COVID-19. CGT exige que la administración haga su trabajo

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CGT indica que es consciente de la complejidad política que implica este estado de excepción, sin embargo, siguen viendo, a pesar de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, la necesidad de poner el foco en aquellas personas más afectadas por la falta de ingresos. Colectivos que ya han cargado con el coste de la crisis más de una década, según la organización anarcosindicalista, y que ahora no pueden permitir que sean quienes vuelvan a asumir el coste de esta nueva crisis. Por ello, CGT defiende que estas medidas no son más que parches que tapan de forma parcial y provisional, en el mejor de los casos, una problemática social de una dimensión enorme y sin precedentes.

Además CGT afirma que están recibiendo denuncias por parte de trabajadores y trabajadoras de empresas que realizan trabajos no esenciales y que a día de hoy siguen con la actividad habitual, a pesar de las medidas aprobadas en el Real Decreto Ley de 10/2020, de 29 de Marzo. El sindicato anarcosindicalista denuncia a empresas como SP-Berner, que se dedica a la fabricación de vasos y platos de un solo uso, artículos de jardinería o sillas de playa y demás utensilios de plástico para el verano poniendo en peligro a su plantilla haciendo caso omiso del Real Decreto 10/2020 o compañías de Telemarketing como Atento pasando por esenciales campañas como el servicio de contratación del canal Disney TV y otras del mismo sector que ni cumplen las normas básicas de higiene y seguridad en esta crisis de sanitaria. También denuncian a empresarios calificados como modélicos por los medios de comunicación, como Amancio Ortega, quienes ponen en juego la vida de numerosas personas manteniendo la actividad en algunos centros de trabajo para la distribución de la ropa “Fast Fashion” de Inditex, colaborando de manera cómplice –afirma CGT– a facilitar el colapso que se vive estos días en la sanidad pública, donde el personal sanitario trabaja a destajo, sin medios y sin reemplazo, contra una enfermedad que ya ha producido más de 10.000 muertes en nuestro país.

La Confederación General del Trabajo denuncia que esta situación también se da en empresas públicas, como puede ser el caso de Correos, en la que ya ha fallecido una trabajadora y hay más de 635 casos positivos en COVID-19, donde afirman que no puede admitirse, en ningún caso, como esencial el reparto de paquetería derivada del comercio online.

CGT ante esta situación vuelve a reclamar responsabilidad a los empresarios y contundencia a la administración para poner fin a estas situaciones que ponen en riesgo la salud y la vida de las trabajadoras y quienes les rodean.

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