De rentas y trabajos en tiempos de crisis y pandemias

Una primera conclusión es que los ideólogos y políticos neoliberales estarán de acuerdo en incrementar el gasto en la sanidad pública, pero tratarán de que salgan beneficiados sus amigos fabricantes de salud

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calificado la crisis derivada de la covid-19 como la peor calamidad desde la Gran Depresión de 1929. En nuestra opinión es posible que sea de mayor gravedad. La combinación de una crisis sanitaria con la brusca interrupción, durante un importante período de tiempo, de las cadenas de valor globales, la consiguiente reorganización empresarial y de los capitales y los cambios geoeconómicos en curso harán que aumenten las desigualdades entre las clases y los géneros, pero también ahondará las brechas inter- territoriales regionales e internacionales. El carácter exógeno de la crisis económica hace que las viejas recetas mainstream valgan de bien poco 1/.

La actual pandemia ha obligado a los gobiernos neoliberales a dejar en stand by, por el momento, sus fórmulas mágicas. En el caso de la Unión Europea (UE) ha quedado en suspenso -que no cancelado- el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y una parte de las restricciones fiscales del Tratado de Maastricht. La verdades y atributos naturales del mercado no sirvieron en la pasada crisis de 2007-2008 y mucho menos en la de 2020-2021-?. Por ello, las élites han dejado parcialmente en segundo plano a los mercados como reguladores óptimos en la asignación de los medios disponibles y la sociedad ha abierto el debate sobre la urgencia del reparto del trabajo, de los recursos y de los equipamientos. Se ha impuesto excepcionalmente, cuanto menos en los discursos, un nuevo sentido común: relativizar la competitividad y la lógica de la maximización de los beneficios privados para reorientar las prioridades hacia lo que es socialmente esencial. Aunque a la vista de la actitud de las farmacéuticas y de los países de la OCDE sobre las patentes de las vacunas, el propósito de enmienda queda en entredicho. Una primera conclusión es que los ideólogos y políticos neoliberales estarán de acuerdo en incrementar el gasto en la sanidad pública, pero tratarán de que salgan beneficiados sus amigos fabricantes de salud (Achcar, 2020).

Ahora se ha puesto en el orden del día en el debate político la mutualización y los llamamientos a la solidaridad, frente al individualismo o el egoísmo de los Estados. En este sentido, aunque sea débilmente, se abre la perspectiva de una reorientación de las perspectivas sociales a medida que se desarrolla la crisis y se cuestiona la vuelta a una normalidad basada en la desigualdad, las múltiples precariedades y el despilfarro de recursos provocado por el capitalismo; un sistema basado en la producción a gran escala de productos inútiles y/o perjudiciales y una privatización que se ha extendido a los bienes y servicios más importantes para la vida. Lo que antes se consideraba natural ahora puede estar sujeto a otros criterios sobre la forma en que deberíamos vivir y comportarnos. Que esa perspectiva llegue a buen puerto requiere de batallas no solo sociales sino también políticas de enorme dureza contra el capitalismo, que exigen de las organizaciones de izquierda estar a la altura de los retos.

De inmediato, como medida de escudo social urgente en plena crisis económica y de salud, la propuesta de Rentas Básicas de Emergencia en la pandemia que garanticen a todas las personas mayores de 18 años que lo necesiten unos ingresos suficientes para vivir con dignidad, no es una idea que esté en entredicho. Es necesaria y es posible implementarla. Pero el debate sobre la Renta Básica Universal (RBU) se inscribe en un marco más amplio, coyuntural y de periodo. Que una sociedad garantice un ingreso decente a todas las personas es, evidentemente, un objetivo no solo legítimo sino fundamental. Pero ello no implica, y resumimos de entrada nuestra posición, la adhesión a los proyectos de RBU, incluso en sus versiones más de izquierda como la que representa la Red de Renta Básica del Estado español (RRB). Vamos a tratar de explicar los puntos de crítica a los postulados de la RBU, las soluciones alternativas que nos parecen mejores y, finalmente, qué medidas habría que impulsar para evitar la pobreza.

1 Fin del empleo sin final del capitalismo

Desde diversas posiciones ideológicas viene anunciándose que la robotización y digitalización de los procesos productivos van a destruir de forma masiva empleo neto. Cosa que se ha ocupado de recalcar año tras año, de forma interesada, el Foro de Davos como discurso intimidatorio para imponer nuevas olas de austeridad que permitan contrarrestar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia del capital. En este contexto, para algunos autores neoliberales, la RBU cumpliría tres posibles funciones: inyectar dinero en el mercado, paliar compasivamente el malestar y evitar revueltas. Para algunos autores de izquierda, la RBU en tanto que “asignación monetaria incondicional a toda la población, podría significar una gran medida republicana. Cierto. Porque la gran mayoría dispondría de las bases mínimas para la existencia material, condición para ejercer la libertad” (Raventós, 2019). Un concepto de libertad ciertamente limitado a las disponibilidades pecuniarias -por otra parte, escasas para hacer frente a las necesidades si no se dispone de otros recursos- y a las decisiones individuales de gasto. Este concepto está alejado de nuestra forma de entender el punto de vista marxista de cómo llegar al reino de la libertad mediante el cese del trabajo determinado por la necesidad. Lo que requiere el horizonte de una sociedad postcapitalista ecosocialista, pues la consecución de la plena libertad humana no es posible bajo el dictado del mercado y en régimen de propiedad oligárquica.

La denominada medida republicana de la RBU se inserta en la estela de propuestas como las de Toni Negri (1989) que propuso “un nuevo derecho fundamental: el derecho a un salario de ciudadanía, a una asignación universal por el mero hecho de ser ciudadanos (…) que en estas nuevas condiciones comienza a vislumbrarse, por fuerza, la salida de la humanidad de la época demasiado larga, del trabajo asalariado.” Y acaba reconociendo honestamente este autor “No es probable que la misma vía conduzca también a la salida de la era de explotación”.

Evidentemente entre los autores neoliberales y los de izquierda hay un abismo de propósitos y proyectos sociales, unos son enemigos de la libertad humana, los otros darían la vida por ella. Pero quizás tienen dos cuestiones en común. En primer lugar, ambos dan por sentado que el capitalismo va a continuar como sistema hegemónico. Los primeros porque lo desean, los segundos porque no vislumbran racionalmente su fin. Y buscan soluciones en el marco del sistema. Unos para mantenerlo, otros para humanizarlo. En segundo lugar, de forma más o menos explícita, asumen que estamos a las puertas de una caída mundial del trabajo, en concreto del asalariado, lo que algunos vienen pronosticando desde hace tres décadas. Pero los hechos son tozudos.

Antes de pasar a los números, conviene hacer una breve mención a las afirmaciones ideologicistas exentas de apoyatura empírica alguna del excelente ecologista y sociólogo de matriz marxista André Gorz (1981 y 1988) que criticando a Marx afirmó que hay en curso una desaparición en términos físicos de la clase obrera -y, por tanto, de su rol socio-político- producida por la crisis del capitalismo y por la disolución, por efecto de las nuevas técnicas de producción, de las relaciones sociales capitalistas de producción. Si bien para Gorz la negatividad de la que, según Marx, la clase obrera debía ser portadora, no ha desaparecido en absoluto; pero se ha desplazado y radicalizado en un nuevo lugar. ¿Quiénes conforman esta no-clase?: Aquellos individuos que se ven expulsados de la producción por el proceso de abolición del trabajo, o subempleados en sus capacidades por la industrialización (es decir la automatización y la informatización) del trabajo intelectual. Esa no-clase engloba al conjunto de esos supernumerarios de la producción social que son los parados actuales y virtuales, permanentes y estacionales, totales y parciales. Ese no-trabajo con una no-clase de los no-productores encarna a la vez el más allá del productivismo, el rechazo de la ética de la acumulación y la disolución de todas las clases. En resumen, nos encontramos ante un brillante discurso construido sobre el vacío y un estrecho, fosilizado y, en cierto modo, eurocentrista concepto de clase obrera y de la evolución del empleo. Algunas de estas cuestiones las retomaremos más adelante.

La población mundial según diversos organismos como UNFPA 2/ y reflejada en PopulationPyramid.net era del orden de 7.631 millones de personas (Naciones Unidas, 2017). De las cuales, menores de 15 años eran 1.964 millones, siendo 2.570 millones las de menores de 19. A su vez, las mayores de 65 años eran del orden de 560 millones. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2019, “En 2018, la población mundial en edad de trabajar, que incluye a mujeres y hombres de 15 años o más, era de 5.700 millones de personas, de las cuales 3.300 millones, o el 58,4%, estaban en el empleo, y 172 millones estaban desempleadas. Tomados en conjunto, estos grupos constituyen la fuerza de trabajo o población activa mundial, que en consecuencia fue de 3500 millones en 2018, lo cual arroja una tasa de participación laboral del 61,4 por ciento. Los 2.200 millones de personas restantes (el 38,6 por ciento) en edad de trabajar estaban fuera de la fuerza de trabajo, incluidas las que estudiaban, las que realizaban un trabajo asistencial sin remunerar y las personas jubiladas. En este grupo, 140 millones formaban parte de la fuerza de trabajo potencial (es decir, quienes buscan empleo, pero no están disponibles para incorporarse a un empleo, o que están disponibles, pero no buscan empleo)”.

En el citado informe la OIT señala que el trabajo formal en el mundo supone el 39%, siendo el informal el restante 61%. Los empleadores ascienden al 3% de la población activa, los trabajadores por cuenta propia en el campo y en la ciudad suponen el 34%, los trabajadores remunerados y asalariados en ambos ámbitos aportan el mayor porcentaje (52%) y existe una bolsa de trabajadores familiares no remunerados que alcanza el 11%.

Esto es consistente y coincidente con los informes presentados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) sobre la evolución de la fuerza laboral respecto a la población mundial. Ambos organismos han reflejado la tendencia al alza de esta proporción de las personas que trabajan que se acerca al 50% respecto al total poblacional. En el caso del Estado español, un 85% de la fuerza laboral son, según la Encuesta de Población Activa (EPA), personas asalariadas o en búsqueda activa de empleo por cuenta de terceros.

Todo ello pone de relieve la centralidad social del trabajo y, en concreto, del trabajo asalariado. Lo que, en nuestra opinión, pese a que existe la tendencia a que aumente la proporción de capital físico en relación con el capital variable en muchos sectores productivos, ello no ha supuesto una merma de la mano de obra asalariada a la vista de los datos. Precisamente y pese a las crisis periódicas en el mercado de trabajo y la funcional existencia para el capital de un ejército industrial de reserva, el curso numérico en los siglos XIX, XX y XXI es el aumento creciente de la fuerza laboral y en concreto de la asalariada en relación con el conjunto de la población. Otra cosa diferente es -y este no es el lugar debatir de ello- la conciencia de clase y el rol político que esa población subalterna juegue en el conflicto social.

Bien es cierto que los procesos en curso de robotización y digitalización podrían suponer una inflexión en la tendencia descrita. Por razones de espacio no podemos dar cuenta de la abundante literatura científica que mayoritariamente desmiente el supuesto, en este caso catastrofista, del fin del trabajo y el empleo. Por ello recomendamos, para quienes quieran profundizar en ello, un trabajo de Michel Husson (2016) publicado en Gaceta Sindical, revista de Comisiones Obreras (CC OO). Albert Recio (2018) señala que, como en todo cambio de paradigma tecnológico, probablemente será más el empleo que se genere que el que se destruya. Por nuestra parte, sin subestimar la importancia e impacto de las nuevas tecnologías en la estructura y tipo de empleo que se está generando, el saldo neto resultante de la diferencia entre el generado y el que desaparece es globalmente positivo, si bien hay sectores afectados negativamente y sectores emergentes. Por ello resulta de primer orden la necesidad de aplicar el concepto de transición planificada y justa al proceso en curso.

Sobre esta cuestión, resultan especialmente importante las conclusiones de Fernando Rocha (2019) recogiendo las aportaciones de Aragón (2016): “La primera reflexión que puede extraerse del análisis realizado es que la digitalización es un proceso social en construcción, cuya extensión y posibles impactos (…) permanecen todavía en buena medida por explorar. (…) La experiencia histórica y el estudio comparado permiten apuntar igualmente que los impactos de la transformación digital en el mundo del trabajo no están condicionados unívocamente por las características de las tecnologías (…) estos cambios no están predeterminados sino que dependen de la acción de los principales actores que intervienen en ellos -no sólo los empresarios, sino los trabajadores y trabajadores y su representación en los sindicatos- de los marcos regulatorios en los que se desenvuelven y de las políticas pública”.

No queremos dejar pasar por alto que, como explica con precisión Almazán (2020), uno de los componentes de la automatización, la digitalización, lejos de la inmaterialidad entraña un enorme uso de combustibles fósiles y de minerales raros, por lo que su desarrollo debe ser cuestionado y en todo caso controlado por razones ecosociales.

2 La RBU y el trabajo asalariado

Los proyectos de la RBU se basan en una idea falsa sobre el significado del trabajo asalariado. Este se basa, ciertamente, en una relación de explotación, dominación y alienación, que en la fase actual del capitalismo se aproxima a las relaciones de esclavitud que predominaron en el siglo XIX (contratos de cero horas, imposición de fórmulas de trabajo autónomo sin prestaciones sociales, etc.). Pero, al mismo tiempo, es una fuente de reconocimiento social, un espacio de articulación de las clases subalternas y una esfera de realización; elementos estos que obviamente son muy diferentes en los diferentes tipos de trabajo, pero que están presentes en su gran mayoría.

Comencemos por lo más polémico. El trabajo asalariado es una actividad inhumana, pero el trabajo en sí es inherente al ser humano. Es más, toda su relación con la naturaleza objetiva de la que es parte no se puede entender sin el trabajo como forma de interacción 3/. La ecofeminista Yayo Herrero (2015) afirma que el capitalismo “transformó el trabajo y la tierra en mercancías y comenzaron a ser tratados como si hubiesen sido producidos para ser vendidos. Pero ni la tierra ni el trabajo son mercancías porque, o no han sido producidas –como es el caso de la tierra– o no han sido producidas para ser vendidas –como es el caso del trabajo”. Se puede entender el alcance de esta Gran Transformación si se recuerda que “trabajo no es más que un sinónimo de persona y tierra no es más que un sinónimo de naturaleza” (Polanyi 1992). Herrero afirma a continuación que “la nueva noción de trabajo exigió hacer el cuerpo apropiado para la regularidad y automatismo exigido por la disciplina del trabajo capitalista (Federeci 2010), el cuerpo se convirtió en una maquinaria de trabajo. Y su regeneración y reproducción no era responsabilidad de la economía que se desentendió de ellas, relegándolas al espacio doméstico. Allí, fuera de la mirada pública, las mujeres se ven obligadas a asumir esas funciones desvalorizadas a pesar de que sean imprescindibles tanto para la supervivencia digna como para la propia reproducción de la producción capitalista” (Carrasco 2009). Por nuestra parte entendemos que ello es posible precisamente porque en el capitalismo no se compra y vende personas, y tampoco trabajo, sino que se alquila fuerza de trabajo, que es una capacidad de las personas, por lo que deducimos que en ese sistema la fuerza de trabajo sí que es una mercancía, pero no las personas.

El polinomio naturaleza, satisfacción de necesidades, persona y fuerza de trabajo forma un complejo entramado de relaciones que configuran sociedades, individualidades, valores y culturas. Ello es lo que explica, como señala un médico francés, Dejours (2015), que la obligación de hacer mal el trabajo, de tener que darlo por terminado o mentir, es decir, de frustración de su aspiración a encontrar placer y dignidad en el trabajo, es una fuente importantísima y frecuente de sufrimiento en el trabajo. En esta pandemia se ha mostrado que cuando las personas asalariadas han trabajado en la elaboración de mascarillas, equipos de protección, etc. han mostrado una gran implicación en su trabajo, lo que ocurre en general cuando su trabajo está bien hecho, especialmente si es de utilidad social. Por otra parte, estudios sociológicos han mostrado que la mayoría de las personas paradas quieren encontrar un empleo y están dispuestas a aceptar trabajos precarios, incluso cuando el salario que vayan a percibir no sobrepase los subsidios anti-pobreza que puedan percibir.

Además, como dice Daniel Albarracín (2020), también en sociedades de futuro que se pudieran liberar del yugo salarial se plantea una importante cuestión a la que no responde la RBU: qué hacer con los trabajos desagradables, penosos y arriesgados, así como respecto a los trabajos de cuidados, en lo concerniente a quién los hará o si se repartirán. En definitiva, debemos abordar la cuestión del trabajo en su integridad, tanto los trabajos productivos como los reproductivos, tanto en la sociedad actual capitalista como en una futura sociedad ecosocialista, lo que exigirá emprender el debate sobre las necesidades humanas básicas y su jerarquía, sobre la manera de terminar ex ante mediante la planificación democrática de las decisiones económicas (qué, cómo y para quién producir) y cómo realizar armónicamente el metabolismo sociedad/naturaleza.

La desvinculación en la sociedad actual capitalista del ingreso y el trabajo se basa también en otra idea que nos parece falsa. Consiste en que la transformación del capitalismo ha dado lugar a un crecimiento de los conocimientos que se desarrollaría fuera del tiempo oficial de trabajo, lo que da lugar a que el valor se crea fuera del sistema productivo y el trabajo vivo ha dejado de ser la fuente del valor. Pero la elaboración de los conocimientos y su puesta en práctica no dependen de iniciativas individuales, sino que son construidos colectivamente. Algunos llegan a decir que la producción industrial y de servicios realizada por las empresas deja de ser productora de valor y trabajo productivo que ahora pasaría a las finanzas, “la fuente del valor es la circulación”. Estas posiciones olvidan que el valor se produce y realiza a lo largo de la cadena de valor y todos los trabajos que la misma comporta son necesarios para llegar a buen término. Sobre su errónea base se propone una distribución del ingreso previamente al trabajo colectivo, que, en alguna versión incluye a basar el derecho a la existencia en la “herencia de la civilización”, lo que supone no reconocer que todos los ingresos se engendran por la actividad continuada (Boulier Boutang, citado en Harribey, 2017, nota 15).

En este punto, dada la influencia que tiene en un sector de la izquierda radical europea y latinoamericana, nos detenemos brevemente en el pensamiento del máximo exponente de la corriente de pensamiento postoperaista, postmaterialista e inmaterialista, Negri (2001 y 2004), quien considera que en las nuevas formas del trabajo postfordistas, lo determinante es el conocimiento y que la formación del valor no depende tanto del trabajo como del conocimiento. Asimismo, para este autor, el poder de mando hace imposible la emancipación en el trabajo por lo que reclama un éxodo a otros espacios, los comunitarios. Por ello, lo importante y relevante social y políticamente no es ya lo que ocurre en el mundo del trabajo, ni en la disputa por el plusvalor entre el capital y el trabajo, sino fuera, en otras dimensiones. Derivado de lo anterior, durante años, se puso en boga el concepto multitud capaz de sustituir a otros anteriores como clase, bloque histórico, etc. que, a su vez se presentaba como agente de cambio alejado del capitalismo y del socialismo. Virno (2002), Hardt y Negri no afirman la desaparición del proletariado o de la clase obrera industrial, pero señalan el declive de estos sujetos a favor de una nueva hegemonía, que en el caso de Hardt y Negri (2004) denominan confusamente “trabajo inmaterial”, “afectivo”, “relacional”, “biopolítico” que al escapar del marco productivo adquiere un enorme potencial para la transformación social pues produce directamente relaciones sociales (sic) borrándose las fronteras entre “productor” y “ciudadano”.

Otro sector de quienes defienden la RBU afirma que el valor es creado por el consumidor en el marco de una economía a la que se llama colaborativa. Para los partidarios de esa concepción, el cognitivismo, la RBU sería un ingreso primario, que remuneraría la actividad autónoma de las personas, definida como productiva. Otro sector afirma que los lazos sociales producen valor en sentido económico, confundiendo así valor de uso y valor de cambio. De esta forma llegan a decir que jugar a las cartas, ver una película u otras actividades de ocio similares “concurren al enriquecimiento de la sociedad, participan de la utilidad social y, de esta forma, deben ser considerados como trabajo”, al crear valor económico (Baptiste Mylondo, citado en Harribey, 2017, p. 136). Esa posición obvia el “indispensable reconocimiento colectivo político de la utilidad de una actividad para la sociedad: por definición, no puede ser declarada por cada persona aislada, sino, por ejemplo, ¿cómo tomar en cuenta la crisis ecológica que obliga a redefinir colectivamente los modos de producción?” (Harribey, 2017, p. 136).

Como lo fundamental de la producción de valor se realizaría fuera de la esfera del trabajo, para las y los teóricos del cognitivismo y las personas defensoras de la RBU que les siguen, la RBU sería un ingreso primario, que remuneraría toda la actividad de las personas (que queda definida como productiva), de forma que “el ingreso garantizado es pensado como una forma suplementaria de ingreso que debería agregarse al salario y al beneficio” (Husson, 2017). Ello facilita trasladar la distribución de la renta únicamente a la fiscalidad, obviando la importancia, para un proyecto de transformación social, de modificar la distribución primaria de los ingresos entre beneficios empresariales y salarios a favor de estos últimos. Precisamente lo esencial de la explotación del trabajo como pilar del sistema capitalista es esa disputa, que Daniel Bensaïd (2012) califica irónicamente con una metáfora: “la novela negra del capital es ¿quién robó el plusvalor?”.

3 Aplicabilidad de la RBU y algunos posibles efectos

Las propuestas de RBU se suelen motivar en que la redistribución de la renta que le acompaña permite evitar los problemas planteados por la condicionalidad de las rentas mínimas –en el Estado español, hasta ahora las prestaciones autonómicas contra la pobreza y, a partir de ahora, el nuevo Ingreso Mínimo Vital-, que supuestamente dejarían fuera a una parte importante de la población pobre por el estigma que se les atribuye y por su carácter condicionado. No parece inevitable que el condicionamiento a la aceptación de un empleo o de un itinerario formativo que, además, raramente se ofrece en situaciones de elevado desempleo como la actual -sin hablar de la carencia de medios de los servicios públicos de empleo-, deje fuera a un porcentaje elevado de sus potenciales beneficiarios. Más bien se debería a diversos tipos de restricciones y condiciones perfectamente suprimibles, como por ejemplo la exigencia de un período de residencia legal, de una edad superior a los 18 años de la mayoría legal o la limitación del número de unidades de convivencia que puedan ser perceptoras de la prestación en una misma vivienda.

En cuanto a los elevados costes administrativos que se argumenta como problema para las rentas mínimas, eso no es inevitable en los tiempos de la información computarizada. Cruzar datos entre los departamentos de hacienda y trabajo y seguridad social es tarea sumamente simple. No es más sencillo identificar fiscalmente a cada de uno de los perceptores de la RBU, incluyendo claro está a quienes son invisibles por trabajar en la economía sumergida, que a los perceptores de rentas mínimas. Y dado el gap existente entre el momento de percepción y el de la regularización en IRPF de la RBU, la complejidad administrativa y financiera no son menores (Ghesta estimó en 2013 que sería necesario controlar el flujo fiscal de 353.351 millones de euros y su correlato monetario).

Por otra parte, tampoco la RBU sería tan fácil y transparente, y  de gestión tan económica como se pretende, ya que al estar relacionada con otras prestaciones públicas, parte de las cuales se deducen de la RBU, implicará gestiones y decisiones administrativas y, también, recursos administrativos y judiciales contra las mismas. No es cierto que la RBU mejore la posición de los y las trabajadoras para mejorar las condiciones del trabajo asalariado, sino que, al revés, facilitaría la aceptación por sus beneficiarios de empleos poco remunerados, eventuales, a tiempo parcial. Si fuera puesta en práctica favorecería que los empresarios congelasen los salarios. El riesgo sería más importante para el salario mínimo, que, aunque es muy insuficiente, su función de garantizar ingresos decentes podría más fácilmente ser cuestionado si una parte de los ingresos de esas personas fueran financiados por el Estado a través de la RBU. De hecho, una parte de los defensores neoliberales de la RBU no esconden que ese es su objetivo. Ciudadanos, que, hasta ahora al menos, no propone la RBU, a la vez que se oponía al aumento a 900 euros del SMI en el 2019 proponía que el Estado complementase los bajos salarios. El fortalecimiento de la posición de las trabajadoras y trabajadores no se resuelve a nivel individual, es un asunto colectivo que depende de la relación de fuerzas frente a los empresarios para mejorar las condiciones de trabajo, imponiendo leyes favorables o mediante convenios colectivos decentes.

En las sociedades heteropatriarcales el trabajo asalariado ha permitido a las mujeres ganar autonomía en relación con la esfera familiar o comunitaria. Para ellas, la RBU tiene dos riesgos alternativos: o como salario maternal que confina a las mujeres en el hogar o como complemento de ingresos de un trabajo a tiempo parcial, reforzando en ambos la división de género del trabajo. Tiempo parcial que en la actualidad está muy feminizado: según el INE, en el 2019, en el Estado español el 23,8% de las mujeres trabajaban a tiempo parcial, frente a un 7% de los hombres. Pero no es una opción por la que apuesten las mujeres: en ese 2019 el 52,6% se debe a no haber podido encontrar un trabajo a tiempo completo y el voluntario está socialmente muy condicionado (escuelas infantiles insuficientes y no gratuitas, residencias escasas y de pago, reparto del trabajo doméstico y de cuidado a cargo mayoritariamente de las mujeres).

Sin embargo, a pesar de las constricciones que les supone la asunción muy mayoritaria del trabajo doméstico y de cuidados, así como de las discriminaciones salariales que sufren, la extensión de la ocupación de las mujeres muestra una clara voluntad de mantenerse en el empleo. Como decía la autora J. Laufer, “el derecho al trabajo asalariado ha significado la libertad de existir fuera de una posición de subordinación doméstica” (citada en Eyrous y Silvera, 2020, p. 43). Por ello proponer ingresos desconectados del trabajo remunerado tiene el riesgo de expulsión de las mujeres de la esfera del trabajo y de vuelta a la esfera doméstica. El riesgo para una parte de las mujeres sería mayor por tener salarios más bajos y próximos a la cuantía de la RBU. Así pues, la afectación indiferenciada de la RBU a los hombres y a las mujeres es una ilusión y la RBU tiene el riesgo de convertirse en un salario maternal.

Por último, en términos del conjunto de integrantes de la sociedad, para que hubiera condiciones óptimas de ingresos desconectados del trabajo debería haber previamente un contrato social de toda la ciudadanía en la que la persona obtiene servicios públicos e ingresos, pero aporta en función de su capacidad de trabajo a lo largo de su vida, bien entendido que aquellas personas que no puedan trabajar podrán obtener un ingreso básico suficiente. Escenario más plausible en la sociedad postcapitalista que bajo el capitalismo.

De lo contrario, este dinero regado por helicóptero desde el Estado bien podría consolidar una sociedad dual al mismo tiempo que requiere la perpetuación de un capitalismo sumamente productivo, con las consecuencias que conlleva. Esta renta monetaria deja en manos de la demanda individual decisiones que, al realizarse en el mercado, pueden favorecer al sector privado y estar muy lejos de las prioridades de inversión y gasto público creadoras o consolidadoras de áreas económicas que escapen la lógica del mercado. La individualización en la percepción de rentas monetarias provenientes del Estado puede dificultar los procesos de lucha y control colectivos, dejando en manos de las élites políticas las principales decisiones pues podrían poner trabas al agrupamiento, la autoorganización y la acción colectiva con resultado de mitigación del conflicto social. Efectos, estamos absolutamente seguros, no deseados por los defensores de izquierdas de la RBU.

4 Financiación de la RBU

En las propuestas de la Red de Rente Básica (RRB) sobre el importe de las prestaciones de seguridad social, tanto pensiones, como desempleo, se descuenta la cantidad de la RBU, mientras que tendría lugar una compatibilidad absoluta con los salarios, incluidos los muy elevados del personal directivo de las grandes empresas, y con las rentas del capital. Así se expresa, entre otros muchos, Jordi Arcarons (2020) cuando dice que “La RB sustituye a toda otra cantidad económica que se perciba por parte del Estado, siempre que dicha cantidad sea inferior a la RB; pero si es superior, la parte que la supera se seguirá percibiendo en las mismas condiciones”. Ello da lugar a un trato peor a las prestaciones de desempleo y las pensiones que a los salarios directos y, peor aún, que a las rentas de capital. Nos parece revelador de una concepción que pone a la RBU en el centro no solo de los ingresos para evitar la pobreza, sino del conjunto de las reivindicaciones sociales. La RRB de la Comunidad Autónoma Vasca propone mantener las prestaciones contributivas como no absorbibles, pero dejaría fuera de la no absorbabilidad a algunas prestaciones sociales no contributivas que responden a necesidades sociales específicas, como, entre otras, el del subsidio de desempleo para mayores de 52, que además de renta mantiene la cotización para la jubilación y las prestaciones a la discapacidad.

La propuesta de financiación de la RBU mediante un incremento de los tipos del IRPF, especialmente de las rentas más altas, es progresiva, pero tiene el grave riesgo de tocar del ala a los sistemas de Seguridad Social. Dejaría a la mayoría social dependiente de una renta financiada por la fiscalidad, con el riesgo de que la disminución de ingresos públicos se utilice para justificar la reducción de la cuantía de la RBU cuando las prestaciones de la seguridad social habrían perdido una parte de su capacidad de protección. El caso de Finlandia y los varios dictámenes e informes de gobiernos socioliberales (Jospin) o abiertamente neoliberales (Macron) en Francia sobre la eventual implantación de la RBU deben ponernos en alerta, ya que nada bueno se puede esperar de ellos en materia de mantenimiento de conquistas sociales logradas al precio de combates prolongados.

En cualquier caso, la RBU apuesta exclusivamente por la fiscalidad para el cambio social. Es escasamente factible que se produzcan modificaciones sustanciales y progresivas en la fiscalidad mientras se mantenga, e incluso se acentúe, una distribución de los ingresos primarios que desde el inicio del período neoliberal se ha traducido en un aumento de los excedentes empresariales en detrimento de la parte salarial. Para cambiar esa tendencia es necesario atacar la relación de explotación, básica en el capitalismo y ello exige medidas tales como el aumento de los salarios, especialmente de los más bajos, la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salarios y un cambio en la organización del trabajo que fortalezca la posición de las y los asalariados.

5 El paro: ni maldición bíblica ni fenómeno meteorológico

Aunque el discurso de sus partidarios varía, los promotores iniciales de la RBU en los años sesenta (Van Parijs) consideraban que la automatización impide el pleno empleo y de ahí surge la necesidad de la RBU, como alternativa a un salario inexistente. Sin embargo, nunca ha aumentado tanto el empleo en las economías capitalistas, como en la fase tras la segunda guerra mundial en la que los aumentos de productividad eran mucho mayores que en la actual. Ello ocurrió porque tuvo lugar una importante reducción del tiempo de trabajo (RTT). El capitalismo utiliza el desempleo masivo y la precariedad para minar las condiciones no solo de las personas paradas y precarias sino de la mayoría de la clase trabajadora. No solo restringe el acceso al empleo de la juventud, sino que afecta a las y los trabajadores en activo al debilitar su posición para reclamar la mejora de sus condiciones laborales y sociales. Ya en 1943 Kalecki (2011) afirmaba que al capitalismo no le interesa que haya buenos trabajos de forma generalizada porque “Bajo un régimen de pleno empleo permanente, el despido dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se minaría, y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentaría. Las huelgas por aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo crearían tensión política”.

Efectivamente el desempleo no es un fenómeno natural del que no se puede escapar, bien al contrario, es la consecuencia de las políticas económicas favorables a los intereses del capital. Es un asunto de raíz política y tiene su relación directa con la estructura y distribución de la riqueza y el poder social bajo el capitalismo.

Ese aumento del desempleo está relacionado con la pérdida y bajada de la cuota de los salarios sobre el PIB y el descenso de la tasa de sindicación. Una sociedad racional y razonable debiera utilizar plenamente sus recursos humanos. Negar su posibilidad equivale a aceptar las relaciones capitalistas según las que la fuerza de trabajo es una mercancía que debe ser rentable. El único obstáculo al pleno empleo no es tecnológico ni se debe a la automatización: es el que impone la lógica del beneficio privado. El único motivo de la inelasticidad de la jornada laboral es una decisión política de las élites hegemónicas.

Todo ello abunda en un conjunto de ideas que nos parecen fundamentales en el contexto de una sociedad capitalista: a) no podemos disociar de forma generalizada el derecho al ingreso del derecho al trabajo, incluido actualmente el derecho al empleo; b) un horizonte movilizador es el de una sociedad de pleno empleo no productivista; y c) el reparto del trabajo (de todos los trabajos) es una garantía de una sociedad capaz de liberar el tiempo para gozarlo. En una sociedad postcapitalista podrán plantearse objetivos aún más ambiciosos.

6 El derecho al empleo decente para todas y su justificación

Esta pandemia ha puesto de relieve la importancia de las actividades educativas, sanitarias y de cuidado que reúnen la doble condición de tener una utilidad social enorme y ser muy intensivas en empleo. Las administraciones públicas (no solo el Estado sino también las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos) deben ejercer de garantes del empleo: si el capital privado no lo crea porque no ve oportunidades rentables, lo debe garantizar las administraciones públicas, en primer lugar, para satisfacer las necesidades sociales más acuciantes. En el Estado español, el número de empleados y empleadas públicos, medido en relación con la población activa, es notablemente inferior al de otros países europeos. Tras un máximo en el 2011, el número de personas trabajando en el sector público se ha reducido el 14% aproximadamente, debido en buena parte a las limitaciones aprobadas durante varios años a partir del 2011 para las sustituciones de las plazas que causaban baja.   En el 2019, representaban el 15% de la población potencialmente activa, frente al 29% de Suecia y al 22% de Francia. Sólo para el 2020 estaba previsto una importante oferta pública de empleo con el objetivo de elevar la tasa de reposición al 100%, sin creación de empleo neto (Sérvulo González, 2019).

En la pandemia se ha puesto crudamente de relieve que las limitaciones de las plantillas en los servicios socio-sanitarios, compuestas mayoritariamente de mujeres 4/, han sido una de las causas principales de la elevada morbilidad y mortalidad, especialmente en las comunidades autónomas con menor gasto sanitario y en las que la privatización de las residencias geriátricas está más desarrollada, como Madrid. Un aumento del gasto público, que permita una ampliación sustancial de los puestos de trabajo en estos sectores y su provisión mediante contrataciones estables, no solo contribuiría a atenuar el desempleo sino sería un elemento clave para mejorar el derecho al bienestar y a la salud de la mayoría de la población que no puede recurrir a los servicios privados. Si bien es cierto que es conveniente que las mujeres no se concentren excesivamente en el empleo en esos sectores es probable que una dignificación salarial y laboral facilitaría una distribución más igualitaria entre mujeres y hombres.

En una crisis como la que estamos viviendo, que es a la vez sanitaria, económica, ecológica y social, la necesaria creación de empleo no puede obviar su sostenibilidad ambiental. Así, en el sector del automóvil, al anunciado cierre de la Nissan en Barcelona y a la probable reducción de las plantillas en los establecimientos de la Renault, que van a suponer miles de puestos de trabajo directos e indirectos, relativamente bien remunerados, no se puede hacer frente insistiendo en la continuidad de la misma producción, en un sector en el que existe una clara sobreproducción, entendida esta como la incapacidad de las empresas para vender los automóviles a un precio que les garantice el beneficio mínimo que pretenden. En los países más desarrollados, este sector, especialmente a través de los vehículos de lujo, constituye la principal fuente de los gases de efecto invernadero y contribuye al calentamiento climático, que es el principal riesgo para la vida humana en el planeta. Se prevé que el coche eléctrico supondrá una menor fuerza de trabajo, por lo que, en ausencia de una reducción de la jornada de trabajo, en el próximo futuro se producirán recortes masivos en el empleo.

En este, como en otros casos similares, la defensa del empleo debe ligarse con la necesaria reconversión de una parte de esta industria, por ejemplo, hacia la producción de elementos de transporte público (autobuses, trenes…). Es prácticamente seguro que las grandes multinacionales del automóvil instaladas en España, que han recibido cuantiosas ayudas públicas durante años, van a querer continuar con una producción cada vez más insostenible, para lo que requerirán de más ayudas, planes renove… Por ello, una respuesta a la altura del gran reto social y ecológico que plantea debiera ser la socialización del sector bajo el control de la representación de las y los trabajadores, de quienes usen el transporte y de las organizaciones ecologistas. La actual pandemia ha mostrado también las consecuencias ambientales del agrobusiness, tanto para la producción de alimentos como para su transporte y acreditado la necesidad de fomentar la agricultura ecológica y local, más intensiva en trabajo. La pandemia ha mostrado también la necesidad de no depender de industrias situadas a miles de Km y cuyo comercio, además de inseguro, exige el consumo de mucha energía en el transporte aéreo, marítimo y terrestre, y desarrollar una industria de producción de bienes sanitarios para hacer frente a las pandemias que, probablemente, van a repetirse frecuentemente.

Ello tiene una implicación de largo alcance y supone un cambio radical en las políticas económicas, porque supone modificar la división internacional y regional del trabajo por razones de autosuficiencia productiva, soberanía popular y sostenibilidad ecológica en el marco de una relación mundial justa entre los pueblos. Se trata nada menos que de diseñar un proyecto que permita la cercanía física de los sectores estratégicos de la producción de bienes y servicios controlados por las y los trabajadores y usuarios en el marco de economías auto centradas decrecentistas en materiales y energía y solidarias en el intercambio mundial.

Garantizar el pleno empleo exige enfrentarse con las tendencias degradantes del trabajo. Por apuntar alguna ahí está la uberización del trabajo que quiere individualizar al máximo a las trabajadoras, sustrayéndolas de las normas protectoras del derecho del trabajo, tema sobre el que se están librando importantes luchas, como las de Deliveroo.

La creación de empleos socialmente útiles, si además son salarial y laboralmente decentes, ejercería un doble efecto sobre la condición salarial del sector privado. Por un lado, reduciría la presión ejercida por el desempleo y con ello mejoraría la relación de fuerzas con las patronales; por otro lado, presionaría a los empresarios a alinearse sobre mejores condiciones laborales (Michel Husson, 2018). La política de pleno empleo debe ir acompañada por la extensión, la universalización y gratuidad de los servicios públicos, no sólo de la sanidad y la educación sino también del transporte, los comedores colectivos, las escuelas infantiles, la atención a las personas dependientes, el cultural, etcétera (Albarracín, 2020). Durante la pandemia se ha puesto con enorme evidencia la centralidad del trabajo social de las actividades de cuidado, que cubren actividades remuneradas y no remuneradas y la ligazón en la “misma unidad capitalista” de la producción y la reproducción social. “Solo el trabajo vivo, porque es la condición misma de las ganancias de una pequeña minoría de explotadores, es capaz de derrocar el yugo del capital, mediante la lucha colectiva por su emancipación” (Stéfanie Prezioso 2020). Ese “yugo del capital” incluye las actividades de reproducción social que constituyen una de sus condiciones esenciales (Fraser, 2020; Thier 2020).

7 La Reducción del Tiempo de Trabajo (RTT)

Este sigue siendo un reino de la necesidad. Allende el mismo empieza el desarrollo de las fuerzas humanas, considerado como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo sólo puede florecer sobre el reino de la necesidad como sobre su base. La reducción de la jornada laboral es la condición básica. (Karl Marx. Cap. 48 del libro tercero de El Capital)

El pleno empleo va asociado a la RTT. Los promotores de la idea de la RBU no consideraban la RTT como una medida a promover: su más reconocido teórico en la actualidad, Van Parijs (2016), decía que la RTT era una idea de otro siglo. En la actualidad en el Estado español sí que se incluye en la propuesta de RBU de la RRB, pero de una forma cuestionable: que la reducción de la jornada en lugar de ser a cargo de las empresas, es decir, manteniendo el mismo salario tras la RTT que el que se tenía con la jornada anterior, se compense mediante la RBU. Esto está ligado con la lógica de la RBU basada en una desconexión completa del ingreso y del trabajo. Al cesar de considerar el trabajo asalariado como un valor, sus promotores quieren instalar una nueva relación con el trabajo. Consideran que poder estar liberado de un empleo remunerado es una condición para la autonomía individual. Sus promotores (David Casassas, 2017) mantienen que “una vida que merezca la pena ser vivida es una vida pluriactiva que acomoda todo tipo de actividades -de formación, de cuidado propio y de quienes nos rodean, de trabajo remunerado, de ocio, de participación cívico-política”, para lo que se requeriría una RBU que nos haría inmune a “cualquier forma de chantaje o coacción”. Compartimos la necesidad de la vida pluriactiva, pero no que la RBU permita garantizar esas posibilidades de vida más rica, mientras que una RTT que favorezca el acceso al empleo remunerado a todas y todos, con mantenimiento de salarios, permitiría una dedicación más equitativa y colectiva tanto al trabajo remunerado como a otras actividades, incluida el ocio.

En las últimas décadas la consolidación de un paro estructural de masas da pie a hablar de la RTT como medida para crear empleo, pero Trabajar menos para trabajar todos y todas sigue siendo una consigna central en el imaginario global de los avances de la clase trabajadora, a pesar del estancamiento encontrado en los tiempos presentes tanto en la creación de empleo como en la RTT. Cuando los defensores de la RBU consideran que el pleno empleo es imposible por el incremento de la productividad derivada de la automatización y la digitalización hacen prueba de un fatalismo que en la práctica renuncia al objetivo histórico del movimiento obrero de la RTT.

Con independencia de la estimación que se haga sobre la pérdida de empleos por la automatización siempre hay una jornada de trabajo que permite el pleno empleo, que puede ser en estos momentos de 30 o menos horas semanales, acompañada de un aumento de las vacaciones y de los permisos retribuidos y en el futuro de 20 o menos horas. Debe ir acompañada de una redistribución equitativa entre mujeres y hombres del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Si esa reducción de jornada se hace manteniendo los salarios, y aumentando los más bajos que en muchos casos corresponden a los de mayor utilidad social, ello supondrá modificar la distribución de la renta entre beneficios empresariales y salarios, que en buena parte es lo mismo que entre rentas altas y bajas. Ese cambio en la distribución de la renta podría ser de un impacto similar a la necesaria para implantar una RBU decente, pero tendría más legitimidad social y, en ese sentido, sería más movilizadora para hacer frente a las enormes resistencias que oponen las clases dominantes a los cambios que vayan en contra de sus intereses.

La RTT debe ponerse en práctica mediante el control de los y las asalariados y asalariadas, de forma que no solo se controle la realidad de la creación de empleo, sino que las nuevas contrataciones tengan en cuenta aspectos tales como la penosidad en el trabajo y la reabsorción del trabajo precario. La RTT es hoy tan urgente y necesaria como la reivindicación de mayores salarios para la mayor parte de la población que trabaja por cuenta ajena, pero es una condición sine qua non para socavar el actual modelo de relaciones laborales. La RTT debe ser compatible con un aumento sustancial de los salarios más bajos y, en particular del salario mínimo interprofesional, ya que a pesar del aumento del 2019 sigue sin cumplir el objetivo de la Carta Social Europea de que alcance el 60% del salario medio y que ahora se está planteando la Comisión Europea.

8 ¿Cómo luchar contra la pobreza durante la pandemia y más allá? Un programa para la acción

Durante la actual crisis está teniendo lugar un crecimiento importante del desempleo, cuya duración –contrariamente a las estimaciones oficiales- es imprevisible en la medida en que todavía existe una elevada incertidumbre sobre las salidas sanitarias de la pandemia. Los ERTEs han limitado las pérdidas de empleo debidas a la paralización de la actividad, al precio de un elevado gasto, del que se han beneficiado también empresas con importantes beneficios en el pasado inmediato. En contraste, una parte de personas desempleadas no reciben prestaciones ni subsidios de desempleo por haber trabajado en la economía sumergida.

Mientras no se garantice el derecho al empleo mediante la creación de empleo público y la reducción del tiempo de trabajo tanto en el sector privado como en el público, con salarios decentes, es necesario asegurar recursos para todas las personas. Y ello no solo mediante rentas monetarias, concretamente señalamos a vuela pluma las siguientes.

a) Habría que insistir entre otros, en estos elementos, que se apuntan sin desarrollar:

  • Blindar los derechos de los inquilinos, expropiando a los fondos buitres que compran fraudulentamente viviendas sociales y fijan unos alquileres inasumibles para la mayoría de los arrendatarios;
  • Pasar al sector público de las residencias y del servicio de ayuda domiciliaria, estableciendo su gratuidad;
  • Extensión y gratuidad de las prestaciones sanitarias, incluidas las farmacéuticas;
  • Gratuidad de toda la enseñanza, incluidos todos los niveles universitarios, acompañada de becas para los hogares con escasos recursos.

b) Medidas monetarias a adoptar:

  • Poner en práctica con urgencia el compromiso de investidura del gobierno de aumento del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, que tal como señalamos más arriba y recalcamos es simplemente poner en marcha las propuestas del Comité de Derechos Sociales, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Social Europea y ahora asumido por la Comisión Europea, que está considerando sin embargo establecer como salario mínimo obligatorio en los Estados miembros el salario mediano, más bajo;
  • Fijar, como mínimo, los porcentajes de las prestaciones de desempleo que estuvieron en vigor con anterioridad a las reformas de 1992: 80% para los primeros seis meses, 70% para los seis siguientes y 60% posteriormente, y suprimir los topes máximos que reducen en muchos casos esas cuantías en mucha mayor medida que lo que ocurre en los topes máximos de pensión; establecer el acceso a las prestaciones de desempleo en las condiciones anteriores a las reformas citadas: con seis meses cotizados, derecho a tres meses de prestación; un objetivo más ambicioso, pero justo, es que las prestaciones se mantengan hasta que no se ponga a disposición de la desempleada un empleo acorde con su calificación y con una cuantía muy próxima al salario anterior.
  • Admitir el acceso de las trabajadoras de hogar a las prestaciones de desempleo mediante la prueba de haber trabajado, sin exigir el alta en la Seguridad Social, que deja fuera a una parte importante de las que trabajaban externas y a todas las migrantes sin permiso de trabajo debido a la Ley de Extranjería;
  • Aplicar las medidas citadas en las prestaciones de desempleo exigiría un aumento sustancial de sus ingresos, lo que es bastante lógico si se tiene en cuenta que en el año 2010 el gasto en estas prestaciones alcanzó la cifra de 34.000 millones de euros, mientras que el gasto en el 2019, último año con liquidación aprobada, esa cifra se redujo a 19.000 millones y la cifra del 2020 –de unos 45.000 millones- caerá con la prevista finalización de los ERTE;
  • Aumentar las pensiones mínimas contributivas de la Seguridad Social, de forma que al final de la legislatura se alcance la cuantía de 1.080 euros reivindicada por la mayoría del movimiento pensionista en movilizaciones sociales continuadas y apoyadas masivamente;
  • Mantener la revalorización de las pensiones conforme al IPC y abandonar las propuestas del gobierno de introducir un nuevo factor de sostenibilidad;
  • Aumentar la cuantía de las pensiones mínimas no contributivas hasta el 60% del ingreso mediano, equivalente a 750 euros mensuales aproximadamente (por 12 pagas, o la cantidad equivalente de 643 por 14 pagas);
  • Para las rentas mínimas autonómicas y el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), la regulación debería asumir los siguientes elementos:
    • Establecer el derecho a las prestaciones a partir de la mayoría de edad, de 18 años;
    • Asegurar una cuantía mínima conjunta del IMV y las rentas autonómicas, para una persona adulta, de forma que se alcance el umbral de pobreza relativa (superando el objetivo del IMV de evitar la pobreza absoluta), equivalente al 60% del citado ingreso mediano, con aumentos proporcionales para los otros miembros de la unidad de convivencia, conforme a las prácticas de organizaciones internacionales en esta materia;
    • Suprimir, o reducir al mínimo, la exigencia de períodos mínimos de residencia legal para el acceso a las rentas mínimas autonómicas (tres años en el caso de la prestación de mayor cuantía y cobertura, la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma Vasca) y para el IMV (un año), que deja fuera de cobertura a las personas inmigrantes y refugiadas a las que se niega su regularización en virtud de la Ley de Extranjería y ello, aunque lleven años viviendo y trabajando en España;
    • No condicionar la percepción de las rentas mínimas autonómicas y del IMV a la aceptación de cualquier tipo de trabajo sino a aquellos que respeten las experiencias profesionales anteriores si las hubiera o, en otro caso, a su cualificación;
    • Que los controles de otras rentas que pudieran percibir sean a posteriori, sin exigirse la presentación de declaración de IRPF y que de ninguna forma atrasen el inicio del cobro de la prestación, rompiéndose con la vergonzosa demora en el pago de una prestación que como su nombre indica debe atender necesidades “vitales”;
    • Promover la individualización de los derechos entre mujeres y hombres mediante la cotitularidad de las prestaciones de garantía de rentas (tanto autonómicas como el IMV) cuando sean varios los beneficiarios adultos;
    • Suprimir los controles humillantes sobre el uso de los recursos por parte de las personas beneficiarias de las prestaciones.

Según nuestras estimaciones, la toma en consideración de las medidas anteriores exigiría aumentar los 1.500 millones de euros del gasto en las rentas autonómicas y los 3.000 millones previstos para el IMV, hasta unos 7.000 millones.

Yendo un paso más allá, medidas como una Renta Básica de Emergencia durante la pandemia que garantice unos ingresos dignos a las personas mayores de 18 años que lo necesitaran sería notablemente más barata que una RBU.

Este conjunto de gastos tendría un importante apoyo social, si se tiene en cuenta que según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE hecha pública en junio de 2019, el 88,48% de las personas encuestadas consideraba que se debía aumentar el gasto contra la desigualdad social.

Para hacer frente al gran gasto que va a suponer una reconstrucción social decente, algunos de cuyos elementos se han señalado en este escrito, es preciso aumentar sustancialmente los ingresos públicos mediante una reforma fiscal progresiva, rompiendo los más de cinco puntos de diferencia que tiene el Estado español de presión fiscal en relación con la media europea.

Notas:

1/ Caracterizamos la crisis cono ecógena porque su origen y naturaleza escapan a la lógica de los elementos exógenos o endógenos convencionales estrictamente económicos y su aparición radica en la aberrante relación existente entre el modelo productivo y la biosfera.

2/ United Nations Fund for Population Activities, redenominado

United Nations Population Fund, pero conocido como UNFPA

3/ Tomamos la fórmula del ecologista marxista Juan José Álvarez en su respuesta al también marxista ecologista Mario Aráez: https://twitter.com/MarioAraez_/status/1360523031899234308?s=09

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