Colombia. Unión Europea rechaza persecución contra líderes sociales

Por Himelda Ascanio

“Cuando se pierde la vida de un defensor, se genera un ataque a la democracia” Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos Patricia Llombart, la Embajadora de la Unión Europea en Colombia inauguró el conversatorio “Líderes sociales y sus propuestas de autoprotección”, donde expresó un «firme y contundente […]

Cuando se pierde la vida de un defensor, se genera un ataque a la democracia”

Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos

Patricia Llombart, la Embajadora de la Unión Europea en Colombia inauguró el conversatorio “Líderes sociales y sus propuestas de autoprotección”, donde expresó un «firme y contundente rechazo a todo atentado y amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que aquí en Colombia están construyendo democracia».

Persecución política en auge

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en su último Informe señala que la Violencia Política en 2018 afectó principalmente a integrantes de las Juntas de Acción Comunal y líderes cívicos,  quienes sufrieron 98 asesinatos:

El Informe del CINEP destaca que más de 800 casos de victimización contra líderes registrados en 2018 están en la impunidad, la Fiscalía General sólo ha emitido 34 sentencias contra autores materiales, pero ninguna sentencia en contra de los autores intelectuales o determinadores, aludiendo que el 73 por ciento son “desconocidos”.

La contra reforma agraria causa genocidio

Colombia es el país más desigual de América Latina en tenencia y distribución de la tierra, donde el 1 por ciento de las fincas de mayor tamaño acaparan el 81 por ciento de la tierra colombiana, lo cual ha generado 7,2 millones de desplazados, a quienes les fueron arrebatadas más de 6,6 millones de hectáreas de tierras fértiles, de las cuales un 60 por ciento pertenecen a resguardos indígenas y comunidades afro.

Por el incumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –Ley 1448 de 2011– sólo han restituido el 6,7 por ciento de los predios reclamados, esto ha motivado a organizaciones de víctimas a llevar los casos ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un informe de la Contraloría General dice que empresarios y políticos violaron normas de propiedad de las tierras, con maniobras jurídicas lograron agrandar sus predios en dimensiones más allá de las permitidas, dentro de los transgresores están el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la familia Ganem Bechara, Pedro Ghisays Chadid, William Enrique Salleg Taboada, Lina María Vélez, y los ex ministros de Agricultura Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri.

Agresiones para sofocar la resistencia 

Después de la reciente Minga del Suroccidente, organizada por indígenas, negros y campesinos, fueron amenazados la mayoría de sus dirigentes, y el sábado 4 de mayo atacaron a 16 dirigentes que estaban reunidos en Santander de Quilichao.

Dentro de los líderes sociales atacados estaban Francia Márquez, reconocida por su lucha contra la minería y los megaproyectos; Carlos Rosero, fundador del Proceso de Comunidades Negras (PCN), Sofía Garzón  activista del PCN; Clemencia Carabalí, Presidenta de la Asociación municipal de mujeres en Buenos Aires, Cauca; y Víctor Hugo Moreno, Presidente de la Asociación de consejos comunitarios del norte del Cauca (ACONC) que reúne el 20 por ciento de los  Concejos afros de todo el litoral Pacífico.

El movimiento Fuerza de Mujeres Wayúu –Sütsüin Jiyeyuu Wayuu (FMW)-, de La Guajira, denunció amenazas de muerte dirigidas a seis de sus integrantes. Igualmente la líder estudiantil Jennifer Pedraza denunció constantes amenazas e intimidaciones.

No detienen el exterminio

Los siguientes son los últimos “neutralizados”, según la jerga de los militares:

Milton Hernández de 30 años, Carlos Obando de 55 años, y su hijo Daniel Obando de 30 años, pertenecían al Consejo Menor afro de la Cuenca del río Iscuandé, fueron asesinados el 2 de mayo en Santa Bárbara, costa pacífica nariñense.

Efraín Prado Rosero, era candidato al Concejo de Mallama, Nariño por el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS; fue asesinado el pasado 3 de mayo cuando se disponía a trabajar cerca de su casa en la vía que conduce de Túquerres a Tumaco.

Belisario Arciniegas García 38 años, precandidato al Concejo del municipio de Morales, sur de Bolívar, fue asesinado en día 7 de mayo en la vereda La Providencia, cerca al casco urbano de La Plaza; además la comunidad denunció el ataque de que fue víctima Jonel Pardo, activista y defensor de los Derechos Humanos.

Mauricio Lezama, consejero departamental de cine de Arauca, actualmente trabajaba en el cortometraje ‘Mayo’ donde relata la historia de una lideresa social sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica (UP), fue asesinado el pasado 9 de mayo por dos sicarios que le dispararon desde una motocicleta.

Wilmer Carvajalino de 48 años, líder regional e integrante da la Cooperativa de Transporte Cootransmic, fue asesinado el 10 de mayo en la vereda La Arcadia, municipio de Morales, sur de Bolívar.

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