hace tambalear el sistema, ya que éste propone miembros del Tribunal Supremo, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, jueces de instrucción, etc. En 2015, el malestar profesional provocó que todas las asociaciones de jueces, que rara vez se ponen de acuerdo, se unieran para pedir que volviera la elección directa por parte de los jueces.

Esta mayoría ha sido clave para designar el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El CGPJ no renovó el presidente Miguel Ángel Gimeno, porque consideraba que había sido poco contundente en las investigaciones de Mas, Rigau y Ortega. En cambio, se eligió un candidato más crítico con el soberanismo, clave en la causa del 9-N. El actual presidente, Jesús María Barrientos, fue elegido por el CGPJ ante Gimeno, por doce votos a nueve.

Esta misma mayoría de doce a nueve fue el resultado de la votación que inhabilitó el magistrado de la Audiencia Provincial, Santiago Vidal, después de haber redactado una constitución catalana, sin valor jurídico, durante su tiempo libre.

Cuando la costa mediterránea pasa por Madrid
El último escándalo , denunciado por el gobierno valenciano, ha sido la utilización de cerca de 1.000 millones de euros de los fondos reservados del corredor mediterráneo para a pagar las obras del corredor central, como el túnel de Atocha -Chamartín o la conexión del aeropuerto de Barajas con el TGV .

Estas inversiones, de 56.000 millones en la red transeuropea de transporte, principalmente en el TGV y la alta velocidad radial de Madrid, contrasta con la conexión Valencia-Barcelona, ​​teóricamente el ramal rentable y real del corredor mediterráneo, que aún mantiene 40 kilómetros de tramos de vía única y con constantes incidencias y retrasos. Parece haber una voluntad de no conectar y vertebrar los Países Catalanes, y de evitar que Cataluña sea la única puerta ferroviaria de Europa con el estado.

El corredor mediterráneo genera la mitad de la producción industrial y agraria del estado, el 60% del tráfico marítimo y el 55% de las mercancías transportadas en el estado. Pero, a pesar de que el ferrocarril ha sido una reivindicación de décadas que ha unido empresarios y gobiernos de los Países Catalanes, ya pesar de ser altamente rentable y un impulso a la actividad, hace décadas que el gobierno español el aplaza y lo aparta .

http://www.vilaweb.cat/noticies/10-maniobres-politiques-que-posen-en-dubte-lestat-de-dret-a-espanya/

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