Contra la farsa judicial. ¡Libertad presos políticos catalanes!

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Por Corrent Roig

Hace pocos días conocíamos el escrito de acusación de la Fiscalía para los procesados por el referéndum del 1 de octubre: 25 años de prisión y otros tantos de inhabilitación para Junqueras por un delito de rebelión agravado por malversación; 17 años para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell; 16 años para cinco exconsellers; y 7 años para tres más. Para los antiguos miembros de la Mesa del Parlament, la petición son multas de 30.000 euros e inhabilitaciones. En la Audiencia Nacional, el fiscal también acusa de rebelión al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y le pide 11 años de prisión e inhabilitación.

Estas acusaciones y las consiguientes penas de prisión que pide la Fiscalía son un claro montaje judicial, pues nunca existió tal delito rebelión por parte de los dirigentes independentistas. Un manifiesto suscrito por 120 catedráticos y publicado la pasada semana, desmonta esta acusación y rechaza el “uso inadecuado de los delitos de rebelión y sedición” y remarca que la solicitud prisión es “altamente cuestionable en base al principio de proporcionalidad que debe guiar toda interpretación jurídica”. Y es que efectivamente, no hubo ningún delito de rebelión. Lo que sí hubo, en cambio, fue una enorme capitulación, porque lo que hicieron en realidad los dirigentes independentistas fue dar la espalda al movimiento y llamar a la desmovilización, entregar las instituciones sin lucha y aceptar las elecciones del 155.

La actuación del Gobierno Sánchez muestra la cobardía del PSOE que, justificándose en una supuesta independencia de la Fiscalía, no se ha atrevido a cuestionarla, cuando tenía potestad legal para ello. Es muestra de esa misma cobardía el escrito de la Abogacía del Estado que, actuando en nombre del Gobierno, asumió las acusaciones de sedición y malversación, limitándose a “suavizar” las penas de la Fiscalía. El gobierno Sánchez ha dejado en evidencia su naturaleza de gobierno servil al régimen y al aparato judicial, de lacayo de la Monarquía.

Podemos se pone del lado del PSOE

Por su parte Podemos, lejos de exigirle a Sánchez que cambiara las peticiones de la Fiscalía, ha cerrado filas con el Gobierno y ha justificado su complicidad con ella, con el argumento de que “todos tenemos que entender y respetar la autonomía indudable de la Fiscalía”.

La guinda ha sido la participación de Podemos, a través de negociaciones con el gobierno Sánchez, en el pacto (fallido) PP-PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Tribunal Supremo, avalando así en los hechos a un aparato judicial que nunca rompió con el franquismo. Estos auspiciadores de la “nueva política”, que decían querer “acabar con el bipartidismo” y con “la casta”, ahora presionan a los partidos independentistas, en nombre del PSOE, para que aprueben los presupuestos.

Libertad de los presos independentistas, depuración del aparato judicial y autodeterminación

Ante esta situación, desde Corriente Roja

  • Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos independentistas y la retirada de todos los cargos contra ellos. La brutal petición de penas de la Fiscalía es una medida de pura venganza del régimen monárquico, saltándose sus propias leyes.

  • Luchamos por una depuración radical del aparato judicial, que nunca rompió con el franquismo. Mientras este aparato persista, no habrá justicia.

  • Defendemos el derecho soberano de los pueblos a la autodeterminación. Nos hallamos ante un régimen heredero del franquismo, que descansa sobre la unión forzada. Cataluña tiene todo el derecho a decidir libremente su destino como pueblo. Conquistar este derecho es parte de una lucha común de los trabajadores y pueblos del Estado por acabar con el régimen monárquico. Es también condición para poder conseguir una unión libre de repúblicas.

 

Contra la farsa judicial. ¡Libertad presos políticos catalanes!

 

 

 

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