Derogación urgente de las reformas laborales. También para que los trabajadores/as más precarios puedan conciliar su vida laboral y familiar

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Porque a la vista de los Acuerdos de Gobierno no parece que vaya a cambiar nada sustancialmente en este aspecto para el conjunto de los trabajadores/as. Pero sobre todo para las y los que históricamente padecemos unas condiciones salariales y laborales más precarias. Aquellos con una distribución de jornada a turnos, irregular, de lunes a domingo e incluyendo los festivos, cuando no con horarios inciertos y conocidos incluso el día anterior, como es el caso de quienes trabajamos en el comercio y la hostelería.

Pero también en sectores como el sanitario, el social, en la limpieza de edificios, etc. que además también están ampliamente feminizados, por lo que la discriminación de género que supone el abandono que padecemos es también importante.

Necesitamos medidas que permitan realmente la conciliación.

Las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar deberían ser un indicativo más de la calidad del trabajo, la igualdad y la justicia social. Como el salario y la salud laboral. Y sin embargo se han convertido, al igual que la lucha contra el cambio climático, en un ejercicio de marketing político con el que se venden avances pero detrás del cual no hay medidas realmente efectivas, manteniéndose en la práctica todo más o menos igual, y supeditado a mantener los beneficios empresariales.

Además de para “flexibilizar” el empleo, es decir precarizarlo, facilitar el despido, eliminar los salarios de tramitación, dificultar la negociación colectiva y la representación sindical, y un sinfín más de perjuicios para los trabajadores, las distintas reformas laborales y modificaciones normativas, por pasiva o por activa, y sobre todo la última de 2012, también han castigado duramente las posibilidades de conciliación.

La incorporación a través del Real Decreto-Ley 3/2012 (Reforma Laboral) del carácter “diario” en la reducción de la jornada laboral por guarda legal o cuidado de familiares, que recogía el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, eliminaba de un plumazo la posibilidad de excluir del trabajo aquellas jornadas en las que, al estar cerradas las guarderías públicas, el cuidado del menor tenía que ser ejercido por quien solicitaba ese derecho, como es normal.

Parecía razonable que quien se reduce un salario ya precario para poder concretar su jornada laboral, no tuviera que gastarse más dinero en dejar a sus hijos/as en guarderías privadas, y pudiera ejercer su guarda legal y su educación adecuadamente los fines de semana y los festivos. De ahí la necesidad de excluir de la jornada ordinaria aquellos días en los que era incompatible el trabajo con la guarda legal. Porque quien trabaja de lunes a domingo no tiene ese problema. Tendrá otros.

Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre ‘Conciliación entre vida familiar y laboral’, correspondiente a 2018, y fruto de una submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) el 50% de los trabajadores encuestados con responsabilidades de cuidados familiares afirmaban que «no es posible o casi nunca es posible» modificar el inicio o el final de la jornada laboral para asumir mejor esas responsabilidades. Las causas principales eran bien las largas jornadas, muchas veces más allá de lo contratado, bien su irregularidad.

Y eso para los que trabajan o tienen un trabajo estable. La encuesta no recoge el drama de los millones de trabajadoras y trabajadores para los que conciliar su trabajo con la guarda legal simplemente es ciencia ficción porque no disponen ni siquiera de un contrato fijo, y deben renunciar a reclamar sus derechos para poder comer.

La última modificación normativa del PSOE no es suficiente.

A pesar de lo que pudiera parecer, la reciente Ley 6/2019 del gobierno del PSOE no ha solucionado esta situación para quien trabaja de lunes a domingo, porque por un lado no se ha eliminado el requisito de reducción “diaria” y por otro, aunque se añade la posibilidad de solicitar la concreción de la jornada sin necesidad de reducir, la empresa no está obligada a aceptarla y al final hay que volver a la misma casilla anterior a esta ley: los juzgados. Obligando de esta forma a los trabajadores a enfrentarse a la empresa, lo cual supone un freno más, de ninguna forma casual.

Los Acuerdos de Gobierno en materia de conciliación tampoco concretan ninguna medida real.

Y como decíamos al principio, tampoco de los Acuerdos de Gobierno parece que vaya a llegar una solución real. En el documento firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, socios de gobierno, solo se recogen la siguiente medida en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar:

“Promoveremos un pacto social y político por la Racionalización de los horarios que incluirá una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios. Todo ello nos permitirá reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados.”

En ningún lugar leemos la propuesta concreta de eliminación del carácter “diario” de la reducción de la jornada, que impide adaptar realmente la jornada de trabajo independientemente de las necesidades concretas de conciliación que tenga cada trabajador y trabajadora.

La única solución es la derogación de las reformas laborales y una normativa de y para los trabajadores.

Por lo tanto, si no se deroga la reforma laboral de 2012, las trabajadoras y trabajadores que padecemos una distribución de jornada a turnos, irregular, de lunes a domingo e incluyendo los festivos, simplemente no veremos ninguna mejora en nuestras posibilidades de conciliación y seguiremos padeciendo una discriminación con respecto a quien dispone de una jornada regular de lunes a viernes, para quienes también exigimos la mejora en aquellas circunstancias, como largas jornadas laborales sin control, que les impiden la conciliación de la vida laboral y familiar.

Por todo lo anterior y por el resto de perjuicios que las reformas laborales han supuesto para las trabajadoras y trabajadores, desde co.bas exigimos al nuevo Gobierno la derogación de las dos reformas laborales, la de 2010 y la de 2012, y la modificación de aquellas normas laborales y sociales que conduzcan a la dignificación de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!

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