Conde-Pumpido pide reformar la ley para desalojar a la izquierda abertzale de los ayuntamientos

«Nos hemos dirigido al Gobierno sugiriendo una posible y sencilla solución legislativa, que es la única constitucionalmente viable, para resolver, al menos en el ámbito de la Ley de Régimen Local, aquellos supuestos en los que las pruebas de vinculación de un partido o candidatura con una organización terrorista se obtienen después de las elecciones y por tanto ya no es viable ni eficaz la impugnación en sede judicial», ha explicado el fiscal general en la Comisión de Justicia del Senado español.

Durante su intervención, Cándido Conde-Pumpido se ha congratulado por haber logrado que tras las elecciones del 1 de marzo en el Parlamento de Gasteiz no haya representantes de la izquierda abertzale. «Hemos conseguido erradicar del Parlamento vasco todo rastro de terrorismo, el proceso ha sido muy difícil», ha dicho.

Según el fiscal, «el tratamiento jurídico de la ilegalización de partidos o la impugnación de candidaturas no siempre ha permitido a la Justicia coincidir con los tiempos de la política, de ahí que esos mismos excedentes profesionales a los que hoy les corresponde el éxito de un Parlamento limpio del terror han tenido que escuchar en el pasado descalificaciones injustas bajo acusaciones de instrumentalización política profundamente ofensivas para su dignidad profesional».

Por ello, ha defendido la labor de los fiscales que han impulsado los procesos de ilegalización de las candidaturas de la izquierda abertzale y ha valorado que su «esfuerzo» ha «cuajado».

El Tribunal Supremo y el Constitucional anularon en mayo de 2007 todas las candidaturas de las agrupaciones abertzales y socialistas y 133 listas de EAE-ANV que pretendían concurrir a las elecciones municipales en Hego Euskal Herria.

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