Despidos, jóvenes trabajadores y declaraciones de la consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya

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Será un globo sonda. Irá o no por libre. Habrá consultado o no con el partido hegemonónico del tripartito de izquierdas (¡qué risa tía Felisa!) y con el president Montilla. Estarán o no de acuerdo las otras dos formaciones. Acaso quiera ir de políticamente incorrecta pensando en nuevos escenarios políticos a corto o medio plazo. Es igual, tanto dan los cálculos y los entresijos de la trama. Todo esto, permítanme el exabrupto, es una birria.

Las declaraciones, las digamos ideas y propuestas de la consellera de Treball de la Generalitat catalana sobre abaratar el despido de los jóvenes cuando, eso sí, hayamos superado mínimamente la situación de crisis son tan abyectas, tan impropias de un dirigente político que no sitúe la izquierda en el ámbito de sus estúpidas y olvidadas utopías juveniles, que tan sólo merecen un breve comentarios.

Este por ejemplo:

Hay que haber perdido todo átomo de inquietud política transformadora, de rebeldía, de no subordinación, todo deseo aunque sea amortiguado por desplazarse por senderos que tengan que ver, aunque sea muy moderada y remotamente, con cambiar alguna arista social, por secundaria que esta sea, para atreverse a proponer a la ciudadanía que una forma de mejorar la situación del desempleo obrero en Catalunya sea abaratar los costes del despido de los jóvenes porque éstos, dicho literalmente por la señora consellera, por edad, por energía, por formación, suelen encontrar trabajo más fácilmente.

No hace falta apuntar la nueva brecha de desunión que esa propuesta genera, el sendero abisal que abre. ¿Por qué no propone la consellera que las personas que, como ella, tienen estudios superiores, y que suelen encontrar trabajo más fácilmente, no sea el sector afectado por el abaratamiento? Puestos a negar derechos laborales, por qué no suprimimos ya definitivamente su consellería, los profesores de derecho del trabajo e incluso los inspectores laborales. ¿Es constitucional una propuesta que trata de forma desigual a ciudadanos de diferentes edades? ¿No era el caso de que todo ciudadano era igual ante la ley?

Por lo demás, ¿la consellera no sabe la situación laboral de los jóvenes trabajadores catalanas? ¿Quiere dar aún más armas al empresariado catalán e internacional para que sigan maltratando hasta límites inconcebibles hace apenas diez años a jóvenes que permanecen durante diez o más años con sueldos que apenas permiten un atisbo de independencia? ¿La consellera ignora que la tasa de paro entre la población catalana menor de 30 años es del 26,6%, siendo la media conjunta del 16%? ¿Desconoce que la tasa de temporalidad entre los jóvenes es del 34,5%, siendo la media, también conjunta, del 17%?

O lo que es peor, ¿conoce estos datos y lanza esas propuestas?

Innecesario es señalar el aplauso cerrado que la consellera ha cosechado entre la patronal catalana que ya se ha apresurado a decir, con cara y letra de circunstancias ajustadas, que así es como se opera en otros países europeos y que el realismo político-económico (es decir, la subordinación a sus intereses esenciales) debe figurar en el puesto de mando de todo gobierno responsable. ¿Por qué este sector social está siempre, y de forma destacada, en el punto de mira del gobierno de “izquierdas” catalán? ¿Se trata de emular anticipadamente las probables actuaciones de gobiernos CiU-PP?