Colombia. ¿Qué pasa en el sur de Bolívar?: 4800 militares y un ‘falso positivo’ (I)

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El 15 de julio las comunidades del sur de Bolívar se estremecieron ante la captura irregular de nueve campesinos en Micoahumado; sin embargo, la situación de orden público en la región se relaciona con los más de 4000 efectivos del ejército que llegaron este año, generando zozobra y complejizando el panorama de derechos humanos para los campesinos y campesinas.

7 de marzo, 2019 – Una finca en Micoahumado, Morales

¡Goooool! Gritó José, luego de que anotara el primer punto del partido que apenas estaba comenzando. Un sonido fuerte rugió desde una montaña y precedió las ráfagas de disparos que se dirigían hacia la cancha. “¡Corran que nos van a matar!” gritó uno de los campesinos, sin saber que uno de sus compañeros ya estaba herido. El fin de la tarde, y del partido de fútbol, lo marcó aquel momento en el que el ejército disparó a los campesinos que, como de costumbre, se disponían a jugar. 

El campesino asesinado fue José Dolores Sánchez Quintero, que con apenas 18 años de edad ya era jornalero de la finca. Por su parte, una bala impactó el brazo derecho de Henri Sarabia, que salió corriendo hacia la finca en la que habían menores de edad, campesinos y campesinas; sin embargo, el ejército siguió disparando, sin recibir ni una bala como respuesta.

A pesar de su herida, Sarabia quedó vivo para contar la historia; según Gladys Rojas, integrante de la Corporación Sembrar, “la persona herida mantuvo su testimonio, pese a la presión de la fuerza pública para que fuera cambiado y se dijera que había sido un enfrentamiento y que la persona muerta era un insurgente, cuando ellos estaban claros que no era así”.

Frente a esta situación, la Fuerza de Tarea Marte, comando del ejército que opera en esta región, realizó un comunicado de prensa en el que afirman que se trató de una operación en contra del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Sin embargo, los testigos aseguran que no se trató de un enfrentamiento, pues no hubo intercambio de disparos y la Fuerza Pública disparó con la certeza de que los que estaban en la cancha eran civiles.

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Micoahumado es un corregimiento ubicado en el municipio de Morales, al sur del departamento de Bolívar; una región cobijada por la Serranía de San Lucas y el río Magdalena. Aunque el ELN ha estado presente en la región desde la década de los setenta, este territorio sintió la violencia paramilitar al comienzo de los años 2000. Asimismo, el sur de Bolívar tiene una importante trayectoria organizativa que ha dado paso a la consolidación de numerosos líderes y organizaciones sociales y políticas.

En diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque afirmó que “a partir de febrero de 2019, la Fuerza de Tarea Marte estará operando en el sur del departamento de Bolívar”. Su objetivo era articular las estructuras militares de la región bajo el mando del brigadier Jairo Leguizamón; es decir, aproximadamente 4800 efectivos de la Fuerza Pública llegaron al sur de Bolívar a mediados de febrero de este año. 

Según Gladys, “para el caso específico de Micoahumado los escenarios de militarización se dan para finales de enero de este año”, cuando el ejército se ubica en la tostadora de café, uno de los procesos organizativos de los habitantes. La comunidad afirma que esta ha sido una constante en el territorio, pues la Fuerza Pública se ha instalado en pleno casco urbano, arriesgando la vida de las personas que están alrededor; por ejemplo, denuncian que los militares han ingresado al colegio, afirmando que necesitan utilizar el espacio.

Asimismo, la alta presencia militar en el corregimiento ha ocasionado un desplazamiento de la autoridad civil, pues han tomado responsabilidades que le corresponden a la administración pública. Según el texto Tras los pasos perdidos de la guerra sucia, escrito por Terre Des Hommes -TDH-, una de las características de la doctrina contrainsurgente aplicada en Colombia es la acción cívica, es decir, la “acción destinada a mejorar la calidad de vida, a través de servicios de alfabetización, atención médica, construcción de puentes, apertura de vías de comunicación, etc…”.

En Micoahumado, sin embargo, la militarización ha estado lejos de mejorar la calidad de vida de las personas, sino que por el contrario ha generado un escenario constante de zozobra. Por un lado, los enfrentamientos entre el ejército y el ELN son más frecuentes. Según Gladys Rojas “lo que ha hecho el ejército tomándose los espacios civiles e involucrando a la población civil es generar unos niveles de vulneración muy grandes contra la población”.

Por otro lado, la comunidad ha denunciado que la alta presencia militar ha traído consigo la estigmatización y la persecución hacia las personas; “constantemente se les está tomando fotos, se les está registrando las placas de sus carros, de sus motos, registrando sus nombres”, afirma Rojas. Esta persecución se ha reflejado en las capturas infundadas o ‘falsos positivos judiciales’ hacia miembros de la comunidad.

El 15 de julio, entre gritos y disparos, fueron capturados nueve campesinos. Este hecho detonó la indignación de la comunidad que, en repetidas ocasiones, ha hecho un llamado a la Fuerza Pública para que cesen los hostigamientos. Actualmente los campesinos y campesinas de Micoahumado se encuentran en el casco urbano del Morales y exigen al Estado garantías para permanecer y vivir dignamente en su territorio.

CI ND/ND/25/07/19/8:00

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