Colombia. Ser líder y lideresa social no es delito, es un derecho

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En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, se ha impulsado la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y al tiempo ser pretexto de la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal. Sobre este tema, se entrevistó a Sebastián Salinas, miembro del Congreso de los Pueblos.

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad del movimiento social, de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas como un elemento de represión estatal. Se ha implementado por parte del Estado toda una estrategia de abuso sistemático de las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Así mismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización.

En tan solo los primeros 6 meses de este año, se han judicializado a 67 personas miembros del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos, es decir, llevados a una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, van 362 líderes asesinados en todo el país, concentrándose hacia el Pacífico y suroccidente colombiano, donde también se han perseguido miembros del CDP. Ahora bien, surge la duda que, si en este territorio donde son altas las cifras de homicidios, el Estado no atiende la problemática sino por el contrario persigue a los liderazgos sociales ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿por qué el Estado no protege a estas comunidades?

Continuando con la región pacífico, en esta convergen varias situaciones, están las zonas dejadas por las FARC cooptadas por otros actores armados; por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos, como en buenaventura y Tumaco en el departamento de Nariño, como también el departamento del Chocó ha sido un escenario de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

Por eso, la campaña Ser líder no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas como posibles víctimas. Como muestra de ello, a nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo de estas capturas arbitrarias, como las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información. Alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales, lo han apoyado muchas voces en el mundo.

Es así como se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico como pintas, piezas publicitarias y gráficas, plantones frente a la Fiscalía, reuniones de la sociedad, encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para tratar llevar a cabo una campaña integral que pueda proteger la vida de los ataques jurídicos.

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son el primer lugar atender la autoprotección protegiendo la información de terceros, como segunda recomendación es que las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. Una tercera recomendación, es un llamado fuerte a la solidaridad, porque las acciones colectivas como marchas, informar y denunciar en todos los medios posibles, fortaleciendo la campaña, podrá hacer que nos protejamos de la estrategia del Estado que quiere impedir la movilización y desarticular al movimiento social.

Secretaría de Comunicación y Formación del Coordinador Nacional Agrario.

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