Desafuero penal militar ONU reafirma que fuero penal militar es un retroceso en derechos humanos

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El esperpento contra los derechos humanos aprobado en el Congreso por la aplanadora santista, conocido como la ampliación del fuero penal militar, fue nuevamente criticado por la ONU, quién advirtió una vez más que constituye un retroceso.
 
En «el año 2012 hubo varios avances en materia de derechos humanos. Sin embargo, la reforma del fuero militar constituye un retroceso», precisó en un comunicado Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, informó la agencia Afp.
 
Howland reiteró la preocupación de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Navy Pillay, y otros expertos de la organización, de que la aprobación del fuero militar, «contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos».
 
Según el funcionario, «las violaciones de derechos humanos no pueden ser objeto de la competencia de la justicia penal militar. La competencia penal militar es excepcional y debe estar limitada a conductas típicamente militares cometidas por personal en servicio activo”, informó la fuente.
 
Sin ninguna vergüenza el “honorable” Congreso aprobó la reforma constitucional el pasado 11 de diciembre, para dar vida al nuevo fuero militar, el cual, según la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, garantiza la impunidad a los crímenes cometidos por militares y policías.
 
Una de las cortadas de la reforma con la que el Gobierno ha querido engañar a la ONU, a las organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública en general, es que aparentemente crímenes como el genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado, no podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar.
 
Sin embargo será la flamante Comisión Mixta, compuesta por militares en retiro y otros gérmenes de la misma especie, y no la Fiscalía, la que primero llegue al sitio de los hechos y quién realice la primeras investigaciones de los posibles crímenes.
 
También será ese siniestro órgano quién decida si las investigaciones y procesos judiciales serán de competencia de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria. Es fácil deducir cuáles serán sus “justas” decisiones.
 
Pero como si lo anterior fuera poco, existe otra figura previamente fabricada para complementar el esperpento que les espera a los colombianos, el cual fue desnudado por Human Rights Wach:
 
“De acuerdo con el derecho internacional, y según fue confirmado recientemente por la sala de casación penal de la Corte Suprema las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual y otros abusos militares únicamente podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, efectuado con conocimiento del ataque y de acuerdo con la política de un Estado u organización”.
 
De acuerdo a lo anterior, casos como el del oficial del Ejército que violó a dos niñas en Tame, Arauca, y luego asesinó a una de ellas, junto a sus dos hermanitos, no podría ser juzgado por la justicia ordinaria, porque tendría que demostrarse que dichos crímenes eran parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil efectuado con conocimiento del ataque como política del Ejército o del Estado.
 
La justicia ordinaria encontró culpable de los hechos al oficial y lo condenó a 60 años de cárcel. Sin embargo con la ampliación del fuero militar, más sus complementos, como el descrito anteriormente, este y el resto de casos similares o peores podrían pasar a la justicia penal militar, la cual es sinónimo de impunidad.
 
Lo mismo puede ocurrir con los más de 3.000 asesinatos a sangre fría cometidos por militares, más conocidos como falsos positivos.
 
Igualmente los miembros de la Fuerza Pública que resulten “condenados” por sus crímenes pagarán sus castigos en centros de reclusión especiales, como el Tolemaida Resort. Toda una ofensa contra las víctimas y la dignidad humana.
 
La reforma al fuero militar es un mensaje claro a militares y policías de que pueden cometer toda clase de crímenes y violaciones a los derechos humanos contra la población civil, con la garantía de que sus delitos van a gozar de impunidad.