Colombia. Recesión de la economía: La gestión ortodoxo-conservadora de la crisis por coronavirus

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1.El choque petrolero y la recesión

De acuerdo a las estimaciones hechas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía colombiana tendrá en 2020 una recesión mínima del orden del 2% del PIB, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad respiratoria covid-19, al tiempo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica una contracción respecto al 2019 igual al -2,6% de la actividad económica, influyendo de manera importante al menos tres factores: i) la caída de los precios del petróleo, ii) la medida de confinamiento de la población y iii) la salida de capitales de la región. Según los organismos internacionales, en la situación más optimista volveremos a los niveles de pobreza de 2018.

La caída dramática en los precios del petróleo afecta a las exportaciones y los ingresos fiscales profundizando los llamados déficits gemelos, el fiscal y el déficit comercial, que antes de la crisis de la pandemia ya llegaban a 4% del PIB, lo que confirma el fracaso de la imposición del modelo extractivista por parte de las elites internas. Debe resaltarse el caso del fracking, al que ya se le había dado vía libre en el país mediante la aprobación gubernamental de «pruebas piloto» y al que, en el plano externo, ECOPETROL apostó desde el año anterior realizando una inversión de US$1.500 millones en el yacimiento de Parmica-Texas.

Para los primeros cuatro meses del año la moneda colombiana se devaluó 23,27%, pasando de $3.277/US a $4.039/US con corte a 28 de abril. La consecuencia natural es el incremento del esfuerzo que tanto el sector público, como el privado, debe hacer para mantener relaciones con los mercados internacionales, particularmente en cuanto tiene que ver con créditos, adquisición de materias primas y maquinaria, en el caso de las empresas, y artículos de la canasta familiar, en el caso de los hogares, sobre todo si se tiene en cuenta que como consecuencia de la apertura económica y los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia en los últimos treinta años en la actualidad se importa el 30% de los alimentos, lo cual genera presiones inflacionarias vía efecto pass-through.

Gráfica N.° 1. Tasa de cambio histórica diaria en Colombia:

Cuatro primeros meses de 2020

Fuente: Construcción autores, con base en Banco de la República.

Como consecuencia de dicho comportamiento del peso colombiano frente al dólar, la moneda colombiana es la cuarta más devaluada de América Latina, luego de Argentina (47%), Brasil (32%) y México (28%), y de la misma forma se encuentra dentro de las más devaluadas en el caso de las economías emergentes, ubicándose como una de las que más valor perdió durante las dos primeras semanas de marzo.

Dicha pérdida del valor del peso frente al dólar refuerza la tendencia de los últimos 8 años al crecimiento de la deuda externa pública y privada en relación con el PIB ya que, como se muestra en la gráfica N.º 2, de 2012 a enero de 2020 se pasó del 25% del PIB a un rango superior al 50%, con lo que Colombia –junto con Chile, Perú, Malasia, México y Filipinas– se convierte en una de las economías emergentes en el mundo con mayor deuda externa como porcentaje de su ingreso nacional.

Gráfica N.° 2. Saldo de la deuda externa

  Fuente: Tomado de Banco de la República.

Además del incremento de la deuda externa, que genera tanto problemas fiscales como en la operación de las empresas importadoras de maquinaria e insumos, cobra especial relevancia la dinámica que puede tomar la deuda pública.

La tabla N.° 1 deja ver en este contexto como las expectativas previstas para el país no son las mejores en tanto, según el propio Banco Mundial, la economía colombiana tendría una recesión del 2% del PIB, lo cual incrementaría al menos en 4,5% la cifra total de desempleo –aproximadamente 1.145.000 empleos, como lo prevé el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)–.

De igual manera, la cuenta corriente incrementaría su déficit en un punto del PIB, llegando al 5,3%, y un incremento de la deuda del GNC lo haría llegar a 53% del PIB, sin contar las presiones fiscales sobre departamentos y municipios. En este contexto, los niveles de pobreza se incrementarían, con lo que, suponiendo que la crisis no se prolongue en el tiempo, solo hasta 2022 volveríamos a los niveles de pobreza de 2018.

Tabla N.°1. Evolución economía Colombia desde 2017 y proyecciones hasta 2022 (según Banco Mundial)

  Fuente: Tomado de Banco Mundial (2020) con base en Práctica Mundial de Macroeconomía, Comercio e Inversión, y Práctica Mundial de Pobreza y Equidad.

El incremento de la deuda externa a causa de la devaluación del peso como resultado de la salida y reducción de capitales internacionales, así como el descenso de las exportaciones por la caída de los precios del petróleo, abre una discusión sobre qué hacer con el endeudamiento externo en el futuro inmediato dado que, adicionalmente, la pandemia ha paralizado la producción y ha condenado a miles de personas que viven de la economía informal a condiciones precarias.

2.Las responsabilidades del presidente de la República y la Junta Directiva del Banco de la República

En este contexto, la política del actual gobierno, utilizando los mecanismos excepcionales del Estado de Emergencia Económica, y de las autoridades monetarias, similar a lo que podríamos caracterizar como una gestión neoliberal, ha sido la de favorecer a los grupos financieros, mientras deja a la mayor parte de la población abandonada a su propia suerte.

Con relación a las ayudas que ha suministrado el gobierno es posible resaltar:

i.La creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y del FONPET, los cuales pertenecen a las regiones, por una suma de $14,8 billones (Decreto 444 del 2020). Estos recursos vienen siendo administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, según el artículo 4 del decreto citado, podrán usarse para «efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, entre otras», e «invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra», entre otros.

ii.El giro de $3.5 billones al Fondo Nacional de Garantías, con el cual los bancos podrán «desplegar nuevas garantías hasta por un total de $48.15 billones de pesos que se traducirán en nuevos créditos hasta por $80.25 billones de pesos…» para auxiliar supuestamente a las PYMES, lo que no viene ocurriendo.

iii.La utilización complementaria del Holding Bicentenario, creado por decreto presidencial en noviembre del año pasado conforme a autorización del Plan de desarrollo 2018-2022, que significó una expropiación de los recursos del Sistema Financiero Estatal al mercado de capitales. El aparte pertinente que autoriza esta actuación complementaria establece «Que la consolidación del patrimonio de las empresas estatales públicas en cabeza del Grupo Bicentenario S.A.S. permitirá coordinar y centralizar las estrategias de aprovechamiento de los recursos patrimoniales de las entidades financieras del sector público del orden nacional, con el propósito de utilizar estos recursos para afrontar los efectos adversos generados en el marco de la emergencia económica, social y ecológica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 417 de 2020…».

iv.El ingreso a COLPENSIONES de los cotizantes a los fondos privados de pensiones con salario mínimo que hacen parte del segmento de retiro programado (aproximadamente 21.000), cuyos desembolsos alcanzan la suma de $7 billones, en una típica operación de socialización de las pérdidas dada la baja de rentabilidad que los fondos privados están obteniendo a causa de la crisis bursátil (Decreto 558 del 2020).

v.La solicitud de renovación al FMI del crédito de la Línea de Crédito Flexible por US$11.000 millones, que conforme a las definiciones exigidas por este organismo internacional deben ser administrados por el Banco de la República con carácter de reservas, lo que significa una operación preventiva de salvamento al sistema financiero en caso de que la fuga de capitales siga en ascenso.

En lo referente a las definiciones de política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República es importante resaltar:

i.La reducción de la tasa de interés de referencia de 4.5% a 3.2% en las últimas semanas sin que los bancos hagan cambios en la misma dirección para beneficiar a los usuarios financieros, hogares y empresas.

ii.Desde el 18 de marzo se inyectó una cantidad aproximada de $23 billones al sistema financiero, ampliando el grupo de entidades crediticias que tiene acceso a la liquidez del emisor al incluir a las sociedades administradoras de pensiones y cesantías, a las aseguradoras, a los fondos administrados a través de sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, y sociedades administradoras de inversión. Al mismo tiempo decidió subastar US$400 millones en operaciones swaps a 60 días.

iii.Se autorizó la compra por $10 billones de títulos privados emitidos por establecimientos de crédito con vencimiento a tres años o menos, un programa similar a una de las líneas crediticias que viene realizando la Reserva Federal norteamericana (FED) desde el año 2008 mediante la llamada «Flexibilización Cuantitativa» y que ahora ha intensificado con creces. Los bancos centrales de Chile y Colombia (Brasil anuncia la implementación del mismo programa, siempre y cuando lo apruebe el Congreso en las próximas semanas) son pioneros en América Latina en la implementación de esta política de emisión privatizadora.

iv.La reducción de encajes a los bancos del 11,5% al 8,5% aprox., que les posibilitó liberar $9.5 billones, los cuales fueron destinados a la adquisición de Títulos de Deuda Pública (TES), permitiéndoles una rentabilidad de $500.000 millones anuales aprox. contra el presupuesto nacional.

v.La compra por parte del Banco de la República de $ 4 billones en TES.

A pesar de todas estas medidas los datos de acceso al crédito siguen siendo bajas, aun cuando se ha anunciado el respaldo en un 90% de estos endeudamientos (gráfica N.° 3).

Gráfica N.° 3. Acceso a crédito bancario 

​ Fuente: Construcción autores, con base en Banco de la República.

Este comportamiento del crédito se ha acompañado de su reestructuración, dadas las dificultades de la crisis actual concentrada particularmente en empresas que tienen por razón social el comercio, los servicios, la industria, la construcción y el transporte; adicionalmente, por lo menos el 22% de personas naturales han solicitado este tipo de reestructuración.

De otra parte, los datos de la evolución del crédito durante el primer trimestre del año en curso confirman un deterioro de la utilización del mismo en consumo y vivienda y una lenta recuperación del crédito comercial y el microcrédito, que no tiene concordancia con las cantidades enormes de dinero que el gobierno y el Banco Central le han transferido al sistema financiero.

Llama la atención el doble discurso de las autoridades monetarias referente a la emisión de dinero, el cual delata sus convicciones ideologizadas cuando argumentan convencionalmente que no le es posible al Estado realizar emisión directa pues esta produce inflación, sin tener en cuenta la enorme contracción de la demanda que viene produciendo la crisis. Esconde este argumento que han realizado grandes emisiones de dinero a favor de los grupos financieros privados. Basta solamente con observar el crecimiento del indicador monetario M1 en los dos últimos meses.

Gráfica N.° 4. M1=Efectivo+Ctas-Reservas 

Fuente: Banco de la República.

3.La alternativa: Un plan de choque que favorezca a la población


Contrario a las afirmaciones de los voceros del monetarismo a ultranza, existen todas las condiciones para realizar una emisión de por lo menos el 10% de las reservas, que en la actualidad ascienden a US$ 53 mil millones, como parte del financiamiento de un plan de choque que debe completarse con recursos fiscales y cuyo objetivo debe ser el de mejorar las condiciones del sistema de salud y garantizar alimentos y condiciones mínimas de subsistencia a amplias franjas de la población que parecen condenadas a la desesperanza.

Los recursos de este plan de choque pueden girarse a través del Banco Agrario, el único de propiedad estatal, que cuenta con oficinas en la mayoría de los municipios del país y que en los hechos viene intermediando en los giros de programas gubernamentales, como en los casos de desplazados y víctimas.

Invocando el Estado de Necesidad, reconocido en el derecho internacional, el planteamiento adecuado debe ser el de la suspensión del pago de la deuda externa, sumándole a ello la creación de una auditoría ciudadana que investigue y publique los contratos con los que se adquirió la misma.

Una política de estas características puede comenzar con la suspensión del pago de los intereses de la deuda pública que representan un monto igual al 3% del PIB en la ejecución del presupuesto anual y en el que el endeudamiento externo representa una cantidad importante. La suspensión del pago de la deuda abriría un espacio al gasto público social para implementar con carácter inmediato un programa de Renta Básica, que le posibilite a la población damnificada subsistir mientras dure la pandemia, y programas a futuro que beneficien el empleo y la calidad de vida de las y los colombianos.

Optar por un programa de estas características implica una decisión política en favor de la población, al igual que es una decisión política de las autoridades económicas mantener intactas las reservas internacionales y pedir otras adicionales al FMI para preservar el funcionamiento y las ganancias de las finanzas privadas por orden del capital corporativo transnacional en medio de una de las peores crisis económico-sociales de la historia del capitalismo.

www.revistaizquierda.com/secciones/numero-85-mayo-del-2020/recesion-de-la-economia-colombiana-la-gestion-ortodoxo-conservadora-de-la-crisis-por-coronavirus

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