Como reparten el bote de todos

La orientación presupuestaria de 2009, a pesar de desarrollarse en un contexto de crisis económica, no ha cambiado de sentido. Está ahondando en el desequilibrio social y territorial de Euskal Herria, sigue apostando por un desarrollo ultra neoliberal y repite la estrategia de responder a las necesidades del capital, no de la sociedad.

Para empezar, la recaudación de impuestos se ha hecho de una manera injusta desde la perspectiva del reparto de la riqueza. Se debería de recaudar en función de la renta y los beneficios obtenidos por cada cual, para que quien más tiene más aporte al bote común.

La reforma del IRPF ha beneficiado exclusivamente a las rentas altas. Se da la paradoja de que 10.000 euros de renta tributan diferente según cómo sea la forma de obtenerlos. Por ejemplo, si se han obtenido por trabajo asalariado el impuesto es de 2.300 euros, mientras que si provienen de un pelotazo inmobiliario seria 1.800 euros como máximo.

Luego está esa administración al servicio de los empresarios. Por culpa de una actitud pública de sumisión al empresariado vasco, la última bajada del Impuesto de Sociedades y el aumento de los beneficios fiscales, ahora tenemos que de cada 100 euros que se espera recaudar en 2009 solamente 13,1 serán pagados por las empresas (12,9 en la CAPV y 13,9 en Nafarroa).

La guinda la ponemos con el fraude fiscal, que en Hego Euskal Herria supera los 9.000 millones de euros.

Y después de tan correcta recaudación, los partidos del gobierno nos aseguran que el reparto sera ideal.Veamos.

De ningún modo se va a erradicar la pobreza, ya que sólo se destinan 216,87 millones de euros a Renta Básica y 34,5 millones de euros a Ayuda de Emergencia Social, un 2,39% del presupuesto.

Si estas cifras de gasto las comparamos con el Producto Interior Bruto, vemos que en Hego Euskal Herria se gastan entre su propia ciudadanía mucho menos de la mitad del famoso 0,7% del PIB que en otros países se gastan en ayuda al tercer mundo. (0,33% del PIB de la CAPV y 0,13% en Nafarroa).

Tampoco nos van a garantizar el acceso a la vivienda. Únicamente con las vacaciones fiscales de un año, que asciende a 8.293 millones de euros, se podría afrontar el problema de la vivienda.

A este hecho debemos sumarle que el Gobierno vasco cataloga como “sociales” gastos que nosotros no consideraríamos como tal. Por ejemplo, el gasto de la Ertzaintza asciende a 583,33 millones de euros, aumentando un 23,6% respecto a 2006. También es conveniente plantear si realmente es social financiar anualmente las perdidas de explotación del Guggenheim, que cada año es más deficitario.

A este despropósito hay que sumarle el enorme gasto de dinero público, 9.000 millones de euros, para las obras del TAV, en detrimento de otras prioridades urgentes e inaplazables de tipo social, económico o cultural.

Urge democratizar la economía para poner freno a la precarización social que estamos padeciendo, levantando un muro que pare el constante recorte de derechos sociales al que nos están sometiendo.

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