Costa Rica : Convocatoria a una Asamblea Constituyente. Parte 1

El actual gobierno, no satisfecho con lo que ha hecho en relación a la conformación institucional del país, ahora continúa sus esfuerzos con el fin de dejar sentado todos los mecanismos necesarios para que las ideas neoliberales perduren, incrustadas dentro de una nueva estructura gubernamental, proponiendo una convocatoria a asamblea constituyente, pero claro, en su estilo muy propio, sin participación ciudadana, sin permitir que se escuchen opiniones diversas, sobre todos las contrarias. Por lo poco que han dicho se observa que es una propuesta diseñada para implementar aquellas cosas que les interesa a los grupos poderosos que han manipulado los diferentes gobiernos desde hace decenios, incluyendo la reelección presidencial. Y el triste presidente de la asamblea legislativa, llamado “el lorito” por el vulgo, se ha hecho el más aguerrido defensor de esta idea.

Y lo peor de todo es que se llaman a sí mismos, los hermanos Arias y su cada vez más reducido grupo de acólitos: reformadores que van en pos de la modernidad. Pero como no se ha abierto un&nbsp debate plural sobre el tema, solamente se escuchan las propuestas de cambio que proponen, muy a su estilo también: desdibujadas, acomodaticias. Y para ello hablan de un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre el tema, este pueblo ignorante e indiferente que se ha dejado engañar tantas veces por los mismos políticos corruptos de siempre, y que cuando debió lanzarse a la calle a expresar su opinión en las urnas, prefirió quedarse en casa viendo televisión y tomando cerveza.

Solamente el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido el valor de decir que es un debate mal planteado, que primero hay que explicar el proyecto político que se busca y en qué medidas las normas vigentes lo obstruyen. Luego, que hay que construir consensos en la Asamblea Legislativa, pues la Ley de Convocatoria a una Asamblea Constituyente establece la necesidad de 38 votos.

El tema de una Asamblea Constituyente no es asunto de fácil digestión, y menos en un año en que se iniciarán las campañas de los partidos políticos con vista a las próximas elecciones. Por ello voy a tratar de tocar algunos temas que nos vayan orientando poco a poco en su comprensión. No desde un punto puramente jurídico, sino desde ángulos más amplios.

Aunque parezca una simpleza, se debe comenzar por la comprensión de lo que es el Estado para no cometer los errores que en diversas circunstancias y latitudes se han cometido, al enfocar el proceso solamente hacia, por ejemplo, los derechos individuales o sociales, la organización política o la conformación del Estado a través de las organizaciones del Gobierno Central solamente, para poner algunos ejemplos. (Porque lo que busca el actual gobierno es el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, de forma en que ellos lo entienden y ya en blanco y negro “constitucional”, pues de hecho hemos pasado casi tres años en “dictadura en democracia”, según sus propias palabras.)

Comencemos por la comprensión de lo que es el Estado. El Doctor César A. Quintero, en su obra Principios de Ciencia Política (Panamá, 1997) indica que el Estado no existe en la realidad como algo concreto, palpable y diverso de los individuos que lo forman. Se ha dicho que la vida de un Estado, lo mismo que la de un organismo biológico, se basa en la coordinación de sus miembros constitutivos… y que en el Estado, como en toda sociedad, lo que directamente vemos es la vida separada de los individuos más que el conjunto como una unidad. Y es sólo a través de un proceso de abstracción mental que llegamos a representarnos al Estado como una unidad, como un ser, como una cosa.&nbsp El concepto de Estado, pues, se resuelve en último análisis en un concepto de relación entre los individuos que lo constituyen y que juntos conviven y cooperan para fines comunes.

Y concluye con una definición comprensiva, que expresa de la siguiente manera diciendo que el Estado es una numerosa sociedad humana jurídicamente independiente de cualquier otra, que ocupa de manera estable un territorio definido, dentro del cual mantiene un gobierno.&nbsp Con lo cual señala los elementos esenciales del Estado, a saber: población, territorio, gobierno y soberanía.&nbsp O sea: un grupo considerable de seres humanos ubicados en un área definida sobre la superficie de la tierra en la cual reside permanentemente la población, con una organización política a través de la cual expresa su voluntad y es administrada por medio de leyes, y que posee una supremacía sobre todos los individuos y asociaciones dentro de él, y la independencia jurídica de todo dominio político extranjero.&nbsp Lo que nos lleva a concluir que el Estado no es el pueblo, ni el territorio, ni el gobierno, sino las tres al mismo tiempo, y posee, además una unidad e independencia legal que lo hace una entidad política soberana.&nbsp Considerado de una manera abstracta, el Estado es una persona jurídica.

De acuerdo con nuestro derecho público, en consecuencia, debemos considerar como gobierno a los órganos del Estado que administran regularmente la convivencia social: el legislativo, el ejecutivo y el judicial; y decimos regularmente porque, cuando el electorado elige al presidente, los diputados y los alcaldes está ejerciendo la función ejecutiva de nombrar y al ejercerla actúa como gobierno; y cuando a través de la iniciativa popular propone una ley, o por medio de un referéndum aprueba o imprueba una ley pasada por la asamblea legislativa, está ejerciendo en su aspecto más decisivo el poder soberano de legislar.

Estas anotaciones resultan de importancia, por cuanto una constituyente implicaría, en teoría, la reforma de los pactos sociales y políticos sobre los que se fundamente el gobierno de una población dentro de un territorio determinado, como acto soberano de autodeterminación. Y por ello es importante la observación del Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando señaló enfáticamente que primero había que explicar el “proyecto político”.

Y no hay que ser ingenuos, el asunto va mucho más allá, pues así como dentro de cada transformación constitucional existen doctrinas políticas que la sustentan, existen también las doctrinas económicas detrás de las actuaciones políticas. Y prueba de ello es que las doctrinas económicas han condicionado los acontecimientos y han influido decisi­vamente en los cambios, reformas y revolu­ciones que han tenido lugar en el mundo desde, al menos, mediados del siglo XVIII. Y por ello es indispensable tener muy claro cuál es la doctrina económica que impulsa los esfuerzos del actual gobierno.

En el transcurso de este tiempo se puede hablar de tres grandes doctrinas, por encima de las demás, en la historia de la economía; tres fórmulas que han intentado no sólo inter­pretar lo que sucede, sino arreglar los problemas que surgen de la realidad, y de la aplicación sobre ella de las teorías económicas: el liberalismo, el marxismo y el keynesianismo. Ello no significa que no haya habido otras muchas, no se puede caer en la tentación maniquea de tomar la parte por el todo, pero cualquiera de las no mencionadas tiene su raíz en éstas, y en la mayor parte de los casos distintas proporciones doctrinales de cada una de ellas.

Las tres doctrinas económicas han devenido en un mestizaje ideológico y práctico; las polí­ticas económicas que se aplican han depurado sus límites hace tiempo y sobreviven a sus crisis cíclicas, aplicando grados distintos de liberalismo o marxismo (en un sentido am­plio, ya que el keynesianismo era una mix­tura de ambos). Sin embargo, la disolución del comunismo como sistema político, econó­mico y social ha dado lugar a otras tesis que no comparten el mestizaje, sino que entienden que ha habido una victoria definitiva del liberalismo (F. Fukuyama. 1992). Lo cual está en estos momentos absolutamente comprobado como erróneo.

La convergencia de doctrinas y sistemas ha causado, sin embargo, una gran incertidumbre en el presente y respecto al futuro, de modo que es casi imposible hacer diagnósticos con un mínimo de rigor.

Solo a manera de recordatorio debemos seña­lar de qué estamos hablando. El liberalismo, que nace con Adam Smith y que aparece al momento en que se vislumbra lo que seria la revolución industrial, fundamenta su teoría en que el incentivo fundamental de la actividad económica es el interés individual, y que conseguirlo asegura el máximo bien público. Que cada ciudadano es, por natura­leza, el mejor juez de su propio interés y debe dársele libertad para satisfacerlo puesto que así, en una especie de armonía natural, impulsará el bien común. Al buscar su provecho, cada individuo es conducido por una mano invisible que lleva a que las acciones emprendidas por interés propio conflu­yan en resultados globales, en la obtención de dividendo social, del producto de la actividad económica de la sociedad. Además de la mano invisible, el economista escocés desarrolla la división del trabajo como instrumento moder­no de la eficacia empresarial. Señala que el orden natural no debe ser violentado por la intervención del Estado, y recomienda con énfasis la libertad de comercio y la adhesión a la competencia como principios de todas las sociedades capitalistas.

Le seguirán Say, Malthus y Ricardo, con quien finaliza el monopolio doctrinal del libera­lismo económico y sus estudios dan pie al nacimiento de otra doctrina económica: la protagonizada por Karl Marx.

El marxismo constituye al revés del libera­lismo económico, el otro extremo de la con­cepción de la economía. Contra la tradición clásica que afirma que las relaciones básicas entre los medios de producción, trabajo, tierra y capital, o entre capitalistas y traba­jadores nunca se modifican, Marx rechazó uno de los más fundamentales supuestos en que se basaba la economía clásica: no hay normas ni puntos de equilibrio inmutables, sino que la fuerza que impulsa la transformación de las sociedades es el conflicto social, y le corresponde al Estado velar por la justicia social.

Entre el extremo del capitalismo y el extremo comunista nació, en la primera mitad del siglo XX, una doctrina económica intermedia, el keynesianismo. Si el liberalismo económi­co basa su filosofía en la preeminencia del mercado y el marxismo en la planificación central y la potenciación del Estado, el keynesianismo adopta una sabia mezcla de ambos como método de corrección de los problemas económicos.

Hace hincapié en la eficacia de la intervención estatal selectiva, junto con la adopción de una actividad fiscal como política económica principal, plasmándose políticamente en la socialdemocracia (y en algunos casos en el socialcristianismo), del mismo modo que el liberalismo lo hace con los partidos conserva­dores y el marxismo con los comunistas.

El keynesianismo nació para corregir los excesos de la acción del liberalismo y fijó una especie de revolución pasiva del capitalismo, pues su objetivo era mitigar las crueldades y los abusos del mismo, y se identifica con el Estado de Bienestar que nació en Europa en la segunda posguerra. Proclama la intervención estatal como parte de su ortodoxia económica; pero esta corriente quebró hace ya varios lustros por la aplicación excesiva de sus principios o, en otras palabras, cuando sobrepasaron los Estados gobernados por socialdemócratas los límites de la interven­ción estatal prudente y aceptable.

Es así como en los años 80 emerge de nuevo la economía clásica con el disfraz de monetaris­ta, saltando por encima de Marx y Keynes, y siendo su profeta un economista de la Escuela de Chicago: Milton Friedman. El monetarismo consiste, en esencia, en la determinación de que los precios serán estables y la economía marchará bien si se controla el suministro de dinero, tanto el procedente de los préstamos financieros, como el de creación de depósitos; y el instrumento de control será la tasa de interés. Lo cual no debe llevar al error de creer que es socialmente neutro, pues dispone en el Estado la potestad del control de las tasas de interés, según la inflación.

Esta larga explicación ha tenido el propósito de que nos ubiquemos claramente en dos aspectos: cuál ha sido la orientación que ha prevalecido en nuestro país, y cuál la que los propulsores de una Asamblea Constituyente buscan enraizar en el futuro las concepciones de su preferencia, a espaldas del pueblo. Porque hasta ahora no hemos visto nada que podamos estudiar, analizar a fondo, discutir abiertamente.

Termino esta primera parte haciendo un llamado a todas las fuerzas vivas del país, a fin de que en esta oportunidad no se dejen engañar por los interesados de siempre, que unan sus fuerzas para el diálogo, si es que se presenta la situación que plantean, no vaya a ser que nos den una sorpresa como la de referéndum anterior, en donde la danza de millones pudo más que las ideas y los razonamientos.

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