Continuaran las movilizaciones tras el encuentro con Uribe

La María, Piendamó, 2 de noviembre: En el marco de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria se celebró este domingo en la comunidad de La María, municipio Piendamó (Departamento del Cauca), el encuentro con el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que no se pudo realizar hace una semana.

El diálogo, al que Uribe acudió con un nutrido número de miembros de su gabinete y de diversas instituciones gubernamentales, se desarrolló ante varios miles de comunitarios que esperaron con paciencia al mandatario, que llegó dos horas después de lo estipulado.

Daniel Piñacué, Gobernador indígena del Resguardo de Calderas, declaraba a Kaosenlared que el encuentro “era un imposible, pero el poder de convocatoria del movimiento indígena colombiano y la presión internacional han permitido que el Sr. Presidente llegue”. Asimismo, Aida Quilcue, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), manifestaba que “lo que se va a dar en este debate es en el marco de La Minga. Sin ella, Uribe no habría venido”.

Tras acabar el debate, Feliciano Valencia, Consejero Mayor del CRIC, declaraba haber “un problema de fondo” respecto a la militarización y los recursos naturales. Asimismo, señalaba que Uribe “se ratifica en que su política de seguridad democrática es efectiva. Nosotros decimos que es la política que nos esta asesinando y exterminando como pueblos”. Según Valencia, “nosotros ya sabíamos lo que Uribe iba a decir, que no se iba a bajar de seguir adelante con su modelo de gobierno”, basado en legislaciones “de despojo” como el Estatuto de Desarrollo Rural. Respecto al ofrecimiento de Uribe de investigar los hechos ocurridos en La María hace unas semanas, el Consejero mostraba sus recelos ante la posible manipulación de las pruebas por parte del Gobierno.

Discursos iniciales

En la línea de las demandas del movimiento indígena, el debate se dividió en 4 temas: los sucesos acaecidos en La María, en donde hace dos semanas un comunitario resultó muerto y hubo más de 100 heridos por efecto de la acción de las fuerzas públicas; el respeto de los Derechos Humanos y en concreto la exigencia de que el estado colombiano firme la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU; la territorialidad y los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno.

En su discurso inicial, Álvaro Uribe reiteró que su presencia tenía como marco el “respeto” (palabra que pronunció en innumerables ocasiones) por los problemas de los pueblos indígenas así como hacia sus posiciones. Asimismo, se lamentó por el “parcial respeto” mostrado por los presentes mientras se escuchaba el himno nacional.

Por su lado, Aida Quilcue, encargada de inaugurar la participación indígena, señaló que “hoy es el momento de decirle la verdad al país y al mundo. No podemos decir que estamos en el marco del respeto cuando se nos ha irrespetado y se nos ha señalado diciendo a los pueblos indígenas que somos terroristas”. Añadiendo que “este debate lo solicitamos hace 4 años. Hubo que poner 120 heridos y muertes para que sentara con nosotros a hablar […] Los indios nos sentamos al escuchar el himno nacional en el marco del respeto como una voz de protesta”. Y recordó que “aquí cortaron nuestras banderas, las quemaron y las pisotearon. ¿Eso es el respeto que nos merecemos?”. Finalmente, demandó que “este escenario” no sirviera “para reflejarle al país y al mundo que estamos cumpliendo y luego no se haga. Estamos cansados de las mentiras”.

A continuación, Luis Evelis Andrade, Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), tomó la palabra para señalar que los pueblos indígenas son “amantes de la libertad y por eso queremos liberar a la Madre Tierra antes de que se le entregue a las multinacionales. (…) Rechazamos la esclavitud moderna en la que viven los corteros de caña. (…) Rechazamos los modelos de desarrollo excluyentes que llevan al genocidio y a la desaparición de nuestros pueblos”.

Concluyó de lado del movimiento indígena Elides Pechené, Gobernador del Resguardo de La María, quien en tono contundente exclamó que era una “lastima” que “el programa de seguridad democrática tenga esa capacidad destructiva tan tenaz”, en recuerdo de lo ocurrido hace unas semanas. Pechené afirmó su preocupación “cuando el Ministro de Agricultura dice que somos el 2%. ¿Será que este ataque brutal contra los indios, este ataque de muerte es para acabar con este 2%, Sr. Presidente?”, manifestando además que la guerra entre el gobierno y la guerrilla “no nos pertenece, es de la clase politiquera de este país y los pueblos indígenas no queremos participar en ella”.

Del lado del Gobierno, el Gobernador del Cauca, en referencia a las palabras del Presidente de la ONIC, prometió la implementación de un plan de desarrollo incluyente. Asimismo, José Ariel Rodallega, alcalde de Piendamó, en un discurso centrado en asuntos económicos, manifestó que su municipio “hace esfuerzos para tener un territorio que avanza hacia la vanguardia del desarrollo y los avances tecnológicos”, en un marco de convivencia “en que cada uno defiende su causa”. Además, alertó de que “adelantar un programa de tierras en nuestro municipio podría generar un conflicto, ya que la oferta potencial de tierras no va más allá de las 700 Ha.”

La sección introductoria la cerró el presidente Colombiano quien afirmó que el cargo de terrorismo no es “contra las comunidades indígenas, sino contra grupos violentos que han operado en esta sección del territorio como en otras partes”. Añadió no poder “aceptar que este gobierno se ha negado al debate”. “Hemos vivido en un permanente diálogo con el pueblo colombiano durante estos 6 años”, afirmó el mandatario.

Los sucesos de La María

En su alocución, Uribe asumió la responsabilidad de haber dado la orden de que las fueras públicas entraran en La María “porque se tuvo evidencia que desde este sitio se estaban programando tomas a la carretera”. “Protesta social sí, pero violencia, no; no vamos a permitir que se bloqueen carreteras”, manifestó el presidente colombiano, añadiendo que “una cosa es que la fuerza pública entre en este lugar y otra que lo dañe. Eso no se permite. Asumimos la responsabilidad de examinar con ayuda de personas competentes si hubo daños. Pero mientras yo sea Presidente de Colombia, no hay un sólo sitio de Colombia excluido a la fuerza pública y no se permite el bloqueo de carreteras”.

A través de un video de 12 minutos, resumen de más de 50 horas de grabación, la Minga mostró los modos utilizados por la fuerza pública en La María (entre los que se cuentan el uso de armas de fuego). Asimismo, mostró su disconformidad con que el canal institucional de televisión (que retransmitía el evento) mostrara el video sin audio y eliminara las imágenes más clarificadoras.

Tras afirmar que estaba dispuesto a examinar la posibilidad de que la fuerza pública abandone La María (que permanece fuertemente militarizada) mientras se asuma el compromiso de que no habrá más bloqueos, Uribe cedió la palabra al General Óscar Naranjo. Para el Director de la Policía Nacional, “no se dio ninguna orden que supusiera la violación de derechos ciudadanos”, añadiendo que “si algún miembro de nuestra institución ha incurrido en algún desborde del ejercicio de su función, será investigado y sancionado. Ahora bien, nosotros hemos recavado algo que es incontrovertible: el nivel de agresividad con que fue recibida la fuerza pública”. Informó que un total de 32 policías fueron heridos y aunque reconoció que “uno de sus hombres” hizo uso de armas de fuego (tal y como mostraron las imágenes de un videoaficionado que dieron la vuelta al mundo) éstas no fueron la causa de la muerte del comunero fallecido, sino las esquirlas propias de armas no convencionales que fueron incautadas en los lugares de los bloqueos. Asimismo, se pidió se presentara al miembro de la guardia indígena que, según denuncia La Minga, fue macheteado 7 veces por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).

Aida Quilcue recordó que el General Naranco fue uno de los que la criminalizó y que llevarían el caso “a la Corte Penal Internacional porque esto no puede quedar así”.

Los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU

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Feliciano Valencia, Consejero del CRIC, comenzó su intervención señalando que “estamos aterrados de tantas mentiras que se dicen aquí. Con razón la opinión pública vive tan confundida”.

Tras saludar a todos los sectores, no sólo indígenas, que componen la Minga (“esa otra Colombia”), y a todos los secuestrados por grupos guerrilleros, mandó “también un saludo y un abrazo de solidaridad a todos los secuestrados que se pudren en las cárceles víctimas del secuestro del Estado”.

En un discurso que se centró en los aspectos estructurales que están a la base de la violación de los DDHH en Colombia, se refirió a “esta enfermedad (que) se llama modelo de desarrollo neoliberal” como parte de algo que “desde la Conquista, nos ha exterminado de manera sistemática” y de la que forman parte el Plan Colombia, el Tratado de Libre Comercio, y diversas leyes como el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley de Páramos, o la Ley de Bosques. La llamada “Legislación del Despojo”, señaló el Consejero, “es ilegítima, ilegal para nosotros. Fue aprobada por la mayoría de congresistas que tienen serios problemas con la justicia colombiana”.

Según Valencia, “no es suficiente entregarnos nuestras tierras cuando las trasnacionales, las leyes nocivas, los paramilitares y demás actores armados campean en nuestros territorios”, por lo que demandó “un gobierno con cambios estructurales”, dado que “con los programas surgidos de su concepto económico neoliberal, sólo se agencia la mendicidad y se incrementa la miseria”. Asimismo, recordó la “hecatombe” económica mundial como muestra de que “el modelo neoliberal fracasó”. Un fracaso al que se suma el de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe: “E allí los crímenes de estado o ‘falsos positivos’”, añadió.

Además de un cambio en la política económica, parte de lo que denominó “proyecto de muerte” del presidente Uribe”, pidió retomar el intercambio humanitario y la salida política negociada al conflicto, que se adopte la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y que se desmonte la segunda fase del Plan Colombia. De lo contrario, “los procesos de resistencia pacífica no se detendrán”.

Tras manifestar su esperanza en “no sufrir represalias por lo aquí expuesto”, pidió la destitución del General Naranjo y animó al pueblo colombiano a “esperarnos en diferentes partes del país, porque allá llegaremos a dialogar y recoger sus dolores. Uniendo todos los dolores y las injusticias, podemos provocar cambios estructurales en el país”

Finalizada la intervención de Feliciano Valencia, una representante indígena hizo públicos los datos recabados por la ONIC entre el 2002 y octubre de 2008 respecto a los actos de violación de los DDHH sobre los pueblos indígenas en Colombia, de los cuales responsabilizó a “a la cabeza del Estado ya sea por omisión o por acción”.

Entre estos datos cabe destacar:

– 1.244 indígenas asesinados.

– 23 masacres con resultado de 147 muertos.

– 609 muertos por falta asistencia médica.

– 18 pueblos con menos de 200 miembros y que se consideran en peligro de extinción.

– 71.149 desplazados.

– 108.000 indígenas confinados y cuya falta de libertad para moverse libremente está principalmente causada por el Estado.

Datos similares fueron hechos públicos por la Red de Derechos Humanos del Cauca acerca de violaciones de DDHH en el departamento colombiano.

Álvaro Uribe inició su intervención señalando que “si hay algo ajeno a este Gobierno es el espíritu&nbsp de discriminación. Y nuestro diálogo es permanente con los sectores sociales y más desprotegidos de la patria”, definiendo su gobierno como un gobierno “que tiene un corazón genuinamente popular”.

Respondiendo a Feliciano Valencia, se negó a aceptar “que se ponga en igual nivel a aquellos colombianos que están secuestrados por el grupo terrorista de las FARC y a los que por órdenes de la justicia están en las cárceles colombianas”. Por otro lado, sostuvo que “nosotros practicamos un Estado al servicio de la comunidad, contrario al neoliberalismo, que lo deja todo en el mercado, y contrario al burocratismo, que lo deja todo en el estatismo ineficiente”. Asimismo, negó “que las tierras se les estén entregando a las multinacionales”, justificando los ejemplos que se le señalaron desde el auditorio como casos que han supuesto una mejora para el país.

Respecto a su política de seguridad democrática, manifestó que se trata de “una reacción de la base del pueblo colombiano contra 40 años de agresión terrorista” que lejos de involucrar a civiles “lo que ha hecho es defenderlos”. Añadiendo, además, que “a este Gobierno no tienen que venirle aliados internacionales de las FARC a darle clases de DDHH”.

Respecto a los datos facilitados en relación a las violaciones de los DDHH, manifestó su extrañeza ante la falta de datos acerca de “cómo estaba el Cauca cuando este Gobierno empezó” y justificó su sistema de incentivos a las fuerzas públicas en tanto éste ha ayudado a recuperar la “motivación” de las mismas.

A través de sus ministros, Uribe negó que ni el TLC ni el Estatuto de Desarrollo Rural atenten contra los territorios indígenas, e hizo lo propio ante la posibilidad de dar marcha atrás en la implementación del Plan Colombia, dados los buenos resultados que ha supuesto en la lucha contra el narcotráfico.

Uribe aseguró haber estado siempre abierto al intercambio humanitario, “pero tenemos un concepto de seguridad y de lucha contra el secuestro en donde no podemos hacerles las concesiones que nos han pedido grupos terroristas”.

Asimismo, aseguró que “el Gobierno está listo a encontrar con Vds. una fórmula sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. (Pero) hay unos temas que la constitución colombiana no permite. Salvando esos temas, con los demás, lo hacemos con mucho gusto”. Por ello, a través de una viceministra, propuso que “Colombia haga una declaración política unilateral en donde se señale que se comparten los principios que inspiraron los principios de la Declaración”, pero en la que no aparezcan esos temas, fundamentalmente el relacionado con el consentimiento previo, libre e informado con derecho a veto de las comunidades en relación a los proyectos a desarrollarse en sus territorios.

Territorio

Luis Evelis Andrade, Presidente de la ONIC, comenzó su intervención negando que el movimiento indígena esté pidiendo la titulación de territorio a costa de tierras habitadas por afrocolombianos, tal y como se había dicho desde el Gobierno hacía unos minutos. A continuación manifestó que “en este momento no hay un procedimiento que permita avanzar en la constitución de los Resguardos”.

Tras recordar que “nosotros somos los ocupantes históricos de estos territorios”, dio algunos datos en contra de la visión según la cual los indígenas son propietarios de la mayoría de las tierras productivas del país. Según Andrade, más de 31 millones de hectáreas han sido tituladas en favor de los indígenas, “del cual, el 79% es territorio de conservación y sólo el 1% es apto para la agricultura. Por eso no se puede decir que somos los terratenientes del país. Somos los guardianes de la biodiversidad”. Además, “del otro 21%, donde habita el 95% de la población indígena, sólo el 10% es agrícola”. Igualmente, “el 32% de la población indígena está sin titulación de Resguardos, sin territorios y, siendo el 14’2% de la población rural, poseemos el 6’8 % de la tierra productiva”. Por otro lado, señaló, “no basta con que tengamos un título en el papel, también hay que hacer mención al derecho a ejercer el control sobre esos territorios”, como en el caso de los resguardos situados en Parques Nacionales.

Andrade se preguntó si el hecho de que haya más de 400 solicitudes de resguardos que no se están tramitando responde a las declaraciones de un miembro del gabinete de Uribe según las cuales no se concedería “ni un centímetro más de tierras para los indígenas”. Denunció que “de manera sutil y frontal se van desmontando los derechos de los indígenas”, por ejemplo a través del Estatuto de Desarrollo Rural, añadiendo que “no se puede decir que no se están entregando nuestros territorios a las multinacionales” ,dadas las concesiones petroleras y mineras que existen en el país.

Finalizó su intervención haciendo referencia a la negativa del Gobierno a reconocer la existencia de 15 pueblos indígenas que viven en el país.

El Gobierno por su parte dio datos acerca de la compra de tierras que se ha estado realizando como parte de los acuerdos alcanzados con el movimiento indígenas y las comunidades y negó haber dicho nunca que no se concederían más tierras a las comunidades indígenas.

En tanto ya atardecía y se había acordado que la reunión finalizara a las 5 de la tarde, este último punto se zanjó con cierta precipitación y no se pudo dialogar acerca del cuarto de ellos incluido en el orden del día, el referido a los acuerdos que el gobierno ha incumplido.

Uribe invitó a constituir una mesa de diálogo que continuara con la discusión y que buscara alcanzar acuerdos concretos. Aida Quilcué, en tanto el mandatario y su gabinete no habían mostrado voluntad política de cambio en las cuestiones de fondo, llamó a seguir con las movilizaciones, ante lo que al auditorio mostró su conformidad. Se espera que en los próximos días la Minga llegue a un consenso respecto a la marcha hacia Bogotá que ya se tenía prevista.

Al final del encuentro, Daniel Piñacué, Gobernador indígena del Resguardo de Calderas, declaraba a Kaosenlared: “Yo no veo la suficiente voluntad política como pensamos debería tener ante las demandas nuestras. De todas maneras la lucha y la resistencia continúan, seguramente a través de vías de hecho”.
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