Corte Internacional de La Haya inicia investigación de crímenes de guerra de Israel contra Palestina

La decisión golpeó duramente al gobierno israelí, después del intenso lobby internacional que efectuó para impedir la investigación. Así, se abre la posibilidad de que se emitan órdenes de arresto contra funcionarios israelíes sospechosos de crímenes de guerra.

Un estudio preliminar de Bensouda en 2019 concluyó que hay “fundamento razonable” para abrir un proceso por crímenes de guerra.

Bensouda dijo que la investigación examinará “delitos dentro de la competencia de la corte que presuntamente han sido cometidos” desde el 13 de junio de 2014. Agregó que la investigación será efectuada de “manera independiente, imparcial y objetiva, sin temor ni favoritismos”. La labor recaerá ahora en Karim Khan, el abogado británico que a partir de junio será el nuevo fiscal de la CPI.

La resolución de la CPI es resultado del análisis de dos políticas estratégicas de Israel en los últimos años: sus reiteradas operaciones militares contra combatientes palestinos en la Franja de Gaza, entre las que destaca una devastadora guerra en 2014, y su expansión de los asentamientos sionistas en Jerusalén oriental y el territorio ocupado de Cisjordania.

Por su parte, la Autoridad Palestina, que administra las zonas autónomas en la Cisjordania ocupada por Israel, señaló respecto de la medida decidida por la CPI que, “Este paso tan esperado sirve al vigoroso esfuerzo de Palestina para lograr la justicia y la rendición de cuentas como bases indispensables para la paz”.

La CPI tiene como propósito servir de tribunal de último recurso cuando los sistemas judiciales de los países son incapaces o carecen de la disposición para investigar y realizar juicios por crímenes de guerra.

Los expertos han advertido que Israel podría tener más dificultades para defender sus políticas de asentamientos en Jerusalén oriental y Cisjordania.

Los asentamientos son considerados ilegales por el principio de la Convención de Ginebra según el cual una potencia ocupante no puede trasladar a su población a los territorios capturados en la guerra. Los traslados de población figuran como crimen de guerra en el tratado que fundó la CPI: el Estatuto de Roma.

Israel se anexionó el este de Jerusalén tras la guerra de 1967, y considera que Cisjordania es un territorio disputado. Pero sus posiciones no son reconocidas internacionalmente, y la mayor parte del mundo considera ambas zonas como territorios ocupados.