¿Derogación de la Ley Mordaza o un maquillaje en toda regla?

Por Insurgente/kaosenlared/La Haine

Un maquillaje trampa que tiene como objetivo hacer modificaciones “visibles”, pero que en suma no generarán cambios sustanciales tal cual se evidencia en las posiciones que se presentarán hoy.

Y llegó el día… el día en los partidos políticos “dicen” que van a cambiar las cosas, que se va a derogar la Ley Mordaza o que se va a reformar para que reine la democracia en el Estado español.

Pero… a poco de leer en profundidad las escasas informaciones proporcionadas por los departamentos de prensa de las formaciones políticas y/o de las agencias noticiosas es más que evidente que será un cambio para que nada cambie. Un maquillaje trampa que tiene como objetivo hacer modificaciones “visibles”, pero que en suma no generarán cambios sustanciales gane cualquiera de las posiciones que se presentarán hoy.

Además, la única ley que será debatida hoy es la ley de seguridad ciudadana, no se hablará sobre la reforma del código penal ni sobre el pacto anti-yihadista, legislaciones que complementan la rebaja de derechos que ha insertado la Ley de Seguridad Ciudadana.

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El pleno del Congreso debatirá y votará este martes sendas proposiciones de ley del PSOE y del PNV que buscan sustituir la actual ley de seguridad ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley Mordaza’. Esta norma, impulsada en el 2015 por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, está recurrida por la oposición en el Tribunal Constitucional.

Ambas iniciativas se debatirán conjuntamente en la sesión plenaria, si bien todo apunta a que la que se llevará el favor de la Cámara será la del PNV puesto que tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como Ciudadanos ven con mejores ojos la propuesta de los nacionalistas vascos.

Con su propuesta, el PSOE pretende derogar las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, a quienes se manifiestan delante del Congreso y el Senado, y por utilizar imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Mientras se tramita la nueva ley, y “para que no haya un vacío legal”, los socialistas proponen volver “temporalmente” a la anterior ley de seguridad ciudadana, que aprobaron los socialistas en 1992, conocida como ‘ley Corcuera’, y que estuvo en vigor hasta el 2011.

Sin embargo, otros grupos de la oposición, como Ciudadanos, aseguran que no creen que volver a una norma “antigua” como la ‘Ley Corcuera’ sea “lo más apropiado” para “corregir” la ley de seguridad ciudadana, que, a su juicio, es “muy mejorable”.

Por su parte, el PNV propone en su texto alternativo cambios sustanciales en 44 preceptos de la ‘ley Mordaza’ con el objetivo de que ésta sea “más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas“. Entre otros aspectos, plantea que deje de ser una infracción grave (con hasta 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o que deje de considerarse grave manifestarse ante el Congreso y el Senado perturbando la seguridad pública.

Además, los nacionalistas vascos abogan por establecer un “procedimiento legal y efectivo” de devoluciones en frontera, respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.

También plantean que no se necesaria comunicación previa alguna de las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora, “siempre que no perturben la seguridad ciudadana”.

Por eso hoy más que nunca recordamos el documento de la Plataforma Ciudadana No Somos Delito:

Las trampas de las reformas de la Ley Mordaza

En los últimos meses se suceden los intentos por tomar la iniciativa de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza por excelencia, y apuntarse el presunto tanto de acabar con una ley que cuenta con el rechazo de más del 80% de la ciudadanía.

Desde la Plataforma No Somos Delito hemos estado siguiendo de cerca este proceso y nos preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados por PSOE y PNV recojan una regulación garantista del ejercicio de los derechos fundamentales.

En definitiva, nos enfrentamos al riesgo de que se consume la trampa de cambiar algo para que todo siga igual, evitando además entrar en un debate sereno, profundo y articulado con todos los actores sobre el concepto de seguridad ciudadana y las necesidades reales de legislación

Para ayudar a que esto no suceda, queremos informar a la ciudadanía de las cuestiones que más nos preocupan sobre dichas propuestas de ley en este artículo, que es el resultado de un profundo trabajo de análisis de ambas reformas realizado por un grupo de más de 20 juristas y ciudadanía en general.

1. Justificación de las reformas

A pesar de que PSOE alude en su exposición de motivos a la amplia contestación social como el principal motivo de necesidad para reformar la ley vigente, sin embargo su propuesta de derogación combina lo peor de la Ley Mordaza y de la Ley Corcuera, más conocida esta ultima como Ley de Patada en la Puerta (LO 1/1992). Y esto, sumado a que el texto presentado por el grupo socialista sigue abusando del uso de conceptos jurídicos indeterminados y genéricos, que dificultan la definición del ámbito de aplicación de esta ley, lo que nos dejaría de nuevo ante una situación de indefensión frente a la norma, una de las principales críticas sociales a la ley vigente.

Por su parte, el PNV anuncia en su exposición de motivos una ampliación del derecho de huelga y los derechos y libertades de los extranjeros en España (derogación de las devoluciones en caliente incluida). Pero, si continuamos la lectura del texto, descubrimos que ¡no se incluyen tales cambios!, ya que dichos conceptos no aparecen desarrollados en su articulado.

2. ¿Una ley de seguridad ciudadana para proteger los derechos de las personas?

Nos preocupa mucho, la noción de seguridad ciudadana que manejan las reformas presentadas tanto por el PSOE como el PNV.

En el caso del PNV se coloca en el mismo plano la protección de los derechos fundamentales y la de los bienes, entendiendo la esfera pública como un espacio de “uso y disfrute públicos” y no como un espacio para el libre ejercicio de derechos, concepción que se aleja mucho de lo que necesita la ciudadanía y de la defensa de los derechos fundamentales. Además de que esta reforma mantiene en su definición de seguridad ciudadana conceptos jurídicos indeterminados como “tranquilidad y convivencia ciudadanas”, que amplían el margen de discrecionalidad a la hora de aplicar dicha ley.

Por su lado, el PSOE mantiene el mismo prisma que el PP sobre seguridad ciudadana confundiendo este concepto con el mantenimiento del orden público; además, de que no introduce en el texto ninguna definición. La única definición posible que encontramos en el texto sobre la noción de seguridad ciudadana es la referente a la finalidad de aplicación de la ley destinada a “asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas”. Definición que usa de nuevo conceptos jurídicos genéricos, volviendo a la inseguridad jurídica que esto supone para la ciudadanía.

3. Home Sweet Home: registros domiciliarios.

En esta ocasión el PNV pierde una preciosa oportunidad para regular de manera más garantista este apartado de registros domiciliarios, ignorando de nuevo que, salvo casos de autorización u orden judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo deben intervenir en domicilios particulares en supuestos tasados.

Es aun peor en este punto la propuesta del PSOE, que en el Capítulo 3 recoge la posibilidad de entrada y registro en domicilios en diferentes supuestos, algunos de los cuales son competencia municipal y podrían ser usados para facilitar desalojos ilegales. Se incluye, además, una potestad de entrada en edificios de entidades públicas sin necesidad de autorización previa que, nuevamente, puede ser utilizado como excusa general para desalojar actos de protesta. En este mismo capítulo, recupera la posibilidad de realizar controles en la vía pública o en carretera para “el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social”, sin describir a qué supuestos se refiere.

4. Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)

Respecto a evitar arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios públicos en la propuesta registrada por el PNV, el texto no especifica los supuestos en los que está justificada esta intervención. Los criterios propuestos para delimitar su actuación van desde el amplio marco de los “indicios” de participación y el vago espectro de que “se considere razonablemente necesario”.

Tanto PNV como PSOE pierden la oportunidad de regular de manera más garantista los supuestos en los que se puede requerir la documentación a fin de evitar controles de identidad discriminatorios y la posibilidad de regular con rigor los derechos que asisten a la persona “retenida” para ser identificada. Respecto de los principios que deben regir la actuación de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, el PSOE destaca la “cooperación y la lealtad institucional”, omitiendo otros principios esenciales para la protección de nuestros derechos como la legalidad, la igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad y responsabilidad.

Procede señalar que ambas propuestas mantienen, además, el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad. Resulta preocupante comprobar cómo en un procedimiento tan poco garantista como es el sancionador se insiste en no revisar una previsión que supone, de facto, una pérdida de posibilidades del derecho a la defensa.

6. Mantienen o incrementan los supuestos de infracciones

La propuesta del PNV mantiene 3 de las 4 infracciones muy graves, eliminando la sanción por manifestaciones frente infraestructuras en las que se presten servicios básicos para la comunidad, salvo en el supuesto en que la intrusión en las mismas produzca “una interferencia grave en su funcionamiento”, un término ambiguo que no es precisamente exculpador. De las infracciones graves, el PNV mantiene 7 de las tipificadas en la actual Ley Mordaza. En el caso de las multas por obstrucción a la autoridad, como son las protestas por desahucios, el PNV por un lado elimina de este supuesto la figura de las autoridades judiciales, pero por otro lado mantiene la figura de las autoridades administrativas, con lo que se podrían seguir sancionado las protestas por desahucios de vivienda municipal y autonómica que ahora son particularmente frecuentes. Además mantiene 10 de las 17 infracciones leves, lo cual resulta preocupante, ,,entre ellas, la sanción por falta de respeto a agentes de las FCSE, responsable de miles de multas infundadas desde que entró en vigor la actual ley. .

En la proposición del PSOE se incrementan de 4 a 11 el número de infracciones muy graves y desaparece solo una infracción. En cuanto a las infracciones graves, el PSOE reproduce 11 de las infracciones existentes e introduce 7 nuevas en su mayoría relacionadas con el uso y gestión de establecimientos y locales. De las infracciones leves mantiene 6 e incorpora 5 nuevas infracciones además de numerosos conceptos jurídicos indeterminados, como la alteración seguridad colectiva, actividades con trascendencia para la seguridad, etc.

Por último, otra cuestión que preocupa mucho es el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana, o listas negras de infractores, que quedaría derogado por parte del PSOE, pero sin especificar qué pasará con los datos ya existentes en el registro, y que se mantiene vigente en el caso del PNV.

7. Derecho a la protesta

El PSOE mantiene 3 infracciones muy graves referidas al ejercicio del derecho de reunión y rescata de la Ley Corcuera las sanciones por la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana,, la cual extiende la responsabilidad del individuo a las reacciones de terceras personas. Además, añade otra infracción muy grave, como la de causar desórdenes graves en vías públicas y daños graves a los bienes públicos. Entre las leves, introducen 3 nuevas infracciones: la desobediencia a agente de la autoridad, la alteración de la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías públicas. Y mantiene además la infracción por la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público (artículo 26 j) ,lo que nos llama poderosamente la atención ya que precisamente este fue uno de los artículos de la Ley Mordaza (37.1) que recurrieron ante el Tribunal Constitucional.

El PNV introduce una disposición final que modifica la Ley reguladora del derecho de reunión, posibilitando la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia, una reivindicación ciudadana constante, así como una exigencia por parte de la jurisprudencia europea. Pero respecto a la responsabilidad de los promotores u organizadores de manifestaciones o concentraciones, mantienen exactamente la misma regulación que la ley vigente.

8. Criminalización de la pobreza

Nos preocupa gravemente que la proposición de la Ley de Seguridad Ciudadana del PNV mantenga la aberración jurídica que suponen las devoluciones en caliente en la frontera sur. vulnerando el derecho de asilo. En su texto se limitan a señalar la exigencia de una regulación en el plazo de 3 meses para poder llevar a cabo las devoluciones conforme a la legalidad internacional, algo que de facto es ilegal.

Caben señalar también cambios positivos aunque poco significativos en comparación a todo aquello que nos preocupa. La propuesta del PSOE contempla una rebaja de la cuantía de las sanciones respecto de la ley vigente en dos de los tipos de infracciones, volviendo a Ley Corcuera (LO 1/1992). En su caso, el PNV aunque mantiene las mismas cuantías introduce que las sanciones impuestas no podrán ser superiores a la que corresponda por infracción penal y propone además eliminar las sanciones por el uso no autorizado de imágenes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en manifestaciones ante Congreso y Senado y los desórdenes y obstaculización en la vía pública. Incorporando además una disposición que posibilita la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia.

En vista a que estas propuestas de reforma se están llevando a cabo sin contar con la sociedad civil e ignorando que han sido plataformas ciudadanas, entidades sociales, operadores jurídicos y órganos nacionales e internacionales de Derechos Humanos las que hemos conseguido, con nuestro trabajo reflexivo de análisis y denuncia, que esta norma tenga hoy un poco menos de repercusión negativa en los derechos de las personas. Desde No Somos Delito hemos organizado un debate ciudadano que se celebrará el viernes 17 de marzo en la Nave de Terneras de Matadero Madrid para analizar algunas de las cuestiones más inquietantes recogidas tanto en la Ley Mordaza como en los proyectos alternativos presentados por los distintos grupos parlamentarios y proponer cómo debería ser una legislación respetuosa con los derechos humanos sobre esta materia.


NO SIN DEBATE SOCIAL

Desde la primera votación de las elecciones generales hemos sido testigo de un debate entre los partidos del Congreso en torno a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 (LSC), más conocida ya por Ley Mordaza, ocasionado por la fuerte crítica social a la misma. Las organizaciones, colectivos sociales y personas que lanzamos este comunicado hemos estado siguiendo este proceso y tras el estudio de los proyectos de ley presentados y en vista de las negociaciones iniciadas con el Partido Popular todo apunta a que en breve tendremos el texto de una nueva ley de seguridad ciudadana con las mismas bases que la anterior; en definitiva, que tendremos una “Ley Mordaza” reformada.

Quienes llevamos años denunciando las denominadas Leyes Mordaza (Ley de seguridad ciudadana y reforma del Código Penal) consideramos que ahora que se pretende derogar esta ley es el momento de cuestionar las bases de una norma que, en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, hace primar la “seguridad ciudadana” por encima del libre ejercicio de dichos derechos y libertades con los que supuestamente nacemos. Una ley que, además, se vale del derecho administrativo sancionador, es decir, las sanciones son impuestas a las personas sin que medie ningún tribunal de justicia, dejando a la ciudadanía indefensa ante la ley.

Desde que entró en vigor la Ley Mordaza, estamos siendo testigo del creciente abuso que ha ido tomando la aplicación de esta ley con un incremento de la represión policial debido, en muchos casos, al abuso por parte de los agentes de la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo (su testimonio está por encima del de la ciudadanía) y al poder de valoración que les confiere la Ley Mordaza. En este tiempo, se han reportado miles de casos de personas sancionadas en nombre de la “seguridad ciudadana” por ejercer derechos como la libertad de expresión o de información, no sólo en el ámbito de las movilizaciones activistas, sino casos de personas denunciadas por motivos tan desproporcionados como no tratar de usted a la policía, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, o sindicalistas y periodistas sancionados por realizar su trabajo. Se han registrado además casos de represión e imposición de sanciones a personas que realizaban labores de observación de Derechos Humanos como las cuatro personas pertenecientes al grupo de observación de Frontera Sur de las entidades Irídia, Fotomovimiento y Novact, que fueron multadas durante las tareas de documentación gráfica en el paso fronterizo del Barrio Chino en Melilla. También son de lamentar los abusos policiales contra activistas y afectados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las Asambleas de Vivienda en sus convocatoria antidesahucios, denuncias y acciones en pro del derecho a una vivienda digna.

Bajo una iniciativa en apariencia positiva como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente ha conseguido con la Ley Mordaza es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión, castigando especialmente la pobreza y la protesta. Las principales preocupaciones que las organizaciones hemos denunciado sobre la ley actual son: nuevas infracciones que amenazan el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica expresión e información, falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos, el abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando éstas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, menor

garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo, atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones, que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos o el registro de infractores contra la seguridad ciudadana una medida exagerada que puede suponer un control excesivo sobre las actividades de los ciudadanos y que podría utilizarse como información para perseguir a grupos de oposición. Además, nos preocupa gravemente que esta ley pretenda legalizar las expulsiones de inmigrantes en la frontera, algo que, de facto, es ilegal, vulnerando el derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor, o que siga permitiendo la práctica policial de redadas racistas.

Una Ley que se justificó por la necesidad de actualizar la norma anterior, Ley Corcuera o “de la patada en la puerta” de 1992, ante nuevos cambios y demandas sociales así como nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, según argumentaba el Gobierno. Después de tres años de denuncia seguimos sin encontrar ninguna referencia a cuáles eran esas carencias que había que cubrir. Por tanto, entendemos que si la Ley Mordaza no era necesaria, tampoco lo son nuevas reformas que sigan justificando la restricción de nuestros derechos en pro de la seguridad manteniendo muchos de los supuestos vagos e indeterminados que aparecen en la actual ley, reformas que no introducen modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresión, reunión e información propuestas por la sociedad civil. Sin embargo, sí que consideramos que es urgente revisar esta ley al completo partiendo de una definición clara y respetuosa con los derechos humanos a través de un debate público sobre qué entendemos por seguridad ciudadana.

Nos preocupa que se sigan equiparando conceptos como “seguridad ciudadana” y “seguridad pública” y la identificación de ambas con la protección del “orden público”. Es necesario abandonar la concepción legal que entiende que seguridad ciudadana como aquello que sirve para limitar el ejercicio de derechos y libertades (STC 37/1998) así como romper con el enfoque franquista (Ley de Orden Público de 1953) sobre la cuestión, ya que las personas no somos un problema de orden público, como tampoco lo son gran parte de las cuestiones que recoge el articulado de la LSC. Frente al eje “libertad-seguridad” tradicional, al que parece que solo cabe oponer “más libertad individual”, toca apostar por un tercer eje que rompa la dicotomía: igualdad. La seguridad ciudadana se construye sobre discursos y lógicas de desigualdad y toca recuperar la esfera pública como escenario del debate sobre este conflicto.

Por todo esto, estamos impulsando la celebración de unas primeras jornadas de debate público sobre seguridad ciudadana y el libre ejercicio de nuestros derechos para que organizaciones, colectivos y personas podamos trabajar conjuntamente en la seguridad que queremos. El objetivo final de esta iniciativa es celebrar unas segundas jornadas con la presencia de partidos políticos donde poder debatir sobre la reforma de esta ley. Creemos que es muy necesario un debate abierto entre partidos, organizaciones y sociedad civil ya que gracias al trabajo de organizaciones y colectivos sociales, se ha conseguido un análisis reflexivo y una denuncia colectiva sobre esta norma lográndose que hoy esta ley sea rechazada por su carácter antidemocrático.

 

#SINMORDAZAS

 

 

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