Declaración de Corriente Roja ante el 30 aniversario de la Constitución de 1978

El trigésimo aniversario de la Constitución de 1978 coincide con la más grave crisis del sistema capitalista, a escala mundial, que ha conocido la historia.

La crisis financiera, resultado de la explosión de la enorme especulación desatada en las últimas décadas y que ha enriquecido desmesuradamente a bancos y multinacionales está hundiendo las bases mismas de la economía mundial.

Los gobiernos del mundo, representantes del gran capital, incluido el gobierno Zapatero, han reaccionado de la única forma que saben: siguiendo sus dictados. Han utilizado dinero público, billones de euros y de dólares, para salvar a los responsables de la crisis financiera, en un inútil intento de evitar que la debacle se extienda al sistema productivo.

El gobierno del PSOE ha comprometido 150.000 millones de euros públicos – el 15% de la riqueza nacional – para comprar a los bancos deudas impagables, avalar las deudas que contraigan y comprar las acciones de los bancos en crisis.

Las consecuencias de la crisis apenas están empezando a apuntar. Banqueros y empresarios, con la complicidad de los gobiernos, ponen a buen recaudo sus ganancias y descargan sobre la clase obrera las consecuencias del desastre que ellos mismos han generado: despidos masivos, centenares de miles de trabajadores enviados al paro – con prestaciones más que precarias como consecuencia de las sucesivas reformas laborales o sin prestación alguna – , recortes salariales, desahucios de viviendas fruto de hipotecas que no se pueden pagar, recortes de las pensiones y deterioro de los servicios y prestaciones públicas.

El empobrecimiento masivo de trabajadores y trabajadoras y de sectores populares carece, hoy por hoy, de horizonte sindical y político que ofrezca alternativa a la radicalidad de las luchas que sin duda van a producirse. Décadas de paz social, de sindicalismo cooptado por la patronal y los gobiernos de turno no ofrecen respuesta alguna a la desesperación de quienes se ven abocados al paro sin alternativa, de quienes vean agotarse sus prestaciones por desempleo, de quienes pierdan al mismo tiempo su puesto de trabajo y su vivienda.

Una vez más, aprendiendo de la historia de generaciones anteriores, la reconstrucción de la capacidad de lucha y de organización de la clase obrera y de sectores populares, es la única alternativa posible. La resistencia frente a los EREs, frente a los despidos de trabajadores eventuales, la exigencia de extensión indefinida del seguro de paro, debe ir acompañada de la imprescindible unificación de las luchas.

No podemos repetir fracasos anteriores. Luchas heroicas aisladas, de cada empresa o sector, condenadas de antemano a la derrota, concienzudamente planificada por la patronal con la complicidad de los grandes sindicatos.

Es preciso unir luchas obreras y estudiantiles, de trabajadores de los servicios públicos y los usuarios, de la clase obrera nativa e inmigrante, desde la base, articulando toda voluntad de lucha y de resistencia.

La necesidad de construir una alternativa política

En el Estado español, la percepción de las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera y los sectores populares está haciendo que el entramado del régimen político heredero de la Transición, construido en torno a la Monarquía, y articulado en torno a la Constitución monárquica de 1978, haga aguas y se deslegitime a ojos vistas.
El pacto constitucional, aceptado por la izquierda institucional, basado en la supuesta garantía de derechos sociales como trabajo, vivienda, salud, educación, etc, se va percibiendo progresivamente como lo que fue: una enorme estafa.

Todo ello está contribuyendo decisivamente a que diferentes generaciones y de forma masiva rompan el pacto de silencio en torno al genocidio perpetrado por la Dictadura. La lucha por la recuperación de la memoria histórica ha chocado con la Ley que consagró la impunidad de los criminales fascistas y que pretendió enterrar las responsabilidades del genocidio perpetrado por la Dictadura contra los pueblos del Estado español. La patética Ley de la Memoria Histórica o el abrupto cierre del proceso iniciado por Garzón, muestra la obcecada realidad: no es posible recuperar la legitimidad, y mucho menos la dignidad democrática sin romper con la tupida red de instituciones y normas que garantizaron la perpetuación de los aparatos de estado del franquismo y, con ella, su impunidad

La recomendación hecha al Estado español por el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de derogar la Ley de Amnistía de 1977– auténtica Ley de Punto Final para los crímenes de la Dictadura y votada por toda la izquierda parlamentaria, excepto la izquierda abertzale – pone en cuestión la clave de bóveda el todo el engranaje político de la Transición.

Este trigésimo aniversario constitucional coincide también con el quebrantamiento más intenso y más amplio de todo lo que se pueda llamar Estado de Derecho. El Estado de Excepción no declarado que se vive de forma cotidiana en el País Vasco y Navarra ha llenado las cárceles como nunca antes de dirigentes y militantes de la izquierda abertzale, de ciudadanos y ciudadanas, activistas de movimientos sociales que no han cogido un arma en su vida, mientras se multiplican las denuncias de tortura. Gentes que han pasado previamente por la ilegalización de cualquier forma de intervención política organizada.

El hundimiento de la mano de la crisis económica de todo el aparato de legitimación social, se encuentra con el surgimiento de una nueva generación de jóvenes trabajadores precarios y sin derechos, que viven en su piel hasta qué punto es papel mojado la Constitución de 1978.

Es preciso desentrañar las claves del proceso histórico mediante el cual las clases dominantes y toda la estructura de poder – económico, judicial, policial, militar y de control de los medios de comunicación – del Estado franquista se perpetúan en la supuesta democracia. La continuidad de los aparatos de Estado, reproducidos por los diferentes gobiernos, ha sido determinante para facilitar la realización del programa general del capitalismo imperialista español y extranjero; tanto para minimizar la capacidad de resistencia obrera y popular mediante el debilitamiento de sus organizaciones y la correspondiente cooptación de dirigentes, como en la ejecución de la más feroz represión – convenientemente silenciada – para legitimar el bloqueo permanente de cualquier solución democrática al conflicto vasco.

La necesidad de abrir caminos de diálogo y de articulación de las luchas obreras y populares del Estado con las de las izquierdas independentistas del Estado español, con todas las dificultades que conllevan décadas de desencuentro, es imprescindible.

La posibilidad de construir caminos confluyentes debe partir, no sólo del reconocimiento efectivo del ejercicio concreto del Derecho de Autodeterminación con todas sus consecuencias, sino de la coincidencia política en la necesidad inevitable de coordinar la lucha de la clase obrera de los pueblos del Estado español frente al mismo capitalismo imperialista y al Gobierno que la representa.

Creemos que los hechos han demostrado que no hay soluciones nacionales, ni de otro tipo, aisladas que obvien la necesidad de acabar con el régimen de la Transición y de derogar la Constitución de 1978..

Sólo construyendo formas de unidad en la lucha obrera, de solidaridad concreta frente a la represión de los derechos nacionales y la tortura, y construyendo de forma unitaria un programa común – sobre los contenidos limitados coincidentes – se abren posibilidades reales de confluencia, imprescindibles para plantear seriamente un objetivo que sólo puede abrirse camino con posibilidades de victoria aunando los contenidos de clase y nacionales del conjunto de los pueblos del Estado español. Sólo juntos, podremos.

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