Cuando el derecho a decidir no es igual a autodeterminación
Todo ello aprobado con la mención expresa a que ningún otro poder, gobierno, tribunal o ley puedan interponerse. Es decir, haciendo valer el derecho de autodeterminación de los pueblos.
En todos y cada uno de los tratados internacionales sobre derechos humanos, incluida la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, se menciona que toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Que en caso de que así no fuera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos apela en su preámbulo al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
La libre determinación como derecho universal ()
Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos fueron un gran hito normativo. Ya el 10 de diciembre de 1948 se había proclamado la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no recogía el derecho de libre determinación, ya que la propuesta soviética en dicho sentido fue rechazada.
Posteriormente, la URSS presentó una nueva iniciativa durante el proceso de elaboración de los Pactos Internacionales. Aunque las potencias coloniales, como Reino Unido, Francia o Bélgica, mantuvieron su oposición, la propuesta reunió el apoyo de Estados africanos, asiáticos y latinoamericanos. En 1955, el resultado de la votación para decidir sobre su inclusión en los Pactos fue de 33 votos a favor, doce en contra y trece abstenciones. Con carácter general, los Estados socialistas y del tercer mundo votaron a favor y los occidentales en contra. No obstante, aquellos Estados que se opusieron a la inclusión han ratificado los tratados o se han adherido a ellos. Esto hace de la libre determinación un derecho jurídicamente vinculante de alcance casi global.
En 1962, la Asamblea General aceptó estudiar los principios fundamentales de la Carta y los deberes que se derivan de ella; uno de estos principios es la autodeterminación. El 24 de octubre de 1970 se adoptó la resolución 2625 (XXV), que contiene la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La resolución se adoptó por consenso, por lo que recogió los puntos de vista de los Estados occidentales, los socialistas y los del tercer mundo. La Declaración afirmó que la libre determinación es un derecho de todos los pueblos y que conlleva obligaciones para todos los Estados, y que su respeto es condición necesaria para el establecimiento de relaciones amistosas y de cooperación.
Las Naciones Unidas proclamaron, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor el año 1976 y fue ratificado por el Estado Español el 27 de julio de 1977
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
Artículo 1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El estado español está violando visceralmente tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que él mismo firmó también un 27 de julio. Está negando el derecho de autodeterminación a la nación catalana intentando interferir e imponerse con leyes y amenazas. Lo mismo que hace con la nación vasca, entre otras.
El derecho de autodeterminación exige que todo pueblo sea totalmente libre para elegir su estatus político conformando un estado independiente si así lo desea y no hay ninguna ley, ni estado, ni constitución que pueda prevalecer ante este derecho.
Es por ello que no existe ningún partido de relevancia y de ámbito estatal español que defienda el derecho de autodeterminación. Esto incluye a PP, PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos. Ya que unos niegan a Catalunya o Euskal Herria el ser una nación y por tanto depositaria de derechos y la supuesta izquierda española , supuestamente acepta el hecho nacional pero no el derecho de autodeterminación ya que la constitución española para ellos prevalece sobre el derecho de los pueblos. De esta manera, Podemos e ICV-EUiA ayer votaron en contra de que el pueblo catalán pueda gobernarse así mismo y aplicar el derecho de autodeterminación posicionándose no solo en contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos sino también junto a la oligarquía y perjudicialmente contra la clase trabajadora catalana y la relación de fuerzas más favorable que se desprende.