Desentrañando el proyecto «uribista»

DESENTRAÑANDO EL “PROYECTO URIBISTA”

Popayán, marzo 1 de 2009
El proyecto político de Uribe está en franco retroceso. Los intereses de las clases dominantes que él representa, han quedado al descubierto, principalmente, por efecto de las explosiones y movilizaciones populares que estallaron en el último semestre/08. Los crímenes de Estado (falsos positivos) que se descubren día a día también desnudan la esencia de la política de “seguridad democrática”, al igual que las evidencias del contubernio con el paramilitarismo y toda clase de corrupción. La crisis financiera y la recesión económica mundial están minando la credibilidad de la fórmula de la “confianza inversionista”.

Este hecho plantea nuevos retos a lasfuerzas democráticas colombianas. Un punto de quiebre está a la vista en la vida política colombiana. Ello exige una nueva actitud. Hasta ahora los partidos de oposición y los movimientos sociales se habían concentrado en desgastar la política uribista. Se requiere, una estrategia política y una propuesta adecuada para enfrentar esta coyuntura.

Para hacerlo es necesario conocer más a fondo el proyecto dominante. Hay que identificar la relación entre ese proyecto y el modelo económico y social que se ha establecido en las últimas décadas en Colombia. Dicho modelo ha asumido una forma particular aprovechando condiciones estructurales históricas. El bloque de las clases dominantes en el poder, incluyendo al imperio norteamericano (y otros “imperios” en formación), utiliza el “uribismo” para instaurar una forma específica de Estado (régimen) que responda a los intereses del gran capital.

¿Cómo ha evolucionado ese proceso? ¿Es importante analizar su desarrollo? Creemos que sí. Intentemos re-construir y re-leer, así sea en forma panorámica, esta etapa de nuestra historia.

Breve recuento histórico

En Colombia se materializó una alianza entre el gran capital internacional, los monopolios nacionales y las mafias de diverso carácter (burocrático, financiero, narco y paramilitar). Esa asociación es el sustento de un capitalismo depredador cimentado en la especulación financiera, la explotación de los recursos naturales y el impulso a una economía agro-exportadora implantada sobre la gran propiedad latifundista. Actualmente ese modelo utiliza el conflicto armado y la economía del narcotráfico como herramienta de intervención territorial, económica, social y cultural.

Por más de 20 años se avanzó en esa dirección. Se despojó de riquezas y territorios no sólo a comunidades campesinas mestizas, negras e indias[1], sino que se apoderó de los principales sectores de la producción y de las empresas construidas por empresarios y trabajadores colombianos.[2] Aunque fue un proceso violento, las clases dominantes mantenían una apariencia de democracia e incluso utilizaron el proceso constituyente de 1991 para legitimar sus acciones. Se pactó el reconocimiento en el papel de numerosos “derechos fundamentales” con la aprobación de una incisiva política acorde con los mandatos del FMI y el BM. Fue una atrevida combinación de “legalismo constitucionalista”[3] con pragmatismo neoliberal.

La resistencia, siempre presente, se acrecentó. Las tensiones políticas y sociales se agudizaron. Amplias movilizaciones y luchas sociales caracterizaron la década del 90 del siglo XX. La insurgencia se desplegó por todo el territorio nacional. La respuesta fue ampliar, fortalecer y legalizar el paramilitarismo. Surgen las Convivir[4] y las fuerzas paramilitares se unifican en las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. La economía del narcotráfico termina financiando ambos bandos enfrentados. La guerra se degrada a niveles inimaginables. A finales de siglo (1998) se intenta un proceso de paz que no consigue avanzar por la oposición de quienes se lucran de la guerra pero también por una visión triunfalista de la dirigencia guerrillera.

El proyecto político “uribista”

En 1994 en una población de Antioquia se reúnen representantes de la elite intelectual, económica y política “paisa”[5] para diseñar un proyecto político de largo aliento. Más adelante se integran intelectuales surgidos de un proceso de involución de un sector de la izquierda “maoísta” radicalmente enemiga de las FARC.[6] Así se configura la ideología y el programa fundacional del proyecto “uribista”. Los puntos básicos eran: la identificación de las FARC como enemigo principal de la sociedad colombiana, la adaptación de las ideas modernizadoras aplicadas en China por Teng Siao Ping a la realidad colombiana, y la creencia absoluta en el papel predestinado de la dirigencia antioqueña para salvar y refundar a Colombia.[7] De allí surgió la tesis del “Estado comunitario”[8]. Esa fue su semilla ideológica.

Simultáneamente se desarrollan tres procesos socio-políticos que se superponen: a) aparición de movimientos cívicos locales y regionales; b) organización de hacendados y campesinos ricos para la lucha contra-insurgente, y c) resquebrajamiento de los partidos tradicionales y confluencia de seudo-intelectuales de derecha y de izquierda que se ubican en la línea de construir una “tercera vía”.[9]

Los movimientos cívicos locales y regionales

Las dirigencias locales y regionales de diversos departamentos organizan estrategias de control político territorial frente a lo que consideran una burla al proceso de descentralización iniciado en 1986 y ratificado en la constitución de 1991. Ese proceso se expresa con la aparición de nuevos movimientos de carácter cívico, pero también se manifiesta al interior de los partidos tradicionales liberal y conservador. Se forman en ese período los principales cuadros del actual uribismo como es el caso de Luis Alfonso Hoyos, Oscar Iván Zuluaga (Mov. Actitud Renovadora), Jairo Clopatofsky (Mov. Cívico Nacional), y muchos otros cuadros regionales y locales.

Al interior de esos movimientos se enfrentan – en un primer round – las dos vertientes políticas que hoy se disputan el poder en Colombia: unos cívicos, que se limitaban a atacar la corrupción administrativa y el centralismo ineficiente, hoy son la base del uribismo; y, otros cívicos, con ideas de transformación estructural, son parte de la izquierda actual. En algunos departamentos como Nariño y Cauca esos movimientos locales hacían parte de luchas sociales, logran sobrevivir y alimentan actualmente procesos políticos alternativos como la Alianza Social Indígena ASI y el Polo Democrático Alternativo PDA. En otras regiones el paramilitarismo, a sangre y fuego, no dejó ni rastros de esos movimientos cívicos que tenían cierta ascendencia de izquierda.

El paramilitarismo hacendatario

El segundo proceso es el que desarrollan hacendados y campesinos ricos que se organizan para enfrentar los excesos de la guerrilla en algunas regiones de Colombia, especialmente Antioquia, Magdalena Medio y Costa Atlántica. En la práctica se convierten en un factor fundamental de contención de las luchas campesinas por la tierra y de expropiación violenta de los campesinos pobres. Asimilan a los grupos paramilitares surgidos en la década anterior fruto de la confrontación entre narcotraficantes y la insurgencia (MAS y demás grupos). Esa fusión entre terratenientes y grupos armados paramilitares se autodenomina “Autodefensas Campesinas”. Mas adelante se unifican a nivel nacional bajo el liderazgo de Carlos Castaño, elaboran un programa político en donde reafirman su carácter contrainsurgente, reclaman la refundación del país y atacan el centralismo de la clase política tradicional. En algunas zonas específicas, como en Urabá, algunos guerrilleros desmovilizados de grupos enfrentados a las FARC hacen alianzas con los paramilitares y terminan cooptados por ellos.

El grueso de las fuerzas paramilitares realiza diversas clases de convenios para obtener financiación y apoyo: con las empresas nacionales y transnacionales (Chiquita Brands, Drummont, etc.) para neutralizar la presión de la guerrilla pero también para atacar y debilitar a movimientos obreros y sindicales; con el Estado y el ejército regular realizan campañas coordinadas contra la insurgencia y masacres contra la población civil que identifican como su base de apoyo; y con los carteles de la drogapara defender territorios y garantizar el flujo del negocio.

Las alianzas de las clases dominantes y la crisis de los partidos tradicionales

Desde el punto de vista político es importante definir el pacto de clases que se concretó en el gobierno de César Gaviria en 1990. Se aprovecharon los “acuerdos de Paz” con el M-19, EPL, Quintín Lame y una fracción del ELN y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ANC para legitimar el paquete neoliberal. Fue el primer avance de apertura económica, privatización del Estado, acuerdos con el narcotráfico, cooptación de la “izquierda legal” y ataque liquidatorio a las FARC.[10] Fue la prueba experimental de la posterior fórmula de Uribe.

Ese gobierno fue la concreción práctica de la estrecha alianza de clases que se había configurado a lo largo de 25 años entre los terratenientes latifundistas y los capitalistas que habían acumulado poder con la aplicación del modelo “cepalino”[11] de substitución de importaciones después de la 2ª guerra mundial. Esa alianza reaccionaria (casi única en Sudamérica) impidió la ejecución de una tímida reforma agraria intentada a finales de los años 60 y empujó al movimiento campesino hacia la insurgencia armada.

Con el gobierno aperturista se inicia una recomposición al interior de los partidos tradicionales. La reacción instintiva de las masas populares fue apoyar para el siguiente período presidencial a Ernesto Samper, quien posaba de socialdemócrata. Realmente representaba a sectores empresariales y financieros nacionales entrelazados con amplios intereses burocráticos en el Estado. Estalla el “proceso 8.000” por el escándalo de la financiación de las campañas por el narcotráfico, y el imperio norteamericano termina manipulando la debilidad de ese gobierno para continuar profundizando el modelo.

En 1998 Andrés Pastrana (conservador neoliberal) se postula con la propuesta de conseguir la Paz con la insurgencia. Anuncia cumplir el Mandato por la Paz que obtuvo 10 millones de votos el 27 de octubre de 1997. Dialoga durante 3 años con las FARC en el Caguán y paralelamente, fortalece el aparato militar del Estado con el apoyo incondicional de los gringos (Plan Colombia). Fracasan los diálogos y se dan todas las condiciones para impulsar la guerra de exterminio que va a encabezar posteriormente Uribe.

Al final de la última década del siglo XX los partidos tradicionales, se encuentran muy debilitados. Empieza a aparecer en escena la izquierda legal. Las diversas fracciones de la clase dominante (financiera, industrial, capital importador y comerciante, terrateniente y burocrática) se han agrupado alrededor de unos pocos grupos monopólicos. Todos, haciendo honor a su doble moral, han aprovechado la economía “ilegal” de la droga para acumular el capital “narco” que se queda en Colombia[12]. Todo el escenario está preparado para la aparición del “uribismo”.

Uribe: síntesis de una alianza criminal y corrupta

La fusión entre los grupos políticos regionales y el paramilitarismo hacendatario se manifiesta electoralmente en gran cantidad de movimientos políticos que aparecen en los primeros años del siglo XXI, que hoy son un componente del uribismo.[13] Esa convergencia se fortalece con la llegada de Uribe a la presidencia y se consolida a lo largo de su primer período. Importantes fracciones del partido liberal, todo el partido conservador, las expresiones políticas del paramilitarismo, y diversos sectores de la “inteligencia” y el empresariado colombiano se suman al proyecto. Durante su primer gobierno (2002/06) se crea el Partido Social de Unidad Nacional, llamado “Partido de la U”, que pretende ser el principal soporte de la política uribista. El gobierno de los EE.UU. apoya el proyecto en forma incondicional a pesar que conoce los vínculos de Uribe con el narcotráfico y los paramilitares.[14] La acción contra-insurgente y la política “antidrogas” fue asimilada a la lucha antiterrorista global que surgió con ocasión de los atentados del 11-S de 2001 en los EE.UU.

Uribe es la síntesis de esa fusión: de una familia de hacendados, su padre fue asesinado por las FARC, y desde muy joven fue un político liberal paisa al servicio del narcotráfico. Todo su entorno lo fue llevando a encarnar ese proyecto narco-fascista[15] que ha terminado por capturar el poder del Estado en Colombia. Para profundizar el modelo se requiere acabar con lo poco de democracia formal que existe en nuestro país. Aún no termina la tarea pero es parte de su misión. Así se va configurando el régimen mafioso autoritario, clientelista y populista que representa Uribe.[16]

¿Cómo y por qué consigue posicionar su propuesta?

La estrategia guerrerista de la insurgencia le despejó el camino. Los crímenes injustificados cometidos por la guerrilla en medio de su lucha contra el Estado y contra las bandas de paramilitares, la práctica del secuestro y los ataques indiscriminados donde se afecta a la población civil, la incapacidad para leer el momento político de América Latina, todo ello y mucho más, los fue aislando de la sociedad. Son, entonces, motivo y excusa de Uribe para posicionar la política de “seguridad democrática” ante el país y el mundo.

El fracaso de las “negociaciones” del Caguán eran presentadas como resultado del engaño de la guerrilla.[17] El gran logro de Uribe fue cambiar por completo el terreno del debate. Niega la existencia del conflicto. “Si no hay delito político, no tiene sentido la negociación”. Consigue quitarle ante la opinión pública el carácter político a las FARC. El embajador norteamericano Lewis Tambs ya había posicionado el término “narcoterroristas” para describir a la guerrilla. “Con bandidos y delincuentes no se puede negociar” fue la consigna de la campaña uribista.

Las clases dominantes en su conjunto entendieron que no habría salida negociada «barata».[18] Laalternativa – largamente acariciada – de la guerra de aniquilamiento, estaba servida. Una vez en el gobierno lanza la ofensiva contra la insurgencia e inicia el proceso de legitimación del paramilitarismo como actor independiente del Estado. En ese empeño Uribe se la ha jugado toda para hacer reconocer a las “autodefensas” como un proyecto político. Con la ley de “justicia y paz” no lo consigue completamente pero en la práctica les ha dado ese tratamiento.

La “pacificación” violenta, la legislación del despojo y el régimen mafioso

De allí en adelante la ofensiva contra el pueblo es brutal. El presupuesto para la guerra es la prioridad. Las detenciones masivas e ilegales no se hicieron esperar. La violación de los DD.HH. es cosa de todos los días. Para fortalecer su poder intenta reformar la Constitución vía referendo en octubre/2003, pero lo pierde. Sin embargo, con un Congreso monopolizado por el paramilitarismo aprueba una “legislación del despojo”[19] como base jurídica para materializar el “modelo malayo” en el campo[20]. De hecho crea las condiciones para acabar de entregar el país a la inversión extranjera contando para ello con un ambiente de auge económico del capitalismo a nivel mundial.

Las reformas que ha venido impulsando y demás actos gubernamentales están dirigidos a subordinar todos los niveles del Estado a la voluntad del presidente. Ya están bajo su control la procuraduría, defensoría del pueblo, congreso, cortes judiciales, mayoría de gobernaciones y alcaldías. Las instituciones, funcionarios o personas que se atreven a contradecirlo son calificados de “cómplices del terrorismo”. Ha atacado a los defensores de los DD.HH. y estigmatizado a la oposición de izquierda como “guerrilleros de civil”. Extraditó a los principales jefes de las AUC en acuerdo con el gobierno de los EE.UU. para poder legalizar el paramilitarismo, que hoy está presente en ciudades y campos en forma armada y desarmada. Captura y extradita a importantes capos del narcotráfico pero esa industria “ilegal” sigue alimentando las arcas de los gringos y nutre parte de la economía colombiana. Últimamente maneja las crisis y conflictos a punta de medidas de excepción (conmoción interior, emergencia social). Cuenta con un poderoso aparato de propaganda estatal y medios privados a su servicio incondicional[21], que giran alrededor de los Consejos Comunitarios que son la herramienta predilecta para mantener cautivos a los beneficiarios de los programas asistencialistas de “familias en acción” y “familias guardabosques”.[22] Ese es el proyecto narco-fascista de Uribe en su máximo nivel de desarrollo.

Síntomas y señales de un nuevo panorama

Así el proyecto uribista fuera diseñado por sus fundadores para el largo plazo (2019), podemos afirmar que el “uribismo” en Colombia ha entrado en una fase de estancamiento.[23] Uribe ha empezado a perder la iniciativa estratégica. La política de “seguridad democrática” y el modelo de desarrollo basado en la “confianza inversionista”, sus banderas más notables, dieron lo máximo que podían dar. Ahora, muestran facetas que la ciudadanía no conocía o no quería reconocer.

Uribe y sus asesores diseñaron su programa estratégico subiéndose en la ola de la lucha contra la corrupción. Prometieron un manejo transparente de lo público, la aplicación de la meritocracia en la administración estatal, y otra serie de aspectos atractivos para la sociedad nacional. Sin embargo, la dinámica de los acontecimientos lo llevó a tranzar rápidamente con lo más corrupto del establecimiento. El resultado es la existencia de una coalición dividida, ávida de burocracia, enredada en intereses personalistas, y débilmente agrupada alrededor de la figura presidencial. Lo único que los une es la gravedad de los crímenes que han cometido en y desde el gobierno. Esa carga criminal les quita cualquier margen de maniobra. De allí que, contra toda lógica, tengan que apegarse a la 2ª reelección.

A pesar de lo consolidado que se encuentra el “modelo” en su conjunto, el proyecto estrictamente político del uribismo muestra una estructura organizativa relativamente débil. Muchos de sus principales asesores, los más veteranos, aunque no se han bajado del bus sí han dado muestras de que sienten que el chofer está cansado y que el motor está fallando.[24] El gobierno colombiano no supo leer el viraje que se iba a dar en la política norteamericana ni podía predecir el viraje mortal en la economía mundial. Tratan de minimizar el impacto de la crisis financiera y de la recesión económica global pero ya empiezan a reconocer algunos problemas.

Los verdaderos beneficiarios de esa alianza, los grandes capitalistas nacionales, las transnacionales y los políticos del imperio deben estar sopesando la conveniencia de mantener en el poder a la cúpula uribista. Ese tema debe estar en la agenda de los grandes tecnócratas neoliberales. Las alianzas no son monolíticas ni estáticas. El proyecto neoliberal (modelo de extracción de recursos naturales y materias primas) acepta de mala gana al populismo derechista corrupto, y tiene que jugar con el interés inmediato de los grupos narcos.

Por otro lado, los cambios políticos en Estados Unidos y la crisis económica mundial alimentan tensiones y acrecientan la crisis en las alturas del poder (decadencia de Uribe). Las elites dominantes colombianas recién empiezan a caer en cuenta que un ciclo histórico está terminando. El hegemonismo absoluto de sus patrocinadores gringos ha llegado a su fin. El derrumbe financiero penaliza a los países anclados a la economía estadounidense, a quienes no han diversificado sus mercados, y sobretodo, a los que han hecho de las exportaciones de materias primas el eje central de sus economías.

Algunos sectores empresariales nacionales, que todavía quedan, sobre todo medianos empresarios no monopólicos, valoran los avances en seguridad pero cada día se ven más subsumidos al capital internacional. Los agro-exportadores y otros grandes productores han entendido que la situación económica y política en los EE.UU. cambió, y empiezan a desconfiar de la capacidad de Uribe de sacar adelante el TLC.

Por eso vale preguntarse: ¿El conjunto de las clases dominantes estará dispuesto a prescindir de lo más ordinario y cada vez más desnudo de sus aliados? ¿Lo harían para preservar lo esencial de su modelo? Eso supondría que consideran que, en lo fundamental, la tarea ya esta hecha y terminada.

¿Se derrumba la “pirámide uribista”?

El gobierno uribista manipulaba los conflictos y acciones espectaculares que hábilmente creaba en su beneficio. La confrontación con Venezuela y Ecuador, los golpes espectaculares a la guerrilla, la detención de un capo del narcotráfico o la extradición de un jefe paramilitar, uno que otro empujón de Bush o de un aliado inversionista internacional, han sido sus jugadas tácticas de carácter coyuntural que le permitían mantener la iniciativa. Una que otra rabieta pública y el “corre-corre” por el país hacían creer a la gente que el presidente tenía el control y dirigía. Esa fórmula ya caducó.

Muchos hechos lo corroboran. Se destaca el embrollo que se le ha formado con el referendo reeleccionista, le cuesta trabajo controlar la bancada parlamentaria, la economía entra en barrena, y está dando palos de ciego frente a los conflictos y movilizaciones sociales, como La Minga indígena, el paro de los “corteros” de caña y de los camioneros, y diversos conflictos laborales con trabajadores estatales, además de la reacción social al derrumbe de las “pirámides” provocada por el mismo gobierno, que durante los últimos meses se le han convertido en algo inmanejable al primer mandatario.

Es evidente que las políticas de la “seguridad democrática” y la “confianza inversionista”, se encuentran agotadas. La combinación del proceso de desmovilización de las AUC y los éxitos militares contra las FARC, presentaron resultados importantes pero no suficientes ni permanentes. Los costos de tener una precaria seguridad son muy grandes. Los recursos que se gastan en la guerra y el desbarajuste institucional y ético que se traduce en corrupción a todo nivel, ya no se justifican. El “todo vale” por seguridad, empieza a ser cuestionado por una parte de la población y sólo es aceptado por el resto porque no hay una nueva propuesta. La gente quiere una paz verdadera, y no una paz hipotecada. Se empieza a reclamar un nuevo proceder frente al conflicto armado, sumado al tema de la inseguridad y la violencia que brota por causas sociales y económicas. La problemática del narcotráfico está allí presente.

La otra bandera está más caída. La propuesta de cimentar el desarrollo en la “confianza inversionista” ha recibido un golpe de gracia. La crisis financiera y la recesión económica global desnudaron su inconsistencia. Vender al mejor postor nuestros recursos naturales y las empresas nacionales no resultó ser la mejor idea. Sólo los dueños de los grupos monopólicos “nacionales” y los ejecutivos “mandaderos” de las transnacionales siguen defendiendo ese modelo. Hasta los teóricos neoliberales del gobierno de César Gaviria hoy tratan de pasar de agache proponiendo nuevas fórmulas “keynesianas”.

La mayoría de la población quiere la reconciliación como una forma de terminar la guerra. Amplios sectores sociales necesitan construir un modelo de desarrollo que enfrente la problemática económica y social. Ambas metas están íntimamente relacionadas. La persona, el partido político o el movimiento social que sea capaz de liderar un gran movimiento democrático que entrelace creativamente estos dos anhelos va a poder canalizar fuerzas contenidas que se han expresado de diversas formas en marchas, protestas, consultas, eventos masivos y en la opinión de las personas.

Una de las contradicciones de fondo

El modelo depredador capitalista que se ha impuesto en Colombia necesita una normatividad diferente a la que se aprobó en 1991. Se agudiza la contradicción entre el avance de ese modelo, y la permanencia de una institucionalidad “dual” que sobrevive de ese pacto constitucional. El proyecto de Uribe está dirigido a liquidar lo poco que queda de ese “Estado social de derecho garantista de derechos humanos”[25].

La institucionalidad colombiana ha vivido en los últimos 17 años en medio de esa dualidad jurídico-política. El pacto constitucional de 1991 (CP-91) fue sellado por tres sectores personificados en el triunvirato que presidió la ANC: la burguesía burocrática representada por Horacio Serpa, la gran burguesía-terrateniente ligada al imperio norteamericano encarnada por Álvaro Gómez Hurtado, y los sectores medios de la población, indígenas y trabajadores estatales, interpretados por Antonio Navarro Wolf. Amplios sectores del pueblo colombiano no estuvieron allí representados.

Se aprobó una constitución política “progresista”. Se reconoce la diversidad, multietnicidad y pluriculturalidad de la sociedad colombiana, se aprueban mecanismos para desarrollar la “democracia participativa”, y se ratifica la necesidad de impulsar la descentralización. La retórica sobre el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos fundamentales es exuberante. Incluso en el terreno de la economía, el Estado colombiano mantiene su carácter interventor, eso sí, sobre la base de que “La actividad económica y la iniciativa privada son libres”[26]

El bloque de poder que aprobó la CP-91 estaba hegemonizado por quienes representaban los intereses del gran capital. Su política era y es, neoliberal. Ellos eran gobierno y eran quienes ponían las reglas. A partir de la aprobación formal de la nueva “Ley de leyes”, todas las normas importantes que se han expedido desde entonces han tenido un carácter absolutamente contrario al supuesto espíritu “del Estado social de derecho”. Y las que no podían aprobar formalmente las impulsaban por decreto o de hecho.

Esa contradicción se puede visualizar en lo que ocurre con la ley 100/94 (sector salud): el “sistema de aseguramiento” garantiza el acceso a los servicios de salud a la mayoría de la población, pero la calidad y oportunidad de los servicios es completamente deficiente, la explotación de los trabajadores del sector es salvaje, y la alianza dominante obtiene pingües ganancias (fiducias, industria tecnológica y farmacéutica, turismo médico, etc.). Todos los sectores de servicios públicos en Colombia (educación, salud, energía, agua potable, justicia, seguridad) mantienen una forma jurídica estatal pero funcionan con la lógica de mercado capitalista. Día a día, los consorcios transnacionales se apoderan de más empresas y sectores pero la resistencia de la población crece y se fortalece.

El punto de quiebre está en desarrollo. Es inevitable que estalle esa bomba de tiempo. ¿Cuál debe ser la actitud de las fuerzas democráticas y revolucionarias? ¿Llamar a convocar una Asamblea Nacional Constituyente ANC, que puede ser canalizada por el uribismo para acabar de perfeccionar su régimen? ¿Idear reformas parciales para darle aire al modelo? O, ¿ayudar a que la crisis se profundice y que amplios sectores de la sociedad se organicen para cambiar, primero la correlación de fuerzas, e ir construyendo una nueva institucionalidad que coloque por encima de todo la soberanía nacional, la democracia económica, y el desarrollo social?

NOTA: La segunda parte de este documento tratará sobre las propuestas de salida.


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[1] En regiones como el Urabá antioqueño y chocoano, Córdoba, sur de Bolívar, Cesar, Magdalena Medio, Santander y Norte de Santander, y muchas otras regiones. Ver todos los trabajos de Héctor Mondragón, artículos de Alfredo Molano, y múltiples denuncias del movimiento agrario colombiano.

[2] Las principales empresas colombianas fueron vendidas al capital extranjero en los últimos 20 años. La Flota Mercante, Avianca, Coltejer, Bavaria, y cientos de empresas más. Ver trabajos de Libardo Sarmiento Anzola.

[3] Vicio político acentuado en Latinoamérica. Fetichismo legalista. Creencia de que las leyes lo resuelven todo. Ver trabajos de Heinz Dieterich, y otros.

[4] Cooperativas de Seguridad Privada. Formaslegalizadas del paramilitarismo.

[5] Apócope de paisano. En Colombia, perteneciente a la región paisa (departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío).

[6] La teoría de Francisco Mosquera, fundador del MOIR, de identificar al “socialimperialismo soviético” como el principal enemigo de la humanidad, fue extrapolada por algunosintelectuales de este grupo que terminaron siendoteóricos del uribismo. Ej.: Libardo Botero Campuzano, Alfonso Monsalve Solórzano, Fabio Giraldo Jiménez, Jorge Giraldo Ramírez.

[7] La consigna de Teng Siao Ping, “No importa de que color sea el gato, lo importante es que case ratones”, es adaptada por Obdulio Gaviria con el planteamiento de que la contradicción entre izquierda y derecha ya no existe.

[8] El “Estado Comunitario”. Planteado por el Movimiento Nacionalista Tacuara, organización política de ultraderecha argentina, que actuó entre 1955 y 1965 utilizando el terrorismo. Su principal ideólogo era Jaime María de Mahieu.

[9] Confluyen diversas vertientes de pensamiento en el uribismo. Desde el más rancio “godismo” conservador agrupado en la Universidad Sergio Arboleda fundada por Álvaro Gómez Hurtado hasta el eclecticismo de ex-militantes del M-19, EPL, MOIR, pasando por las tesis de la “tercera vía” de la Fundación Buen Gobierno (Juan Manuel Santos y asesores españoles), y otros centros de pensamiento neoliberal de EE.UU., España, y América Latina.

[10] 18 de noviembre de 1990. Ataque a “Casa Verde”, principal campamento de las FARC.

[11] CEPAL: Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.

[12] Según cálculos de varios economistas, el 90% de las ganancias que produce la economía del narcotráfico se van para los EE.UU. o el mundo financiero global. Ver trabajos de Héctor León Moncayo, Jorge Iván González, Salomón Kalmanovitz, Jorge Luis Garay y otros.

[13] Esos “partidos” son: Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Convergencia Popular Cívica, Movimiento de Renovación Acción Laboral-Moral, Movimiento de Integración Popular-Mipol, Equipo Colombia, Apertura Liberal, Sí Colombia, Integración Regional IR, Alas, Cambio Radical, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Nacional Progresista, Dejen Jugar al Moreno y otros.

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