Criminalización mediática de organizaciones juveniles

“Policía, rectores y profesores advierten de la radicalización de jóvenes vinculados a la izquierda abertzale”. Este titular del suplemento Campus del diario El Mundo del 27 de febrero bien puede resumir lo que numerosas voces califican como nueva caza de brujas. Caza de brujas en la que el señalamiento de ciertos medios de comunicación ha sido fundamental.

Tras la gran repercusión del boicot a algunos actos electorales en diferentes universidades, las peticiones de represión han desbordado el ámbito universitario para alcanzar a partidos y organizaciones sociales. El 12 de febrero, una trifulca tras una pequeña protesta estudiantil en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) contra la celebración de un mitin de la portavoz del PP en el País Vasco desata los llamamientos a la mano dura. Según fuentes estudiantiles, la secuencia de lo sucedido no coincide con lo difundido por los medios: María San Gil llega protegida por policías. Escoltados por tres furgonetas de antidisturbios, entran en la facultad y cuando un alumno se acerca a recriminarle su presencia, es agredido. Cuando los demás participantes en la protesta se acercan a ayudarlo y levantarlo del suelo, se produce una trifulca. Días más tarde, María Teresa Cancelo, decana de la facultad de Económicas de la USC, donde se celebró el acto electoral, reconocía que la candidata del PP “no fue agredida”. Tras los incidentes, comienza una caza de brujas, con unos medios de comunicación que convierten en cabeza de turco a la organización estudiantil independentista AGIR, constituida en 2002 y ligada al frente independentista Nós-UP, al que recientemente sindicatos de la Guardia Civil han señalado como ‘satélite’ de la izquierda abertzale en Galiza.

La prensa se permite publicar afirmaciones como “AGIR, organización estudiantil de ideología neonazi” (El Mundo) y señalar como culpable a un estudiante. Este militante de la organización independentista sería detenido tres días después de la protesta. Más tarde habría más detenciones –hasta cuatro, basadas en acusaciones de injurias, amenazas, desordenes públicos y atentado–. Pero quizás el dato más relevante es el relato de los hechos que contenía el atestado policial entregado a los detenidos. En él se acusaba, entre otras personas, a dos estudiantes que no estuvieron presentes en el acto. Una de ellas es una joven cuya relación con el boicot era haberse presentado, sin ser militante de AGIR, en sus listas en las elecciones universitarias de diciembre. Los pronunciamientos –como por ejemplo el de la Asamblea General de Estudiantes de la USC– y las protestas contra “la criminalización del estudiantado” han pasado sin titulares. Poco reflejo tuvo la manifestación del 15 de febrero en Compostela, durante la que fue muy coreado el lema “Eu nom sou Gil” (“yo no soy Gil”). Los boicots, en días posteriores, de otros actos electorales en otras universidades alimentaron nuevos titulares.

17 siglas en un artículo

La revista Interviú publicó el 18 de febrero un artículo (Los apoyos de Batasuna en España) que, con la excusa del incidente en la USC, “último borbotón del magma que forman las organizaciones que apoyan a la ilegalizada Batasuna”, repasa numerosas y muy diferentes organizaciones de Galicia, Cataluña, Castilla o Madrid. Hasta 17 siglas son mencionadas y criminalizadas por su supuesta relación con la izquierda abertzale. Así, por ejemplo, la Coordinadora Antifascista de Madrid aparece como convocante de una de las concentraciones del pasado noviembre tras el asesinato de Carlos Palomino por un militar neonazi, en la que “la policía aprehendió un arsenal de navajas, cuchillos y bates…” para acto seguido afirmar que “los jóvenes de Jarrai son conocidos y admirados en las ‘movidas’ de la Coordinadora”.

El 20 de febrero la organización ultraderechista Manos Limpias anunciaba la presentación ante la Audiencia Nacional, en base al artículo publicado en Interviú, de una petición de ilegalización de la organización Izquierda Castellana (IzCa) por el “carácter radical y las conexiones con el grupo político vasco Batasuna”. En un comunicado, la propia IzCa señalaba que a esta campaña de criminalización en su contra se habían sumado diversos medios locales, como El Norte de Castilla o Telemadrid. En días posteriores El País dedicaba dos páginas a “los pequeños grupos de radicales y violentos” que “se han propuesto amedrentar a los políticos… son minoría pero suman lo que algunos llaman un nuevo ‘fascismo rojo”. Una semana más tarde, el suplemento universitario de El Mundo se despachaba con tres páginas en la que tras su particular radiografía del “activismo estudiantil”, mezclaba grupos fascistas con organizaciones de izquierda. Ambos artículos reclamaban mano dura y “sanciones”. Como afirma un estudiante de la USC: “Lo realmente relevante de esta historia no son los hechos en sí, sino las consecuencias mediáticas. Nadie se explicaba cómo por una protesta así se podía montar un circo de tal tamaño… ¿o sí?”.

http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article5577

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