(Criminalización de la supervivencia) La fiscalía pide cinco años de cárcel, 400.000 euros y la expulsión de siete manteros

Por Kaos. Estado Español

El fiscal solicita a la Audiencia de Barcelona que, en tres de los casos, le sustituya la condena por la expulsión del territorio español, con la prohibición de regresar a España durante los siete años siguientes a su salida.

Mientras las multinacionales se forran explotando en condiciones infrahumanas a trabajadores en medio mundo, vendiendo esos productos con enormes beneficios en los países occidentales y defraudando masivamente al fisco en numerosos países, los perseguidos, reprimidos y criminalizados son los manteros que intentan sobrevivir en las calles de nuestras ciudades… Así es la pseudojusticia.

 

La Fiscalía pide penas de hasta cinco años de cárcel, sustituibles por la expulsión de España, a siete manteros a los que reclama además indemnizaciones que superan los 400.000 euros por falsificar bolsos, gafas y zapatos y venderlos después en las calles de Barcelona.

La sección sexta de la Audiencia de Barcelona juzga a partir del próximo martes a los siete manteros, entre los que figura uno de los portavoces de los vendedores ambulantes en Barcelona, a quienes la Fiscalía acusa de un delito contra la propiedad intelectual.

El ministerio público pide penas de entre tres y cinco años de cárcel para los manteros y, en tres de los casos, solicita a la Audiencia que le sustituya la condena por la expulsión del territorio español, con la prohibición de regresar al Estado Español durante los siete años siguientes a su salida.

La Fiscalía solicita además que la expulsión se haga efectiva “en el plazo más breve posible, y en todo caso dentro de los treinta días siguientes” y que, mientras se tramita, los eventuales condenados sean ingresados en la cárcel.

Si eso no es posible, el ministerio público pide en su escrito de acusación que se ingrese a los condenados en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) para asegurar que sean expulsados de España.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita que los manteros paguen solidariamente a las marcas falsificadas los perjuicios económicos causados, a determinar en la fase de ejecución de la sentencia, aunque en su escrito el ministerio público ya los cifra en más de 400.000 en total.

Según mantiene el fiscal, los acusados se dedicaron en julio de 2016, de previo y común acuerdo, a “fabricar, estampar mendaces logotipos de marcas registradas y a distribuir a los vendedores ambulantes, para su posterior comercialización en la vía pública”, todo tipo de bolsos, gafas, prendas textiles y calzado.

En ocasiones, apunta el ministerio público, los acusados se encargaban de vender ellos mismos en las calles de Barcelona los productos que falsificaban, pero principalmente se dedicaban a almacenarlos, distribuirlos y venderlos a otros manteros.

 

Fuente: Agencias

 

 

 

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