Criminología del saqueo. Por qué abolir las corporaciones

Por Daniel Jiménez Franco

La misma ansia de expolio que agotó la tierra arrancó también las raíces a la fuerza viva de la nación [K. Marx, 1887 – cfr. Tombs y Whyte 2015/16, 107]. – No lo entiendo. ¿Por qué están confesando? – No están confesando. Están presumiendo. [La Gran Apuesta, A. McKay, 2015]. Criminales por definición En La […]

La misma ansia de expolio que agotó la tierra arrancó también las raíces a la fuerza viva de la nación

[K. Marx, 1887 – cfr. Tombs y Whyte 2015/16, 107].

– No lo entiendo. ¿Por qué están confesando?

– No están confesando. Están presumiendo.

[La Gran Apuesta, A. McKay, 2015].

Criminales por definición

En La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas (Icaria 2016), Steve Tombs y David Whyte combaten los mitos que legitiman el sometimiento de todas las esferas de la vida a las lógicas del cálculo econométrico y la acumulación de beneficio privado. Los seis capítulos del libro discuten y derriban, con precisión y contundencia, los mantras de la eficiencia empresarial, la autonomía del mercado, la “autorregulación”, la personalidad jurídica y su responsabilidad limitada, la responsabilidad social corporativa y la presunta protección pública del interés general. Se trata de conceptos que presiden y gobiernan nuestro día a día permitiendo que, tras la debacle financiera de 2008, las grandes corporaciones del sector hayan salido reforzadas. Como resultado de ese trance, una concentración de poder aún mayor administra hoy nuestras vidas y muertes.

La tarea de la criminología crítica siempre ha sido poner en cuestión el rol del sistema penal y sus distintos operadores, denunciando la criminalización de los problemas sociales y la estigmatización de los grupos sociales empobrecidos, para demostrar que la función central del sistema penal es (re)producir las desigualdades. Una criminología crítica que aspire a ser emancipadora no puede compartir la mirada del poder hacia “los de abajo”. Si quiere ser subversiva, debe analizar los comportamientos de quienes operan “por encima del radar” y poner en cuestión sus formas habituales de hacer negocios. Como bien apuntara Frank Pearce, el análisis de los crímenes de los poderosos debe hacer referencia a la estructura social general en la cual operan las empresas. Solo así puede entenderse que la actividad criminal es una más de sus estrategias (1976, 151) y que el sistema de libre mercado es la forma jurídica central de movilización y valorización del capital.

El discurso criminológico dominante se ha dedicado a justificar y/u ocultar las campañas coloniales, sus saqueos, masacres y genocidios a lo largo del planeta durante siglos[1]. La crítica de ese apartheid criminológico debe incluir, pues, a los dos protagonistas de tales crímenes: las corporaciones y los estados. Si la introducción del estado y las empresas en el discurso crítico dio un paso de gigante con la definición de la criminalidad estatal-corporativa, Tombs y Whyte amplían ese corpus teórico[2] para señalar a la corporación, desmitificarla, desnudarla y estudiar una conexión simbiótica entre estado y empresa que tiene lugar, en gran medida, a través de una herramienta central: el derecho.

En la (doble) raíz del problema encontramos dos claves: la condición esencialmente criminal del sistema económico (Ruggiero 2013) y la violencia que funda el régimen jurídico-político dedicado a sostener ese orden. En ese sentido, los polémicos “papeles de Panamá” no son un escándalo en sí mismo sino un ejemplo muy ilustrativo, para quien quiera entenderlo, de cómo y dónde se gestiona el patrimonio acumulado por ese sistema económico y de su eficaz legitimación por ese régimen jurídico-político. Los miembros del campo social auto-privilegiado viven en “refugios” cada vez más cerrados y reconcentrados. En el gran alrededor, la “población” sufre el daño social generado por un expolio que “expulsa a los habitantes de su hábitat” y/o “retira el hábitat a sus habitantes” (Mendiola 2015).

A nadie puede sorprender, pues, que las reformas neoliberales de “superación” de la crisis hayan aumentado el margen de acción de los mercados y provocado un incremento relativo del número de ricos en todo el planeta. Privatizaciones, mercantilizaciones, flexibilidad laboral o indultos a corruptos, son todas ellas reformas jurídicas llevadas a cabo por estados, gobiernos y parlamentos en el ejercicio de sus funciones sistémicas. Y por si no teníamos bastante, ahí viene el TTIP.

Una vez demolidos los mitos asociados a las corporaciones, La empresa criminal invita (y urge) a pensar más allá de la corporación como “forma ideal” de organizar las relaciones sociales, las formas de producción y distribución de recursos o la provisión de bienestar. Las corporaciones, tal como hoy las entendemos, surgieron en un momento histórico concreto que exigía asegurar y reproducir el capital en el contexto de las empresas coloniales. Desde entonces, las empresas han necesitado de la acción continuada y constante del estado para garantizar su supervivencia – y los recientes rescates bancarios podrían representar el episodio más burdo de esa larga historia. Los niveles masivos de daño social provocados en el transcurso de ese episodio son incalculables y justifican sobradamente el empleo de términos comodeudocracia, necropolítica o crímenes del estado y el mercado (Rivera coord. 2014). El caso de los PIGS es, como el de otros Sures globales en las décadas previas, un ejemplo dramático y abrumador de ese proceso. Por eso no hay un solo lector en el mundo al que las siguientes páginas no puedan resultar útiles: por mucho que el relato se ilustre con ejemplos del ámbito anglosajón, todos y todas sabemos que la misma estructura y las mismas dinámicas han sido reproducidas a la manera de cada contexto local (Jiménez 2016).

 

En el Reino de España…

A finales de s.XX, entre las grandes fortunas españolas hay muchas con más de medio siglo de edad, construidas y consolidadas durante el franquismo o mucho antes, cuyo peso económico-político aumenta con el desmantelamiento industrial y agrario que exige la adhesión de España a la UE. Mientras otras áreas pierden competitividad, sectores como el inmobiliario o el financiero ganan peso. Las élites directivas crecen en España tanto o más que en el resto de Europa durante estas tres décadas. La apertura de la economía española al exterior impulsa el desarrollo de dichas élites, al tiempo que un número incontable de antiguos cargos públicos explota su capital relacional en asesorías empresariales, consejos de administración o tareas de lobby hacia y desde las administraciones. Las puertas giratorias rebosan “emprendedores público-privados”[3].

En 2007, el 0.035% de la población (presente en 33 empresas) controla “las organizaciones esenciales de la economía y una capitalización de 789.759 millones de euros, equivalente al 80.55% del PIB y cerca de un tercio del capital productivo español” (Santos Castroviejo 2008, 4)[4]. En 2008, iniciada la depresión global, se constata que la “transición” apenas había tocado el poder de las viejas oligarquías. El enorme gasto público en obras e infraestructuras, unido al boom inmobiliario y la corrupción, favorece su encumbramiento en los puestos de mando del “mercado libre”. Trece de los veinte españoles con mayor patrimonio en 2006 habían amasado buena parte de sus fortunas en la construcción y promoción inmobiliaria. Los 50 personajes más ricos de la Bolsa española concentran un patrimonio de 95.000 millones de euros, el 10% del PIB. Los paquetes accionariales de las veinte mayores fortunas que cotizan en bolsa triplican su riqueza en cuatro años – de 16.628 millones en 2003 a 54.000 millones en 2007. A la vez, sus patrimonios personales quedan confundidos en una maraña de fundaciones, cuentas en paraísos fiscales, propiedades inmobiliarias bajo testaferros, compañías patrimoniales, family offices y SICAVs (Rodríguez Díaz 2003, 3-26 – cfr. Cárdenas et al. 2002).

En la particular clasificación de los multimillonarios españoles en la lista Forbes (fortunas superiores a 1.000 millones de dólares) de 2010 destaca la presencia de constructores o promotores inmobiliarios entre un total de quince fortunas. Amancio Ortega (Inditex, participaciones grandes en Banco Pastor, NH Hoteles o Afirma – antigua Astroc: 25.000 millones de dólares) como el español más rico y noveno del mundo[5]; Rafael del Pino (Ferrovial: 8.600); Enrique Bañuelos (Astroc y dueño de la mayor inmobiliaria de Brasil: 8.600). Entre 1.000 y 4.000 millones: Luis Portillo (ex presidente de Colonial); Luis del Rivero (presidente de Sacyr Vallehermoso); José Manuel Loureda (ex presidente de Sacyr Vallehermoso); los hijos de Juan March, Rosalía Mera (ex mujer de Ortega, presente en los consejos de Inditex y Zeltia); Alicia y Esther Koplowitz (FCC); los “Albertos” Alcocer y Cortina; los Botín (BSCH); Isak Andic (Mango); los Polanco (Prisa: televisión, radio, editoriales); Manuel Jove (Fadesa) y Gabriel Escarrer (Sol Meliá).

Los intereses defendidos por ese sector más favorecido de la sociedad se deducen fácilmente de los argumentos propuestos para el impulso legislativo de las políticas económicas. Una mirada a los últimos años confirma la íntima relación entre el discurso de las instituciones participantes en el diálogo social (CEOE, UGT, CCOO), los Bancos Centrales (europeo y español), los grupos de presión (agencias privadas de calificación), los organismos internacionales (BM, FMI) y el gobierno. Todos confluyen en una idea central: la acumulación sostenida de beneficios empresariales – disfrazada por los mantras del crecimiento y el empleo. Una vez más, el mercado afirma su poder. En ese sentido apunta el Manifiesto de los 100[6], firmado en 2009 por un grupo de 100 economistas, con el énfasis en la degradación de las condiciones laborales como clave de la “reactivación laboral en España”, su posterior pronunciamiento sobre la supuesta necesidad de reducir las pensiones, o declaraciones como las del director de Coyuntura Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Á. Laborda, quien afirmó que había llegado la hora de “poner patas arriba” el ET creando un contrato único indefinido con indemnizaciones por despido más baratas o eliminando la autorización administrativa para el despido colectivo mediante ERE[7]. “Solamente se puede salir de la crisis de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos”, G. Díaz Ferrán en 2010[8]. Dos años después (3.12.2012), el ya ex-presidente de la CEOE es encarcelado bajo fianza de 10 millones de euros. Poco después y en el mismo sentido, el presidente del Eurogrupo (J. Dijsselbloem) declara en Madrid que los trabajadores españoles deben “trabajar más tiempo y más duro”.[9]

La respuesta de los estados es destinar billones de dólares y euros a realimentar una crisis fiscal contra la que se reclama más medidas de ajuste, desmantelar el sector público (para la apropiación privada de sus espacios y recursos), perpetuar una reforma laboral permanente y habilitar el control de las decisiones políticas desde los mercados. Políticos, administraciones, empresarios y corporaciones “operan en base a la lógica del keynesianismo invertido […] para sostener la acumulación privada” [Ruggiero 2013, 5].

 

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio [art. 31.1 CE].

Malaya, Bárcenas, Gürtel, Taula, Líber, AVE, Imelsa, Aquamed, Púnica, Palma Arena, Fabra, Hacienda, Marea, Caballo de Troya, EREs, Marismas, Palau, ITV, Emarsa, Pallerols, Mercurio, Ciempozuelos, Guateque, Campeón, Carioca, Pitiusa, Dívar, Cooperación, Alcorcón, Amy Martin, Mercasevilla, Naseiro, Blesa, Pujol, Rato, Bankia, CAM, Caixa Catalunya, Banca Catalana, Caixa Penedés, Banco de Valencia, Banca Cívica, Caja Madrid, Caja Navarra, Novagalicia, Caja Castilla La Mancha, Constructoras, Parques Eólicos, Eléctricas, Privatización de la Sanidad, Lino, RTVV, Nóos, Aizoon, Bitel, Amnistía Fiscal, Emperador, Pokémon, Pla-Za, Conde Roa, Baltar, Clotilde, Pretoria, Brugal, Unió Mallorquina, Voltor, Andratx, Minutas, Umbra, Estepona, Poniente…

 

En el Estado español, el crash del año 2008 ha sumido a la sociedad en una crisis permanente dando la bienvenida a la miseria – como diría el grafiti. Eso nos obliga a preguntarnos muchas cosas, pero también a hacer memoria del saqueo en reconocimiento de quienes luchan y resisten contra los efectos más perniciosos de esa crisis: las hipotecas y sus desahucios (Bernat 2015, Forero 2014), las acciones preferentes, la deuda pública y la reforma del famoso artículo 135 de la CE son formas de acumulación por desposesión financiera que se suman a la entrada de capital privado en los hospitales públicos, el copago sanitario, la exclusión sanitaria de las personas migrantes, las contrarreformas laborales y educativas, el encarecimiento de la formación universitaria hasta límites inasumibles y así, sucesivamente, hasta una auténtica reconfiguración de la mano izquierda del estado. Pero hay más: el latrocinio continuado de las compañías eléctricas, la corrupción como forma normal de gestión gubernativa y un largo etcétera.

En 2011, según la CNMV, “la alta dirección y los consejos de las empresas del Ibex-35 (unas 540 personas) reciben 625 millones en salarios, lo mismo que 40.000 trabajadores con salario medio” [Zabala 2011, 23]. En 2015, los miembros de los consejos de administración de las siete principales entidades financieras (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Popular y Bankinter) se repartieron 71,9 millones, cifra que supone un incremento del 16,6% con respecto a los 61,7 millones del ejercicio anterior.[10]

Esa economía política de los crímenes de los poderosos ha venido recibiendo el nombre de financiarización (Lapavitsas 2013, 69). Sus recientes efectos predatorios en la periferia Sur de Europa ya habían tenido un impacto post-colonial dramático sobre los países del cono Sur, cuando el primer impulso de la financiarización llevó a las empresas privatizadas españolas a invadir sus mercados (antes llamados derechos): corporaciones telefónicas, mediáticas, energéticas, sanitarias, bancarias… necesitadas de invertir su exceso de capital buscaron otros territorios para aumentar sus beneficios devorando muchas compañías locales. Grandes concentraciones de capital, oligopolios y cartelizaciones controlaron los mercados y aumentaron sus beneficios empresariales hasta límites bochornosos en los años previos al crash de 2008. Pero la oleada de privatizaciones demandada por la financiarización también produjo terribles efectos sobre el conjunto de la población española: en cuanto las corporaciones reorientaron su apetito hacia los bienes y servicios antes pensados como derechos, el estado puso las condiciones de posibilidad para semejantes crímenes. El estado gestiona el crimen corporativo. La economía política de la regulación corporativa, como bien advierten Tombs y Whyte, se convierte en un arma de doble filo cuando las agencias reguladoras no se someten al escrutinio público y detrás no hay un movimiento social capaz de tensionar dichas agencias. El abuso de poder corporativo, la fuerza estructural de las grandes empresas, transforma la función coercitiva en un modo de gestión basado en la negociación-mediación. El caso de las preferentes en el Estado español es un ejemplo palmario de la incapacidad de las agencias reguladoras, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para evitar ese crimen y de lo difícil que resulta procesar a los bancos responsables. En este último sentido, el Memorándum de rescate financiero firmado por el Reino de España y la Comisión Europea en julio de 2012 exigía que parte de los costes de reestructuración fueran asumidos por bancos e inversores, (hecho que incluía a los tenedores de participaciones preferentes) con quitas que podían llegar hasta el 60%, asegurando de este modo la impunidad del crimen corporativo (Inurrieta 2013).

En el Estado español, aunque la responsabilidad penal de las personas jurídicas (introducida en 2010) traspasa ese principio dogmático penal de la imposibilidad de cometer delitos por una persona sin capacidad moral (como explican los autores de este libro a propósito del concepto de mens rea), la misma no contempla la responsabilidad en casos tan elementales como los crímenes laborales – mal llamados “accidentes” en muchos casos. En 2015, una nueva modificación del CP limitó parte de esta responsabilidad penal restringiendo lo que se denomina como Corporate Compliance – criterio de “debido control”, es decir, de los deberes de prevención de la empresa. Aunque dicha responsabilidad se extiende a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, también podemos hablar de la construcción de un velo corporativo en el Sur – donde, pese a la regulación anterior y a estas “evoluciones”, los grandes responsables de esos crímenes y daños siguen impunes. En este sentido, la responsabilidad penal para las personas jurídicas puede convertirse en la “última línea Maginot” del capitalismo corporativo, pues forma parte de ese desarrollo (sociojurídico) que convierte a la corporación en sujeto de derechos. De este modo, la ciudadanía corporativa permite distinguir entre empresas buenas y malas, bloqueando así las críticas al capitalismo en su totalidad y reforzando el poder corporativo una vez personificada la empresa.

La posición crítica a la que nos invitan Steve Tombs y David Whyte implica permanecer alerta ante esas medidas de presunto control de la acción corporativa, pues en la práctica pueden imponer reformas que aseguran su permanencia sistémica. Por otra parte, en un giro propio de la legislación penala la sureña y como respuesta a la movilización popular contra las medidas “anticrisis” en el Estado español, la nueva legislación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas impuesta por la reforma de 2015 puede utilizarse para responsabilizar a organizaciones de la sociedad civil, colectivos y sindicatos por los “actos delictivos” de sus miembros – como, por ejemplo, los daños ocasionados en una manifestación o concentración.

 

La lucha sigue

En otro libro imprescindible titulado The Crimes of the Economy (2013), Vincenzo Ruggiero propone un análisis criminológico del pensamiento económico que nos permite aclarar el papel de la “ciencia económica” en la historia del capitalismo. La conclusión pone patas arriba cualquier consenso sobre las condiciones “naturales” en que opera nuestro sistema de organización, producción y reproducción social: la economía es un artificio moral, político y jurídico dedicado a naturalizar los daños (los crímenes) producidos por el poder en el ejercicio de sus funciones, que coloniza nuestro pensamiento, nuestra conciencia individual y colectiva, nuestras estructuras civilizatorias, la manera de explicarnos a nosotros mismos y racionalizar la barbarie. La teoría económica (y toda una cultura basada en por sus premisas) es el marco legitimador de una guerra declarada por los acumuladores a los desposeídos. Para las élites, el populacho es un instrumento. Y cuando no mostramos la sumisión suficiente de palabra o acto, entonces somos enemigos.

Ruggiero nos recuerda que, según Adam Smith, la economía política se dedica a aumentar la riqueza “tanto para la población como para el soberano”. Maticemos, pues, la definición: SÍ para el soberano, o lo que es lo mismo, para el gobierno (como verbo, no como lugar, pues ya hemos aclarado que el gobierno se ejerce desde el gobierno) y quienes habitan sus estructuras sociales; NO para la población, que solo ve mejorar sus condiciones de vida en momentos y lugares concretos, cuando esa mejora resulta “compatible” con el interés prioritario de acumular poder y riqueza de las élites. Después de cinco siglos, desde el primer expolio colonial hasta los saqueos del s.XXI, esa relación es absolutamente indiscutible. A la vez, en paralelo a la evolución de la “compatibilidad” entre acumulación y supervivencia, las fronteras clasistas se hacen más o menos gruesas e infranqueables. Cuanto mayor es la desprotección de una mayoría social y peores son sus expectativas de vida/muerte, más se fortifica esa red de conexiones que relaciona a los miembros del grupo social en el poder. La mayoría social se llama población y representa a una masa humana tan heterogénea como podamos imaginarnos. La red del poder se llama mercado-estado y conforma un gueto global, homogéneo, cerrado, unido por fuertes intereses de clase. La segunda mantiene su posición librando una guerra asimétrica y desigual contra la primera. Los medios de esa guerra se llaman explotación, desposesión, segregación, expulsión, sometimiento y muerte.

La historia de la teoría económica es “la historia de sus propios esfuerzos para ser aceptada en la sensibilidad general, incluida la de quienes están lejos de beneficiarse por sus aventuras” (ibíd., 1). El pensamiento económico se encarga de persuadir a las víctimas para que acepten como mejor (o única) alternativa posible esa realidad impuesta por un sistema que se alimenta de la producción sistemática de daños – la ideología economista lo llama “externalidades”. Disolviendo la condición criminal (delictiva o no) que constituye ese ciclo perverso, cada escándalo de corrupción se presenta al público como síntoma de un problema “moral” e individual, por extendida que se demuestre cada práctica y por numerosos que sean los casos mercantilizados por los medios de comunicación. La reducción de un fenómeno estructural a una mera sucesión de “problemas” particulares e independientes es condición necesaria para construir una población-audiencia pacíficamente despolitizada. Aunque hablar de “corrupción” en un régimen de acumulación criminógeno y criminal sería un pleonasmo, sigue siendo necesario denunciar una realidad casi siempre ignorada: primero, que la práctica totalidad de los casos de delincuencia estatal-corporativa que martillean nuestro día a día son protagonizados por uno o más corruptores que habitan el gobierno desde la economía; segundo, que no se trata de “un problema”, como una suerte de anomalía que corroe un cuerpo sano, sino de la forma de funcionar de toda una estructura de poder y, con ella, de una determinada forma de gobernar. El verbo gobernar se conjuga desde las estructuras del crimen corporativo (los mercados y sus élites transnacionales y/o locales) y toma tierra en esa red de chiringuitos institucionales a la que seguimos llamando “gobierno” en las esferas central, autonómica o local de la administración. Para mantener al populacho en unos niveles adecuados de anestesia social general, se predica la “responsabilidad social” y se promete “transparencia” – los dos nuevos abracadabras de la imbecilización política.

Este libro es, pues, una herramienta criminológica y un arma política. Así lo concibieron sus autores y en el mismo sentido hemos asumido la grata tarea de traducirlo desde el Sur y para el Sur. Su traducción se incluye en una línea de comunicación y trabajo entre esas criminologías del Norte y el Sur, un compromiso que busca seguir reforzándose en este libro y en proyectos futuros.[11]

Sus referencias históricas y geográficas ilustran la vida, milagros y crímenes de la corporación, ese monstruo engendrado por el capitalismo cuya biografía recorre la historia del estado moderno y los mercados globales, y sus conclusiones son inapelables. D. Graeber nos recuerda que “los estados crearon los mercados. Los mercados necesitan estados. Ninguno puede continuar sin el otro, al menos de manera parecida a como los conocemos hoy en día” (2012, 96). Tener en cuenta esa premisa es fundamental si lo que queremos es comprender, y todo enfoque comprensivo exige una perspectiva radical. No es necesario extenderse pero sí insistir, aun por enésima vez: radical porque piensa y analiza desde la raíz. Tombs y Whyte trabajan y proponen desde ahí. Su causa es la nuestra, la causa de un Sur social que vive en el Sur del Norte geográfico y actúa como Norte contra otros Sures, pero sigue superpoblado, en cualquier Norte y en cada Sur, por una mayoría absoluta de víctimas del crimen estatal-corporativo. La superación del miedo y la detención del saqueo pasan no solo por asentir con los autores sobre las razones para abolir las empresas: nuestra tarea, desde ahora, debe ser cómo vamos a hacerlo.

 

La cuestión no es (sólo) deshacerse de la personalidad jurídica o recordar que hay personas físicas detrás de ese escudo corporativo. La clave no es, pues, perseguir y juzgar a esas personas, sino darse cuenta de que las clases propietarias (la clase capitalista global) están utilizando la ley para poder explotar, ‘trasladar’ o vender los riesgos, protegerse como individuos y promover la ideología que nos hace tolerar todo eso. Aunque la norma fundacional del derecho sea la protección legal de la propiedad privada, las leyes no deben funcionar de esta manera. Nuestra resistencia debe volverse contra el concepto de propiedad privada, contra el capitalismo y contra la ley [Baars 2016, 36].

 

Una parte del trabajo está hecha. Aquí tenemos el análisis, los argumentos empíricos y teóricos, la coherente contundencia de quien quiere participar de ese trabajo colectivo que busca comprender para transformar. De ahí nuestro agradecimiento a los maestros y compañeros Steve y Dave.

 

Referencias

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[1] Vid., por todos, Morrison (2006).

[2] Algunos ejemplos en Ermann & Lundman (1978), Michalowski & Kramer (1990), Aulette & Michalowski (1993), Kauzlarich & Kramer (1993), Kramer (1992), Friedrichs (1996), Kramer et al. (2002), Michalowski & Kramer eds. (2006), Coleman, Sim, Tombs & Whyte eds. (2009), Lasslett (2010).

[3] Ver http://www.puertasgiratorias.org/. Eldiario.es: Los 17 expolíticos colocados en las eléctricas y gasistas del Ibex cobraron 3,16 millones en 2014(25.02.15). Cfr. Jiménez (2016b).

[4] Investigación sobre la estructura de la élite del poder económico en España – datos obtenidos mediante un gráfico de redes correspondiente a los consejeros de Unión Fenosa y otras empresas en las que estos ocupan cargos directivos.

[5] Ortega asciende al segundo puesto en 2015, solo detrás de Bill Gates.

[7] Europa Press: Funcas pide poner “patas arriba” el Estatuto de los Trabajadores (3.04.10).

[8] Agencia Efe: Díaz Ferrán: “Solo se puede salir de la crisis trabajando más y ganando menos” (14.10.10).

[9] El País: El Eurogrupo quiere reformas a cambio de cesiones en el déficit(28.10.2013).

[10] elEconomista.es: En 2015, los consejos de los siete grandes bancos se repartieron 72 millones en 2015, un 16,6% más (13.03.16).

[11] Vid. P. Hillyard & S. Tombs (2013), OSPDH (2013, 2014) – en esa línea se forma el grupo de trabajo Fear and Looting in the Periphery. Approaching global crime and harm in (and from) the south(s), en el marco del European Group for the Study of Deviance and Social Control [44th Annual Conference:Economic Crisis and Crime: From Global North to Global South – Universidade do Minho, Braga, 09.2016].

 

Doctor en Sociología Jurídica. Traductor al castellano, junto con Alejandro Forero Cuéllar e Ignasi Bernat Molina, de The corporate criminal. Why corporations must be abolished (S. Tombs & D. Whyte, Routledge 2015).

Fuente:

www.sinpermiso.info, 22 de mayo de 2016
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