Complicidad del Estado de Honduras con minera de Azacualpa agrava violaciones a los DDHH

La complicidad silenciosa del Estado y la ambición desmedida de una empresa minera que ya no respeta ni a los difuntos, se combinan y provocan el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión Copán, situada a 351 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.

La Unión es un pequeño municipio de 19 mil habitantes, asentado en una enorme capa de oro, que es explotado a cielo abierto, por la empresa, Minerales de occidente, MINOSA, subsidiaria de la canadiense Aura Minerals, provocando daños irreversibles para la población y el ambiente.

Pero además de los daños ambientales y las afectaciones de la salud de los pobladores, MINOSA también ha provocado no solo división entre los pobladores, sino además, odio de las autoridades para los vecinos que se oponen a las operaciones mineras y hacia los defensores de los derechos humanos que los acompañan.

La empresa mantiene bajo su control a las autoridades locales, algunas regionales y nacionales y al 90% de los medios de comunicación y comunicadores sociales de la región occidental.

Asimismo los trabajadores de la empresa y principalmente los afiliados al sindicato, se volvieron enemigos de los pobladores que defienden la naturaleza. Para ellos es más importante el empleo que les ofrecen a los ríos y los bosques de la comunidad.

Y ese “es un problema que se ha venido arrastrando en los últimos 15 años”, expresó el abogado, Rolando Milla, Delegado Regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH).

Para él parte de esa situación es provocada por las autoridades judiciales y el Ministerio Público que no les dan respuestas a las demandas de la población.

Sostuvo que los tribunales de justicia se han negado a resolver los recursos legales que han presentado las dos partes, y que esa situación ha provocado enfrentamientos entre los que se declaran a favor y los que están en contra de las operaciones mineras.

Milla también culpó de la situación al Ministerio Público que tampoco ha demostrado voluntad para resolver las denuncias que han presentado los pobladores por amenazas que han recibido de los guardias de seguridad y de los miembros del sindicato de la empresa.

Pero además, informó que el sindicato de la minera también ha presentado denuncias contra los pobladores por amenazas y hostigamientos, que de igual manera no han sido investigadas por el Ministerio Público.

Sin embargo por el reclamo de los pobladores 19 hombres y mujeres de Azacualpa ya han sido criminalizados, después de que fueran detenidos por la Policía Militar, el 14 de abril de 2014 cuando participaban en una manifestación pacífica demandando cumplimiento de los convenios firmados por MINOSA.

Campañas de odio

La polarización en el municipio alcanza niveles no esperados por la población, tal es la situación, que la Corporación Municipal de La Unión Copán, ha declarado non gratos a los defensores de los derechos humanos que visitan la zona.

Entidades como la Asociación Noroccidental de Organizaciones no Gubernamentales,(ASONOG), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos,(CIPRODEH), han denunciado ser objeto de amenazas, calumnias y campañas de odio, derivadas del simple acompañamiento que le dan a los vecinos en sus exigencias por el respeto de sus derechos.

Impacto provocado

Como producto de la extracción minera en la Unión Copan, en la década de los 90, la empresa canadiense “Greenstone desapareció totalmente la aldea de San Andrés Minas, un poblado al que no solo le demolieron su infraestructura, casas, iglesia y escuela, sino también su historia, las montañas, la cultura y sus costumbres.

Los habitantes de San Andrés fueron obligados a reubicarse a pocos kilómetros de donde era la aldea, en pequeñas casas construidas para ese fin por parte de las autoridades y la compañía.

Veinte años después las operaciones extractivas avanzan tal como si se tratara de un cáncer que carcome a la sociedad y ataca a las aldeas de Azacualpa y San Miguel.

En Azacualpa la mayoría de la población ha sido desplazada y ya la minera ha comenzado a destruir hasta el cementerio que tiene unos 200 años de antigüedad, y en San Miguel, de 76 familias que allí residían ya solo quedan siete.

Ahora frente de la iglesia de San Miguel, la compañía construyó su laguna de lixiviación, que no es más que un enorme pozo de cianuro, un veneno que les permite separar el metal de la broza extraída de la tierra. La compañía saca feliz sus ganancias sin invertir mucho, pero la población debe quedarse con la  contaminación que impacta en su medio ambiente y salud.

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