Denuncia el diputado argentino Miguel Bonasso que ha recibido amenazas de muerte

Denuncia el diputado Miguel Bonasso que ha recibido amenazas de muerte




STELLA CALLONI CORRESPONSAL




Buenos Aires, 18 de junio.


 Sectores del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que lidera el opositor más duro y polémico del gobierno, Raúl Castells, tomaron varias sedes de McDonald's en esta capital y otros lugares del país, así como el hall de entrada de la petrolera española Repsol-YPF, la cual desalojó a su personal.

Aunque finalmente todo se resolvió sin incidentes graves, Castells y sus seguidores lograron tensar el ambiente, mientras culminaba hoy la marcha federal del Bloque Nacional Piquetero, dirigido por el trotskista Polo Obrero.

La incorporación de los militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) -que había mantenido diálogos con el gobierno del presidente Néstor Kirchner durante la marcha general, hacia Plaza de Mayo- unió a miles de manifestantes, por lo que el tránsito se volvió caótico. Varias actividades en la zona del centro se vieron paralizadas.

Por su parte, el nuevo Movimiento de Unidad Popular, que se sumó a la protesta de los piqueteros duros, marchó hacia el hotel Sheraton, el cual ya había tomado previsiones anoche, después que fue ocupado el martes pasado durante unas horas en rechazo a la presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, un grupo de piqueteros tomó desde ayer la estación terminal de Trenes de Constitución, bloqueando las boleterías, por lo que los pasajeros viajaban gratis. Esto derivó en la presentación de una denuncia judicial por los concesionarios de Trenes Metropolitanos, acusando al grupo de los presuntos delitos de «extorsión, privación ilegal de la libertad e intimidación pública».

Son unos 70 manifestantes que reclaman la reincorporación de despedidos de esta empresa, porque consideran que no hubo causa justificada.

Los dirigentes de la CCC, Carlos Alderete, y del Bloque Piquetero Nacional, Néstor Pitrola, señalaron que sus agrupaciones no han tomado edificios.

También participaron otros grupos, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (escindido en los últimos tiempos). La división en el movimiento piquetero se acentuó en tiempos recientes, pero en general todos reclaman aumento a salarios, más planes sociales, disminución de tarifas, empleo y poner fin al hambre y la pobreza.

Ayer, Castells había amenazado con tomar edificios y comisarías, y anunciado un estallido social que terminaría con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, lo cual fue considerado por algunos sectores políticos como «provocación». También hubo paros de trabajadores de la justicia en todo el país.

Esto pone al gobierno en una situación difícil, pues empresarios le exigen que tome medidas e impida estas tomas, en momentos en que se exige no judicializar las protestas, especialmente porque desde hace una década hay unos 3 mil desocupados que están siendo procesados por decisiones judiciales debido a que son acusados de cerrar calles.

Un informe oficial señala que el desempleo bajó poco más de 14 por ciento, en comparación con el más de 20 por ciento en 2002, pero si se cuentan los desocupados con subsidio esta cifra podría redondear 19 por ciento.

Muchos se preguntan cuáles serán los límites que se establecerán, en momentos en que la derecha incrementa su campaña contra el gobierno. Ayer, el diputado del Partido de la Revolución Democrática Miguel Bonasso denunció que mientras tomaba café con un amigo fue increpado y amenazado de muerte por dos hombres al menos dos veces en distintos lugares.

En los boletines de la derecha ligada con servicios de informaciones de la pasada dictadura, Bonasso y otras personas cercanas a Kirchner son señalados como «subversivos».

También resultó extraño que un escuadrón del grupo Halcón, fuerza de elite de la policía bonaerense, allanara «por equivocación» una casa de la ex diputada Graciela Ocaña, en Mar de Las Pampas, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Ocaña dirige por decisión de este gobierno la obra social de jubilados Pami, con un proyecto para desarticular la enorme red de corrupción en esa institución.

La explicación policiaca resulta increíble, pues dijeron que les habían informado que ahí estaba un secuestrado que estaban buscando. No es el único episodio, pero cada día hay alertas sobre esta serie de hechos, mientras se investiga la causa del accidente que provocó la muerte a siete trabajadores en una mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, extremo sur del país, donde socorristas buscan a otros siete desaparecidos.

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