Denuncian a dos organismos de la Seguridad Social por estafar a los trabajadores en las incapacidades laborales y en las jubilaciones

Por ANVIPED

La Asociación ANVIPED denuncia a dos organismos de la Seguridad Social por estafar a los trabajadores en las incapacidades laborales y en las jubilaciones, después de 22 meses de trabajo, 22 publicaciones y un programa especial en RTVE.

AL CONSEJO FISCAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Francisco Javier Marzal Mercader, con DNI nº 693624J, Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED), promotor del European Movement for Justice y de la alianza DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN JUDICIAL, denuncio por la comisión de delitos de lesa humanidad por tortura, de homicidio, maltrato, coacciones, falsedad documental, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, estafa agravada, maltrato, tortura, terrorismo y banda criminal (asociación ilícita) promoviendo el autoritarismo o por ser colaboradores necesarios de los anteriores delitos, a los siguientes funcionarios públicos:

Gobierno Rajoy (PP):

  • D. Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno.

  • Dª. Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social.

  • D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernaiz, Ministro de Fomento.

  • D. Tomás Burgos Gallego, Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Gobierno Sánchez (PSOE):

  • D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno.

  • Dª Magdalena Valerio Cordero, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

  • D. José Luis Ábalos Meco, Ministro de fomento.

  • D. Octavio Granado Martínez, Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS):

Cantabria:

  • Dª Eva Suárez Méndez, Directora Provincial.

  • D. Daniel Mendez Claver, Subdirector Provincial.

  • D. Cecilio González Casuso, Subdirector Provincial.

Granada:

  • D. Pablo Garcia Ruiz, Director Provincial.

Palma de Mallorca:

  • Director Provincial en funciones el 10 de febrero de 2012.

Instituto Social de la Marina (ISM):

  • Director General hasta 2010.

  • D. Luis Casqueiro Barreiro, Director General desde 2010.

Cantabria:

  • D. Eduardo C. Arasti Barca, Director Provincial.

  • D. Ignacio F Pérez González. Técnico Superior Marítimo de Seguridad Social.

Pontevedra:

  • Director Provincial del 30/04/2009.

  • Dirección Provincial del 4/5/2009.

  • Jefe de Sección de Afiliación de esta Dirección Provincial

Vizcaya:

  • D. José María Martín García, Director Provincial.

  • D. Luis Alberto Pérez Cortiñas, Subdirector Provincial.

  • D. Santiago Martín Calzada, Jefe de Sección.

Igualmente se denuncia a los funcionarios que han firmado las resoluciones que se refieren en esta denuncia, cuyos datos se desconocen.

EXPLICACIÓN DE ESTA TRAMA CRIMINAL

Para comprender el origen y la envergadura del problema aquí denunciado, es conveniente conocer la siguiente información:

  1. Desde que gobierna el PPSOE (PP+PSOE), España está entre los tres países con más impuestos sobre el trabajo.

  2. España es uno de los pocos países donde la Seguridad Social se financia única y exclusivamente por los trabajadores.

  3. La Seguridad Social es la mayor aseguradora española; es un organismo público y sus servicios son obligatorios.

  4. No sólo es la mayor aseguradora, sino que es la mayor organización económica de España. Según el resumen de ejecución de presupuesto de 2017, publicado en su website, éste ascendió a 149.592,60 millones de euros. Esta cifra de negocios es un 9% superior a las diez mayores empresas no financieras y un 240% mayor que el mayor sector de actividad económica que es el comercio al por menor en establecimientos no especializados. Por el enorme tamaño de esta aseguradora, su incidencia en la economía es muy alta; por ello, las actuaciones aquí denunciadas empobrecen a la población. Este empobrecimiento es el principal objetivo institucional, como lo acredita también el hecho del favorecimiento a las empresas financieras, de energía, telecomunicaciones y grandes constructoras por parte de los cuatro poderes públicos (legislativo, ejecutivo judicial y constitucional). En este sentido, cabe recordar las palabras de un catedrático en 2016, cuyo nombre se omite, pero está publicado por un medio relevante y accesible desde Internet: “Con instituciones como las suecas, España progresaría como Suecia”. esta estrategia se utiliza incluso en los programas europeos con fondos europeos, se utilizan para empobrecer a la población.

  5. En un artículo de 2018 publicado en Confilegal se dice: “Cerca de 50.000 asuntos que la Seguridad Social rechaza como incapacidades permanentes llegan a los tribunales. De ese total, unos 20.000 son estimados tras una batalla judicial que puede durar un par de años”; “hay un porcentaje amplio de personas afectadas por estas situaciones que no reclaman” (Carlos Javier Galán, es socio director de Alberche Abogados). “el Equipo de Valoración de Incapacidades, el tribunal médico de la Seguridad Social (EVI). Este es el órgano competente para evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas por incapacidad permanente, según Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio”. “Si hay tantos casos que se rechazan y posteriormente son aceptados por los tribunales como lícitos, está claro que algo no funciona como debería en este organismo”, indica Campmany que cree que estos casos deben analizarse de forma exhaustiva “para identificar cuáles realmente pueden ser admitidos o despiertan suspicacias sobre la posibilidad de tratar de retrasar el reconocimiento como medida de ahorro para las arcas”. Es de conocimiento popular que los médicos de este equipo se inventan los diagnósticos e incluso utilizan diagnósticos falsos a sabiendas para desestimar la pensión, con una IMPUNIDAD que acredita que España no tiene un Estado de Derecho. Estas 20.000 resoluciones judiciales anuales, van precedidas de 40.000 resoluciones administrativas injustas del INSS, como mínimo. Cabe destacar que tras revisar cientos de resoluciones judiciales, no hemos encontrado una sola donde el Juez denuncie a las autoridades administrativas de la Seguridad Social por estas actuaciones criminales y ni siquiera sancione al abogado por mala fe procesal, como establece la ley. Es evidente que la Seguridad Social continúa con estas actuaciones, a menudo criminales, porque le sale rentable pagar abogados en estos más de 50.000 asuntos judiciales, más los recursos, así como pagar a médicos que realicen diagnósticos falsos y funcionarios que atiendan los recursos.

  6. El titular de una noticia de eldiario.es de 2019 dice: “60 sentencias contradicen los argumentos de la Seguridad Social para negar la sanidad pública a inmigrantes con papeles”. En la noticia se dice: “hay un porcentaje amplio de personas afectadas por estas situaciones que no reclaman. […] En alguna ocasión piensan que van a perder mucho dinero; […] y también hay una parte que cree que si la Administración se lo deniega es que realmente no tienen derecho a nada”. Es evidente que la Seguridad Social continúa con estas actuaciones, a menudo criminales, es porque sus funcionarios tienen impunidad y le sale rentable económicamente.

  7. Hay abundante jurisprudencia de abusos de la Seguridad Social contra trabajadores de todos los sectores económicos y de todos los regímenes de cotización, tanto en el régimen general, como de regímenes especiales y de autónomos.

  8. En definitiva, la Seguridad Social es un organismo confiscador, con prácticas arbitrarias e intimidatorias, que incumple habitualmente la legalidad. La Seguridad Social es parte del régimen autoritario del PPSOE (PP+PSOE) que el TEDH ha definido como “poco democrático” y “disuasorio”.

  9. El otro organismo implicado en los hechos que aquí se denuncian es el Instituto Social de la Marina (ISM). El desprecio hacia la legalidad de los actuales dirigentes, queda patente en las siguientes noticias:

Se aportan las publicaciones promovidas por el Sr. Salas y/o ANVIPED en los medios como DOCUMENTO Nº UNO.

  1. Según DYNTRA, La valoración sobre la transparencia del ISM es de un 18%. Su actual Director General, el denunciado Sr. Casqueiro, disminuyó la transparencia desde un 27,96% a un 19,35% el 11/07/2011. La opacidad siempre está relacionada con las actuaciones criminales. Se aporta este informe como DOCUMENTO Nº DOS.

  2. En esta denuncia se acredita como eI INSS y el ISM, han automatizado el retraso de la jubilación de ciertos colectivos de trabajadores, con todo tipo de artimañas, impagando a éstos miles de millones de euros.

  3. En esta denuncia se acredita que hay organismos públicos que no dan valor a un documento oficial y que hay organismos públicos que falsean la información en documentos oficiales, en ambos casos con total IMPUNIDAD administrativa y judicial, así como con el encubrimiento de los gobiernos del PPSOE (PP+PSOE).

  4. En resumen, las resoluciones del INSS y del ISM desprecian la legalidad (rebeldía legislativa) y la jurisprudencia (rebeldía judicial), como se acredita en esta denuncia. Ambos organismos dependen de la misma Secretaría de Estado de Seguridad Social que es la que ha ordenado los impagos que aquí se denuncian, a más de ciento diez mil trabajadores.

  5. Todos los denunciados son cargos de libre designación, salvo los Presidentes del Gobierno. Esta potestad de los políticos no es democrática, sino autoritaria, e impulsa hacia la prevaricación.

Los hechos relatados en este preámbulo, en un Estado de Derecho serían suficientes para que se hiciera una investigación criminal a los demunciados, pero en España prevalece el autoritarismo sobre el Estado de Derecho, prevalece el autoritarismo sobre la democracia, por lo que se encubren, sistemáticamente, los crímenes de las autoridades públicas.

Además de los anteriores, se denuncian los siguientes hechos:

PRIMERO.- Para cumplir normas internacionales, la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) regula la jubilación anticipada en el apartado 1 del “Artículo 206. Jubilación anticipada por razón de la actividad o en caso de discapacidad”, donde se dispone:

La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Entre estos colectivos se incluyen los trabajadores del mar, mineros, artistas, ferroviarios, bomberos y policías, entre otros.

El Real Decreto 1311/2007 desarrolla esta excepción para el colectivo de los trabajadores del mar.

SEGUNDO.- El INSS ha automatizado en sus sistemas informáticos la vulneración de esta disposición, al menos, para los trabajadores del mar. Cuando un trabajador de este colectivo solicita la “jubilación anticipada por razón de actividad”, acogiéndose al artículo 206, el INSS aplica el artículo 208 que recoge la “Jubilación anticipada por voluntad del interesado”, para denegar la jubilación. Esta automatización se realiza a nivel nacional por lo que es evidente que ha sido ordenada por la dirección nacional. Ésta jubilación voluntaria está regulada en la LGSS:

  • a) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a, [artículo 208.1].

  • Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización [artículo 205.1.a].

TERCERO.- Cuando un trabajador del mar recurre la antijuricidad de la resolución denegatoria, el INSS no resuelve la solicitud y mantiene el razonamiento. En ambos casos es la Dirección Provincial del INSS y la Seguridad Social la que resuelve, despreciando el artículo 206 en el que se basa la solicitud y aplicando con un total autoritarismo el artículo 208, para denegar la prestación que ha sido pagada durante décadas por el solicitante.

En la parte final de esta denuncia, se aportan casos concretos que acreditan estas afirmaciones.

CUARTO.- Para cumplir normas internacionales, el Gobierno Zapatero aprobó el “Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar” que fue publicado en el BOE Núm. 255, de 24 de octubre de 2007. Este RD se debe al trabajo de don Octavio Granado Martínez que ha sido Secretario de Estado de la Seguridad Social desde el 20 de abril de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2011 y desde el 19 de junio de 2018 hasta la fecha de esta denuncia.

QUINTO.- Del contenido de este RD 1311/2007, a efectos de esta denuncia, cabe destacar los siguientes:

CAPÍTULO I

Actividades que determinan la reducción de la edad mínima de jubilación y coeficientes aplicables a ellas

Artículo 2. Períodos y actividades computables para la aplicación de los coeficientes reductores y medios de prueba.

1. Únicamente darán derecho a la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en el artículo anterior los períodos de vida laboral que impliquen un trabajo efectivo en cada una de las actividades mencionadas en aquél. Asimismo, se considerarán incluidos en dichos períodos de vida laboral los períodos de desembarco debidos a enfermedad y accidente, así como vacaciones, permisos u otras licencias retribuidas que procedan de conformidad con lo establecido en la legislación laboral aplicable.

2. La prueba de los servicios profesionales que determinan la reducción de la edad mínima para causar la pensión de jubilación se efectuará mediante los documentos de afiliación, altas, bajas y cotización, los historiales de navegación del personal titulado, las libretas marítimas, los roles y, en defecto de la documentación anterior, las certificaciones de la autoridad marítima competente, cuando proceda, o, en el caso de los mariscadores, percebeiros y recogedores de algas, mediante el permiso expedido por la comunidad autónoma correspondiente.

Disposición adicional única. Elaboración de un plan de medios.

Con la finalidad de obtener una simplificación y agilización en la prueba de los trabajos efectivamente realizados que dan derecho a la aplicación del correspondiente coeficiente reductor, se autoriza al Instituto Social de la Marina para que en el plazo de un año, a contar desde la publicación de este real decreto, proceda a la elaboración de un plan de implantación de los medios necesarios para conseguir la informatización de los datos contenidos en los documentos probatorios justificativos de los trabajos realizados.

Cabe señalar que el Instituto Social de la Marina es un organismo que depende de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

SEXTO.- OMISIÓN DEL DEBER DE ELABORAR EL PLAN DE MEDIOS. A pesar de que el RD establece el plazo de un año “para conseguir la informatización de los datos contenidos en los documentos probatorios justificativos de los trabajos realizados” que finalizaría el 23 de octubre de 2008, éste no se hizo hasta octubre de 2011, por lo que se produce una reiterada e intencionada prevaricación omisiva. Este hecho queda reflejado en las cuentas anuales del ejercicio 2017 publicadas en el BOE Núm. 244 del 9 de octubre de 2018, respecto de las jubilaciones se dice en la Pág. 98209:

En relación con estas prestaciones se puso en octubre de 2011 a disposición de las Direcciones Provinciales del ISM la aplicación ALFA MAR para su tramitación informatizada, lo que ha supuesto una gran mejora en la calidad y en la simplificación de la tramitación de estas prestaciones.

SÉPTIMO.- En el BOE Núm. 255 del 21 de octubre de 2010, se publica que “El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez” “nombra Director del Instituto Social de la Marina a don Luis José Casqueiro Barreiro” por “Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social”. Por tanto, el Sr. Casqueiro es el responsable de la automatización de esta “estafa”.

OCTAVO.- En este plan de medios, se eliminaron todos los trabajos acreditados en los documentos oficiales del Ministerio de Fomento referidos en el RD 1311/2007 (historiales de navegación del personal titulado, las libretas marítimas, los roles y, en defecto de la documentación anterior, las certificaciones de la autoridad marítima competente), cuando no se ha cotizado por ellos, al objeto de disminuir los “coeficientes reductores” y así retrasar la edad de jubilación de los trabajadores del mar. Cabe destacar que el ISM paga las jubilaciones de estos trabajadores, como se acredita en las referidas cuentas anuales del ISM. De esta forma, el ISM automatizó en 2011 la “estafa”, para retrasar la jubilación de los trabajadores del mar.

NOVENO.- El propio D. Luis Casqueiro, Director General del ISM, lo reconoce en su escrito de fecha 12/05/2016, respondiendo a una carta del marino D. Arturo Salas, donde se dice:

Por correo electrónico se ha recibido en este Instituto un escrito suyo, que también ha dirigido a la Ministra de empleo y Seguridad Social, en el que manifiesta su disconformidad con el informe de COE que se le realizó en la Dirección Provincial de Bizkaia y posteriormente en la de Cantabria, […]

Además, responde a cada embarque, destacando que en varios afirma: “No se pueden tener en cuenta las supuestas vacaciones ya que en la Libreta no consta que el desembarque sea por dicha causa”. Al respecto cabe señalar lo siguiente:

  • En la mayoría de los casos, los desembarques se hacen por fin de contrato y así aparece en la libreta marítima, pero eso no significa que pierden el derecho a las vacaciones como pretende el Sr. Casqueiro.

  • Mientras se está embarcado, se está trabajando y, por tanto, no se están disfrutando las vacaciones. Incluso se trabaja los sábados, domingos y festivos, por lo que cuando están desembarcados se añaden estos días a las vacaciones.

  • Las vacaciones están reguladas por convenio.

  • El denunciado sabe que los armadores no solían cotizar las vacaciones porque la Seguridad Social lo ha permitido siempre.

  • En resumen, el denunciado suprime las vacaciones de todos los embarques para retrasar la jubilación.

El escrito reconoce que ya en 2016, estaba informada de estas “estafas” la “Ministra de empleo y Seguridad Social”, que era la denunciada Dª Fátima Báñez.

Se aporta este escrito como DOCUMENTO Nº TRES.

DÉCIMO.- Vuelve a reconocerlo D. Luis Casqueiro, Director General del ISM, en la publicación en Interviú del día 21/07/2017, donde se dice:

Por su parte, Luis Casqueiro, director general del ISM, mantiene que la sentencia en el caso de Arturo Salas ratifica lo que siempre ha mantenido el Instituto: “La libreta de navegación no es un documento fehaciente para calcular la jubilación y los coeficientes reductores”. Y niega que haya conflictividad en este asunto.

De esta forma se sitúa en rebeldía legislativa respecto de los tratados internacionales, el RD 1311/2017 y la LGSS, despreciando la validez de los documentos oficiales expedidos por el Ministerio de Fomento.

Además, dice que no hay “conflictividad en este asunto”, lo que acredita que el engaño de las cartas enviadas y otros documentos que se incluyen en esta denuncia, hace que los trabajadores del mar no reclamen.

DÉCIMO PRIMERO.- Por tercera vez, lo reconoce D. Luis Casqueiro, Director General del ISM, en su escrito del 21/07/2017 de respuesta a la Asociación Profesional de Ingenieros Marinos y Maquinistas Navales y a la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, donde se dice:

2. La prueba de los servicios profesionales que determinan la reducción de la edad mínima para causar la pensión de jubilación se efectuará mediante los documentos de afiliación, altas, bajas y cotización, los historiales de navegación del personal titulado, las libretas marítimas, […]

Por tanto, este Instituto se ratifica en que son los movimientos de vida laboral, altas y bajas, el medio probatorio fundamental de los periodos que van a dar lugar a la determinación de los coeficientes reductores

Así pues, la Libreta de Navegación es un documento probatorio supletorio

El plan de implantación se desplegó en varias fases:

– Depuración de los datos que aparecían en el Fichero General de Afiliacion cotejándolos con los datos reflejados en las libretas de navegación.

Por tanto, en este escrito, el Director General hace un reconocimiento explícito de que no cumplió la ley a sabiendas que es el fundamento del delito de prevaricación. Además, ha “depurado” o manipulado los datos malintencionadamente. Más adelante, se documentan casos concretos.

Se aporta este escrito como DOCUMENTO Nº CUATRO.

Al respecto, cabe destacar los siguientes aspectos legislativos:

1.- El propio RD que refiere no habla de documentos probatorios fundamentales ni supletorios y, además, denomina a la libreta marítima como “Libreta de Navegación” que es un documento inexistente, sin duda con ánimo de confundir.

2.- Los trabajadores del mar tienen acreditado su trabajo realizado en los documentos oficiales indicados en el referido artículo 2 del RD 1311/2007 que es una revisión del artículo 2.3 del Decreto 2864/1974. Estos documentos son expedidos por el Ministerio de Fomento y, en el caso, de la libreta marítima son de validez internacional. Los Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por España y por la Unión Europea, consideran a la libreta marítima o documento de identidad del marino (DIM): “Documento de identidad de la gente de mar, en el que se incluyen, al menos, los datos personales y la relación de embarques» (apartado 8 del artículo 2 del REAL DECRETO 938/2014, de 7 de noviembre (BOE nº 271 de fecha 8 de noviembre de 2014), que ratifica el denominado Convenio de Manila de la Organización Marítima Internacional. Siempre que un marino está embarcado esta realizando un “trabajo efectivo”, por lo que la libreta marítima es el único documento que recoge todo el trabajo efectivo de embarques. Como hemos visto, en el mismo sentido, el Real Decreto 1311/2007, en el punto 2 de su artículo 2 dispone lo siguiente: «La prueba de los servicios profesionales se efectuará mediante […] la libreta marítima».

3.- la Ley General de la Seguridad Social establece claramente que la responsabilidad de las cotizaciones es del empresario y no del trabajador, en el siguiente articulado:

Artículo 18.3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso

Artículo 142. Sujeto responsable”: 1. El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad.

Artículo 139. Afiliación, altas y bajas”: 1. Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar dicho ingreso y, en su caso, el cese en la empresa de tales trabajadores para que sean dados, respectivamente, de alta y de baja en el Régimen General.

4.- En cuanto a las vacaciones que forman parte del trabajo efectivo según dispone el referido artículo 2.1 del RD 1311/2007, la Ley General de la Seguridad Social establece en el artículo 166 lo siguiente:

2. También tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta, con cotización, salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato.

DÉCIMO SEGUNDO.- Una Sentencia judicial, con jurisprudencia del Tribunal Supremo, que contradice el criterio del ISM utilizado para automatizar la referida estafa, con total claridad es la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 19 de junio de 2001. En esta sentencia se analiza el contenido del Decreto 2309/70, derogado expresamente por el RD 1311/2007, pero con una redacción idéntica en su art. 2.3 al nuevo art. 2.2, en relación a la prueba de los servicios profesionales, disponiendo de forma expresa que:

En razón a tal finalidad y espíritu de la bonificación de edad reconocida, deviene razonable que sea el tiempo de en tales condiciones el que haya de tenerse en cuenta, con independencia de que haya sido o no cotizado, cuestión, por otra parte, ajena al propio trabajador.

La literalidad del precepto (unido al espíritu del mismo) no deja lugar a dudas, acerca de que es el tiempo efectivamente trabajado con independencia de que haya sido o no cotizado el que ha de ser tenido en cuenta.

En congruencia con tales argumentos, el Tribunal Supremo ha venido pronunciándose en Sentencias de 25.7.90, 6.7.90, 4.6.90, […]

El Instituto Social de la Marina no sólo está en rebeldía legislativa, sino también en rebeldía judicial, desacatando la jurisprudencia.

DÉCIMO TERCERO.- En el referido escrito a las asociaciones, se dice:

  • Una vez concluida la depuración, se realizó una campaña de comunicación mediante el envío de una carta personalizada a los trabajadores mayores de 55 años en la que se informaba de los datos laborales que obraban en poder de la administración con indicación de la empresa y de los periodos que pudieran dar lugar a la aplicación del coeficiente reductor, así como el cálculo de coeficiente resultante. […] Esta campaña se realizó en mayo de 2011 y se remitieron 51.667 cartas.

  • […] , se procedió a un segunda campaña de comunicación, esta vez más amplia, […]. Esa campaña se realizó en 2014 y se enviaron 83.558 cartas.

Se han realizado multitud de actuaciones para conseguir una informatización de la información y la automaticidad en el cálculo del coeficiente reductor de la edad de jubilación de los trabajadores del mar.

De esta forma se reconoce que se engañó directamente a 51.667 trabajadores para que no pidieran su jubilación cuando les correspondía, sino cuando se les indicaba en estas cartas. Es evidente que no se hubiera hecho esta comunicación si no fuera para persuadir de pedir la jubilación cuando les correspondía. Además, se ha automatizado la vida laboral y el cálculo del coeficiente reductor. El propio D. Luis Casqueiro, Director General del ISM, reconoce que se ha automatizado la estafa y que se ha remitido una carta para engañar a 51.667 trabajadores.

No sólo eso, sino que también pretende disuadir a las asociaciones de que exijan el cumplimiento de la ley.

Además, de esta información puede inferirse lo siguiente:

  1. En mayo de 2011 se comunicó a 51.667 trabajadores del mar con edades comprendidas entre los 55 y 64 años, ambas incluidas, lo que nos da una media de 5.167 trabajadores anuales. Si suponemos que aquél era el número total de trabajadores y extrapolamos este dato, desde esa fecha hasta mayo de 2019 otros 41.334 trabajadores fueron afectados por esta maquinación, totalizando 93.001 trabajadores a los que habría que añadir los afectados con anterioridad a este plan de medios que serían aproximadamente: 5.167 trabajadores anuales por cuatro años, es decir, otros 20.668 trabajadores que totaliza 113.669 trabajadores a los que se les ha retrasado la jubilación, impagándoles más de dos millones de mensualidades de su pensión.

  2. en 2014 y se enviaron 83.558 cartas”, por lo que cabe estimar que se ha engañado a otros 83.558 trabajadores para el futuro, a los que habría que restar aquéllos a quienes ya se les ha retrasado la jubilación que ascienden a unos 15.501 (3 años por 5.167 trabajadores anuales). Por tanto, ya se ha preparado el retraso de la jubilación a 68.057 trabajadores.

  3. Entre los dos apartados anteriores, totalizan 181.726 trabajadores engañados, según los datos del propio Instituto Social de la Marina.

  4. ANVIPED estima que a cada trabajador se le ha retrasado una media de dos años la jubilación lo que supone unas pensiones de jubilación media superior a los 20.000 euros anuales; por tanto, el total aproximado de esta “estafa” es de 113.669 x 2 x 20.000 euros, lo que asciende a un impago de 4.546.760.000 euros, a los que habría que añadir las cotizaciones de estos trabajadores que siguieron trabajando, especialmente si lo hicieron por cuenta propia.

  5. Es evidente que si estas estafas las hiciera una compañía de seguros privada, sería un escándalo y acabarían en la cárcel sus dirigentes. Cabe recordar que en este caso, el INSS actúa como una aseguradora.

El impacto de este engaño lo reconoce el propio ISM, en las referidas cuentas anules, donde se dice:

Se había previsto iniciar 3.315 expedientes de jubilación […] , pero se han solicitado bastante menos de los previstos, ya que a lo largo del ejercicio solo se han solicitado 2.675 pensiones de jubilación.

Por tanto, el engaño ha funcionado, pasando del grado de tentativa al de consumado. Los trabajadores fueron coaccionados para que no exigieran lo que habían pagado durante décadas. El propio ISM estima que sus cartas han hecho que, en ese año, 640 trabajadores no pidieran la jubilación cuando les correspondía.

Estas estafas producidas por un abuso institucional de este autoritarismo, tienen seis agravantes:

  1. Premeditación y alevosía.

  2. Un cierto nivel de confianza en la veracidad de los escritos de las instituciones.

  3. La desconfianza en que las instituciones cumplan la ley cuando se reclama.

  4. El alto coste de la vía judicial.

  5. La desconfianza en que los jueces cumplan la ley en estos procedimientos.

  6. Todos los denunciados son cargos de libre designación, salvo los Presidentes del Gobierno.

DÉCIMO CUARTO.- La generalizada falta de pago de los impuestos de los empresarios de este gremio es pública y notoria, así como el favorecimiento institucional hacia los empresarios de la marina mercante. Baste lo siguiente para acreditarla:

  1. La ayuda económica institucional (más de 82 millones) al capitán del buque Izarra y a su familia, estando éste condenado por ser un contrabandista. Fue el ISM quien ayudó al capitán. No se aporta documentación por ser pública esta información.

  2. La creación de la empresa pública Sociedad de Gestión de Buques, en la década de 1980, para vender docenas de buques embargados a las empresas navieras por impagos de impuestos.

  3. El RD 1549/2009 crea un mecanismo para evitar estas defraudaciones, como reacción a que “los sindicatos aseguran que este tipo de prácticas ilegales son “habituales””. Esta ley evidencia que estos impagos son bien conocidos también por los organismos implicados. Cabe añadir que éstos nunca han perseguido estos fraudes.

DÉCIMO QUINTO.- En la página web de la Seguridad Social, puede encontrarse el número 570 de la revista Mar, de junio de 2017, donde puede leerse:

El trabajo en el mar es una profesión de muy alto riesgo, como subrayó Luis Casqueiro, director del ISM, […]

Un alto riesgo que, convertido en datos estadísticos, nos dice que su tasa de mortalidad es diez puntos superior al conjunto de todos los sectores, cuatro puntos más que el segundo sector laboral por índice de peligrosidad, la construcción. El goteo de accidentes y de muertes es constante, y este año no es una excepción.

Cabe recordar que en el referido artículo 206.1 de la LGSS, se dice sobre los trabajadores del mar y otros colectivos:

[…] actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Por lo antedicho, es evidente que el retraso en la jubilación de estos trabajadores supone un durísimo castigo para ellos y supone aumentar el riesgo de muerte, debido a la merma de condiciones físicas y mentales propias de la edad y de la dureza profesional. Dada la elevada mortalidad profesional, cabe inferir que haya habido algún asesinado por retrasar su jubilación. En cualquier caso, a todos los trabajadores que se les haya retrasado la jubilación, se les ha acortado la vida.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – PP

DÉCIMO SEXTO.- El 1 de febrero de 2017, el marino D. Arturo Salas, volvió a remitir un escrito a la Ministra, con el siguiente contenido:

Que como continuación de todos los escritos que la he enviado anteriormente, para que desista en su actitud delictiva y al no observar ningún cambio al día de hoy, la confirmo que he tenido que presentar la correspondiente denuncia por la vía penal ante el cuartel de la Guardia Civil de Laredo ( Cantabria ), contra usted y demás Altos Funcionarios con las diligencias : 2017-003687-00079 y en base a los siguientes hechos:

PREVARICACIÓN

FALSIFICACION DOCUMENTAL

ESTAFA

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

La denuncia por la vía penal la presenté el 24 de enero de 2017 a la 11:50 horas y así consta. A las 12:57 recibí del número 942394451 una llamada de la secretaria de la Directora Provincial del INSS. de Cantabria para acudir a una reunión, a lo que rehusé. Posteriormente recibí otra llamada a las 01:03 del número 942319497 de la secretaria del Director Provincial del ISM. Para acudir a la reunión y rehusé. Posteriormente recibí a la 01:35 otra llamada del número 942394452 de la misma Directora Provincial para acudir a la reunión y que también rehusé. Después de meditarlo y con el ánimo de buscar soluciones, la llamé a las 2:18 aceptando acudir a la invitación de la reunión.

El pasado 24 de Enero acepte acudir a la reunión que se celebró al día siguiente a las dos de la tarde en el despacho de la Directora Provincial del INSS. de Cantabria , con la presencia de la Directora, del Director Provincial del ISM. de Cantabria y el Asesor Jurídico.

En dicha reunión se debatió extensamente los temas importantes, objetos de la denuncia penal y se me solicitó y así lo hice la emisión de un escrito que dirigirían a su Ministerio para poner fin a todas las irregularidades.

Las leyes mas importantes que no están cumpliendo y que usted ya sabe son las siguientes:

REAL DECRETO 1311/2007:

CAPITULO I Y CAPITULO II

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

ARTÍCULO 17

ARTICULO 18

ARTICULO 139

ARTICULO 142

ARTICULO 166

REAL DECRETO 504/2001

Por todo lo cual solicito como principal afectado me de una explicación y un compromiso de cesar en la aplicación de las prácticas ilegales que está ejerciendo su ministerio y usted en particular, como conocedora , consentidora y posiblemente directora de toda la trama.

Me explique igualmente si estas prácticas ilegales van dirigidas solo contra mi persona o también las aplican al resto de los marinos.

A la fecha de hoy no he obtenido ningún tipo de respuesta, por lo que considero que siguen riéndose de mi de forma descarada, y daré traslado tanto de este escrito, como de los anteriores y de toda lo documentación que obra en mi poder, a los partidos de la oposición para que usted se explique en sede parlamentaria.

En este escrito, se informa a la Ministra que ha sido denunciada, junto con otros altos cargos implicados en esta trama.

Ese mismo día, 1 de febrero de 2016, el Sr. Salas reenvió D. Tomás Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social, el referido correo electrónico a la Ministra.

Se aporta correo electrónico a la Ministra como DOCUMENTO Nº CINCO, escrito como DOCUMENTO Nº SEIS y correo electrónico al Sr. Burgos como DOCUMENTO Nº SIETE.

DÉCIMO SÉPTIMO.- El 11 de julio de 2017, el Presidente de ANVIPED remitió un escrito a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Dª Fátima Báñez, donde se dice:

Solicitamos su intervención en un asunto que me entristece profundamente como defensor de la legalidad.

Como sabe, desde hace meses por Arturo Salas Villalba -asociado de ANVIPED- y por dos asociaciones de marinos, el ISM y el INSS -ambos pertenecientes a su Ministerio- están coordinados para retrasar el derecho a la jubilación de los trabajadores del mar, incumpliendo la legalidad española, la europea y la internacional.

El problema concreto es el siguiente:

1.- el ISM y el INSS no utilizan los datos reales de la vida laboral de los marinos, obrantes en los registros de la Dirección General de la Marina Mercante que es un organismo del Ministerio de Fomento.

2.- La referida información de la DGMM, es la misma que está reflejada en las libretas marítimas de los propios marinos.

3.- En su lugar se utiliza la vida laboral de los registros de la Seguridad Social, a sabiendas de que están incompletos. En el Decreto 2309/1970 ya se recogía esta disfunción administrativa que sigue sin corregirse y en el Real Decreto 1311/2007, se disponía que el ISM unificara los datos en un año, cosa que no ha hecho. Esta vida laboral incompleta, recoge sólo la información de bajas, altas y cotizaciones a la Seguridad Social, realizadas por los empresarios. Al respecto cabe decir que la responsabilidad de las cotizaciones es del empresario y no del trabajador, según establece la LGSS en sus artículos 18, 139 y 142. Siguiendo la misma línea, tampoco se reconoce el derecho a las vacaciones cuando estos periodos no están cotizados. Por otro lado, es posible que la utilización por el ISM de los datos del INSS, vulnere la legislación europea de protección de datos.

4.- Cuando un marino reclama que se utilicen los datos de su libreta marítima, es decir, de su vida laboral real, el ISM y el INSS lo deniegan, incluso judicialmente. Argumentan que la vida laboral es la que tienen ellos (ISM e INSS) y que la libreta marítima no es un documento probatorio, contraviniendo los referidos decretos de 1970 y 2007, así como el derecho europeo e internacional, recogido en el Real Decreto 938/2014.

Como sabrá, estas posiciones han sido objeto de una dura, contundente y amplia crítica mediática, con titulares como los siguientes:

  • Marinos Mercantes denuncian que Empleo los “estafa” al calcular su retiro (La Voz de Galicia, 28-5-2017).

  • En el boletín del sindicato Comisiones Obreras del 29-5-2017, tratan sobre este asunto titulándolo: “Vía de agua en la jubilación del marino”.

  • Marinos mercantes vascos denuncian una “estafa” del Gobierno con las jubilaciones” (El Correo, 1-6-2017).

  • Marinos mercantes critican que Báñez los obligue a ir al juzgado a reclamar tiempo no cotizado”, 4-6-2017).

  • Marinos mercantes detectan una “gran estafa” en sus cotizaciones” (Gara, 11-6-2017).

  • Marinos no descartan una huelga si no se protegen sus cotizaciones” (Gara, 1-7-2017).

Estos medios y el sindicato informan que existe una trama criminal entre la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina que es una Entidad adscrita a la Secretaría de Estado de la seguridad Social. Además, que esta trama es conocida y consentida por usted, así como que los marinos no van a parar hasta que se reconozcan sus derechos.

Desconocemos por qué su Ministerio y el Ministerio de Hacienda, permiten que no coticen los empresarios navieros por sus trabajadores, lo que puede considerarse una subvención encubierta. Un regalo que su Ministerio hace pagar a los marinos cuando tramitan su jubilación.

No podemos desligar esta situación de la política de recortes que ustedes y el gobierno Zapatero, siguen desde hace años.

Es evidente que el ISM y el INSS llevan décadas vulnerando los derechos de los marinos y que pretenden continuar haciéndolo, tal vez porque así se lo han ordenado, por lo que no entenderíamos que usted se desentendiera de este problema, salvo que forme parte del mismo.

En resumen, se pedía su intervención para que no permitiera estas actuaciones criminales y se insinuaba que la Ministra formaba parte o formaría parte de esta trama, si la seguía permitiendo; igualmente por su colaboración con el fraude a la Seguridad Social de los empresarios.

El escrito fue respondido en un informe del Gabinete del Secretario de Estado D. Tomás Burgos, el 7 de agosto de 2017. en la respuesta se transcribe el referido artículo 2.2 del RD 1311/2007 para continuar con dos párrafos que resumen el “criterio” de esta trama:

Por tanto, las afirmaciones realizadas por la Asociación no son correctas, puesto que este Instituto Social de la Marina lleva a cabo el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación teniendo en cuenta los datos de la vida laboral de los marinos, siendo los movimientos de vida laboral, altas y bajas y cotización, el medio probatorio fundamental de los periodos que van a dar lugar a la determinación de los coeficientes reductores.

Poniendo en conocimiento de la Asociación que la Libreta de Navegación es un documento probatorio supletorio, ya que la principal fuente de información son los periodos de vida laboral que constan en nuestras bases de datos. Únicamente será documento probatorio principal cuando se trate de periodos embarcados en buques extranjeros y estos periodos reúnan los requisitos que exige la legislación para ser tenidos en cuenta a efectos de aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

De esta forma se acredita que es una postura del Ministerio y no sólo de los dos organismos implicados de este Ministerio: INSS e ISM.

Se aporta escrito de ANVIPED como DOCUMENTO Nº OCHO y respuesta como DOCUMENTO Nº NUEVE.

DÉCIMO OCTAVO.- El marino D. Arturo Salas remitió más mensajes a la Ministra y al Secretario de estado sin obtener respuesta. La Asociación Profesional de Ingenieros Marinos y Maquinistas Navales también remitió otro escrito que tampoco fue contestado.

MINISTERIO DE FOMENTO – PP

DÉCIMO NOVENO.- El marino D. Arturo Salas instó al Ministro de Fomento para que hiciera valer la libreta marítima en los organismos de la Seguridad Social. En su lugar, recibió la respuesta del Director General de la Marina Mercante, D. Rafael Rodríguez Valero, en un escrito de fecha 15 de noviembre de 2017, donde se informa de la legislación referente a la libreta marítima y se responde a la queja de la siguiente forma:

Por otro lado, es al Ministerio de Empleo y Seguridad Social al que corresponde determinar que documentación es la que debe exigir o dar por buena a la hora de reconocer los embarques a efectos del desarrollo de sus competencias propias.

En atención a lo anterior vamos a dar traslado de su carta y de la situación que usted plantea, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

¡Esperpéntico! ¡Total autoritarismo!

Al respecto cabe decir lo siguiente:

  1. Es completamente contradictorio que el Director General del organismo que controla cada trabajo realizado por este colectivo, mediante varios documentos oficiales, diga que otro organismo puede “determinar que documentación es la que debe exigir o dar por buena a la hora de reconocer los embarques”. Es lo mismo que el Ministerio del Interior dijera que otro organismo puede decidir el documento que acredita la identidad de una persona y que puede decir que el DNI no acredita su identidad.

  2. El Director General, reconoce ser conocedor de esta trama.

  3. Siendo D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernaiz, Ministro de Fomento, el destino del escrito del Sr. Salas, él es el responsable de esta contestación, incluyendo permitir que otros no reconozcan los documentos oficiales de este Ministerio y de que no los reconozcan para retrasar la edad de jubilación.

Se aporta respuesta como DOCUMENTO Nº DIEZ.

VIGÉSIMO.- El 19 de octubre de 2017, el Presidente de ANVIPED también remitió una queja a D. Íñigo Joaquín de la Serna Hernaiz, Ministro de Fomento, solicitando su intervención para que obligara al INSS y al ISM a reconocer la validez del contenido de la libreta marítima, por ser un documento oficial. En este escrito se dice:

Solicitamos su intervención en un asunto que ha creado una gran alarma social y mediática.

Como sabrá por numerosos medios escritos, radio y televisión, el Ministerio de Empleo ya Seguridad Social está “estafando“ a los Trabajadores del Mar. La Seguridad Social, sistemáticamente no toma en cuenta los datos de trabajo reales, acreditados en la Libreta Marítima.

Su Ministerio expide dicha Libreta y garantiza, internacionalmente, que los embarques que contiene son ciertos. A pesar de ello, cuando un Trabajador del Mar solicita al Instituto Social de la Marina -dependiente del MESS- que corrija sus datos en base a la Libreta Marina, no lo hacen afirmando que la Libreta Marítima no es documento fehaciente.

Le informo que en el Real Decreto 1311/2007 se concede un plazo de un año para que el Instituto Social de la Marina consolide la información de la vida laboral de los Trabajadores del Mar, pero diez años después no lo ha hecho.

Varias asociaciones hemos informado a la Ministra del MESS que hace que sus subordinados mantengan su ilegal posición para retrasar la jubilación de estos trabajadores.

Este Ministerio se ampara en una reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que resuelve en base a que la libreta de navegación “se trata de prueba documental que carece de los requisitos de fehaciencia que se exigen“.

Se están vulnerando los derechos de los trabajadores, declarando “papel mojado“ el contenido de dicha Libreta y cuestionando, por tanto, el trabajo de su Ministerio, por lo que entendemos que ustedes deben defender la validez del documento laboral principal de este sector, así como los derechos de este colectivo y la legalidad.

Le solicitamos que nos mantenga informados de sus actuaciones en este conflicto.

El Ministro no respondió. En su lugar, de nuevo respondió el Director General de la Marina Mercante, D. Rafael Rodríguez Valero, en un escrito idéntico al del marino Salas, añadiendo como primer párrafo: “Le escribo en respuesta a su carta dirigida al Ministro de Fomento”. El Sr. Rodríguez fue nombrado por la Ministra Dª Ana Pastor en 2010. Para que pudiera responder este Director General, antes tuvo que pasar por los siguientes altos cargos del Ministerio:

  1. Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

  2. Secretario General de Transporte.

Estos altos cargos son colaboradores necesarios de esta trama.

Se aporta escrito de ANVIPED como DOCUMENTO Nº ONCE y respuesta como DOCUMENTO Nº DOCE.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Recibida la respuesta antedicha, el Presidente de ANVIPED volvió a enviar una carta al referido Ministro, con el siguiente contenido:

Como contestación a la carta que le envié el pasado día 19 de octubre, hemos recibido un impresentable escrito del Director General de la Marina Mercante que adjunto.

Este funcionario afirma que otros organismos públicos pueden considerar que no es válida la información que contiene la Libreta Marítima.

Como verá en mi respuesta al susodicho, le he pedido que presente su dimisión y a usted le solicito que le obligue a presentar su dimisión si no acepta mi propuesta.

Por lo antedicho, considero que usted no nos ha contestado y nos mantenemos a la espera de una respuesta ajustada a la legalidad que el Presidente del Gobierno afirma que ustedes defienden.

No recibió respuesta, como corresponde a un Gobierno más autoritario que democrático.

Se aporta escrito de ANVIPED como DOCUMENTO Nº TRECE.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO RAJOY (PP)

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Ante la negativa de reconducir la situación hacia la legalidad, el Presidente de ANVIPED le remitió un escrito el 8 de marzo a D. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, donde se dice:

URGENTE

Solicitamos su intervención en un conflicto ministerial que afecta a varios cientos de miles de personas.

Como sabrá por las numerosas apariciones en los medios de comunicación y, probablemente, por sus ministros, el Ministerio de Empleo y SS está retrasando la jubilación de los trabajadores del mar. En términos jurídicos no está concediendo la pensión.

Esta vulneración se basa en dos cosas:

  • No reconocimiento de la Libreta marítima como documento oficial de la vida laboral de estos trabajadores.

  • Supresión caprichosa de periodos cotizados para retrasar la edad de jubilación.

Tanto el afectado que ha iniciado la defensa de sus derechos, administrativa y judicialmente, como yo mismo, hemos remitido varios escritos a la Ministra de Empleo y al Ministro de Fomento, solicitando su intervención, sin que ésta se haya producido.

Un subordinado del Ministro de Fomento afirma que la Libreta marítima es un documento oficial de su Ministerio, pero que otros Ministerios pueden no considerarlo válido. ¡Esperpéntico!

Le informo que este documento es reconocido internacionalmente, por acuerdos internacionales y por norma comunitarias. Por este motivo, estamos trabajando con un conjunto de víctimas de esta situación para llevarlo a varios tribunales europeos como ha informado la prensa.

También se ha publicado nuestra reunión con un Senador del PP y no se ha hecho publica nuestra reunión con un Diputado de Ciudadanos.

Esperamos que usted reconduzca esta indefensión, cumpliendo con lo dice en los medios de que este gobierno cumple la ley, porque no es cierto.

Ocho días después, el 16 de marzo de 2018, se respondió mediante correo electrónico desde el Departamento de Comunicación con los Ciudadanos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en los siguientes términos:

Le agradecemos el escrito que ha dirigido al Presidente del Gobierno, en el que desde la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho, traslada sus comentarios en relación con la jubilación de los trabajadores del mar, que hemos leído con atención.

Al respecto, le informamos de que hemos dado traslado de su comunicación a los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Fomento, para su conocimiento y oportuna valoración.

En cualquier caso, debemos señalar que desde estas instancias no podemos ni impulsar ni alterar las resoluciones administrativas dictadas por los órganos competentes para resolverlas de acuerdo con la legislación.

Finalmente, destacamos que para D. Mariano Rajoy es muy importante conocer las opiniones y aportaciones que le ofrecen los ciudadanos, por lo que estamos a su disposición para cualquier cuestión que desee plantear.

Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:

  1. Es autoritario que cuando se dice “Solicitamos su intervención en un conflicto ministerial”, se responda con “hemos dado traslado de su comunicación a los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Fomento”. Esto es lo mismo que poner una queja contra un trabajador y que su jefe te diga que le pasa la queja al mismo trabajador para que la resuelva.

  2. Es autoritario que cuando se dice “Esperamos que usted reconduzca esta indefensión, cumpliendo con lo dice en los medios de que este gobierno cumple la ley, porque no es cierto”, se responda “debemos señalar que desde estas instancias no podemos ni impulsar ni alterar las resoluciones administrativas”, tal vez el enchufado de turno no entienda que no se pide que se anulen y modifiquen las resoluciones hechas, sino que se pide que se pare esta trama corrupta.

  3. En cualquier caso, responda quien responda, el Presidente Rajoy, como los referidos Ministros, permitieron que la trama siguiera activa, convirtiéndose en colaboradores necesarios de los delitos de lesa humanidad aquí denunciados.

  4. En el escrito de ANVIPED, se hace referencia a la reunión de dos de sus dirigentes con Ciudadanos en el Congreso y con un Senador del PSOE. Como publicaron los medios, esta última reunión dio lugar a una Iniciativa Parlamentaria del PSOE que el Presidente Rajoy ya debía conocer cuando recibió esta carta.

Se aporta escrito de ANVIPED como DOCUMENTO Nº CATORCE y respuesta como DOCUMENTO Nº QUINCE.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – PSOE

VIGÉSIMO TERCERO.- El 3 de octubre de 2018, el marino Salas remitió un mensaje de correo electrónico donde se dice: “Adjunto escrito dirigido a la Ministra Magdalena Valerio y al Secretario de Estado Octavio Granado”.

No recibió respuesta, como corresponde a un Gobierno más autoritario que democrático, como el anterior del PP.

Se aporta correo electrónico como DOCUMENTO Nº DIECISEIS.

VIGÉSIMO CUARTO.- El 22 de octubre de 2018, el Presidente de ANVIPED remitió un correo electrónico a D. Octavio Granado Martínez, Secretario de Estado de la Seguridad Social, con el siguiente contenido:

Le solicitamos la lista de los Directores Generales del Instituto Social de la Marina, desde 2007, así como los periodos en que ha ejercido cada uno de ellos.

No recibió respuesta, como corresponde a un Gobierno más autoritario que democrático, como el anterior del PP. Es evidente que el Secretario de Estado no respondió porque conocía la actuación judicial, mediática y parlamentaria de ANVIPED contra esta trama.

Se aporta correo electrónico como DOCUMENTO Nº DIECISIETE.

VIGÉSIMO QUINTO.- El 5 de febrero de 2019, el Presidente de ANVIPED remitió un correo electrónico a Dª Magdalena Valerio Cordero, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con el siguiente contenido:

URGENTE

Le contacto para solicitar su intervención para evitar que se siga estafando a más trabajadores.

A este abuso institucional los medios lo han calificado como de “estafas” de la “mafia de los recortes”, contra la que el PSOE hizo una Iniciativa Parlamentaria hace casi un año, como consecuencia de la reunión de un Senador con nosotros. Se han realizado 23 publicaciones, llegando a un programa de radio especial donde usted ha encubierto a esta metamafia.

El ISM y el INSS están “estafando” a los trabajadores del mar, no reconociendo la validez de la libreta marítima para retrasar su jubilación.

El INSS ha informatizado una estafa a nivel nacional, para que cuando un trabajador solicita la jubilación anticipada por formar parte de los colectivos “cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosas”, según establece el artículo 206 de la LGSS, se le aplique el artículo 208 que limita el adelanto a sólo dos años.

Por su parte, el ISM ha informatizado una estafa relacionada con la anterior, a nivel nacional que consiste en que elimina de la vida laboral de los trabajadores del mar, los periodos que no han sido cotizados e incluso algunos cotizados de forma arbitraria, para también retrasar la jubilación, conculcando la propia LGSS y el RD 1311/2007, así como la jurisprudencia, como reconoce Luis Casqueiro, Director General del ISM.

En ambos casos se produce una doble estafa: no se pagan las pensiones y se siguen cobrando las cotizaciones de estos trabajadores.

Por lo antedicho, le sugerimos que aperture expedientes sancionadores contra Casqueiro y contra todos los responsables de estos abusos, propios de un Estado totalitario o “poco democrático·” y “disuasorio” como afirma el TEDH.

El Secretario de Estado tiene un amplio conocimiento y documentación de este asunto que le lleva entregando Arturo Salas, Vocal de ANVIPED y primer denunciante de esta metamafia, pero se desentiende del asunto, por lo que se hace necesaria su intervención.

Esperamos su respuesta para informarnos de que ha ordenado a los responsables de estas estafas que reconduzcan su actividad a la legalidad, para evitar convertirse en “colaboradora necesaria” de estos presuntos delitos, como ha hecho el Secretario de Estado y sus antecesores del PP.

No recibió respuesta, como corresponde a un Gobierno más autoritario que democrático, como el anterior del PP, aunque los Ministros del PP hicieron que alguien respondiera.

Se aporta correo electrónico como DOCUMENTO Nº DIECIOCHO.

MINISTERIO DE FOMENTO – PSOE

VIGÉSIMO SEXTO.- El 5 de febrero de 2019, el Presidente de ANVIPED remitió un escrito a D. José Luis Ábalos Meco, Ministro de fomento, con el siguiente contenido:

URGENTE

Le contacto para solicitar su intervención para evitar que se siga estafando a más trabajadores.

A este abuso institucional los medios lo han calificado como de “estafas” de la “mafia de los recortes”, contra la que el PSOE hizo una Iniciativa Parlamentaria hace casi un año, como consecuencia de la reunión de un Senador con nosotros.

El ISM y el INSS están “estafando” a los trabajadores del mar, no reconociendo la validez de la libreta marítima que su Ministerio expide, retrasando su jubilación.

Contactamos con el anterior Ministro de Fomento y nos respondió Rafael Rodríguez Valero, Director General de la Marina Mercante, el 15/11/2017, en los siguientes términos:

La principal función de la Libreta Marítima es la de reflejar los datos personales y profesionales de su titular, entre los que se encuentran los periodos de embarque a bordo de los distintos buques […]

Por otro lado, es al Ministerio de Empleo y Seguridad Social al que le corresponde determinar que documentación es la que debe exigir o dar por buena a la hora de reconocer los embarques a efectos del desarrollo de sus competencias propias

Este individuo afirma que es su competencia los embarques, es decir, los períodos de trabajo, pero que otro Ministerio puede invalidar el contenido de ese documento oficial.

Es imposible una afirmación más corrupta, porque tratándose de “estafas” se convierte en “colaborador necesario” de los presuntos delitos, conculcando el artículo 1218 del Código Civil que valida los documentos oficiales.

De esta forma, una autoridad pública podría decir que el DNI no acredita la identidad de una persona y, por tanto, no accede a tramitar cualquier solicitud o cualquier otro disparate. El DNI y la Libreta Marítima, son dos documentos similares por cuanto ambos reflejan la identidad de su titular, son documentos públicos, oficiales, personales e intransferibles, expedidos por un Ministerio, si ben la Libreta Marítima tiene, además, validez mundial.

En su día pedimos la dimisión de este presunto criminal y confiamos que no siga al frente de la Dirección General de la Marina Mercante, cuando le denunciemos y, si no ha sido relevado, le sugiero que inicie un expediente sancionador por la gravedad de estos hechos.

Esperamos su respuesta para informarnos de que ha exigido a la Ministra de la Seguridad Social que cumplan la ley y reconozcan los embarques reflejados en la libreta Marítima que, por otro lado, es el único documento que refleja el “trabajo efectivo” de los trabajadores del mar, como establece el RD 1311/2007.

Como en el caso anterior, no recibió respuesta, como corresponde a un Gobierno más autoritario que democrático, como el anterior del PP, aunque los Ministros del PP hicieron que alguien respondiera.

Se aporta escrito como DOCUMENTO Nº DIECINUEVE.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO SÁNCHEZ (PSOE)

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Un mes y un día después de los dos escritos a los dos Ministros, el 6 de marzo de 2019, el Presidente de ANVIPED remitió un escrito al Presidente Sánchez que eliminó la posibilidad de contactarle por correo electrónico que tenía su predecesor. En el escrito se dice:

Solicitamos su intervención en un asunto de máxima gravedad que conocerá por los medios de comunicación, incluyendo RTVE.

El INSS y el ISM, han creado una trama criminal para retrasar la jubilación de las personas con trabajos penosos, bajo el Gobierno de Zapatero. El Gobierno de Rajoy mantuvo esta trama y el suyo también.

Tanto el INSS como el ISM han automatizado esta presunta prevaricación en sus sistemas informáticos y, además, el ISM ha enviado cartas a más de 50.000 trabajadores del mar, engañándoles para que ni siquiera pidan la jubilación en la fecha que les corresponde.

Sus actuales Ministros de Fomento y de Seguridad Social la conocen y la permiten, por lo que le pedimos su cese inmediato.

Confío que defienda el Estado de Derecho y la democracia de estos ataques autoritarios, así como a más de cien mil trabajadores afectados por esta trama que la prensa ha calificado de “estafas de la “mafia de los recortes.

No recibió respuesta, como corresponde a un Gobierno más autoritario que democrático, como el anterior del PP, aunque éste al menos hacía que alguien respondiera.

Se aporta escrito de ANVIPED como DOCUMENTO Nº VEINTE.

INSS – AUTOMATIZACIÓN JUBILACIÓN ANTICIPADA

VIGÉSIMO OCTAVO.- Como se ha dicho, Cuando un trabajador de este colectivo solicita la jubilación anticipada, el INSS la deniega utilizando el artículo 208 que recoge la “Jubilación anticipada por voluntad del interesado”, en lugar del artículo 206, para denegar la jubilación. Esta automatización se realiza a nivel nacional.

Se aporta la documentación de dos casos con las siguientes características:

  • Uno se tramita en Cantabria y el otro en Andalucía.

  • Uno se presenta el 15-7-2016, gobernando el PP, y el otro se presenta el 29-10-2018, gobernando el PSOE.

  • En ambos se pide: “JUBILACIÓN ANTICIPADA CON LA BONIFICACIÓN DE EDAD POR ACTIVIDAD RECONOCIDA”, en el primer caso se continua diciendo: “POR SER MARINO” y en el segundo con: “POR (REM) RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR”.

  • En ambas solicitudes se dice: “Se aporta como medio de prueba, […], la libreta marítima”.

  • En ambos casos se refiere como ley aplicable el referido Real Decreto 1311/2007.

  • En ambos casos se deniega con el mismo texto:

POR NO CUMPLIR LA EDAD MINIMA DE JUBILACION INFERIOR COMO MAXIMO EN DOS A|OS A LA QUE RESULTE DE APLICACION DE ACUERDO CON EL ARTICULO 205.1.A) Y LA DISPOSICION TRANSITORIA SEPTIMA, SEGUN LO DISPUESTO EN EL APARTADO A DEL PUNTO 1 DEL ARTICULO 208 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, […].

  • Ambas resoluciones las firma el/la Director/a Provincial, en lugar de firmarlas un funcionario de carrera, es decir, las firma un cargo político.

La denegación mediante la resolución cántabra de fecha 26 de julio de 2016 en el expediente 2016-506987-51, la firma D. Daniel Mendez Claver, Subdirector Provincial, por delegación de firma de la Directora Provincial Dª Eva Suárez Méndez.

La denegación mediante la resolución granadina de fecha 19 de noviembre de 2018 en el expediente 2018-513861-33, la firma D. Pablo Garcia Ruiz, Director Provincial.

Como se ha dicho con anterioridad, corresponde aplicar el artículo 206, en lugar del 208 que no se ha pedido, por lo que constituye un delito de falsedad en documento público/oficial, además de un delito de prevaricación administrativa por no resolver lo que se ha pedido, haciéndolo con intención dolosa.

Ambas víctimas de esta trama participaron en el referido programa de radio en RTVE, junto con otras personas o representantes de organizaciones referidas en los puntos anteriores.

Se aporta la siguiente documentación.

  1. Solicitud en Cantabria como DOCUMENTO Nº VEINTIUNO.

  2. Resolución denegatoria del INSS como DOCUMENTO Nº VEINTIDOS.

  3. Solicitud en Andalucía como DOCUMENTO Nº VEINTITRES.

  4. Resolución denegatoria del INSS como DOCUMENTO Nº VEINTICUATRO.

Es probable que en el resto de los casos aportados, se hiciera lo mismo.

VIGÉSIMO NOVENO.- No sólo se actúa de esta manera en el caso de los trabajadores del mar, sino también en otros colectivos. En sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja del 5 de abril de 2018, se concede la jubilación anticipada a un minero que el INSS denegó por inaplicación del referido artículo 206 de la LGSS.

Se aporta sentencia como DOCUMENTO Nº VEINTICINCO.

ISM – INFORMES COE FALSOS

TRIGÉSIMO.- Cabe señalar que la víctima de Cantabria referida en el apartado anterior, es el marino Salas que fue el primer denunciante público de esta trama.

El informe COE o COE, confeccionado por el ISM, es el auténtico documento de vida laboral de los trabajadores del mar y responde al referido RD 1311/2007.

A pesar de ello, la mayoría de estos COE es habitual que no incluya toda la vida laboral de los marinos, ni siquiera los periodos de embarque, como ha reconocido el ISM y ni siquiera los periodos cotizados. Lo más descarado es que después de haberlos automatizado en 2011, como se ha visto y ha reconocido el propio Director General del ISM, los alteran de forma arbitraria.

El Sr. Salas tiene cinco informes COE y todos son diferentes, a pesar de que dejó de navegar en 1987. En concreto de las siguientes fechas y autorías:

  • 09/05/2006, firmado por el Jefe de Sección y con sello de la Dirección Provincial de Vizcaya, con un total de 1.939 días trabajados. Se aporta como DOCUMENTO Nº VEINTISEIS.

  • 22/05/2013, firmado por el Jefe de Sección y con sello de la Dirección Provincial de Vizcaya, con un total de 2.554 días trabajados. Se aporta como DOCUMENTO Nº VEINTISIETE.

  • 07/10/2016, sin firma y con sello de la Dirección Provincial de Cantabria, con un total de 2.607 días trabajados. Se aporta como DOCUMENTO Nº VEINTIOCHO.

  • 21/04/2017, solicitado en Madrid, no figura la persona firmante y sólo aparece ISM, sin que figure el total de los días trabajados. Se aporta como DOCUMENTO Nº VEINTINUEVE.

  • 31/05/2017, firmado por D. Santiago Martín Calzada, Jefe de Sección de la Dirección Provincial de Vizcaya, con un total de 2.292 días trabajados. Se aporta como DOCUMENTO Nº TREINTA.

Salvo en el COE de 2016, en los demás puede leerse un texto similar a:

Este informe tiene carácter meramente informativo, por lo que no genera derechos ni expectativas de derecho a su favor.

Estos cinco COE son falsos porque ninguno recoge los embarques acreditados en la libreta marítima.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Recordemos que en el punto noveno se recoge la desestimación a la impugnación del COE del marino Salas, firmada por el Director General del ISM. El Sr. Salas, volvió a impugnar el COE y, de nuevo, resolvió el susodicho mediante resolución del 17/05/2016, reiterándose en lo dicho y añadiendo sobre las vacaciones lo siguiente:

Los periodos de vacaciones que usted indica que deben ser tenidos en cuenta, deben corresponderse con periodos retribuidos por la empresa y, por tanto, debidamente cotizados y de alta en la vida laboral.

Por tanto, el Director General afirma que el trabajador no tiene derecho a las vacaciones si el empresario no cotiza por ellas. ¡Esperpéntico y criminal!

Todos estos informes suponen un delito de falsedad en documento público/oficial, además de un delito de prevaricación administrativa, haciéndolo con intención dolosa.

Se aporta resolución como DOCUMENTO Nº TREINTA Y UNO.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- En informe COE del 1 de diciembre de 2017, de otro marino, no se incluyen los barcos, como siempre se ha hecho, sustituyéndolos por las navieras. De esta forma, ni siquiera un experto puede comprobar la exactitud de los datos, porque el coeficiente reductor se asigna a los barcos y no a las navieras. La opacidad siempre es una prueba de actuación criminal.

Se aporta COE como DOCUMENTO Nº TREINTA Y DOS.

INSS + ISM

TRIGÉSIMO TERCERO.- La tramitación de la jubilación del marino Salas, continuó mediante la impugnación de la referida resolución denegatoria, iniciando un procedimiento que se conoce como “reclamación previa”.

Fue denegado por D. Cecilio González Casuso, Subdirector Provincial, por delegación de firma de la Directora Provincial. Al respecto cabe realizar las siguientes consideraciones:

  • Llama la atención que resuelva, según dice por delegación, un subordinado de aquel que denegó la solicitud, en lugar de un superior.

  • El segundo hecho es falso porque se dice: “Acredita las siguientes cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social”, porque lejos de acreditar las cotizaciones, en la solicitud y en la reclamación se refiere a los datos de la libreta marítima.

  • En el sexto hecho se dice: “Alega también que tiene una bonificación de 4 años y 4 meses, cuando el ISM, Entidad responsable de la Certificación nos ha informado de 2 años y 9 meses”. Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:

    1. Omite que el solicitante aporta un estudio pormenorizado de la información de la libreta marítima y el cálculo de esa “bonificación de 4 años y 4 meses”, en función de los coeficientes establecido en el RD 1311/2007, por lo que la fundamentación jurídica es tan impecable, como despreciada en esta resolución desestimatoria.

    2. El funcionario insulta al solicitante diciendo en el hecho séptimo: “teniendo en cuenta que con su escrito de reclamación, no aporta nuevos hechos ni fundamentos”, cuando reconoce en el hecho quinto: “Alega en su reclamación previa que usted no quiere jubilarse anticipadamente por voluntad del interesado, sino conforme al artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, la cual es Jubilación Anticipada por razón de la actividad […]”. De esta forma reconoce que la resolución denegatoria anterior no había atendido la solicitud.

  • En cuanto a la respuesta del ISM del 12/09/2016, firmado por D. Eduardo C. Arasti Barca, Director Provincial de Cantabria, se dice:

En relación con oficio […], se acompaña documentación tramitada en esta Dirección Provincial del ISM.

DOC1-Coeficiente Reductor informativo elaborado en D.P. ISM Vizcaya.

DOC2-Coeficiente Reductor informativo elaborado en la D.P. ISM Cantabria.

[…]

Se envía certificado de la bonificación de edad conforme al que se comunicó por correo electrónico a esa Entidad el 22/7/2016 (Doc 4) (Doc 5)

Como se ha dicho con anterioridad, se aportan dos informes COE con periodos trabajados distintos, que sirven como base para certificar una supresión caprichosa de 19 meses acreditados en la libreta marítima.

El funcionario del INSS es quien deniega la reclamación, sin comprobar la impecable fundamentación jurídica del solicitante, cuando su obligación era comprobarla, aceptarla y denunciar a D. Ignacio F Pérez González. Técnico Superior Marítimo de Seguridad Social de la Dirección Provincial del ISM en Santander así como a los referidos firmantes de los dos informe COE que utiliza este Técnico Superior.

Sin duda, el funcionario del INSS es presionado por el ISM para que se aparte de la legalidad.

Se aporta resolución del INSS desestimatoria como DOCUMENTO Nº TREINTA Y TRES y respuesta del ISM como DOCUMENTO Nº TREINTA Y CUATRO.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Un caso de abuso reiterado del INSS y del ISM, con sentencia condenatoria, queda recogido en la sentencia del 17 de septiembre de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca, donde se dice:

PRIMERO.- El actor solicitó la jubilación en fecha 06 de abril de 2010. Su fecha de nacimiento es la de NUM000 de 2012, por lo que al momento de la solicitud tenía la edad de 58 años.

SEGUNDO.- El actor solicitó la inclusión en el RETMAR, solicitud que fue desestimada por el Director General del ISM de 28 de agosto de 2010 y que, a su vez desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 23 de diciembre de 2009. Interpuesto recurso contencioso-administrativo, éste fue resuelto por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Palma de Mallorca de 31 de julio de 2012 . Durante la

tramitación de este proceso quedaron los autos a la espera de dicha sentencia. El fallo de dicha sentencia, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anula las resoluciones impugnadas y reconoce el derecho del recurrente a ser incluido en el RETMAR como trabajador portuario durante los periodos del 30 de abril de 1976 al 30 de septiembre de 1986 y del 12 de junio de 2006 al 30 de marzo de 2009. Esta sentencia es firme.

TERCERO.- En cumplimiento de la sentencia, se incluyen en el RETMAR los periodos que figuraban de alta en el Régimen General señalados en el fallo como consta en el oficio de 01 de octubre de 2012 del ISM.

CUARTO.- Antes de que se dictase la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el actor volvió a presentar solicitud de jubilación que fue desestimada por resolución de 10 de febrero de 2012 y posteriormente denegada la reclamación previa de 07 de mayo de 2012. En fecha 28 de mayo de 2013, el actor solicita nuevamente la pensión de jubilación, aportando la sentencia citada. Por resolución del ISM de fecha 18 de junio de 2013 se le reconoce pensión de jubilación anticipada (“anticipada ordinaria a partir de 61 años de edad”), sin aplicación de coeficientes reductores de estibadores portuarios previstos en el RD 1311/2007, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 bis del TRLGSS.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por don Valentín contra el Instituto Social de la Marina, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social y declaro el derecho del demandante a percibir la pensión de jubilación en cuantía del cien por cien de la base reguladora (2.658,91 euros/mes) con efectos económicos desde el 06 de abril de 2010 condenando a las demandadas a estar y pasar por tal declaración y a las consecuencias derivadas de la misma.

Se aporta sentencia como DOCUMENTO Nº TREINTA Y CINCO.

ISM – EXPULSIÓN DE MARINOS DEL REM

En todos los casos de este apartado, el ISM denegó la condición de trabajador del mar expulsó de este régimen especial de la Seguridad Social, a marinos de forma descaradamente contraria a la legalidad, como lo acreditan las sentencias referidas o las propias resoluciones del ISM resolviendo los recursos contra sus resoluciones.

TRIGÉSIMO QUINTO.- En la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 24 de marzo de 2011, se dice: “declarando el derecho del recurrente a su integración en el Régimen Especial de Trabajadores del mar” “CONTRA RESOLUCION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE 30/04/2009”.

Se aporta sentencia como DOCUMENTO Nº TREINTA Y SEIS.

TRIGÉSIMO SEXTO.- En un caso igual que el anterior, en la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 7 de abril de 2011, se dice: “declarando el derecho del recurrente a su integración en dicho Régimen con todos lo derechos inherentes” “contra la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de 4/5/2009 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 13/02/2009 del Jefe de Sección de Afiliación de esa Dirección Provincial”.

Se aporta sentencia como DOCUMENTO Nº TREINTA Y SIETE.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Autoridad portuaria de Bilbao. La Voz de Galicia publicó sobre el caso se trata en este punto el 9-4-2018 y en la noticia se dice:

El Instituto Social del Mar (ISM) ha reincorporado al régimen especial del mar (REM) a los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Bilbao a los que había expulsado y enviado de oficio al régimen general de la Seguridad Social.

El mismo ISM reconoce que “a lo largo de estos años algunos trabajadores han reclamado su derecho a estar incluido en el REM y recurrido su encuadramiento en el general” y que las sentencias judiciales dictadas al respecto “se han centrado más en que la actividad que desarrollan es marítimo-pesquera”, reconociendo su derecho a estar encuadrados en el régimen especial del mar y a beneficiarse de los coeficientes reductores.

Pero así como hay operarios que han recurrido, otros no lo han hecho y, según la interpretación del ISM, estos que no habían ido a los tribunales quedaban encuadrados en el régimen general.

Marinos mercantes aplauden la rectificación pero no creen en una actuación inocente

Las suspicacias de los profesionales no son gratuitas. Están ya escaldados por otras decisiones alineadas con lo que han dado en denominar la «mafia de los recortes», como el hecho de restar carácter probatorio a la libreta marítima -donde figuran los embarques y desembarques del profesional- para dar prioridad a la vida laboral y a las cotizaciones, con lo que muchos marinos han visto demorada su jubilación porque el armador no los dio de alta.

De esta forma se constata la estafa a un número indeterminado de marinos: “Pero así como hay operarios que han recurrido, otros no lo han hecho y, según la interpretación del ISM, estos que no habían ido a los tribunales quedaban encuadrados en el régimen general.

En las publicaciones aportadas, se incluye una de Noticias de Álava del 24 de marzo de 2018, donde se dice: “Finalmente, los recursos presentados tanto por la propia Autoridad Portuaria de Bilbao como por Anviped contra esta decisión han forzado a un cambio de parecer en la dirección del ISM.”.

Sobre el caso de este recurso estimado, cabe decir que comienza con una resolución del ISM de Vizcaya, de fecha 28 de diciembre de 2017, firmada por D. José María Martín García, Director Provincial, y por D. Luis Alberto Pérez Cortiñas, Subdirector Provincial, donde se dice:

ASUNTO: IMPROCEDENCIA ENCUADRAMIENTO REM

Iniciado procedimiento de revisión de oficio del encuadramiento en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, en base a los siguientes antecedentes y consideraciones:

  1. D. […] fue dado de alta en la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en la empresa AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO en el CCC […]

  2. Esta empresa fue dada de alta en este Régimen Especial como consecuencia de una sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Bilbao de fecha 15 de mayo de 2008, confirmada por sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 31 de marzo de 2011.

  3. El día 6 de noviembre de 2017 se inició expediente de revisión de oficio y se notificó a la empresa para que, si lo consideraba oportuno, hiciera alegaciones […]

[..]

RESUELVE:

Declarar indebida el alta de D. […] en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y la procedencia de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social […]

En la resolución del ISM, éste reconoce que expulsó a la entidad portuaria de este régimen especial del mar (REM) y que el poder judicial le quitó la razón.

Posteriormente, sin cambios legislativos según se dice en la propia resolución, y despreciando las dos resoluciones antedichas, expulsan del REM a los trabajadores. Posteriormente, ante la presión mediática, la intervención de ANVIPED, la antijuricidad de la expulsión y la solidez de los recursos, el ISM tuvo que estimar los recursos y readmitir a los trabajadores en el REM.

OTRAS IRREGULARIDADES

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Los medios han informado de otras numerosas actuaciones criminales del INSS y del ISM. En otras, las siguientes:

4-6-2017, “Marinos mercantes critican que Báñez los obligue a ir al juzgado a reclamar tiempo no cotizado” (La Voz de Galicia)

2018-05-05, “Denuncian que la Seguridad Social falsea un Real Decreto para sustraer el pago de una jubilación” (Voz Populi)

2018-05-13, “Marinos denuncian que el ISM aplica una ley derogada” (Deia)

CONSIDERACIONES SOBRE LOS DELITOS IMPUTADOS

El delito de estafa cubre tanto actuaciones privadas como públicas, especialmente con la reforma del 2015, con la cual las organizaciones pueden ser condenadas penalmente. Es más, a igualdad de delito, debe ser condenado más duramente los funcionarios públicos que los dirigentes de organizaciones privadas, porque los funcionarios que no cumplen la ley, promueven la sustitución de la democracia por el autoritarismo.

La confiscación está prohibida por la Constitución española. Cuando se hace a sabiendas de que se causa un perjuicio a una persona, se convierte en un delito de estafa, además de duro maltrato psicológico y de prevaricación dolosa.

Todas las autoridades públicas se lucran con la corrupción porque si no fueran corruptos no llegarían a esos cargos ni les mantendrían en ellos.

El código penal tipifica el delito de terrorismo en el artículo 573 que dispone:

1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Las finalidades 1ª, 2ª y 4ª se corresponden con los hechos denunciados y los comentarios vertidos en distintas noticias.

Para que se cometa un delito de homicidio no hace falta que haya muertes, puede ser en grado de tentativa, por ejemplo si alguien dispara a otra persona y no le mata, se comete un delito de homicidio en grado de tentativa. En este caso, es evidente que dado el alto nivel de mortalidad de estas profesiones, se aumenta el riesgo de muerte retrasando la jubilación. En el punto décimo quinto se ha explicado el aumento del riesgo de muerte.

Otro aspecto poco conocido del homicidio, consiste en hacer la vida imposible a otro, hasta que éste se suicida. Es evidente que la decadencia, el terrorismo institucional y el autoritarismo, están haciendo que jóvenes sin futuro o adultos a los que los políticos y otros funcionarios públicos les hayan destrozado la vida, acaban suicidándose. Este tipo de homicidio está tipificado en el artículo 143 del Código Penal en los siguientes términos:

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

El delito de prevaricación está tipificado en el artículo 404 del Código Penal, de la siguiente forma:

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

El delito de tortura está tipificado en los siguientes artículos del Código Penal:

Artículo 173.1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

Artículo 175. La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

Los delitos de prevaricación y de terrorismo promoviendo el autoritarismo inflingen un duro maltrato originado por el abuso institucional que deja en una absoluta indefensión e impotencia, menoscabando la integridad psicológica (moral) de la persona. Por ello, conlleva un delito de tortura en concurso ideal.

CONSIDERACIONES FINALES

En esta denuncia se acredita la naturaleza criminal de estos dos organismos de la Seguridad Social: el INSS y el ISM, así como la relación criminal entre ellos, para estafar a cientos de miles de trabajadores.

Los medios han calificado a estas bandas criminales como “mafia de los recortes”; sin embargo esta denominación es incorrecta por varios motivos, destacando los siguientes:

  1. Estas bandas operaban antes de los recortes originados como reacción a la crisis internacional de 2008 y responden a una visión autoritaria del sector público.

  2. Las mafias son privadas, mientras estas bandas son públicas. Estas bandas tambien abusan de su poder, pero mientras que las mafias utilizan el poder de su fuerza, éstas utilizan el poder institucional. Otra diferencia esencial consiste en que las mafias tienen miembros condenados, mientras estas bandas han tenido impunidad hasta que se les condene por la tramitación de esta denuncia. Tienen IMPUNIDAD porque los miembros del Consejo de Ministros (Presidente del Gobierno, Vicepresidentes y Ministros) están implicados en este autoritarismo. Tienen IMPUNIDAD porque el poder judicial no cumple con su función principal de evitar el autoritarismo, es decir, un régimen donde las autoridades públicas no cumplen la ley y cando la incumplen sus superiores lo permiten. Se permite que las autoridades públicas utilicen su poderinstitucional para beneficiarse a sí mismos, a amigos y familiares, o para vender sus resoluciones, teniendo como prioridad el mantenimiento de este régimen autoritario o abusocracia. Todas las autoridades públicas se benefician del autoritarismo

  3. Por lo antedicho, es más apropiado denominarla metamafia. Podríamos denominarla METAMAFIA CONTRA LOS TRABAJADORES.

También se acredita que toda esta metamafia, está formada por políticos del PPSOE (PP+PSOE) y que las actuaciones criminales aquí denunciadas las hacen los unos y los otros. A mayor abundamiento, el PP mantiene estos cargos criminales designados a dedo por el PSOE y viceversa.

Los políticos permiten este autoritarismo porque lo han creado ellos mismos y defienden esta utilización de las instituciones para favorecer a una minoria, empezando por ellos, en perjuicio de la mayoria.

Para sostener este régimen corrupto o abusocracia, la metamafia actúa de una forma que se acredita en esta denuncia:

  • No cumplen la ley.

  • Engañan.

  • Atemorizan a la población, mediante el terrorismo institucional.

  • Se aprovechan de que el sistema judicial es caro y no es confiable. Los políticos lo han hecho caro para que la gente no pueda utilizarlo, siendo coaccionados por sus precios, inflados por la innecesaria existencia de los procuradores, cuyos servicios son exageradamente caros, debido a la criminal Ley de aranceles.

  • Utilizan los sistemas informáticos para prevaricar y automatizar las estafas y el robo a los trabajadores.

  • Las autorides públicas prevarican de forma habitual. No lo hacen porque les guste, sino porque el gobierno les obliga a ello y les premia cuando lo hacen, ascendiéndolos (promocionándolos) mediante los cargos de libre designación. Es un sistema corrupto que no permite cumplir la ley.

  • Empobrecen a la gente con la intención de limitar sus recursos para evitar que se opongan.

Todo esto es posible porque las masas lo permiten. Las masas no tienen interés por la información trascendente, por lo que tienen poca idea del funcionamiento real de la actividad humana. Los medios de comunicación publican lo que las masas quieren: cosas irrelevantes y, con ello, contribuyen a mantener a la metamafia de la abusocracia. La poca información valiosa para conocer el funcionamiento de la sociedad, publicada por los medios, es ignorada por la mayoria de la población. Así las masas dan forma a los medios de comunicación.

Las masas dicen que el marketing empresarial les obliga a comprar lo que las empresas quieren. También dicen que los medios de comunicacion les engañan, que los políticos les engañan. Pero quienes afirman estas cosas no se reconocen ignorantes, ni asumen su propia responsabilidad.

Todos hemos sido indoctrinados, radicalizados, deshumanizados e idiotizados. La mayoría de la población cree que es cierto, pero esta misma mayoría opina que ellos son la excepción.

El hecho es que la mayoría hace que se mantenga este régimen que es más autoritario que democrático.

A la vez, es público y notorio que las actuales generaciones de jóvenes están viviendo peor que la de sus padres. Lo sabe la mayoría, pero esta misma mayoría no comprende el peligro de esta situación ni las causas.

No habiendo causas de fuerza mayor como una guerra o una hecatombe natural, esta disminución del nivel de vida es una prueba de la decadencia. A la vez, si lo relacionamos con el aumento del PIB, es una prueba de la abusocracia, de un mayor enriquecimiento de una minoria y de un mayor empobrecimiento de la mayoría.

Las masas tampoco entienden que la causa es el autoritarismo, pero la gente se fija más en un tipo de corrupción que es la malversación de caudales públicos, es decir, el dinero público que se llevan las autoridades públicas, aunque sólo reparan en los políticos.

A pesar de ello, siguen votando al PPSOE (PP+PSOE) que han creado este régimen autoritario de la abusocracia, convirtiendo a las instituciones en el crimen organizado con peores consecuencias para todos los españoles.

Todo lo que se describe en esta denuncia no hubiera sucedido si los funcionarios del sistema judicial (fiscales y jueces) hubieran denunciado a los funcionarios (administrativos y judiciales) cuyas resoluciones han sido revocadas en las sentencias que aquí se refieren y eran descaradamente injustas a sabiendas.

Llegados a este punto, cabe recordar a las autoridades públicas del sistema judicial -especialmente a los fiscales y a los jueces- que la “auténtica cláusula regia del Estado de Derecho” consiste en impedir el autoritarismo, en palabras del Tribunal Constitucional.

También cabe recordar que el autoritarismo y la corrupción han llevado a una peligrosa decadencia a España, que si no se evita traerá trágicas consecuencias, como sucedió en otros sistemas decadentes a lo largo de la historia. Ya se han asesinado politicos, fiscales y jueces, pero cuanto mayor sea la decadencia, mayor será el numero de funcionarios públicos asesinados.

Por último, no se denuncian a los jueces implicados en esta metamafia porque serán objeto de una denuncia independiente.

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