Colombia: Veeduría Ciudadana y Popular Vs. Comportamientos «premodernos»

Carta Abierta al Gobernador del Cauca

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El próximo jueves (26.03.09) tenemos el debate en Popayán con el Gobernador del Departamento (estado o provincia) del Cauca, en las instalaciones de la Asamblea Departamental sobre el caso de PROBOLSA S.A. Dicho funcionario también está citado “a presentar cuentas” en el nivel nacional (senado y cámara). Esperamos que la primera autoridad de la región asista al debate y de la cara. El no hacerlo sería negar su palabra y reconocer su profunda debilidad.

“Casi” todo se ha dicho sobre este grave suceso. No todo se conoce, pero lo sucedido es “vox populi”. Un familiar muy cercano al gobernante en alianza con un secretario (que se puso en evidencia sin que nadie se lo pidiera), embarcaron al señor González Mosquera y a su tesorera en tamaña acción fraudulenta. Colocaron $16.000 millones del presupuesto para la salud y la educación en una “pirámide de cuello blanco”. Debe haber representado una gran comisión para los perpetradores e intermediarios de esa “operación financiera”. Es algo que, seguramente, nunca se sabrá al detalle.

Ese es el hecho escueto. El delito. Lo demás, es la operación de ocultamiento montada por el gobierno con la colaboración de los “entes de control” regional, la complicidad de algunos medios de comunicación, la connivencia de una parte de nuestra sociedad arrinconada por el miedo a la acción de las mafias que co-gobiernan a nivel nacional y regional, pero también, paralizada por sentimientos de impotencia ante el poder establecido. Siguiendo el ejemplo de Uribe, el gobernador se comporta como un hacendado. Al igual que en Colombia, en el Cauca, los asuntos públicos son de manejo familiar. La mayoría de los “súbditos” están acostumbrados a callar. ¡Algunos, como nosotros y nosotras, NO!

Era previsto que esto sucediera. La esposa del gobernador se lo había anunciado: “No te metas otra vez en ese chicharrón” le sentenció antes de ser candidato. Un funcionario como él, que tenía un grave antecedente de credibilidad, ya que había renunciado al Ministerio de Defensa en el gobierno de Samper (marzo de 1997) por haber recibido un cheque de un narcotraficante regional, no estaba preparado para tamaña eventualidad. Se “atortoló ante el grave error”, dicen sus más cercanos amigos. Ocultar, tapar, mentir, distraer, es la conducta que ejemplariza este caso. Para proteger a su entrañable familiar trató de ocultar el sol con las manos. En ese proceso se ensució las manos, metió las “patas”, y comprometió la cabeza. El “pobre” hombre está viviendo una verdadera tragedia griega, dicen los poetas que quedan en&nbsp esta típica ciudad colonial.

Sin embargo, falta decir lo principal. Aspiramos a ser escuchados. Más que por los gobernantes por la sociedad caucana. Este caso desnuda la esencia de una sociedad pre-moderna anclada en el pasado. Lo paradójico es que actualmente se nos quiere vender la idea de que los “planes modernizadores” de Uribe nos van a sacar del atraso. Que ser “modernos” es continuar entregando nuestras riquezas al gran capital internacional. Que “modernizarnos” es dotar a la ciudad de Popayán con un único puente para resolver el problema de la movilidad vehicular, o que un convenio de “call center” (al estilo hindú) nos va a resolver el grave problema de falta de empleo productivo y digno.

La modernidad que el gobernador (y Uribe) nos quieren vender consiste en entregar al mejor postor nuestras riquezas naturales (biodiversidad, minerales, agua, bosques) y sobre todo el territorio, para impulsar proyectos agro-minero-exportadores, convertir a una gran parte de nuestros campesinos (indígenas, mestizos y afros) en jornaleros del campo, y al resto, desplazarlos hacia otras regiones. Para ello utilizan actualmente la economía del narcotráfico y el conflicto armado como herramienta de intervención territorial. Ese es el plan “modernizador”.

Es bueno recordar que esta clase política caucana hace rato perdió su dignidad “castellana”. Vendieron su alma al dinero y a la mafia. Se entregaron en forma absoluta a los intereses de la clase burguesa vallecaucana, esa sí modernizada en lo económico, pero, igual que la “nuestra”, profundamente reaccionaria. Por ello es que los tres proyectos de importancia regional durante los últimos 30 años, fueron diseñados para beneficiar a esa oligarquía del Valle del Cauca. La construcción de la salvajina para regular el cauce del río Cauca, la aprobación de la Ley Páez a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, y ahora, las zonas francas del norte del Cauca. Últimamente quieren cambiarle el curso al río Ovejas, y mantienen en reserva el gran potencial de nuestro carbón. Los Iragorris, Chaux, Valencias, Mosqueras, Salazares y demás, sólo son mayordomos de esta gran finca que tienen los industriales vallecaucanos. Recientemente, hay nuevos aliados: los antioqueños, por aquello de Uribe y su socio Martínez Sinisterra.

Nos quieren embaucar con “espejitos”. La verdad hay que decirla: El atraso que vive la región es intrínseco a una clase dominante heredera de terratenientes esclavistas. Una sociedad que no se ha liberado de la racionalidad colonial, que no es capaz de construir instituciones verdaderamente democráticas y modernas. Esta misma Asamblea Departamental, donde daremos el debate,es una institución doblegada y sometida al poder ejecutivo. Es un buen ejemplo de la existencia de formas de Estado y relaciones de dominación política de carácter colonial y semi-feudal. Sólo bajo presión social y política – después de tres meses del grave peculado – se “atrevieron los diputados” a convocar a un debate de control político, que seguramente va a terminar con una proposición de apoyo al gobernante.

El ejercicio de nuestra Veeduría Ciudadana nos ha demostrado que no existen las más mínimas condiciones institucionales para realizar un verdadero control. No hay sistemas de información. No hay transparencia. Los entes de control (contraloría, procuraduría, fiscalías, defensoría del pueblo) están en manos de la misma clase política. Quienes nos atrevimos a investigar se nos ha querido colocar contra la pared tachándonos de “politiqueros”, “violentos inquisidores” o “divisionistas enfermizos”. Sin embargo, claro que vamos a persistir. Vienen surgiendo espacios ciudadanos en muchas partes, “La Minga” debe dar pasos hacia influir en los asuntos locales y regionales, y en general, el movimiento social debe reaccionar. Eso esperamos.

Porque&nbsp – en verdad -,&nbsp tenemos grandes preocupaciones. ¿Cómo explicar que el principal sindicato de la región, el que representa a los maestros-educadores (ASOINCA), le saca el bulto al problema con el argumento de que quienes hacemos veeduría somos unos politiqueros (igual argumento tiene el gobernador)? Sin embargo, ¿como explicarnos que los representantes de los trabajadores de la educación, en forma independiente y autónoma, tampoco hayan hecho el más mínimo gesto frente a este grave hecho de corrupción? Es extraño este tipo de comportamientos cuando paralelamente les escuchamos hacer alarde de supuestos ideales socialistas. Para avanzar hacia una nueva sociedad siempre tendremos que derrotar la politiquería y el clientelismo, o si no, nosotros mismos lo replicaremos desde el gobierno.

La principal organización indígena, representada en esta asamblea por dos eminentes dirigentes de la Alianza Social Indígena, tampoco han dicho nada. Tienen entre manos un problema similar relacionado con Probolsa en la Alcaldía de Silvia. Pero, nosotros decimos, si queremos construir una nueva sociedad tenemos que ser lo suficientemente valientes para enfrentar nuestros propios errores, como empieza a hacerlo el Polo Democrático Alternativo en Bogotá con el caso del Personero Rojas Birry, y como tiene que hacerlo el gobernador de Nariño.

A pesar de todo, hemos sentido un gran apoyo ciudadano y popular. Nuestro pueblo caucano, aquel que por ahora no tiene muchas formas de expresión, quiere – no sólo la verdad -, sino también, que el dinero se recupere, que los responsables sean castigados, y que las instituciones se doten de mecanismos democráticos y técnicos para poder acceder a la información. Todos los actos administrativos, todos los convenios y contratos, todas las iniciativas gubernamentales, deben ser colocadas en la red de internet, en una página web pública, para poder hacer veeduría real y garantizar que nuestros recursos sean invertidos con eficiencia, efectividad, prontitud y oportunidad.

Finalmente planteamos construir un pacto político y social que obligue a los gobiernos nacional, regional y locales a realizar como mínimo las siguientes acciones:

-Convocar a todas las expresiones sociales y políticas del departamento a ampliar el debate y comprometerse en el diseño de mecanismos institucionales y organizativos para evitar una situación como la que estamos denunciando.

-Democratización inmediata de los recursos del plan departamental de aguas, transparencia en el manejo de lo público, especialmente el sector de la salud y la educación, fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, y demás mecanismos de control social.

-Discusión amplia y conocimiento pleno de los planes de entrega de nuestras riquezas naturales a través de proyectos como las concesiones de minería, la cesión de los territorios a transnacionales, los proyectos agroindustriales, la entrega de nuestra biodiversidad, etc.

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De usted, atentamente,

Fernando Dorado, Veeduría Ciudadana por la Salud y la Educación del Cauca

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