¿Democracia real o dictadura de los mercados?

La Unión Europea, con la canciller alemana Angela Merkel a la cabeza, está promoviendo desde hace tiempo una política económica y social claramente antipopular, favoreciendo la liberalización y la privatización de los sectores productivos estratégicos y los servicios públicos fundamentales, y llevando a muchos países a un incremento del paro, del trabajo precario y de las desigualdades sociales. Paralelamente, se incentivan los beneficios para los grandes grupos económicos y financieros, mientras indirectamente se propicia el enriquecimiento desmedido de los principales ejecutivos de las grandes corporaciones financieras, industriales y de servicios.

El propio Banco Central Europeo (BCE), una institución totalmente carente de legitimidad democrática, sólo busca, como dice Ignacio Ramonet, la consolidación de los dogmas neoliberales, es decir la estabilidad de los precios, el equilibrio presupuestario y el estímulo de la competencia, sin ninguna preocupación social ni mucho menos el mantenimiento del todavía incipiente estado del bienestar. Un papel comparable al del Fondo Monetario Internacional (FMI) a nivel mundial, cuando se dedica a exigir esfuerzos antisociales a los países endeudados, con recortes brutales de los presupuestos públicos y privatizaciones masivas.

El resultado de esta política es una sociedad europea y global cada vez más empobrecida, que avanza hacia la dictadura de los mercados y el capitalismo más salvaje, eso sí, disfrazado, siempre que sea posible, de una apariencia democrática. No es extraño que esta situación provoque la indignación de amplios sectores de la ciudadanía y la desafeccció creciente hacia las instituciones representativas. Ante un sistema donde ya no se sabe si la soberanía nacional está en los parlamentos, las bolsas internacionales o las agencias de calificación de riesgos, debemos reclamar un nuevo sistema mucho más democrático, igualitario y solidario, donde el derecho a decidir, también en la política económica y social, sea un derecho fundamental.

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