Crece la presión social: El Pacto de Toledo se replanteará la revalorización de las pensiones según el IPC

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La movilización de los pensionistas, impulsada por la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de pensiones (con CCOO y UGT intentanto ahora ponerse al frente de la lucha), ha puesto en jaque al gobierno y su reforma de las pensiones. Las movilizaciones masivas del pasado 22 de febrero contra la subida del 0’25% y por pensiones dignas apuntan a la línea de flotación de las dos últimas reformas de las pensiones, las de Zapatero y Rajoy. 

La bronca en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo refleja que esa presión social se está trasladando a la arena parlamentaria, con el trasfondo de un sector del electorado, los pensionistas, compuesto por más de 9 millones de personas. En este nuevo contexto es donde cabe explicarse la nueva posición, más beligerante, del PSOE.   

Mientras tanto, la Coordinadora ha vuelto a convocar una nueva jornada estatal de lucha, que se espera masiva, para el próximo 17 de marzo.

 

 

Bronca en el Pacto de Toledo: volverá a debatir que las pensiones suban el IPC

Los gritos de los jubilados a las puertas del Congreso se oían a las puertas del Pacto de Toledo, donde ha tenido lugar una acalorada discusión

Las puertas de la comisión del Pacto de Toledo se oían esta mañana gritos procedentes de los aledaños del Congreso de los Diputados, donde cientos de jubilados se han vuelto a manifestar para pedir que sus pensiones suban con el IPC, y la acalorada discusión que estaba teniendo lugar a puerta cerrada entre los diputados que conforman este foro, hasta ahora adalid del consenso. La situación da la idea de hasta qué punto ha llegado la crispación social y política en torno al debate de las pensiones.

La cuestión de fondo sigue siendo cuánto pueden subir las pensiones. Dos opiniones contrapuestas mantienen bloqueado el Pacto de Toledo. La que sostienen especialmente PSOE y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que priorizan la suficiencia de las prestaciones que cobran los jubilados, y la que sostiene el PP y tímidamente Ciudadanos, en la que lo más importante es mantener el equilibrio financiero del sistema.

En las últimas fechas, PSOE y Podemos han hecho fuerza, aunque sin avanzar en un solo bloque, para que las pensiones se revaloricen con el IPC en lugar de aplicar el índice de revalorización de las pensiones introducido en la última reforma de 2013. A golpe de proposición de Ley y aupados por las manifestaciones convocadas por la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (22 de febrero) y los sindicatos CCOO y UGT (este 1 de marzo), las formaciones políticas han logrado encender más que nunca este debate.

 

 

Se revisará la subida de las pensiones

El PSOE ha secundado esta revisión del punto 2, que había quedado aparcado hace muchos meses ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, para dar paso a cuestiones de mayor consenso y poder sacar adelante aunque fuera un documento de mínimos que tampoco acaba de llegar.

A las puertas de la comisión del Pacto de Toledo se oían las voces que se han propinado su presidenta, Celia Villalobos, contraria a dar marcha atrás, y la portavoz socialista, Mercé Perea. El intercambio de ‘golpes’ ha coincidido con el momento en que cientos de jubilados han llegado de nuevo hasta el Congreso de los Diputados, pese a la lluvia que caía en el exterior de la cámara baja. De este modo, discusión y consignas como “ladrones” o “sí se puede” se han mezclado por un momento.

Finalmente, puesto que solo PP y Ciudadanos se han opuesto a revisar la recomendación número 2 y apostaban por seguir adelante con el orden del día, los grupos han acordado volver a discutir la posible revalorización de las pensiones con el IPC el próximo miércoles 7 de marzo.

En este punto, el portavoz de PDeCAT, Carles Campuzano, ha sugerido la posibilidad de posponer la reunión a después del Pleno monográfico en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto comparecer en unos diez o doce días. Sin embargo, argumentando que la situación en la calle no permite dilaciones, Podemos y PSOE han forzado que el debate en el Pacto de Toledo se reanude el 7 de marzo.

 

Villalobos carga contra PSOE y Podemos

Una vez finalizada la reunión, Villalobos se ha mostrado “decepcionada y triste”. Ha acusado a Podemos de movililzar a los jubilados en la calle y de llevar dicha movilización al Pacto de Toledo, en lugar de trabajar al margen de toda cuestión política. Además, ha cargado contra el PSOE por seguirle “de forma salvaje”. En esta situación, ha admitido que el Pacto de Toledo “así no marcha”.

El factor de sostenibilidad, en el punto de mira

Además, Unidos Podemos quiere que se hable de la eventual derogación del factor de sostenibilidad. Se ve con cierto respaldo, puesto que el PSOE también está en contra y PDeCAT ha presentado un proposición no de Ley para revisarlo en el Pacto de Toledo.

Según la portavoz de la formación morada en dicha comisión, Ciudadanos estaría dispuesto también a entrar en el debate. Pero sobre todo, ha dicho que “el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”.

 

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El Pacto de Toledo da por hecho que Rajoy frenará la reforma de las pensiones en 2019

Por David García-Maroto

a subida de las pensiones del 0,25% para 2018 ha suscitado una revuelta masiva y sin precedentes entre los jubilados en toda España, que la consideran mísera. También en el Congreso de los Diputados, donde PSOE, Podemos o PDeCat han presentado sendas proposiciones de Ley para revalorizar las pensiones públicas otra vez con arreglo al IPC para evitar el empobrecimiento de los mayores.

Sin embargo, todo eso no es más que la punta del icerberg. En enero de 2019 está prevista la entrada en vigor el factor de sostenibilidad, una nueva vuelta de tuerca de la reforma de las pensiones, que rebajará de entrada las nuevas prestaciones que se incorporen al sistema.

Se trata de una segunda fase de la reforma de 2013. La primera introdujo el índice de revalorización de las pensiones, que establece un incremento mínimo y máximo anual –de entre el 0,25% y el IPC más el 0,5 puntos porcentuales–, en función de la situación económica. Este índice es el que viene aplicando una subida de las prestaciones del 0,25% desde hace cinco años y el que los jubilados quieren revertir para volver a referenciar sus pensiones al IPC para no perder poder adquisitivo.

Sin embargo, la reforma reservaba la entrada en vigor de un segundo factor de sostebilidad para el 1 de enero de 2019. Este mecanismo ajusta las pensiones iniciales a la esperanza de vida en ese momento, según estimaciones que se realizarán cada cinco años. Esto quiere decir que, si la esperanza de vida aumenta, las pensiones disminuirán para poder pagarlas durante más tiempo sin romper las costuras de la Seguridad Social.

Expertos estiman que el efecto de este factor de sostebilidad, sumado al índice de revalorización, puede llevar a los pensionistas a perder unos 350 euros mensuales respecto a un escenario sin reforma. Cálculos del BBVA hablan también de una rebaja de la pensión inicial del 0,47% de media ya el primer año. Los sindicatos incluso amplían esta pérdida al 0,7%. Ya no se trata, por tanto, de ganar solo un 0,25% más, sino de perder el doble de ese porcentaje.

Ante la posibilidad de que las protestas crezcan con este nuevo golpe a las pensiones, tanto en el seno del Pacto de Toledo como entre los sindicatos existe el convencimiento de que el Gobierno no se atreverá a dar ese paso. Menos aún con los Presupuestos Generales del Estado en el aire y las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina en las que alrededor nueve millones de pensionistas tienen mucha voz y mucho voto.

El paso clave del PDeCAT

Detrás de las proposiciones de Ley para revalorizar las pensiones con el IPC, también se ha invitado al Gobierno a frenar la segunda fase de la reforma de las pensiones en 2019. El diputado de PDeCAT y portavoz del grupo en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, uno de los expertos en pensiones con más prestigio en el Parlamento registró el pasado 16 de febrero una proposición no de Ley en la que instaba a suspender la entrada en vigor del factor de sostenibilidad por considerarlo “injusto” en sus actuales términos. Un paso que en el ámbito parlamentario algunos diputados ven clave.

Campuzano argumentaba que el factor de sostenibilidad no tiene en cuenta la realidad de los trabajadores con trayectorias laborales que disminuyen su esperanza de vida respecto al conjunto de personas de su cohorte generacional. En román paladino, no se puede aplicar por igual el factor a un minero que a un trabajador del sector servicios o a un empleado de banca porque su esperanza de vida es distinta.

Además, Campuzano  recuerda que este extremo de la reforma no cuenta con el acuerdo de los sindicatos y, más aún, “no goza en el Congreso de los Diputados de una mayoría que sostenga presupuestos que la amparen”. Por todo ello, la proposición no de Ley de PDeCAT insta a alcanzar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo para determinar “un nuevo factor de sostenibilidad”.

Más allá de la proposición, el propio Campuzano es de los que piensa que no habrá factor de sostenibilidad en 2019 porque el Gobierno no se lo puede permitir. “En las actuales circunstancias, no lo va a hacer con el Congreso en contra”, reflexiona.

Fuentes de Ciudadanos afirman que estarían abiertos a revisar el factor y, aunque defienden que en la actual coyuntura de déficit de la Seguridad Social es necesario para frenar el gasto en pensiones, también recalcan que “el Gobierno tiene que hacer algo” y se muestran convencidas de que “el PP moverá ficha en el Pacto de Toledo”. Sin poner el dardo en el factor de sostenibilidad, desde la formación naranja coinciden en que no es sostenible políticamente en estos momentos adentrarse aún más en una reforma que podría suponer a la larga pérdidas de poder adquisitivo superiores al 30%.

Más aún, en el PSOE también se da completamente por hecho que el factor de sostenibilidad no entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Los socialistas y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han presentado sendas proposiciones de Ley exigiendo la revalorización de las pensiones con el IPC y la introducción de garantías de suficiencia de las pensiones en coyunturas de déficit.

Además, la formación morada introdujo en su texto la supresión del factor de sostenibilidad, al considerar que es necesario un rechazo explícito de la cámara baja. Sin embargo, el hecho de que el PSOE no lo hiciera responde, no a que no esté de acuerdo, sino, en parte, una cuestión más práctica, la creencia de que caerá por su propio peso. “El Gobierno no se va a atrever”, aseguran desde la bancada socialista.

¿Moverá ficha el Gobierno?

La situación en la que se encuentra el Gobierno es, cuanto menos delicada. Tiene que sacar adelante los Presupuestos de 2018 y para ello no está dudando en rascarse los bolsillos con promesas de equiparación salarial entre Guardia Civil y Policía Nacional y mejoras de las condiciones laborales de los funcionarios.

La última dádiva ha sido la promesa de una deducción en el IRPF para los jubilados. Sin embargo, las fuentes de la oposición consideran que se trata de una “ocurrencia” que no servirá para calmar las aguas y esperan nuevos anuncios en próximas fechas. El Pacto de Toledo se reúne esta semana y podría ser un buen momento.

Además, un gesto en este sentido podría servir para revitalizar el Pacto, al que se le acusa de inmovilismo. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que convocó las manifestaciones de jubilados del pasado 22 de febrero, asegura que ya no cree en la comisión parlamentaria.

Mientras tanto, en este histórico foro de consenso reina el cruce de acusaciones. Ciudadanos acusa a PP y PSOE de estar polarizados y los socialistas aseguran que no aprobarán ningún acuerdo de mínimos, sino que todo pasa por recuperar la revalorización de las pensiones con el IPC. Entre los puntos de consenso cabría incluir en unas hipotéticas recomendaciones el trasvase del gasto de las pensiones de viudedad y orfandad de la caja de la Seguridad Social a los Presupuestos, manteniendo su naturaleza jurídica, o cuestiones relacionadas con la transparencia o la lucha contra el fraude.

¿Cuándo entrará en vigor? La reforma de las pensiones de 2013 prevé que el factor de sostenibilidad se aplique desde el 1 de enero de 2019.

¿En qué consiste? Este mecanismo vinculará automáticamente las pensiones iniciales al incremento de la esperanza de vida, para que ante la previsión de que los jubilados pasen cada más años cobrando su prestación, esta sea menos generosa y se evite vaciar el sistema.

¿En qué se diferencia del índice de revalorización? El índice determina el crecimiento anual de las pensiones a través de una fórmula que tiene en cuenta la situación financiera de la Seguridad Social dentro de una horquilla de entre el 0,25% y el IPC más un 0,5%. Sobre esos límites, el Gobierno podrá aplicar los incrementos que considere oportunos. El factor de sostenibilidad condiciona, en cambio, las pensiones iniciales, a las que año a año se aplicará después el índice de revalorización.

¿Qué efectos tendrá el factor? Dado que la esperanza de vida tenderá a aumentar, el factor hará que la pensión de jubilación inicial de las próximas generaciones vaya reduciéndose en relación a las generaciones actuales y para una misma carrera laboral.

¿Cuánto perderán los pensionistas? Tomando como base la memoria de impacto normativo del anteproyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad, su aplicación implicaría que una persona que haya generado los mismos derechos de pensión en el año 2025 que una persona que los haya generado en la actualidad tendría una disminución de la pensión inicial de aproximadamente un 3%, tendencia que se proyectaría hacia los años posteriores, de acuerdo con las tablas de mortalidad.

¿Qué beneficios reportará al sistema? La fórmula que está detrás del factor de sostenibilidad está diseñada para que con su aplicación el sistema nunca deje de ser solvente.

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