«Conmociòn humanitaria y social en el Valle del Cauca, Colombia»

CONMOCIÓN HUMANITARIA Y SOCIAL EN EL VALLE DEL CAUCA

Por Athemay Sterling *

I

La Personería de Cali en rendición de cuentas de su titular saliente Adolfo León López, campesinos, familiares de desaparecidos, desempleados, defensores de derechos humanos, madres de familia y diferentes estamentos de la comunidad vallecaucana se identifican en afirmar la existencia de una grave crisis social y humanitaria por la que atraviesa esta región del sur occidente colombiano.

En sólo cinco días los medios de comunicación, es seguro que haya mucho más, han denunciado lo que ya se denomina el «paseo de la muerte» del cual han sido víctima varios menores de edad que han muerto como consecuencia de la implementación de la Ley 100 de 1993, norma del estado social de derecho imperante, que autoriza a las IPS, EPS e instituciones de salud a solicitar primero el carné al día en sus cotizaciones como si el carné fuera el enfermo, descuidando al verdaderamente aquejado en su salud como es el paciente, vulnerándole en concierto para delinquir varios derechos: el de la vida, la salud e integridad personal, entre oros, &nbsp por ejemplo.

Es tanta la crisis y catástrofe que la población tiene que acudir al amparo constitucional de la Acción de Tutela, 820 fueron últimamente impetradas para obligar mediante posibles fallos favorables se permita el ejercicio del derecho a la salud, que ya no es derecho, pues se ha convertido en mero servicio, simple mercancía que se vende al mejor postor, siempre en beneficio del capital financiero.

Y el Estado y sus Instituciones ahí, inane, quieto, siempre responsable de la vulneración a los derechos humanos, unas veces por acción, otras por omisión, pero siempre por sumisión a los negociantes de la salud. Es toda una tragedia nacional.&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

II

Como si fuera poco, el mismo Personero saliente de destacada diligencia, erizó el alma de los asistentes cuando recordó, lo que no reivindican los arcángeles de la guerra estatal y paramilitar, a &nbsp los miles de desaparecidos forzados en los últimos cuatro años, entre ellos varios ejecutados extrajudicialmente, y que a la fecha sus familiares continúan a la espera de los cerca de 1.200 colombianos que aún siguen, sin saber dónde, no se sabe si en fosas comunes, «navegando por los ríos», comidos por aves carroñeras, o desgarrados en cruentos y sangrientos descuartizamientos como se ha conocido esta práctica que ejecutaban los «nuevos pájaros» en el Valle.

Una abogada penalista, defensora de derechos humanos, que se reserva el nombre, denunció que su esposo, también abogado egresado de la Universidad Santiago de Cali y defensor de los derechos humanos, fue raptado hace seis años por fictos policías en presencia de su familia, desaparecido, y luego de la exhumación de su despojos mortales, se descubrió que fue múltiplemente torturado, aserrado con moto sierra y ultimado con tiros de gracia por el solo hecho de ser abogado defensor de los derechos fundamentales y a la vez sobreviviente del genocidio cometido por el Estado contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica.

III

Más de 6.000 personas registradas últimamente en Cali, entre sufridas mujeres, perseguidos habitantes, hostigados luchadores populares, indefensos niños y ancianos de Policarpa, Llorente, Barbacoas, Tumaco, Albán, Leyva, El Diviso e Ipiales Nariño, de la Bota Caucana, Buenos Aires, Timba, Suárez, Santander de Quilichao, Corinto, Miranda, Caloto, El Palo, Toribío, Tacueyó, Timbío, Bolívar, Timbiquí, El Bordo; Patía, Puerto Tejada en el Cauca, la Hormiga, Orito, Mocoa en Putumayo fueron víctimas al ser desplazados forzadamente, para que sus tierras cambiaran de dueño, y ahora en la «nueva tierra» se estrenaran como citadinos en semáforos, calles, puentes y la periferia, y con el nuevo sufrimiento de mendigar una precaria «asistencia» en la UAO de Cali, en Acción Social, en un «paseo de la ignominia estatal».

Funcionarios que observan con desprecio a estos «desplazados», no como personas con derechos, sino como invasores con necesidades, es la paradoja institucional, que no entiende que a los pobres no se le puede condenar a ser los «sin derechos», como se escucha cuando los desplazados acuden al Estado a buscar protección y sólo reciben desprotección, prueba fehaciente, es cada esquina y cada semáforo colmado de compatriotas mendigando una caridad, pues hasta el derecho a peticionar se les esquilma.

A desalojados forzados que hoy hasta el mismo Estado con la acción de sus altos dignatarios se les niega 47.000 hectáreas de tierra en Carimagua Puerto Gaitán Meta, en detrimento de ellos, los desplazados víctimas de la violencia política, social y económica, pero a favor de los victimarios, los potentados, en clara vulneración, no sólo a los derechos de la población desplazada, sino saltándose los órganos de Control como lo afirmó la misma Procuraduría General de la Nación, en cabeza del doctor Edgardo Maya Villazón.

IV

Ya es costumbre escuchar a los campesinos lo mismo que denuncia el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su última Acción Urgente quien convoca a las instituciones estatales pertinentes a defender a los pobladores de Timba, de las Veredas del Ceral, la Ventura, La Esperanza, Tierra Alta y Patio Bonito en el Naya , del atropello que se comete por parte de las fuerzas armadas constitucionales quienes en presuntos operativos militares contra las otras fuerzas armadas revolucionarias, se les veja, no se les permite el ingreso de alimentos, víveres y medicamentos, se les censa y empadrona ilegalmente, se les detiene y bombardea desconociendo que son población afro colombiana e indígena con derechos constitucionales, quienes habitan en sus resguardos con la única autoridad de sus cabildos y consejos Comunitarios al tenor de la llamada Ley 70 o de Negritudes como se le denomina. Es como si la Constitución Política y los Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito sobre derechos humanos no tuviesen prevalencia como lo afirma el numeral 93 constitucional.&nbsp

V

Ahora ya en la ciudad asfaltada, al lado de la Nave, iglesia límite en la subida al bello Siloé, con sus mil y un caminos florecidos, población de la Comuna 20 de Cali que habita y cuida desde la fresca y popular ladera, más exactamente en la calle primera con carrera 42, al lado de la bomba de gasolina, como ahí dicen, &nbsp cientos de hombres laboriosos y sudorosos oliendo a trabajo productivo, mujeres con pañolones que dan protección de la canícula, sus hijos e hijas que salen de estudiar, combinan su sonrisa con la unidad en la «toma de la calle» que realizan para protestar por el incremento millonario en las tarifas de los servicios públicos que el Concejo Municipal y sus afines pretenden privatizar. Es el Estado en contra de la población.

VI

Le entendimos al Señor Personero Saliente de Cali, el Doctor Adolfo León López, nuestra mutua coincidencia, cuando afirmamos con él que la problemática social no debe ser convertida artificialmente en problema de orden público, que en sus propias palabras conocimos cuando aseveró a los medios regionales: «Pienso que la Personería debe enfocarse en la defensa de los derechos humanos y colectivos más que en temas disciplinarios. Es lo más urgente».

También acompañamos a los familiares de las personas privadas de su libertad como consecuencia de este conflicto social y armado en la preocupación existente por las declaraciones desatinadas de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas de propiciar posibilidades cruentas de un innecesario intento de rescate a sangre y fuego que agravaría la precaria existencia de ellos y también entorpecería acciones humanitarias para concretar la liberación unilateral por parte de las Farc-Ep de políticos, civiles y militares en su poder, y lo peor cerraría el camino hacia el intercambio humanitario que sigue siendo válido, necesario, vigente y conducente a disminuir la intensidad del conflicto mientras se llega a la solución política de él. Acción humanitaria con amplio respaldo internacional como el últimamente conocido de la reunión en la exótica Guayana Francesa de los presidentes de Francia Nikolas Sarcozy y de Brasil Luiz Inácio Lulla Da Silva.

De lo que se trata hoy es buscar la paz con justicia social, y no continuar en guerra con la desigualdad social que nos agobia.

Nos interesa la paz con justicia social. Nada para la guerra, todo para la paz, es la prioridad de la Constitución Política Colombiana, lo dice ella misma cuando afirma en su numeral vigésimo segundo, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Por eso marcharemos el próximo seis de Marzo.

*Athemay Sterling: Director Centro de Derechos Humanos Universidad Santiago de Cali, Abogado Defensor de Derechos Humanos, integrante del Equipo periodístico de VOZ, Subdirector CPDH y ANDAS Valle, constituyente de la Comisión de Impulso al Intercambio Humanitario, profesor Universitario, Director de Derecho Preventivo & Derechos Humanos, escritor, historiador y analista político, Ex Consejero Departamental y Asesor de Paz, conferencista nacional e internacional sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, sobreviviente del genocidio político cometido por el Estado contra el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, Consultor de la Sección América de la Federación Sindical Mundial con sede en la Habana Cuba.

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