Denuncian la alta mortalidad de avifauna por electrocución en Extremadura

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Ecologistas en Acción de Extremadura ha dirigido un escrito a la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura en el que se denuncia el tremendo biocidio que se está produciendo en la avifauna de la región a causa de la alta mortalidad ocasionada por la colisión con los tendidos eléctricos y solicita que se creen Unidades o Patrullas especializadas en el control de estas infraestructuras y el seguimiento de los accidentes que provocan.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), ha calculado el número de muertes en nuestro país producidas por electrocución en tendidos eléctricos en más de 33.000 rapaces al año, fenómeno que quizás pasa desapercibido por suceder mayoritariamente en el medio natural. En el caso de Extremadura, alrededor de 400 aves protegidas, principalmente cigüeñas blancas, buitres y águilas, fallecieron electrocutadas entre 2012-2016, según un informe de la Dirección General de Medio Ambiente. En la relación de especies afectadas figuran: 50 cigüeñas blancas, casi medio centenar de búhos, cerca de 80 buitres -leonados y negros- y 56 águilas (entre estás ultimas aparecen 15 águilas reales, 12 imperiales, 13 culebreras y 10 calzadas).

No obstante, los datos publicados en dicho informe son claramente inferiores a la realidad y en la relación no se contabilizan especies como las grullas y avutardas, muy afectadas también por los tendidos eléctricos. Como ejemplo de ello, puede tomarse el estudio de 2010 que la Asociación ANSER realizó en la ZEPA La Serena y Sierras Periféricas sobre 86 kms. lineales de tendido eléctrico, en el que hallaron 40 aves electrocutadas, 9 de ellas avutardas.

Es preciso recalcar la casi absoluta inexistencia tanto de sanciones penales o administrativas como la total inaplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, ante lo que constituye una verdadera catástrofe para la biodiversidad. Esta situación no es exclusiva de Extremadura y ha motivado que la Unidad Especializada de la Fiscalía de Medioambiente y Urbanismo, de la Fiscalía General del Estado, haya despachado dos importantes oficios o documentos sobre el problema.

El primero de los documentos, sobre las conclusiones definitivas correspondientes a la XI Reunión de Fiscales Delegados de Medioambiente y Urbanismo, celebrada los días 18 y 19 de febrero de 2019 en Badajoz, destaca la posible concurrencia de dolo eventual en cuanto a la comisión por omisión de dichos delitos (artículo 11 del Código Penal), ya fuera tanto por la existencia de un riesgo grave como por el hecho dañino en sí de la electrocución de un animal:

“Obra con dolo el que, conociendo el peligro generado con su acción, no adopta ninguna medida para evitar la realización del tipo” (STS 327/2007, de 27 de abril).

El segundo de los documentos, de 29/07/2019, trae origen en el Expediente Gubernativo 254/2016; momento en que la Fiscalía de Medioambiente toma conciencia de la enorme gravedad de la problemática de electrocuciones de avifauna y comienza a realizar actuaciones para detectar las causas y las soluciones. Por ello, se procura crear la Red de Seguimiento de la Mortandad de Avifauna Protegida por incidencia en los tendidos eléctricos con el objetivo de conocer el problema y reducir las intolerables cifras de mortandad. Tras un largo periplo de comunicaciones a todos los implicados, la Fiscalía lleva a cabo un desolador diagnóstico de la situación, destacando la incompleta y deficiente aplicación del Real Decreto 1432/2008, la total inexistencia de expedientes sancionadores -salvo la honrosa excepción de la provincia de Albacete- así como las innumerables deficiencias de actuaciones y equivocados alegatos jurídicos formulados por la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas para intentar justificar la inaplicación de la legislación ambiental y la ausencia de sanciones cuya base podría ser determinados acuerdos ilegales contrarios al mandato del artículo 22.3 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Por otro lado, no existe actualmente en la Comunidad Autónoma de Extremadura ninguna Unidad o Patrulla específica de Agentes del Medio Natural que se encarguen de revisar intensivamente los tendidos eléctricos, a pesar de existir la normativa que permitiría su creación. Así, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en su artículo 277, otorga competencias en materia de vigilancia ambiental a los Agentes del Medio Natural, como agentes de la autoridad que son, y el Decreto 269/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Agentes del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 6. Patrullas Especiales, estipula que pueden ser patrulla los trabajos de altura, venenos, alta montaña, etc.

Por tanto, la creación de estas Unidades o Patrullas es sumamente importante dada la magnitud del problema, que afecta a una población de aves rapaces que se encuentran todas ellas incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas y varias especies en peligro de extinción. Con ello, se podría detectar la mortandad real de aves que se produce cada año en estas instalaciones y se tendría una constancia fehaciente de las grandes áreas que, actualmente, constituyen auténticos sumideros ocultos de aves rapaces en la geografía extremeña y que pueden llevar al traste los planes de recuperación de especies amenazadas.

Hasta la fecha, no se están realizando búsquedas sistemáticas de los cadáveres de aves electrocutadas, por lo que se calcula que la Administración encuentra y registra apenas un 15% de las muertes producidas. Esta ausencia de Unidades o Patrullas especializadas impide la realización de un registro exhaustivo tanto de la cifra de muertes por electrocución como de la localización de los tendidos en los que estas se producen, y está causando la aplicación fraudulenta de los convenios existentes con las compañías de distribución eléctrica, ya que están siendo perceptoras de determinadas ayudas y subvenciones sin cumplir la obligación de adoptar medidas de evitación de este tipo de accidentes que condiciona su posibilidad de optar a ellas. Igualmente, no existen medios específicos para realizar inspecciones con el fin de detectar posibles deficiencias en los tendidos eléctricos que supongan un peligro para la avifauna, de modo que se pueda exigir su inmediata corrección.

Es inadmisible que la Administración regional,  con interpretaciones sesgadas de la legislación, normativa reglamentaria insuficiente y vulneradora de la jerarquía normativa, continúe permitiendo la impunidad con que las compañías de distribución eléctrica aplican una política de ahorro de costes que deriva en un inmenso atentado al Medio Ambiente y a la vida de los animales, especialmente de fauna protegida,  en beneficio únicamente de los intereses económicos de grandes empresas y sus consejos de administración (como ha venido recogiendo D. Jorge Moradell Ávila, Fiscal Provincial de Teruel, en diversos artículos publicados recientemente).

Ante esta situación, Ecologistas en Acción de Extremadura a exigido en su escrito actuaciones firmes por parte de la Administración para poner fin a esta lacra que no está beneficiando a nadie y que está impidiendo una verdadera recuperación en la región de especies como el Águila imperial ibérica, el Águila-azor perdicera, el Buitre negro y el regreso, con todas las garantías, del Águila pescadora (que ha iniciado intentos reproducción en el embalse de Alqueva).

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