Costumbres Argentinas. Sobre la intervención en Vicentín y la economía vernácula

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El anuncio de la expropiación de Vicentín generó la emoción del nacionalismo, incluso de ciertas voces de izquierda. Secundaron los argumentos del gobierno, que señaló que la intervención tendría el objetivo general de alcanzar la “soberanía alimentaria”, evitar la concentración del sector y el supuesto control de precios por las grandes firmas exportadoras e intervenir en el ingreso de divisas procedentes de la agroexportación, como las más relevantes. Veamos las implicancias del asunto.

El lunes 8 de junio, Alberto Fernández anunció que el gobierno intervendrá por sesenta días el grupo agroindustrial VicentínS.A.I.C. de Avellaneda (Santa Fe), uno de los principales operadores del mercado de granos y derivados del país (aceites, harinas, biodiesel), para luego proponer un proyecto de expropiación al Congreso.[i] En el pliego del decreto que circuló por diversos medios, se señalaba que la firma, que desde diciembre último está en cesación de pagos, contaba a la fecha con una deuda de casi 100 mil millones de pesos, distribuida entre 2.000 acreedores. En febrero de 2020 se había declarado en convocatoria de acreedores. Por su situación había vendido a su socio, la multinacional Glencore, su participación en la firma Renova S.A., empresa de biodiesel con plantas en San Lorenzo y Timbúes. En el mismo documento, se destaca además el efecto de la pandemia, que habría cortado el suministro de materia prima que le brindaban los empresarios rurales, afectando su operación. Conforme surge del expediente del concurso, Vicentín tiene una deuda de casi 64 mil millones de pesos con entidades financieras locales y extranjeras. Sus principales acreedores en el ámbito local son el Banco Nación, el Provincia, el de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad, Hipotecario, Macro, de Entre Ríos, Itaú, y el Nuevo Banco de Santa Fe. Además, acumulaba un pasivo en moneda extranjera equivalente a 30.153 millones de pesos con entidades financieras internacionales como International Finance Corp., Netherlandese Financerings y el ING – Tokyo Branch. Particularmente sensible es su deuda con el Nación, por 18 mil millones de pesos, adquirida bajo el gobierno de Macri, gestión que los dueños de Vicentín apoyaron.[ii] El proyecto también señala la delicada situación de los trabajadores de la empresa, unos 5.628, no solo en el sector aceitero, sino también en otras secciones del grupo (en las ramas algodonera, vitivinícola y frigorífica). La solución propuesta, entonces, sería la creación de un fideicomiso, cuyo fiduciante sería YPF Agro S.A.

El anuncio generó la emoción del nacionalismo, incluso de ciertas voces de izquierda. Secundaron los argumentos del gobierno, que señaló que la intervención tendría el objetivo general de alcanzar la “soberanía alimentaria”, evitar la concentración del sector y el supuesto control de precios por las grandes firmas exportadoras e intervenir en el ingreso de divisas procedentes de la agroexportación, como las más relevantes.

La oposición criticó el proyecto señalando que la empresa, si bien con problemas financieros, no está en una situación insalvable. Asimismo, se señaló un problema de procedimiento, puesto que al estar en convocatoria de acreedores, correspondería que en caso de intervención sea dictaminada por el Poder Judicial y no por el Ejecutivo. En ese caso, los accionistas podrían responder con acciones legales incluso en tribunales internacionales, como hicieron los Eskenazi en el caso de YPF. Pero vayamos más allá de estas cuestiones superficiales y analicemos el meollo del asunto.

El ascenso de un grupo económico

Vicentín inicia su historia como empresa familiar de ramos generales en Avellaneda, Santa Fe, en 1929. A comienzos de 1958 erigen una planta desmotadora de algodón y una procesadora de aceite, y se constituyen en S.A. En 1966 adquiere carácter industrial al incorporar el proceso de extracción por solventes en la molienda, que eleva la productividad y permite la inserción en la rama. En 1979, montan su segunda planta de molienda (soja y girasol) en Ricardone y nuevas unidades de desmote de algodón. En 1987 inició operación en su terminal de embarque propia, en San Lorenzo, donde en 1997 levantaron otra planta de molienda de soja. En 2005 se crea Vicentín de Paraguay y se abre en San Lorenzo la cuarta planta. Para ese entonces, la capacidad de molienda oleaginosa se ubicaba en las 20.500 toneladas diarias, en cuarto lugar luego de Cargill, AGD y Molinos. Para 2017, trepó al segundo lugar con 29.500tn/día, 1.500 menos que AGD.[iii] Asimismo, a comienzos de este siglo XXI diversificaron su actividad con la incursión en el negocio textil, vitivinícola, la compra de los frigoríficos Friar, la constitución de una cabaña de engorde y en 2016 la compra de parte del negocio de frescos de Sancor. En 2007, empezaron con la producción de biodiesel: junto a Oleaginosa Moreno y Molinos conforman Renova, una joint venture que será propietaria de la planta más grande de Sudamérica en esta producción.[iv]

En la actualidad, el aforo de almacenaje supera los 1,3 millones de toneladas. La capacidad para producción de biodiesel alcanza en sus dos plantas las 1.900 toneladas diarias (684.000 al año). A su vez, la terminal de embarque en San Lorenzo tiene una capacidad de carga de 2.400 toneladas por hora en sólidos y de 1.500 en aceites. El grupo llegó a facturar 3.000 millones de dólares al año, incluyendo 104 millones en 2018 por exportación de cereales sin procesar.

La caída

Para expandir su operación, años atrás la empresa empezó a echar mano de ciertos mecanismos comunes, como el endeudamiento por crédito, en gran parte para prefinanciación de exportaciones. A su vez, la empresa acumuló deudas fiscales. La Aduana de San Lorenzo le reclama, por derechos de exportaciones que no habrían sido abonados en 2012-2013, una cifra cercana a los 38 millones de dólares. El fisco también le impuso una multa de 426 millones de pesos por falta de liquidación de divisas. Vicentín decidió rechazar en la justicia estas demandas, que se encuentran aún en proceso.

Pero ello no fue todo. En los últimos años, Vicentín comenzó a endeudarse con proveedores (de materia prima, que suman casi 2.000), prestadores de servicios, y sobre todo con “generosas” entidades financieras, como el Banco Nación. En efecto, la banca pública es el mayor acreedor de la empresa, por valor de 18.182 millones de pesos. Le siguen en monto la International Finance Corp. con 16.505 millones, el Netherlandse Financierings con 9.228 millones, la Asociación de Cooperativas Argentinas con casi 5.000 millones, el ING Bank Tokyo Branch con 4.420 millones, Vicentín de Paraguay por 4.080 millones, el último Fideicomiso de Financiación de Exportación (Vicentín Exportaciones VIII) con 3.140 millones, Commodities S.A. con 2.780 millones, como los principales.[v] Todas estas deudas juntas hacen un monto de casi 100 mil millones de pesos.

Del análisis del último balance público disponible (cerrado en octubre de 2018), se percibe que la empresa tiene un alto endeudamiento en dólares. Su pasivo, en ese entonces, era muy superior a su activo en esa moneda: 1.109,2 millones contra 433,5 millones. O sea, un saldo negativo de 675,7 millones de dólares. Incluso en el activo, más de la mitad son deudores por cobrar. Aclaremos que esa situación en la actualidad es más acuciante, puesto que el endeudamiento en dólares se incrementó en el período y por la violenta devaluación del último año y medio. Es decir, una hipotética nacionalización se encontraría con un “muerto” a levantar de varios cientos de millones de dólares. Otra vez, se nacionaliza para sanear una deuda.

En el pasivo en dólares de 2018 se incluyen 751 millones por prefinanciación de exportaciones, 217 millones de préstamos bancarios y 50 millones de fideicomisos financieros. Observamos que lo más grueso está vinculado a la exportación de productos. La prefinanciación, préstamo otorgado “para financiar el proceso productivo y acondicionar las mercancías”, permite a una compañía hacerse de efectivo rápido pasando a un fideicomiso los derechos de cobro por envíos al extranjero. Ello tiene como ventaja la posibilidad de acelerar el flujo de caja en un período relativamente corto de tiempo; pero como contrapartida genera un pasivo en dólares creciente. En cuanto al mecanismo, el tomador del crédito debe aplicar el cobro de divisas por la exportación a cancelar el préstamo con sus intereses.También puede instrumentarse por cesión de derechos de exportación: el banco adelanta los dólares al exportador, por el valor del bien a exportar descontados los intereses de la operación. Recibido el envío por el importador, este paga directo a la entidad financiera. Si gira un importe mayor, la entidad paga el excedente al exportador. Pero si desde el destino comprador no pagan o abonan un importe menor, el exportador como deudor debe hacerse cargo de saldar el déficit con el banco. Debe tomarse en cuenta que las exportaciones pueden estar sujetas a modificaciones, como una venta menor a la pactada por fallas en el producto o cambios en las condiciones, o puede ocurrir que el embarque nunca se realice. A su vez, este y otros mecanismos permiten a una sociedad por medio de maniobras administrativas, efectuar cobros de exportaciones en filiales en el exterior. Esta es una de las tantas vías que utilizan los capitalistas para eludir las restricciones del mercado de divisas local, permitiéndoles recibir divisas rápidamente para importar, cobrar o liquidar los dólares en subsidiarias ubicadas en países donde el tipo de cambio les es más favorable, etc.[vi] Esto no coincide con la visión de “vaciamiento” esgrimida por algunos sectores de izquierda,[vii] que atribuyen estas situaciones a comportamientos pérfidos de burgueses locales (por lo general de gran tamaño) que buscan desguazar firmas con la connivencia del Estado. En realidad, lo que hizo Vicentín es lo que hace cualquier burgués, más aún en la Argentina. Cobra afuera como manera de proteger su activo ante las restricciones e impuestos del mercado cambiario, como también realiza maniobras para escapar a la recaudación del fisco, etc., etc. Pero esa es la forma en que se comporta toda la burguesía (nacional y extranjera) que opera en el país y no equivale a “vaciamiento”.

Vicentín echó mano de este mecanismo en el mercado de capitales y en la banca nacional y extranjera. Le funcionó durante cierta cantidad de años para tener un flujo de divisas y expandir el negocio, aunque tensando la cuerda, en una coyuntura política favorable a la empresa. Hasta que no pudo hacer frente a las obligaciones. En el caso del último fideicomiso, Vicentín Exportaciones VIII, ocurrió que no se produjo el embarque financiado, por lo cual no se ejecutó el cobro y el monto acordado, de casi 52 millones, pasó a engrosar el pasivo.Eso precipitó la cesación de pagos y el llamado a convocatoria. Ejemplo de esta situación de ahogo patrimonial es la relación con el mayor acreedor, el Banco Nación (BN). Se menciona desde el año pasado los crecientes montos que la entidad prestó a la empresa, sobre todo el desembolso de 28 préstamos en noviembre de 2019 por 108,1 millones de dólares, poco antes de que el grupo se declarara en cesación de pagos.[viii] No obstante, la cifra que el BN informa sobre el deudor en el Banco Central no registra cambios significativos si se expresa en dólares, tomando el valor del dólar mayorista del BCRA promedio mensual. Esto significa muy probablemente que los préstamos se otorgaron como refinanciación de deuda anterior. En esa dirección, en diciembre de 2019 el BCRA cambió la calificación de Vicentín en la Central de Deudores que utiliza el sistema financiero, de Rango 1 (“Normal. Atraso en el pago que no supere los 31 días”) a Rango 4 (“Riesgo alto. Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año”), lo que es temporalmente imposible puesto que entre ambas calificaciones solo transcurrieron 30 días. Ello indicaría que la situación de la compañía no era tan confiable previamente y se le mantuvo el Rango 1 a sabiendas de que ya no le correspondía, o bien, que se realizó algún tipo de maniobra por la cual se empeoró arbitrariamente su situación a posteriori.

Falsas ilusiones

Para desbrozar los argumentos que se están esgrimiendo, es necesario entender el peso de Vicentín en el conjunto de la actividad y el volumen del negocio general. En primer lugar, una cuestión acerca de la mentada “soberanía alimentaria”, uno de los principales argumentos de los defensores de la medida. En este punto, algo de lo poco que destaca al capitalismo argentino es la capacidad de producir alimentos en forma competitiva. Según la UBA y la Federación de Graduados en Nutrición, restando lo que se exporta, lo que se destina a consumo animal u otros usos y los residuos, hay suficiente alimento para cubrir la necesidad calórica de 60 millones de personas. Y esto, reiteramos, restando los alimentos exportados.[ix] En datos de INDEC (Estadística de Productos Industriales), en la Argentina se produjeron solo en un año recesivo como 2019 más de 1.000 millones de litros de leche, más de 4,4 millones de toneladas de harina de trigo, más de 9 millones de toneladas de aceites comestibles, 430 mil toneladas de queso, 277 mil toneladas de yerba, y se faenaron 14 millones de bovinos y casi 7 millones de porcinos. A su vez, los complejos oleaginosos y cerealeros y la industria de alimentos y bebidas explicaron el 62% del valor de todas las exportaciones del país. Bajo el gobierno de Macri, la exportación oleaginosa promedió casi 19.000 millones de dólares por año, mientras el cerealero aportó 8.300 millones. Desagregando estos datos, se exportaron cereales por 9.420 millones, frutos oleaginosos por 4.097 millones, grasas y aceites por 4.703 millones y desperdicios y residuos de la industria alimenticia por 9.525 millones. Por contrapartida, las importaciones de productos del reino vegetal sumaron en millones de dólares apenas 356, las de productos alimenticios 800, cereales 29, y grasas y aceites solo 73. En el top 10 de los productos individuales más exportados, destacan las partidas de este origen: harinas y pellets de la extracción del aceite de soja (1° con 8.809 millones), maíz en grano (2°, 5.930 millones), poroto de soja (4°, 4.008 millones), aceite de soja (5°, 3.451 millones), trigo (6°, 2.456 millones), carne bovina (7°, 2.249 millones).En términos de saldo de divisas, los sectores oleaginoso-cerealero junto al resto de la actividad agropecuaria y a la industria de alimentos son de las pocas actividades que generan un superávit, con poco más de 30.000 millones de dólares de saldo positivo durante el último año (frente al rojo de 10.000 millones de la industria manufacturera o los casi 4.000 millones de déficit del sector servicios).[x] Hay que destacar que buena parte de los agentes del negocio agropecuario y alimentario son empresas nacionales. En la Argentina sobran alimentos, incluso “sobran” los que se quedan dentro en el país. Los niños no se mueren de desnutrición por falta de soberanía, sino por capitalismo. No porque falten alimentos, sino porque la organización privada de la producción les impide acceder a ellos.

En cuanto a la amenaza de la concentración y una supuesta distorsión de los precios a futuro, hay que destacar que existen por lo menos quince firmas que operan con cierto peso en la actividad, y una miríada de otras más pequeñas. Si bien hay grandes jugadores, no hay un líder que destaque sobre otro. En 2018, ocho firmas tenían individualmente entre el 7% y el 14% de la producción; y en la campaña 2018/19 por lo menos diez compañías registraban cada una entre el 5% y el 14% del total. No es un mercado de alta concentración, como ocurre por ejemplo en sectores con pocos agentes como el siderúrgico, o en la producción de aluminio; antes bien se asemeja al mercado automotriz. Aun desde el marco liberal de la “competencia perfecta”, ni siquiera es un sector candidato a oligopolio. Por añadidura Vicentín, si bien con una posición relevante, no es líder de la actividad: en 2018/19, ocupó el 6° lugar en volumen físico de exportación con el 8,6% de los envíos totales, aunque liderando el subrubro de aceites y derivados en las dos últimas campañas (sobre AGD y Oleaginosa Moreno). Por otro lado, hay dos elementos que afectan los precios de producción y de mercado que escapan a la capacidad de cada firma particular: por un lado la capacidad ociosa del sector, que se ubica en torno al 40-45% desde hace varios años. A su vez, existe una realidad a nivel internacional que tiende a deprimir los precios que perciben las empresas, vinculada al ciclo descendente de los precios de los commodities: la harina de soja, de la cual Argentina es el principal exportador mundial, luego de alcanzar un máximo de 646 dólares por tonelada en septiembre de 2012, cotizó en abril a 363,8, un 44% menos; el aceite de soja, que luego del pico de 2008 volvió a valores similares en 2011 (1.374 dólares la tonelada en enero de ese año), en abril último se pagaba 680 dólares, la mitad. El de girasol, de los 2.045 dólares por tonelada de junio de 2008 pasó a las 732 de abril de este año. El trigo a granel, de 360,8 dólares la tonelada en noviembre de 2012, se vendió a 219 promedio en abril. Esta situación es la que se encuentra detrás de la caída del valor de exportaciones en la balanza comercial argentina (aún cuando se mantuviera el volumen o incluso se incrementara), y es elemento relevante en la crisis fiscal y económica que se hace evidente al menos desde 2013.

En cuanto a la posibilidad de controlar las divisas, hay que realizar una serie de aclaraciones. En primer término, el Estado tiene un control de la circulación de moneda extranjera por mecanismos como los derechos de exportación y por la obligación de liquidar divisas que tienen los exportadores. En segundo término, en una hipótesis de estatización, el Estado se podría agenciar la percepción directa de esos dólares. Pero cabe recordar que la participación de Vicentín en el mercado exportador de cereales es acotada, con una gran cantidad de participantes. A diferencia del caso venezolano, donde a partir de la propiedad de una sola firma exportadora (PDVSA) el Estado controla y dispone de buena parte de las divisas que ingresan al país, en la Argentina la estructura agroexportadora es más compleja. Aquí, según datos del balance de la firma en 2018, al tipo de cambio promedio del ejercicio (35,75 pesos) las ventas al exterior sin contar retenciones sumaron el equivalente a 2.842 millones de dólares. En el mismo período, la liquidación de divisas de los industriales oleaginosos informada por la cámara aceitera y el Ministerio fue de 21.069 millones de dólares. En ese punto, las divisas de Vicentín representarían un 13%. En comparación a las exportaciones totales del país, un 5%. Aun siendo un monto no despreciable, en el contexto de los problemas económicos de la Argentina, es apenas una curita. Todo este análisis muestra que el anuncio tiene, en realidad, otro trasfondo.

Deudas para todos, activos para pocos

No es la primera vez que se plantea una medida de este tipo, ni aquí ni en el mundo. La crisis fenomenal que atravesamos hace que estos proyectos como el de Vicentín (bastante tibios comparados con otras experiencias) sean festejados como gloriosas conquistas de la soberanía nacional, cuando en realidad nos aprestamos a presenciar otro gran negocio de salvataje para la burguesía (licuación de deudas, ordenamiento financiero y cesión o venta a otro grupo inversor). La estatización de empresas fundidas es una tradición argentina, casi como el mate o el asado. Pasando por los acuerdos Eady-Miranda para la compra de los ferrocarriles, la nacionalización de empresas quebradas en los ’70 mediante los regímenes de rehabilitación, donde se tomó el control de firmas como los frigoríficos Swift y Fasa, la estatización de la Ítalo Argentina de Electricidad y el caso del Grupo Greco de Mendoza bajo la última dictadura militar, hasta la mentada reestatización de YPF y el caso de Ciccone Calcográfica, estas medidas son costumbre en el intento de recomponer empresas quebradas a expensas de las arcas públicas. No para mejorar las condiciones de vida de la población, sino para relanzar el negocio. En efecto, el anuncio contó con el beneplácito de un sector del agro (la Federación Agraria, que encuentra la posibilidad de ver honradas las obligaciones que tenía Vicentín con sus asociados y quizás arañar parte de la torta), y sobre todo con el aval de Glencore y los acreedores internacionales, que buscan recuperar los préstamos por más de 500 millones de dólares que entraron en cesación de pagos.

Ahora, empieza el momento de la rapiña, entre los acreedores, los que buscarán quedarse con el control de todo o de parte de la empresa, viejos operadores políticos (cuando no, José Luis Manzano picó en punta) y nuevos, que pueden oficiar como testaferros de los capitostes del partido gobernante, competidores del mercado local o internacional (como un ex CEO de Dreyfus, Echesortu, que habría acercado una oferta; o la propia Glencore en asociación con YPF Agro si se logra sanear la empresa en el mediano plazo). Como se vislumbra, esta medida presentada con ínfulas progresistas prepara en realidad otro negocio para algún burgués particular, o para un grupo de burgueses, locales o extranjeros, luego del correspondiente saneamiento del pasivo privado. Es decir, se estatiza el pasivo para entregar un activo. El “vaciamiento” es del Estado argentino. En estas condiciones, no puede traer mejoras para la masa trabajadora. Solo una verdadera expropiación del conjunto del negocio agroexportador, bajo un Estado socialista, puede utilizar esa inmensa riqueza producida en el agro pampeano para generar un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas que beneficie al conjunto de la población.


[i]BAE Negocios, 8/6/2020.

[ii]Lozano, Claudio: 1er informe sobre la situación de la firma Vicentín, Banco Nación, 16/1/2020, p. 3.

[iii]Bergero – Rozadilla: Cambios en la última década en el ránking de empresas procesadoras de oleaginosas en Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, abril de 2018, p. 5.

[iv]Información del sitio web de la firma, Infobae, 16/2/20, yEcos365, 8/6/2020.

[v]El Litoral, 9/6/2020.

[vi]Esto se pudo hacer con mayor facilidad entre noviembre de 2017 y septiembre de 2019. En noviembre de 2017, el Gobierno decidió eliminar la obligación de liquidar en el mercado de cambios las divisas provenientes de exportaciones. Esto rigió hasta septiembre de 2019, cuando la comunicación A 6770 de BCRA indicó que las divisas por cobros de exportaciones deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado local de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro.

[vii]Izquierdaweb, 10/6/2020.

[viii]Legajo de Acreedor N° 1 Banco de la Nación Argentina de “Vicentín S/concurso preventivo”.

[ix]Chequeado, 25/11/2019.

[x]Información de Intercambio Comercial Argentino, INDEC y Anexo del Mercado de Cambios del BCRA.

razonyrevolucion.org/costumbres-argentinas-sobre-la-intervencion-en-vicentin-y-la-economia-vernacula/

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