Cumbre del G-20: sus soluciones y nuestras alternativas

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“El G 20 combate la crisis” (The Financial Times), “La lucha comienza aquí” (The Daily Telegraph), “Obama establece un nuevo orden mundial” (The Independent). Así calificaban los titulares de la prensa oficial inglesa los resultados de la cumbre del G-20 que tuvo lugar en Londres el pasado 2 de abril, la cual se ha presentado en los medios de comunicación como un pacto histórico e incluso se ha llegado a comparar con los acuerdos de Bretton Woods. Sin embargo, más allá de la retórica utilizada en la declaración final, lo cierto es que los resultados de esta cumbre únicamente han supuesto otra capa de maquillaje más que los mandatarios del mundo pretenden ponerle al sistema capitalista global, en un intento desesperado por mantenerlo a flote.

Actualmente, con los efectos de la crisis cada vez más extendidos, los dirigentes de las grandes potencias mundiales son muy conscientes de la posibilidad de que, de forma paralela, se extienda también de manera significativa el cuestionamiento de las mismas bases del sistema. Este motivo, y no un repentino ataque de buenas intenciones, es el que ha llevado a que en el documento final resultado de las negociaciones se haya recurrido parcialmente a un lenguaje que, a simple vista, puede parecer más propio de quienes estaban en las calles movilizándose que de quienes estaban reunidos en los despachos. Así, se habla de “economía inclusiva y verde” o de “crecimiento compartido”, pero estas palabras no son más que un intento de envolver en un engañoso papel de regalo muy adornado un paquete de medidas que, en la práctica continúan con la lógica neoliberal que nos ha llevado a esta situación.

Si se lee la declaración con un poco de atención, es muy fácil darse cuenta de las grandes contradicciones en las que incurre constantemente. Desde un principio, los líderes del G-20 reconocen que “el crecimiento, para que sea constante, tiene que ser compartido”, pero inmediatamente en el mismo párrafo advierten que “el único cimiento sólido para una globalización sostenible y una prosperidad creciente para todos es una economía mundial abierta basada en los principios del mercado, una regulación eficaz e instituciones globales fuertes”. La verdad es que de una cumbre que supuestamente ha sido convocada para dar soluciones a la crisis global, en la que además de durar solo un día, únicamente están representados los gobiernos de los 20 países más poderosos del mundo, no se puede esperar demasiado y mucho menos ningún tipo de avance hacia un nuevo modelo económico.

¿Nuevo sistema financiero?

Si la anterior cumbre del G-20 celebrada en noviembre fue catalogada como un espacio en el que se pretendía “refundar el capitalismo”, aunque luego acabó consistiendo básicamente en la utilización de grandes cantidades de fondos públicos para rescatar a la banca, esta última se ha presentado como el cambio definitivo a una “nueva arquitectura financiera”, la cual supuestamente se caracterizará por una mayor regulación. En la declaración se llega a afirmar de forma contundente que “la era del secreto bancario se ha acabado”, pero el cambio sustancial que haría esto posible no se va a poner en marcha, y en su lugar se emprenden medidas que resultan muy poco efectivas en la práctica.

Entre otras cosas, se le encargó a la OCDE que elaborase una lista de paraísos fiscales. En la “lista negra” tan sólo se incluyeron a cuatro Estados: Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas, países que no cuentan con prácticamente ninguna capacidad de influencia a nivel internacional. Cinco días después de la cumbre ya no quedaba ninguno en la lista, y lo único que hicieron fue prometer que a partir de ahora se portarían mejor. En segundo lugar, todos aquellos países que se estipulaba que debían hacer esfuerzos en materia de cooperación fiscal, entre los que están Suiza o Luxemburgo, se agruparon en una “lista gris”. Es realmente llamativo que para acabar definitivamente con el secreto bancario, como dicen pretender, no se incluya en la lista negra y en primera fila a paraísos fiscales tan importantes como los Estats de Delaware o de Wyoming, de EEUU, las Islas del Caribe, también controladas por este último, o las Islas de Jersey y Caimán, territorios dependientes de Gran Bretaña. La realidad es que con la excusa de la lucha contra el fraude fiscal, de lo que se trata es de reorganizar el sistema financiero mundial de forma que EEUU salga reforzado, mientras sus competidores, como Suiza, a los que se sitúa en la línea entre el bien y el mal, pasarán a estar algo más controlados.

Otra medida a la que han dado mucha publicidad es el anuncio de que se procederá a un mayor control de las remuneraciones desproporcionadamente elevadas de los directivos de las grandes empresas. Sin embargo, no se ha pactado ninguna sanción específica para ponerlo en práctica. Por otro lado, está claro que es injusto que unos pocos directivos cobren tanto mientras se despiden a millones de trabajadores y trabajadoras. Pero, aunque la reducción de estas remuneraciones sería una medida positiva si se llegase a producir, ésta no es la cuestión central. En realidad, esta medida acabaría cayendo en un saco roto si no se ponen en cuestión los enormes beneficios que están obteniendo los bancos y las grandes corporaciones. Los dueños de las multinacionales, en los tiempos de expansión económica, justificaban estos sobresueldos de los directivos con la idea de que era necesario valorar suficientemente a quienes cumplían una labor tan importante en sus empresas para evitar su fuga a la competencia. Ahora que tienen pérdidas, de repente los gobernantes les advierten de que esta práctica les parece poco ética, pero, en el momento en que vuelvan a tener las enormes ganancias de antaño, la propia lógica de la competencia capitalista les llevará a pagar otra vez esos sobresueldos y, lo que es más importante, a enriquecerse a costa de la explotación de millones de trabajadores y trabajadoras.

Reforzamiento del FMI y los organismos internacionales

La mayor parte de las intenciones manifestadas tras esta cumbre se quedarán sobre el papel, pero hay un objetivo para el que sí se han pactado medidas concretas, que además se concretan en unas partidas de grandes sumas de dinero: garantizar que se cumplan los inamovibles principios del libre mercado.

Así, el grupo de los 20 se comprometieron a no poner barreras al libre movimiento de capitales, a la inversión o al comercio de bienes y servicios, ni aplicar medidas proteccionistas de ningún tipo que vayan en contra de los planes de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta institución continuará siendo la encargada principal de asegurar que los gobiernos cumplan estos principios, especialmente en los países en vías de desarrollo. Durante las últimas décadas se ha dado la paradoja de que precisamente han sido los estados de los países más ricos, promotores de la OMC y de sus políticas, los que más se han resistido a dejar de aplicar medidas proteccionistas para sus mercados internos, como es el caso de EEUU o la UE, al tiempo que exigían a los países pobres que abriesen completamente sus fronteras a las inversiones de las grandes multinacionales. Ello ha tenido dramáticas consecuencias para las poblaciones de los países más empobrecidos, que han visto saqueados sus recursos y cómo sus economías se hacían más vulnerables a las fluctuaciones del mercado financiero y se centraban en las exportaciones, dejando de lado el consumo interno. La realidad de los últimos años hace que sea muy difícil creer que ahora las cosas vayan a cambiar realmente en este sentido. Por otro lado, es importante advertir que aunque se cumpliese aquello que supuestamente pretende el G-20 y todos los países omitieran sus políticas proteccionistas, incluidos los más ricos, la situación de la población de los países pobres no mejoraría sustancialmente. Las grandes corporaciones seguirían expoliando sus recursos y la competencia capitalista imposibilitaría a los pequeños productores abrirse camino en el comercio internacional.

Aunque se mantiene el papel de la OMC, el organismo protagonista por excelencia de esta cumbre ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que están tratando de despojar de su mala imagen para presentarle como la institución clave en la resolución de la crisis económica. Para ello, se han multiplicado por tres sus fondos disponibles, pasando de 250.000 millones a 750.000 millones de dólares, y además se le ha otorgado un papel central en “ayudar” a los países en vías de desarrollo a mejorar su situación y supervisar las políticas que tomen los diferentes gobiernos en relación a la crisis.

Dejar en manos del FMI la solución de la crisis es como intentar calmar la sed de un náufrago con el agua del mar. En definitiva, supone buscar paliar los efectos de la recesión a través de un organismo que durante los últimos años ha sido uno de los principales instrumentos de imposición de las políticas neoliberales que nos han llevado hasta la situación actual.

Durante años, el FMI ha aprovechado la concesión de préstamos para exigir a cambio una serie de condiciones que han supuesto un coste muy elevado para las clases populares de los países deudores, como la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados financieros y del comercio o la priorización de las exportaciones en detrimento del autoabastecimiento y la soberanía alimentaria. Esto es posible debido al funcionamiento totalmente antidemocrático del FMI, el cual no está sujeto a ningún tipo de sufragio ni control por parte de la población de base y cuenta con una representación muy desigual entre unos países y otros. En la declaración del G-20 se habla de “reformar y modernizar las instituciones internacionales”, en teoría para hacer que “los países en vías de desarrollo y los más desfavorecidos tengan más voz y representación”. Pero Europa continuará contando con el 32 % de los votos y Estados Unidos, con el 16,8% en el FMI, de forma que, en realidad, seguirán siendo quienes decidan.

Gracias a los diferentes movimientos de resistencia al neoliberalismo que han ido surgiendo a lo largo y ancho del planeta y, sobre todo, a partir de las primeras grandes protestas en Seattle en 1999 en contra de la globalización capitalista, la verdadera cara de estos organismos hechos a medida de los intereses de las grandes multinacionales y entidades financieras, ha quedado al descubierto. Hoy en día prácticamente nadie ve al FMI, al Banco Mundial o a la OMC como los guardianes de la justicia global, que es como pretenden volver a presentarse ahora.

Aunque es innegable que el neoliberalismo, tanto desde un punto de vista material como ideológico, está abocado al fracaso, no hay que perder de vista que los mandatarios globales, como argumenta Naomi Klein, saben aprovechar situaciones de shock, como la profunda crisis económica actual, para introducir las políticas neoliberales que puedan gozar de menos popularidad entre la población. En el caso de los gobiernos de los países más desarrollados, esto es ya una realidad. Sin ir más lejos, aquí en el Estado español, Zapatero está aprovechando el momento de crisis y la idea de que hay que apretarse el cinturón para aplicar medidas que van en detrimento de los intereses de la clase trabajadora, como las privatizaciones de servicios públicos, la autorización de los ERE´s, la precarización de las condiciones laborales o las políticas represivas hacia los inmigrantes. También puede ser que dadas las circunstancias actuales, los gobernantes de los países más pobres o en vías de desarrollo, acaben tomando la decisión de volver a endeudarse con el FMI, como pretende el G-20 y como de hecho ya ha anunciado que hará el Gobierno de México, sometiéndose de nuevo a las exigencias de reformas estructurales en perjuicio de las clases populares. Por eso, ahora es más urgente que nunca plantear alternativas desde los movimientos de base que rompan con la idea de que respuestas como las que ofrece el G-20 son la única salida a la crisis.

Alternativas

En los tiempos que corren, cuando ni siquiera ante una crisis profunda del sistema capitalista como la que estamos padeciendo los líderes mundiales se plantean cuestionar las bases del neoliberalismo que nos han llevado al desastre, el simple hecho de plantear reformas viables a corto plazo basadas en un reparto más equitativo de la riqueza puede llegar a convertirse en el principio del camino hacia un cambio radical del modelo social y económico vigente. A diferencia de las propuestas de los miembros del G-20, que debido a la lógica sobre las que están sustentadas resultan inútiles e incluso altamente perjudiciales para quienes se ven más afectados por la crisis, los movimientos sociales de base y la izquierda anticapitalista sí que tenemos un plan, cuyo contenido podría perfilarse, entre otras, con las siguientes medidas:

&nbsp Establecimiento de una renta básica universal. En primer lugar, ésta serviría para que todos los habitantes del planeta tuviesen sus necesidades básicas cubiertas, lo cual liberaría parcialmente a la clase trabajadora de la obligación de tener que emplearse en cualquier trabajo para poder sobrevivir. De esta forma, los trabajadores y trabajadoras verían incrementado su poder a la hora de negociar las condiciones laborales con la clase capitalista, lo cual contribuiría decisivamente a la mejora general de sus condiciones de vida.

Reducción de la jornada laboral y distribución más equitativa del trabajo, sin modificación del salario. Bajo la lógica de la acumulación capitalista, se da la paradoja de que coexisten jornadas laborales abusivas con un desempleo global que según estima la Organización Internacional del Trabajo en su último informe, podría llegar a incrementarse en más de 50 millones de parados más para finales de este año como consecuencia de la crisis. En este contexto, reducir las horas de trabajo resultaría una medida realmente eficiente para acabar con el paro, además de suponer una liberación de horas de trabajo para quienes actualmente más sufren la precariedad laboral, como las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes.

Poner fin a las privatizaciones de los servicios públicos y volver a nacionalizar las empresas de los sectores clave (como el agua, la electricidad, la sanidad, la educación o los transportes) que ya hayan sido privatizadas, así como tratar de mejorar la calidad y aumentar las prestaciones de dichos servicios. Estas medidas, además de garantizar la cobertura de ciertas necesidades básicas para todos y todas, también tendrían un efecto positivo en la creación de empleo.

Poner bajo control democrático los bancos y las empresas en crisis, en lugar de darles ayudas millonarias sin ninguna garantía, como ha sido la norma hasta ahora.

Cancelación de la deuda externa sin condiciones. Además de acabar con una lacra para los países pobres o en vías de desarrollo, que es esencialmente injusta, esta medida les liberaría de tener que cumplir las políticas que les imponen los organismos internacionales y contribuiría a la erradicación de las enormes desigualdades cada vez más pronunciadas entre Norte y Sur.

Reestablecimiento de los controles del capital de forma efectiva y en todos los países, así como instauración de fuertes cargas impositivas a las transacciones de capital, con el objetivo de contribuir a la erradicación de la especulación financiera.

Creación de un sistema tributario claramente progresivo. Frente a las políticas de aumento de los impuestos indirectos y de eliminación de impuestos a los ricos, como ha ocurrido en el caso del Estado español con la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, aumentar los impuestos a los que más tienen ayudaría a financiar el coste que supondría poner en marcha el resto de medidas planteadas.

Disolución del complejo militar industrial global y retirada de todas las tropas que permanecen en territorios ocupados. En momentos de crisis, se recrudece la competencia entre las grandes potencias por conquistar nuevos mercados y hacerse con más recursos, lo que incrementa la posibilidad de que aparezcan nuevos conflictos bélicos. En este contexto, se hace urgente exigir la disolución de la OTAN, el recorte drástico de los presupuestos militares para destinarlos a un uso social, y más a largo plazo, la reconversión de toda la industria militar en industria civil.

Derogación de todos los controles de inmigración y extensión de los derechos de ciudadanía. En la globalización capitalista actual, las fronteras están abiertas para el capital y las inversiones, pero no para las personas, dándose una contradicción de dramáticas consecuencias. Mientras en los países ricos se levantan muros en las fronteras y se aprueban políticas represivas de corte racista contra la inmigración, los más perjudicados por las injusticias del actual sistema económico tienen que jugarse la vida en un intento desesperado por sobrevivir, soportar las condiciones laborales más duras y sufrir el abuso policial, careciendo además de cualquier tipo de derecho democrático por no estar reconocidos como ciudadanos, situación que es urgente resolver.

Una política medioambiental realmente efectiva que incluya objetivos de obligado cumplimiento a corto plazo, como la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la inversión en la investigación y generalización de las energías renovables para acabar con la dependencia del petróleo y la reestructuración del modelo urbano imperante, procurando una distribución del asentamiento más racional y planificada.

Sustitución de los actuales organismos internacionales (FMI, OMC, Banco Mundial), por otros totalmente nuevos, realmente democráticos y con igual representación de todos los países del mundo, así como fomentar la creación de espacios de gobernabilidad más participativos a nivel regional y local, con el fin de contribuir a la descentralización del poder.

Este conjunto de medidas, aunque el ir en contra de la lógica neoliberal pueda suponer un desafío al sistema político y económico actual, no tienen por qué llevar asociado necesariamente el fin del capitalismo. Sin embargo, exigir desde hoy el cumplimiento de estas reformas es perfectamente compatible e incluso puede complementarse con la lucha por un cambio estructural. Al entrar en contradicción con la lógica del máximo beneficio y la acumulación a corto plazo que constituye la base del sistema, llegaría un punto en el que la implementación de este tipo de políticas entraría en una tensión insostenible con el mismo y no quedaría otra opción que dejarse derrotar por el capitalismo y sus instrumentos de dominación o acabar con él. Más allá de medidas concretas que ayuden a mejorar la situación, lo cierto es que, a la larga, la única alternativa viable y que puede mantenerse estable en el tiempo es acabar con el capitalismo a través de un proceso revolucionario y levantar en su lugar un sistema económico completamente nuevo, planificado y basado en relaciones sociales realmente democráticas, descentralizadas y horizontales.

La tarea más inmediata que tenemos por delante ahora es buscar la forma de hacer que estas alternativas se conviertan en una realidad. Mientras los líderes mundiales se reunían en la cumbre del G-20, las calles de Londres estaban tomadas por miles de activistas procedentes de diversos movimientos sociales y de la izquierda anticapitalista de todas las partes del planeta que, haciendo frente a la violencia empleada por la policía británica, alzaban su voz para denunciar la inviabilidad y las injusticias de las políticas que pretenden imponer los más poderosos y reclamar la puesta en marcha de alternativas reales para salir de la crisis. Para presionar en dirección al cumplimiento de las medidas planteadas, así como de otras muchas que pueden no haber quedado recogidas en este artículo, es de vital importancia potenciar los movimientos sociales y saber encontrarnos en la diversidad, para hacer que este tipo de movilizaciones sean amplias y realmente masivas. Pero por otro lado, al mismo tiempo es igualmente importante construir una izquierda anticapitalista combativa que defienda abiertamente la necesidad de acabar con el capitalismo. Esta vez sí, para construir en su lugar un mundo realmente democrático, justo, equitativo y sostenible.

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