Colombia. Reforma agraria integral: Soberanía alimentaria y redistribución de la tierra

El capitalismo en Colombia, caracterizado por los investigadores sociales como de desarrollo medio y agroindustrial, tiene una enorme deuda con el campo: jamás se realizó una verdadera reforma agraria para satisfacer las necesidades básicas del campesinado y está lejos aún de una política de soberanía alimentaria, como lo plantean las organizaciones sindicales agrarias.

La oligarquía se ha negado rotundamente a dicha reforma, porque no acepta tocar la exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra. En el lenguaje del poder en Colombia no existen las palabras latifundio y terrateniente. Ni siquiera, porque el tema agrario está en los orígenes mismos del conflicto de casi seis décadas.

Las luchas agrarias en la primera mitad del siglo XX en demanda de la “tierra para quien la trabaja” fueron reprimidas por grupos paramilitares al servicio de los terratenientes y con el apoyo de las dictaduras conservadoras de la época, que incluyeron el asesinato y la masacre de dirigentes y activistas en las regiones.

Es una situación que persiste, abarcando en la actualidad a las comunidades indígenas y afrodescendientes, hasta el punto que la consigna original se extiende ahora a la defensa de los territorios.

Es lo que explica, en buena medida, la resistencia armada campesina a la violencia latifundista, que devino en las organizaciones insurgentes. Es tan fuerte el vacío de la democratización del campo colombiano, que la solución política y dialogada al conflicto está estrechamente ligada a la reforma agraria integral, entre otras reformas políticas y sociales.

Proyecto alternativo

En lo anterior se sustenta la importancia de la presentación por parte de la Mesa de Unidad Agraria, conformada por más de 20 organizaciones campesinas del país, del proyecto de ley general de tierras, reforma agraria y desarrollo rural integral.

Se trata de un proyecto alternativo al que presenta el Gobierno Nacional, fundamentado en la economía del libre comercio neoliberal y en las líneas de los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y Europa, que abre las puertas a las transnacionales en la explotación minera y energética y a la competencia desleal en la oferta de alimentos.

Como lo han reconocido expertos de todas las orillas, los TLC afectarán la producción de alimentos y la soberanía nacional y alimentaria.

El acto de presentación del proyecto se llevó a cabo en el Club del Comercio de Bogotá el miércoles 11 de julio, con el apoyo del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA) y Oxfam.

Intervinieron: Edilia Mendoza, de la Mesa de Unidad; Eberto Díaz, de la Mesa de Unidad y presidente de Fensuagro; Héctor Cárdenas, del sindicato de Incoder; Camilo González Posso, director de Indepaz; y Absalón machado, director académico del Informe de Desarrollo Humano 2011.

Superar conflicto histórico

Para Eberto Díaz, presidente de Fensuagro, el objetivo de la reforma agraria es apostar a la superación del “conflicto histórico, relacionado con la tierra, con territorios y con la problemática agraria”.

Denunció la expansión permanente de la frontera agrícola en la disputa entre los nuevos latifundistas, agentes de las transnacionales, que acumulan tierra, con los viejos latifundistas, que muchos se hicieron a la tierra por la vía de la violencia, en las distintas guerras y conflictos de la historia colombiana.

El desalojo y el desplazamiento han sido factor de la emigración campesina a las ciudades. La población rural es apenas del 29 %. “Hay una política sistemática del capital para desalojar el campo”, señaló Eberto Díaz.

Recalcó también que “los campesinos requieren vida digna, quieren ser constructores de la democracia y vivir en armonía con la naturaleza”. Y agregó: “El proyecto es de construcción colectiva, es una apuesta por la democracia y un nuevo país”. Recordó que hay conquistas como las zonas de reserva campesina para que las personas tengan territorio propio, alejando toda posibilidad de latifundio.

Advirtió que el “campo debe volver a tener vida, porque está en peligro la soberanía alimentaria” debido a la penetración de las transnacionales y de los TLC.

El proyecto incluye los temas de mujeres rurales, desplazados, jóvenes y minorías étnicas. Precisamente por eso es integral. Difiere con el del Gobierno porque se aleja del interés privado y se sustenta en la defensa de los campesinos y del territorio.

Es lo que no aceptan algunos de los promotores del proyecto gubernamental, que reducen la reforma al acercamiento del campo a la ciudad, algo así como “urbanizar el campo” a través de la electrificación y la construcción de vías de comunicación, pero sin tocar para nada el latifundio, la concentración de la propiedad sobre la tierra y el poder de los terratenientes, incluyendo a los ganaderos, promotores del paramilitarismo.

Como quien dice: electricidad y vías de comunicación para los grandes dueños de la tierra, sean hacendados o transnacionales.

Política de Estado

Plantea el proyecto, igualmente, una política de Estado para el campo y la creación de un Compes rural que proyecte planes decenales de desarrollo. Entre sus objetivos está acabar con la inequitativa concentración de la propiedad sobre la tierra. Es la cuestión fundamental. “La reforma debe ser redistributiva de la tierra”, dejó muy en claro Héctor Cárdenas, del sindicato de Incoder.

Los objetivos son, a juicio de Cárdenas, defender la economía campesina, frenar la despoblación del campo y la soberanía alimentaria. Incorpora elementos nuevos y fundamentales como los derechos de la mujer, el patrimonio genético y el medio ambiente. Así como el acceso a factores de producción y productividad, al crédito y a la tecnología.

Camilo González sintetizó la filosofía del proyecto, enfatizando que es para un país en conflicto.

“Es un asunto de la economía política”, más allá de la productividad; apunta a problemas no resueltos en el origen del conflicto y “fomenta la economía campesina”; plantea los derechos del campesinado, “ubicando a las comunidades rurales y a la economía campesina como el sujeto de la reforma”. Es una carta de derechos fundamentales de las comunidades rurales y campesinas. “Derecho a la madre tierra y a la paz”.

Para Camilo González, “el concepto de campesino es un elemento residual del desarrollo”, hasta el punto de que el Gobierno habla es de “población rural”. Mientras que voceros gubernamentales y analistas desde la misma perspectiva califican toda propuesta de reforma agraria de obsoleta.

“Si se quiere la paz hay que tener en cuenta al campesinado”, dijo González. Ya lo había dicho el año pasado el Informe de Desarrollo Humano, aunque su coordinador Absalón Machado abogó en la presentación del proyecto por incluir el interés privado.

Está planteado el debate. El 20 de julio la Mesa de Unidad Agraria presentará el proyecto alternativo, mientras el Gobierno Nacional hará lo mismo con el suyo, sustentado en el proceso de acumulación capitalista bajo los rigores de la economía de libre mercado. El proyecto de las organizaciones agrarias es democrático e integral, tiene como centro el campo, el territorio, la soberanía alimentaria y la redistribución de la tierra; mientras que el oficial privilegia lo privado, está entrelazado con el fortalecimiento de los complejos agroindustriales, la presencia de las transnacionales y la puesta en marcha de la locomotora minera en desmedro del medio ambiente y del concepto de territorio.

Fuente: Semanario Voz

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