Denunciamos ante el CGPJ las autorizaciones colectivas de internamiento en CIE

Por SOS Racismo - Madrid

IRIDIA y SOS Racismo presentan una denuncia contra un Juzgado de Motril ante el CGPJ por autorizaciones colectivas de internamiento en CIE.

  • IRIDIA y SOS Racismo denuncian los autos colectivos de internamiento en CIE como práctica que vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa
  • “Con este escrito queremos denunciar una práctica que no se ajusta a derecho y reclamar un compromiso firme para que no se reproduzca. La justicia no puede caer en generalizaciones ni estigmatizaciones
  • Ambas organizaciones han recordado que su denuncia se enmarca en la reivindicación de cierre de los CIE, el fin de las deportaciones y el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur

Jueves 8 de febrero de 2018

IRIDIA  – Centre per la Defensa dels Drets Humans y SOS Racismo Madrid han presentado este jueves una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como denuncia a las autorizaciones colectivas de privación de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En el escrito registrado ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ, ambas organizaciones  denuncian una práctica que han detectado en reiteradas ocasiones por parte del Juzgado Mixto Nº4 de Motril para proceder al internamiento en CIE de personas recién llegadas a las costas del Estado español. Ambas organizaciones recuerdan que no es una práctica aislada y que seguirán investigando a otros Juzgados que están realizando prácticas idénticas. En el día de hoy una comisión de observadoras de derechos humanos de las entidades denunciantes se encuentra en Motril  en  el marco una visita de monitoreo de la situación de las personas que llegan por vías marítimas a la Frontera Sur para la elaboración de un informe que será presentado ante el Congreso de los Diputados.

Dicho Juzgado de Motril ha autorizado el internamiento de forma colectiva en el CIE de Madrid de 40 personas en diciembre de 2015, 24 personas en marzo de 2017 y  9 personas en julio de 2017. En el Auto que ha motivado la denuncia el Juzgado indicó que “Habida cuenta de que los interesados/as, mayores de edad, extranjeros/as, indocumentados, sorprendidos todos ellos en iguales circunstancias”…”han manifestado que carecen de domicilio, trabajo, propiedades o de cualquier otra circunstancia que evidencie en los mismos un mínimo de arraigo en España”. Entre las 40 personas internadas a través de dicho Auto genérico y no individualizado se encontraban varias con arraigo familiar, un hombre casado y padre de dos menores cuya familia viajaba en la misma embarcación, una mujer víctima de Mutilación Genital Femenina forzada y potencial solicitante de asilo así como 4 posibles menores de edad.

Las organizaciones denuncian una práctica que se torna habitual y que no solamente vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, dejando a las personas migrantes en situación de indefensión, sino que les priva del acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Además, recalcan que se trata de autos idénticos que no están suficientemente motivados puesto que no atienden a la especificidad de cada caso.

Los CIE son espacios de vulneración sistemática de derechos donde se les interpela  en muchas ocasiones exclusivamente mediante un número. En este sentido, las autorizaciones judiciales colectivas de internamiento representan un paso más en el proceso de deshumanización y trato indigno a las personas migrantes, en este caso por parte de la autoridad judicial.

“Con este escrito queremos denunciar una práctica que no se ajusta a derecho y reclamar un compromiso firme para que no se reproduzca”, apuntan desde ambas organizaciones.

La misma semana en que al menos una veintena  de personas han fallecido tras un naufragio cerca de la costa de Melilla y en que se han repetido actos de memoria a las muertes producidas en 2014 en la playa del Tarajal, desde IRIDIA y SOS Racismo manifiestan que,  “lejos de generar procesos de reparación y atención humanitaria, se está priorizando el internamiento con prácticas ilegítimas como la privación de libertad en espacios no habilitados y mediante procesos no individualizados”.

Ambas organizaciones han recordado que su denuncia se enmarca en la reivindicación de cierre de los CIE, el fin de las deportaciones y el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur.

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