Publicado en: 3 enero, 2019

Colombia. ¿Qué necesitan las negociaciones con el ELN?

Por Colombia Informa

El proceso de paz entre el Estado colombiano y el ELN se encuentra suspendido tras la llegada de Iván Duque a la Presidencia. No es claro qué va a pasar en La Habana, sin embargo, hay un enredo de la negociación luego de las condiciones del actual Gobierno.

Realizados en Cuba, estos diálogos terminaron durante al gobierno de Juan Manuel Santos con el sexto ciclo del punto uno de la Agenda de negociación para la paz, con equidad en nuestros pueblos, entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-.

El gobierno de Iván Duque todavía no inicia el séptimo ciclo y amenaza con finalizar el proceso de paz, cuya agenda consta de 6 puntos: 1. Participación de la sociedad en la construcción de paz, 2. democracia para la paz, 3. transformaciones para la paz, 4. víctimas, 5. fin del conflicto armado, y 6. implementación. Los países garantes del proceso son Brasil, Chile, Noruega, Venezuela y Cuba como país anfitrión; Alemania, Italia, Holanda, Suecia y Suiza configuran el Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación -GPAAC-.

Inicialmente, la negociación fue instalada públicamente en Quito, Ecuador, durante el año 2016. El objetivo en Cuba, país que recibió la Mesa en 2018, fue alcanzar un nuevo cese del fuego (bilateral, temporal y nacional) entre las Fuerzas Armadas -FFAA- y ELN, mejor al cese ocurrido entre octubre del año 2017 y enero del 2018. Este acuerdo garantizaría la participación de los pueblos a través de un Diálogo Nacional para reclamar cambios en las condiciones de vida que generan la violencia política en Colombia.

Mujeres

Las leyes creadas en el Congreso de la República no se cumplen ni verifican. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el año 2018 fueron asesinadas más de 800 mujeres, y cerca de 104 mil fueron víctimas de algún tipo de violencia; el 6% del enfoque de género que ha sido implementado del Acuerdo con el hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-, también da fuerza en esta crisis que puede ser evitada con las instituciones y presupuesto existentes.

La construcción de paz debe vincular a las mujeres ya que no fueron ajenas a la guerra, esta se inscribió en sus cuerpos de manera simbólica y material. Por ello varios grupos de mujeres se han organizado como sector, hay plataformas políticas que luchan contra el patriarcado en las instituciones del Gobierno y también en sus comunidades; y tienen propuestas de políticas públicas con esta claridad. En la negociación entre el ELN y el gobierno de Iván Duque un objetivo de la agenda es cambiar esta desigual y particular falla.

Madre tierra

La defensa del agua, la vida y el territorio es una realidad que la sociedad colombiana asumió luego de reconocer la explotación extractivista de bienes naturales en territorios campesinos, urbanos, negros e indígenas. La población afectada por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango, en el departamento Antioquia, es un ejemplo del porqué son necesarias alternativas para una política mineroenergética. Las minas, los monocultivos, pozos petroleros y megaproyectos de infraestructura significan deterioro a la naturaleza y a las comunidades.

Impactos ambientales y sociales que la mesa de diálogo en la Habana considera y espera dialogar con el Estado. Definir cómo será la intervención mineroenergética del gobierno de Iván Duque es una prioridad que los pueblos reclaman. Las garantías constitucionales para el ejercicio de las consultas populares y las consultas previas, hacen parte de la controversia que hoy se protagoniza desde La Habana.

Crisis humanitaria

Además del ELN y las FFAA existen los grupos paramilitares, el Ejército Popular de Liberación -EPL- y una sección de las FARC-EP que no se vinculó al Acuerdo logrado en el año 2016. Esta situación ha sido evidente en la región Catatumbo, departamento Norte de Santander, donde han sido cometidas masacres, amenazas y desplazamientos a pueblos, junto con el asesinato a líderazgos sociales.

Lo anterior se resaltó a nivel nacional desde marzo hasta mayo del pasado año en un constante conflicto que reúne a cinco grupos armados. El Presidente Iván Duque respondió con el aumento de la militarización y exigió al EPL, las FARC y los paramilitares combate armado.

Sin embargo los hechos victimizantes hacia los pueblos continúan en Catatumbo y en todo el país. La Defensoría del Pueblo reportó que desde el primero de enero de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2018, en total fueron asesinados 423 lideresas y líderes sociales. El año 2018 tuvo 164 asesinatos, fue el más violento. La falta de mayores garantías desde el Estado para el ejercicio político de los liderazgos sociales ha sido un inconveniente para lograr el cese del fuego bilateral entre Gobierno y ELN.

Incumplimientos

En el año 2017, el Estado sumaba 1300 acuerdos que no se materializaron para la Minga indígena. El Acuerdo firmado con las FARC, por su parte, tiene los mismos problemas en su implementación desde hace dos años.

Ambos casos demuestran que la decisión para incumplir ha sido política de Estado, así como militarizar los territorios. Tanto desde el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y ahora con el Presidente Iván Duque, estos dos ejercicios de poder explican la vulnerabilidad de la democracia colombiana y el ataque a la dignidad humana. Los acuerdos no se cumplen y la vida, toda, se irrespeta.

El cumplimiento de los pactos suscritos reclama veeduría en las negociaciones con los sectores sociales, como también para el diálogo suspendido en La Habana con el ELN. Sin embargo y de todos modos, la observación de la comunidad global debe respetar la soberanía colombiana.

ELN

Este grupo rebelde manifiesta que no existe sometimiento en un Acuerdo para terminar el conflicto armado, por lo que debe respetarse la Agenda, el proceso acordado por el mismo Estado colombiano que busca desmovilización y reinserción del ELN.

La paz es la principal responsabilidad del Estado y para la Nación. Esta requiere la participación directa de la sociedad en la Mesa de negociación junto al gobierno del Presidente Iván Duque, para saber qué se necesita desde los territorios donde el Estado es ineficaz. Así, junto a un cese del fuego (realizado por la guerrilla en cuatro ocasiones desde hace ocho meses), que armonice con el Derecho Internacional Humanitario, se garantizará la implementación de las transformaciones acordadas entre el Estado y el ELN.

Iván Duque

Para continuar con la mesa de negociación el Presidente condicionó los diálogos, de acuerdo con los planteamientos de su partido político Centro Democrático, liderados por Álvaro Uribe Vélez. Según Duque, para continuar con la negociación el ELN debe terminar con sus actividades rebeldes, y esto es un reclamo unilateral que raya con la solución política al conflicto armado.

La exigencia, sumada con la militarización de los territorios, criminalización de la protesta social, asesinatos a liderazgos sociales, el impulso a reformas tributarias que aumentan los impuestos a la clase popular, así como la reducción de gastos en instituciones públicas, contradice toda posibilidad para eliminar las causas que originaron el nacimiento del grupo insurgente ELN.

¿Y entonces?

La participación de la sociedad y la política de Estado deben sincronizarse alrededor de la construcción de paz para los pueblos; la vida digna y el reconocimiento a la democracia son elementos básicos para terminar con más de un siglo de guerra en Colombia. El crecimiento popular e institucional demócrata es una esperanza, y la mesa de negociación entre el gobierno de Iván Duque y el ELN constituye un escenario exclusivo para materializarla.

En la última elección presidencial más de ocho millones de personas votaron por Gustavo Petro y su política de cuidado de la vida, la mayoría de sus votos fueron logrados en la periferia de Colombia, lugares que padecen el conflicto armado diariamente. Esto le obliga considerar al Presidente Iván Duque una salida política negociada para terminar el conflicto armado entre ELN y Estado.

La guerra continuará cuatro años más si el Presidente Iván Duque no lee bien la realidad. Debe dialogar con los pueblos, la diversidad cultural que no conoce un buen vivir, y también junto a la clase social privilegiada de nuestro país que identificó, en algunos sectores, estos problemas generados por la desigualdad.

Muerte, violencia política y profundización de la pobreza en Colombia describen los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), así como la intervención de otros países que lejos de buscar la solución política del conflicto armado aún se benefician en esta guerra estructural y continuada. Pero la sociedad reclama la salida negociada del conflicto armado; manifiesta desde varios sectores populares (mujeres, indígenas, estudiantes, campesinas, obreras, negras, profesoras) el sentimiento de personas cuidadoras que padecen cómo el Estado violenta sus cuerpos, familias y pueblos.

Un paro cívico nacional se acerca, esta expresión democrática del movimiento social reclamará por la ilegitimidad del Gobierno actual que pretende continuar indefinidamente con la victimización de toda la nación.

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¿Qué necesitan las negociaciones con el ELN?

 

 

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