COSTA RICA : Cuando las voces vienen de los sepulcros blanqueados

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Cuando las voces vienen de los sepulcros blanqueados.

Alfonso J. Palacios Echeverría.

El conflicto empieza a dar sus primeras manifestaciones entre el Estado Costarricense y el Episcopado, a raíz del documento dado a conocer por las autoridades católicas el martes 11 de Mayo del 2010 a través de los medios de comunicación, que no es más que una evidencia de la complejidad de las relaciones entre el poder político y el poder eclesiástico a lo largo de la historia de este país.

Todo nace por el hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones, en legítimo ejercicio de sus facultades, condena a un obispo que se caracteriza por su intemperancia, salidas de tono y soberbia (muy a lo iglesia medioeval e inquisitoria), por haber infringido disposiciones del Código Electoral durante la campaña recién pasada, instando a los feligreses a no votar por quienes no creyeran en Dios, entre otras cosas.

En el documento de la Conferencia Episcopal Costarricense, con un fariseísmo que nos hace recordar aquella frase de Jesús: “sois como sepulcros blanqueados”, tratan de defender lo indefendible y hacen una&nbsp muestra de la más arrogante hipocresía señalando en el No.7 de dicho documento que “reiteran su respeto al ordenamiento jurídico costarricense”. Sin embargo, ese mismo ordenamiento les importó bastante poco cuando, en flagrante contravención e irrespeto evidente, se dedicaron a la especulación e intermediación financiera, a nivel nacional e internacional. Y por ello se encuentran en espera de la sentencia judicial correspondiente.

Mi Reino de es de este mundo respondió Cristo cuando los fariseos le intentaron poner en un brete ante una disyuntiva política.&nbsp Así debía de ser en todos los casos. La Iglesia tiene una misión espiritual que cumple escasamente. El “ama al prójimo como a ti mismo” se ha convertido en “defiende las ideas de tu facción ideológica como a ti mismo”.

Para entender estas actitudes de la Conferencia Episcopal y sus obispos, sus salidas de tono y su arrogancia más propia de siglos pasados, es indispensable hacer algunas consideraciones históricas.

Desde la época de la colonia, las autoridades religiosas fueron portadoras de una cosmovisión que igualaba la identidad territorial a la religiosa. Merced al reconocimiento del catolicismo como pilar de la nacionalidad, la Iglesia gozaba del derecho exclusivo de influenciar sobre múltiples aspectos de la vida cotidiana de las personas. Las decisiones gubernamentales en áreas de alta sensibilidad católica, como las relacionadas con la educación y la moral familiar y reproductiva, pasaban por el tamiz previo de la opinión de la Iglesia. (Esta es la actitud colonial que la Conferencia Episcopal Costarricense quiere mantener en este país a toda costa).


Así las cosas, la entidad católica se atribuyó el papel de institución “rectora” que debía regular las bases de funcionamiento y las pautas de comportamiento de la vida social. Afirmados en su lugar de mayoría, los hombres de la Iglesia han actuado históricamente como si la cultura de la población fuese íntegramente católica, y desde esa posición de poder interpelaron las estructuras del Estado.

Su participación en el momento de la conformación de la nación y la herencia de un modus vivendi definido por un esquema de legitimaciones recíprocas –en más de una oportunidad, la institución eclesiástica fue requerida para “bendecir” procesos políticos– garantizaron la atención de la dirigencia política a las demandas católicas.


Ese cuadro cultural e institucional predominante conduce a la reflexión sobre el escaso grado de autonomía que ha conquistado el sistema político costarricense. El arraigo de un pensamiento corporativo, en el que se otorga mayor relevancia a los mecanismos de agregación de intereses que a los ámbitos de representación ciudadana, no es ajeno a ese modus operandi.


Ahora bien, las relaciones entre el Estado y el Episcopado vienen transitando por caminos sinuosos que suponen un punto de inflexión en el esquema simbiótico que ha caracterizado el vínculo entre el poder político y el poder eclesiástico, en los siglos XIX y XX. Las acciones tímidamente ejecutadas en el campo de la educación sexual y la salud reproductiva dan cuenta de un corrimiento en los márgenes de las decisiones gubernamentales.

Lejos de consolidar un sendero de “confesionalización” de la política que en el mediano plazo minaría la autonomía de la esfera pública –aunque en el corto plazo, garantice una mayor gobernabilidad–, el gobierno había&nbsp privilegiado la autonomía como modalidad para definir la agenda y trazar las políticas de Estado.


De un modelo de compenetración eclesiástico-estatal, se ha transitado hacia un escenario en el que predomina la independencia entre ambos campos. De todas maneras, el nuevo mapa relacional entre el poder político y el poder eclesiástico no invalida la importancia del diálogo entre los actores involucrados, como cimiento de una convivencia ciudadana en el marco del pluralismo democrático. Para ello, es imprescindible dejar a un lado tanto las posturas excluyentes como las actitudes de confrontación.

Sin embargo, las actitudes de la recién estrenada Presidente de la República: ir a la basílica de la Virgen de los Ángeles para que ese mismo obispo irrespetuoso le declarara “hija predilecta de María”; el permitir en la bendición del acto de traspaso de poderes&nbsp mensajes subliminales acerca de la moral cristiana; y las bendiciones, los rosarios y las imágenes de la Virgen en la casa presidencial desde el primer día de su ejercicio (destacado en la prensa local); así como el eludir en las entrevistas referirse sobre temas como el estado laico y el derecho de las minorías homosexuales, creo que han envalentonado a la curia.

Respetamos su fe, e incluso la admiramos quienes no la profesamos, pues es ser coherente consigo misma, y eso es bueno, pero como mandataria debería ser más discreta, pues habemos un porcentaje bastante alto de ciudadanos que con compaginamos con mancillar el solio presidencial con expresiones de fervor religioso, por más válidos que sean para la persona del gobernante, pues no se representa a sí misma, sino a todos los ciudadanos.

Pero volvamos al tema. Hay que recordar que en el Nuevo Testamento, Jesús, sin oponerse directamente a las autoridades constituidas de su tiempo, critica la opresión y el despotismo, denuncia la tentación absolutista del poder temporal, y señala la necesidad de entender la autoridad como servicio. En la misma línea puede ubicarse la enseñanza paulina de reconocer la autoridad legítima y de orar por los gobernantes, así como la crítica del Apocalipsis frente a un poder que se endiosa y quita la libertad. Pero hasta donde entendemos, este no es el caso de Costa Rica.

Las estructuras eclesiales, que en la historia se fueron metiendo poco a poco en el entramado social, tuvieron también el constante peligro de confundir la ciudad de Dios con el Reino de Dios. Dos autoridades, dos espadas, dos poderes, constituyeron dualidad dentro de la societas christiana. Tanto el sacerdocio como el imperio, la república y la Iglesia, generaron conflicto, incluso con argumentos teológicos que pretendían someter el poder temporal al eclesial para poderlo conformar con los designios divinos, o cuando los poderes nacionales intentaron someter la Iglesia y reducirla al ámbito de las sacristías o de la conciencia personal.

La doctrina del Vaticano II permite asumir otra actitud que rompe el dualismo Iglesia-mundo, pero que

igualmente enfrenta dos grandes escollos. Por un lado, el integrismo de una teocracia que absorbe todos los poderes, y el clericalismo que regula todos los aspectos de la vida de los bautizados. Por otro lado, el secularismo que relega la función mediadora de la Iglesia y le sustrae el control de los símbolos e instituciones religiosas, y el laicismo que reivindica una libertad pública emancipada de toda atadura eclesial.

Por ello, ante el poder político la Iglesia debe evitar tanto el peligro de la huida del mundo (concibiendo toda

autoridad como mala en sí misma e indigna de cualquier ayuda), como la total fusión con dicho poder entendido como un derivado divino. Se exige que la Iglesia diseñe un modo nuevo de entender su función pastoral, para lograr la realización de su misión en las circunstancias complejas y cambiantes del mundo.

En la Encíclica Gaudium et spes se reconoce que la comunidad política y la Iglesia son autónomas e independientes en sus respectivos campos, pero que deben mantener una actitud de diálogo constante; en consecuencia, no se puede vivir en una actitud paranoica que evite la libertad bajo excusa del libertinaje, la tolerancia que puede llevar al relativismo, o el pluralismo que puede conducir a la ruptura. Estos son los argumentos eclesiales comunes.

En la misma línea, la “nota doctrinal” de la Congregación para la Doctrina de la Fe “sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política” afirma: …la fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo ‘camino, verdad y vida’ (Jn 14,6), exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, proponga el patrimonio de valores y contenidos de la tradición católica […].

Según esta doctrina es insuficiente y reductivo pensar que el compromiso social de los católicos se deba limitar a una simple transformación de las estructuras, pues si en la base no hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles.&nbsp Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica vuelve a citar la constitución Gaudium et spes para afirmar que pertenece a la misión de la Iglesia “emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones” .

Pero nunca, jamás, se ha dicho que la Iglesia Católica está por encima de las leyes y los preceptos que una sociedad libre establece para sí misma.

Debemos ser muy críticos con la actitud de la jerarquía católica que se moviliza contra el aborto o el matrimonio gay pero que es poco sensible con los más afectados por la crisis: los pobres, la clase media. Que condena actos personales e individuales que no dañan a nadie, pero se hace de la vista gorda ante la corrupción rampante, la externa y la propia, la interna, que es tan grande y asquerosa como la que vemos en los delincuentes de cuello blanco.

El país ha pasado por varias transiciones con relativamente buen resultado, como la política, la cultural o la económica a través del último medio siglo. Sin embargo la religiosa lleva un enorme retraso y Costa Rica es un estado nacional-católico; hay una religión privilegiada y protegida: la católica, sobre todo económicamente. La Iglesia recibe una asignación tributaria y las autoridades políticas asisten a actos religiosos como acabamos de ver, por no hablar de la simbología que se encuentra dispersa por todo el país, que puede herir la sensibilidad de personas que no tienen esas creencias.

La Iglesia presiona al Gobierno a través de declaraciones, manifiestos y actuaciones provocando una reacción. Sin embargo, los obispos suelen mirar hacia otro lado, sobre todo cuando la corrupción tiene responsables de cuello blanco o se refiere a sus propias manifestaciones corruptas. Y ello, porque son también cómplices de los mismos hechos. Mientras la jerarquía católica no salga de ese tipo de complicidad con los poderes, seguirá desacreditada.

La jerarquía católica tiene su derecho a oponerse a determinadas cosas que considere oportunas, pero no utilizando un tono apocalíptico y condenatorio como ha hecho el obispo condenado por el tribunal Electoral, y lo hace la Conferencia Episcopal.&nbsp El lenguaje cristiano es mucho más moderado, de comprensión, tolerancia y respeto al ciudadano en una situación tan delicada como ésta.

Ese lenguaje de trinchera es agresivo y tiene una gran carga de violencia. Quieren que su moral religiosa sea una moral cívica de obligado cumplimiento para todos, lo cual no es admisible. Los obispos deben hablar en su nombre y no en el de todos los católicos, porque dentro de la Iglesia existe un gran pluralismo y diversidad en cuestiones como el origen y el final de la vida (aborto y eutanasia), la concepción de la pareja y las opciones políticas. Ahí no se puede hablar de uniformidad. Dentro de la misma Iglesia no hay acuerdo en torno al aborto.

Me habría gustado que los obispos de Costa Rica hubiesen creado una plataforma de religiosos para denunciar las manifestaciones de la crisis y proteger a los sectores más vulnerables que la están pagando cuando no son sus culpables. Ahí la Iglesia sí tendría que haber ejercido su función crítica con el Gobierno tomando opción por los excluidos. En cambio no ha habido sensibilidad porque claro los pobres lo son porque lo quiere Dios y ¡a aguantarse!.