Comunicado sobre el Acuerdo para conformar el gobierno. #ParadElOdio

A día de hoy, las políticas institucionales rehúsan ver la discriminación contra la población migrante en todas las capas de la sociedad

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‍A propósito del “Preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa” firmado por PSOE y Unidas Podemos, nos encontramos ante una oportunidad única.

El acuerdo de gobierno de coalición considera una prioridad “dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto”. Uno de estos retos es la erradicación del discurso del odio, el racismo y la xenofobia diseminado en la sociedad y que genera violencia explícita contra las familias migrantes.

Es urgente e imprescindible un posicionamiento claro y avances decididos del nuevo gobierno mediante la implementación de políticas que blinden los derechos políticos y sociales de todas las personas, entre ellas las personas migrantes en situación de vulnerabilidad y exclusión frente al odio, el racismo y la xenofobia, lo que necesariamente requiere cambios legislativos tales como PERMITIR Y AGILIZAR EL DERECHO AL VOTO como un derecho reconocido para poder defendernos en las urnas.

Empleo digno contra la precariedad laboral y la explotación.

Uno de los ejes del Acuerdo de gobierno se centra en “combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad”. Dicha prioridad cobra más importancia ante la desaceleración económica –si no es una crisis– que se advierte en el futuro próximo.

El gobierno progresista no puede obviar que una parte importante de quienes sufren la precariedad laboral y ausencia de trabajo digno, estable y de calidad son los trabajadores migrantes y, especialmente, las mujeres migrantes, que también son parte de la clase trabajadora más perjudicada con mayor índice de inestabilidad en el empleo. El trabajo de cuidados y del hogar en condiciones de explotación es también una problemática grave que atender.

Políticas contra la discriminación y el racismo institucional.

A día de hoy, las políticas institucionales rehúsan ver la discriminación contra la población migrante en todas las capas de la sociedad tales como el aumento de la segregación escolar por motivos racistas, peores condiciones para la conciliación laboral y familiar (sobre todo en el caso de las mujeres inmigrantes dedicadas a trabajos del hogar y los cuidados), la quita de custodias de niños a mujeres inmigrantes solas, la falta de formación del personal público y privado en políticas de diversidad, antirracismo y antidiscriminatorias.

Esta serie de condiciones que fomentan la desigualdad son las que favorecen el caldo de cultivo para que el odio sea instrumentalizado a partir de una visión interesada de la migración y las personas migrantes como una “amenaza” a la “seguridad” del país, visión que, lamentablemente, en muchas ocasiones también es compartida y usada en los discursos de la izquierda progresista de forma consciente o inconsciente.

Los colectivos de personas inmigrantes llevamos tiempo denunciando la falta de acceso a una sanidad pública universal, a la vivienda y las dificultades añadidas que tenemos de acceder a ella por motivos racistas. Es necesario garantizar el acceso a la justicia al ser víctimas de un delito sin temor a ser deportadas al poner una denuncia, por causa de una situación administrativa en extranjería.

Igualmente señalamos como urgente poner en la agenda política del próximo gobierno acabar con las redadas por perfil étnico, una clara muestra del racismo institucional que ya ha sido prohibido por la Unión Europea, así como el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros, que no son más que cárceles que criminalizan el derecho a migrar y condenan a personas que no han cometido ningún delito a vivir en condiciones infrahumanas.

Vías seguras y protección de la vida

Es fundamental que el nuevo gobierno trabaje en la consecución de políticas que garanticen la protección de la vida de las personas migrantes mediante el establecimiento de vías seguras para migrar, un derecho recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello, es necesario garantizar la adecuación de las leyes de extranjería a los principios de justicia, dignidad y respeto a la vida para evitar las miles de muertes que se producen en el Mediterráneo.

Establecer vías seguras necesariamente requiere facilitar a las personas inmigrante extracomunitarias el acceso a la regularización administrativa, que no solo es perfectamente posible, sino que además es una responsabilidad de los Estados. Recordemos que en la España constitucionalista se han llevado a cabo hasta siete procesos de regularización administrativa por los gobiernos del PSOE y del PP, llegando a beneficiar a cientos de miles de personas migrantes, así como a un amplio sector empresarial que ha requerido y sigue requiriendo trabajadores.

Protección total de la infancia

Mención específica tiene garantizar la protección de la infancia. No olvidemos que las y los niños migrantes no acompañados han sido y siguen siendo hostigados por llamamientos explícitos al acoso y la criminalización por parte de los discursos de odio originados por la extrema derecha que vincula de manera malintencionada a niños/as y adolescentes con el aumento de la delincuencia e inseguridad, utilizando bulos e informaciones falsas, como ya lo han demostrado numerosas fuentes e informes oficiales.

No se trata de ataques esporádicos o incidentes aislados, sino repetitivos, sistemáticos y coordinados, que tienen un origen, siguen un patrón y van en claro aumento.

No hay lugar para la indiferencia, pasividad y permisividad por parte de las instituciones, ni abandono de la obligación de cumplir la ley de velar por el interés superior del menor, contemplado por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Ley Orgánica 1/1996. Una situación administrativa originada por la Ley de extranjería no puede estar nunca por encima de la protección jurídica y efectiva de los/las menores.

Un gobierno con garantías, experiencia y valentía

Por último, queremos señalar que el reciente acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno habla de garantizar la igualdad entre todas las personas. Por ello cumplir sus compromisos electorales es la única garantía de que no traicionarán la confianza depositada por sus votantes. Nuestra responsabilidad colectiva es hacer seguimiento a esos avances, observar y verificar las acciones del nuevo gobierno, que ha prometido actuar con experiencia y con valentía: #ParadElOdio

14 de noviembre de 2019

Contra el racismo, Poder Migrante.

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