Criminalizacion de la defensa de la Vida

Noticias que han llegado a nuestro conocimiento en estos últimos días dan a conocer que determinadas personas relacionadas a la defensa de los recursos naturales en el Ecuador están con órdenes de prisión en algunos casos, y con graves amenazas en otros.

No a la criminalizacion de la protesta!

De manera particular se localiza a los dirigentes populares que se han opuesto a las empresas canadienses y de otras nacionalidades que han iniciado tareas de extracción de minerales en diferentes zonas de la serranía ecuatoriana.

De la misma manera se identifica como víctimas a los dirigentes de las organizaciones sociales que luchan por la defensa de los manglares y los bosques.

Algunas organizaciones de investigaciones y de estudios de temas ambientales han sido víctimas de sabotajes.

Un informe de la Fundación INREDH, que es la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, enumera algunos casos de personas eliminadas o que han sufrido alguna forma de violación a sus derechos. Entre ellas se señala a: María Chérrez Mesías, Lina María Espinosa, John Jairo Rosero, Silvio Alvarez y Lorena Duque, Robinson Arcos, Daniel Alarcón, Andrés Arroyo, Julio García, Filman Jiménez, y entre las instituciones agredidas o amenazadas está Acción Ecológica, el Frente de Comunidades Campesinas contra la Base Naval de Jaramijó, entre otras.

Se ha constatado dice el informe que existe un alarmante número de casos que van desde amenazas, hostigamientos y persecuciones, hasta ejecuciones extrajudiciales y enjuiciamiento ilegítimos.

Al parecer se trata de una forma de política determinada y que está orientada a perseguir a los ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En todos los casos están involucrados los representantes de la fuerza pública, es decir la policía y el ejército, según señala un informe dado a conocer por esa fundación y que se ha regado a todo el mundo.

Las acciones jurídicas aplicadas en defensa de la vida y de las personas perseguidas han tenido escaso éxito dicen los personeros de esta Fundación, dado la lentitud de los trámites y la poca importancia que dan las autoridades respectivas a estos casos. Hay acuerdos tácitos entre elementos armados, fiscales, jueces, defensores de los pueblos, con quienes manejan las empresas interesadas en la explotación de los recursos naturales.

Jóvenes periodistas alternativos, que acompañaron a las comunidades que se levantaron en las provincias del Azuay y Cañar, han denunciado que es visible el acoso que sufre los dirigentes de las poblaciones de la localidad. Incluso se los acusa penalmente, queriendo de esta manera darle un sesgo delincuencial a las acciones en defensa de la naturaleza.

De otro lado se siente el silencio de los medios de comunicación, que como se sabe privilegian los acontecimientos baladíes y ocultan los que tienen que ver realmente con las necesidades de los pueblos.

Igualmente hacen notar la ironía que prevalece pues mientras muchos de los grandes delincuentes se pasean por las ciudades y campos, en el país y en el exterior, en cambio los dirigentes de las organizaciones populares se juegan todos los días la vida ante las asechanzas de los capitalistas que en contubernio muchas veces de las mal llamadas fuerzas del orden, en conjunto, como se ha denunciado con jueces, abogados, fiscales.

Lo que ocurre es que frente a la mayor demanda de materias primas para sostener el consumismo capitalista, los empresarios no se paran en consideraciones humanas o soberanas de un país. Tal ha sido la historia a lo largo de seis siglos ya de vida del sistema mercantil.

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