Criminalización de protestas sociales se agrava en Ecuador

Por Cristina Fontenele

Las organizaciones de derechos humanos piden respeto a la libertad de expresión de las protestas sociales e investigaciones transparentes, para identificar a los responsables de los delitos cometidos contra los líderes sociales.

La criminalización de la protesta social ha aumentado en América Latina. En Ecuador, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) realizó una misión para observar la situación de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en el país. Conjuntamente con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la FIDH analiza casos representativos de violaciones de derechos humanos y constata la utilización del derecho penal para neutralizar a líderes sociales, que protestan contra proyectos industriales o en defensa de sus territorios. Las principales conclusiones de la misión están siendo divulgadas recientemente.

En el informe “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivistas en Ecuador”, las entidades registran un contexto de reducción de espacio para la acción de la sociedad civil. Con el ejemplo de algunos casos, como los de las comunidades de San Marcos y el pueblo Shuar, en el sur del país, e Íntag, al norte; de organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y organizaciones no gubernamentales, como Acción Ecológica y el movimiento Yasunidos; además de casos individuales, como los de Carlos Pérez, Efraín Arpi, Federico Guzmán y Manuel Molina.

La misión de la FIDH, realizada a comienzos de 2015, en Ecuador, observó una notable impunidad en relación con las agresiones practicadas contra los líderes sociales; e identificó como la ambigüedad de los tipos penales que da margen para la arbitrariedad, que procesa a líderes sociales como terroristas. La criminalización de la protesta social ha afectado particularmente a mujeres y comunidades indígenas.

De acuerdo con estadísticas de las organizaciones sociales ecuatorianas, del 13 al 27 de agosto de este año, se detuvieron a 132 personas, 104 procesadas y 61 tuvieron prisión preventiva decretada. En la mayoría de los casos, la acusación se basó en el delito de Ataque y Resistencia a la Autoridad. Para la FIDH, la criminalización ocurre cuando la justicia se convierte en un arma de represión contra los defensores del derecho a la tierra, en vez de un mecanismo de observancia de las normas de derechos humanos.


En el informe se cita el caso de Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo de Amalí, Provincia de Bolívar, donde está siendo construida la Central Hidroeléctrica San José Del Tambo por la empresa Hidrotambo. El proyecto consiguió la concesión del 90% del flujo de agua de la cuenca hidrográfica de ese río Dulcepamba y usará sus aguas para generar 7,6 megawatts. La hidroeléctrica va a afectar a 74 comunidades, entre pueblos indígenas y campesinos, ya que el agua es la principal fuente de abastecimiento para el consumo humano y agrícola de San Pablo de Amalí.

Las protestas en defensa del territorio y las diversas acciones legales conducidas por la comunidad de San Pablo de Amalí contra el proyecto generaron por lo menos 30 procesos contra Trujillo. Desde hace más de un año, el líder comunitario debe presentarse semanalmente a las autoridades, pues responde a un proceso penal por delito de “sabotaje y terrorismo”.

En el informe, las entidades recomiendan que el Estado reconozca la importancia de la libertad de expresión y la legitimidad de las acciones pacíficas de denuncia, oposición y monitoreo de los proyectos extractivistas, relacionados con la tierra o la gestión pública. Las organizaciones instan al Poder Judicial a aplicar la justicia, respetando la igualdad entre las partes, sin privilegiar los intereses de los poderes políticos y económicos. Piden también que se realicen investigaciones independientes y con transparencia, para identificar a los responsables de los delitos cometidos contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, con una reparación adecuada para sus familias.

 

Lea también: Movimientos sociales ecuatorianos: silencio, temor y coerción

 

http://www.adital.com.br/?n=cxx6

-->
COLABORA CON KAOS