Colombia: Por la paz, la justicia social y la unidad popular

 

El sentido del momento histórico que está viviendo la sociedad colombiana, en un contexto latinoamericano y mundial, muestra que es una hora de cambios con callejones oscuros pero también con oportunidades que pueden abrir caminos. Las fuerzas revolucionarias, la resistencia popular, democrática, la solidaridad internacionalista y bolivariana con el pueblo colombiano están cumpliendo un destacado papel para desbloquear una situación histórica de repliegue del movimiento popular. Los acuerdos de diálogo que se adelantan en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP son un paso en dirección a un proceso de solución política. El momento exige que el diálogo debe ampliarse para incluir a las insurgencias del ELN y el EPL.

Las clases dominantes del orden actual empiezan a entender que no pueden seguir gobernando exactamente como antes pero se aprestan a consolidar como modelo de paz una nueva versión del antidemocrático sistema de desigualdades, exclusiones, intensa militarización y control social. Por su parte, las fuerzas que luchan por el nuevo país exigen garantías, libertades políticas y reformas sociales que permitan superar las causas generadoras de la injusticia, la persecución ideológico-política y la exclusión que están en la raíz de la prolongada guerra contrainsurgente.

La paz justa y democrática es una condición indispensable para que el pueblo colombiano continúe su lucha hacia reales y nuevas conquistas de justicia social. En un momento como el que se vive hoy, el espíritu revolucionario contribuye a trazar el sentido de la iniciativa histórica y política acertada. Alimenta la batalla de ideas que tiene un papel central en la lucha política enmarcada en la III conferencia.

La crisis capitalista

La crisis capitalista global sacude y sobredetermina la crisis estructural de la sociedad colombiana en su subordinación cultural, geopolítica y económica al imperialismo. A su vez las clases gobernantes locales buscan nuevas modalidades de dominación frente a un movimiento revolucionario que no han podido exterminar a lo largo de casi tres cuartos de siglo. En medio de la crisis y como parte de sus efectos las relaciones entre el capital y el trabajo vienen sufriendo serias modificaciones, entre otras, la desalarización y la conversión del trabajo asalariado en precariedad e informalidad.

Las soluciones capitalistas siguen siendo la negación de los derechos sindicales, el despojo y la acumulación de tierras baldías en manos del monopolio terrateniente, la privatización de la seguridad social, la salud y la educación como negocios, el extractivismo, el saqueo de las riquezas naturales y el control de la economía por el gran capital financiero; la agresión al medio ambiente y la contaminación de las aguas; el favorecimiento desde el Estado para los grandes capitales transnacionales y transnacionalizados. El poder político en Colombia defiende e institucionaliza exclusivamente los derechos del capital, en contra del interés general.

Un sistema sociopolítico contrainsurgente

Colombia busca vencer, por fin, el ciclo del anticomunismo y la exclusión social y política, proclamado como forma y contenido de la organización de la sociedad y el Estado que el imperialismo estadounidense estructuró para América Latina durante más de un tercio del siglo XX. Un orden contrainsurgente se impuso mediante la sangrienta provocación orquestada en la Novena Conferencia Panamericana, de abril de 1948, con el crimen de Jorge Eliécer Gaitán, calculadamente atribuido a los comunistas por el jefe de la delegación estadounidense, general G. Marshall, y el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez.

La violenta represión del Bogotazo, el desencadenamiento de la persecución anticomunista y el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética marcaron un rumbo de alineamiento autoritario, aún no modificado en Colombia, con la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. La contención anticomunista fue desde entonces un modelo político, asociado a los golpes de Estado militares o en su defecto a la democracia restringida, el intervencionismo estadounidense o la “acción colectiva” bajo su mando, con el pretexto de actuar contra el enemigo interno “comunista” y salvaguardar la “democracia”.

Tropas colombianas fueron a “combatir el comunismo” en Corea, se vivió una dictadura militar que ilegalizó el comunismo, masacró estudiantes, desató una guerra con napalm contra el campesinado de Villarrica y oriente del Tolima.

El Frente Nacional dio inicio a la guerra contrainsurgente como política intencional y permanente del Estado. Hasta la Constituyente de 1991 los gobiernos mantuvieron de continuo el estado de sitio. El Plan Colombia y el Plan de Consolidación son los herederos legítimos de ese modelo. Las legislaciones antiterroristas y de seguridad conservan hasta el presente el espíritu de un enemigo interior a exterminar.

Los intereses imperialistas

Detrás del nuevo colonialismo han medrado para Latinoamérica, y en especial para Colombia, los intereses del capitalismo imperialista, todos los privilegios para el saqueo de los recursos naturales, las ventajas comerciales y finalmente el protocolo neoliberal de privatizaciones, restricciones a los derechos laborales, la imposición de los TLC, el despojo campesino, el desplazamiento forzado y la instauración del control paramilitar en la sociedad local.

Las transiciones a la democracia en América Latina (años 80 y 90) conservaron las políticas neoliberales hasta los estallidos sociales que rematan el siglo XX. Sin embargo, en distintos momentos y lugares del continente y de diversas maneras, comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales y urbanas, movimientos huelguísticos e insurrecciones populares rompen la mentalidad sumisa y emergen creando opciones de cambio democrático en el comienzo del siglo XXI.

América Latina resistió bajo todas las formas tal modelo de sometimiento. La Revolución cubana (1959) demostró que ese destino no es una fatalidad sin alternativa y que el modo de dominación imperialista no es eterno.

Un ciclo de cambios y reformas democráticos

El “Caracazo” de 1989 se muestra como un punto de viraje, no solo del arrojo popular, también del cambio de mentalidad en sectores de la joven oficialidad castrense, obligada a reprimir la inconformidad pública. El triunfo electoral de Hugo Chávez Frías (1998) es el inicio de un nuevo ciclo de cambios políticos, de procesos constituyentes de raigambre profundamente popular y con diversos matices en países del continente, que reclama soluciones sociales, transformaciones democráticas postergadas y cuestiona de fondo el modelo imperialista de dominación.

Anclada en el primado de la contrainsurgencia, según el modelo norteamericano de los años 50 del siglo XX, Colombia busca transitar de una falsa democracia a un nuevo momento de su historia. Contra ese legítimo anhelo emerge con furia la actividad conspirativa y guerrerista de la ultraderecha con el fin de revertir el proceso de paz y alentar la desestabilización contra los cambios avanzados en América Latina y el Caribe. Tal proyecto criminal amenaza la paz en la región.

El objetivo principal de más de 60 años de guerra contrainsurgente ha sido el exterminio del movimiento revolucionario, de toda oposición democrática alternativa y la desarticulación del movimiento popular que expresa la lucha de clases. Se conjuga con la guerra informal y la enorme influencia que tiene el monopolio del gran capital sobre los medios de comunicación y aparatos ideológicos, incluidos sectores importantes de la academia y la intelectualidad.

Pese a la intensificación, el escalamiento de la guerra, la represión y la tergiversación ideológica contra los movimientos sociales y la izquierda, dicho objetivo ha fracasado. La derrota de la estrategia del exterminio es el resultado de la resistencia revolucionaria y popular, como también de las luchas de todos los contingentes que batallan por la democracia como punto central de la crisis nacional. Esa derrota va a despejar horizontes de paz estable y duradera si es conducida hasta sus más plenas consecuencias.

La izquierda y el camino de la paz

El gobierno de Santos ha entablado diálogo con un movimiento guerrillero no vencido, que demuestra innegable capacidad política y propositiva. Esta conclusión es de una trascendental importancia para el conjunto de la izquierda y de las fuerzas democráticas, porque contradice la especie de que la solución política es un problema exclusivo del gobierno en sus conversaciones y acuerdos con los insurgentes y que los sectores populares solo deben ser espectadores de la esperanza de que cese la guerra.

La mayor parte de la izquierda y los sectores democráticos votaron pública y abiertamente por la paz en la segunda vuelta de las pasadas elecciones a la presidencia, con una expresa exigencia de continuidad al diálogo y a la solución política. También sentaron su diferencia con el esquema socioeconómico neoliberal, los TLC y la reproducción empeorada del proyecto de dominación responsable de la desigualdad, la corrupción y la guerra.

La izquierda latinoamericana ha visto claro que la solución política en Colombia conviene a los procesos de cambio del continente. En medio de la contraofensiva de la ultraderecha, los triunfos de la izquierda en El Salvador, Bolivia y Brasil señalan persistencia pero reclaman la profundización y radicalización de las transformaciones en estrecha relación con la unidad popular. El avance hacia la justicia social pone en el orden del día la necesidad del socialismo.

Punto de partida

La paz justa y democrática que permita consolidar la justicia social es el punto de partida para la paz confiable y duradera. Es la base de la convivencia en una sociedad donde van a persistir las diferencias y las desigualdades, pero donde pueden existir normas justas para el ejercicio de la política con respeto al derecho a la vida, al derecho a la igualdad política para todos, al derecho a los medios de vida, al derecho a disentir, a luchar y a rebelarse contra todo aquello que daña la dignidad humana.

Nada debe impedir en Colombia pensar y actuar con las ideas de la emancipación social y humana, con las ideas del socialismo y del comunismo, propugnar por su divulgación, su comprensión consciente y su materialización como proyecto de sociedad si tal es el querer de las mayorías populares.

La tarea más importante de la hora es alcanzar esa paz ligada a un acuerdo democrático que rompa las amarras con la injusticia, la persecución política, la desigualdad, la miseria y la muerte.

No es solo finalización de la guerra. Son todas las garantías para que se cumpla lo pactado, para que los insurgentes puedan actuar en la vida ciudadana sin el temor frente a su integridad, para que todos los ciudadanos sin excepción puedan ejercer con plenitud sus derechos en todos los lugares del territorio, para que las víctimas del exterminio, de la represión y de la guerra accedan a la reparación justa y al compromiso de no repetición; para que puedan decidirse y ejecutarse reformas fundamentales en la ruralidad, la salud, la educación, la vivienda, la preservación del medio ambiente natural, la defensa del agua y florezcan nuevos espacios de libertad y de ejercicio político para millones de excluidos.

Una cultura democrática de paz

Es necesaria una gran labor cultural de compromiso con la verdad histórica, la construcción de los nuevos relatos que reflejen la vivencia y el sentir de millones de compatriotas marginados de la historia oficial que manipulan como dogma los medios monopolistas de la información. La intervención de las gentes del común en la recuperación de valores y principios sociales como la solidaridad, la fraternidad, el respeto cívico por la laicidad, por la libre opción sexual, por la igualdad de mujeres y de hombres, por los derechos de los niños y de la juventud solo puede ser efectiva como parte de la acción pública y con el apoyo del Estado. La cultura de la paz es la cultura que construye la democracia real.

La unidad, estrategia y táctica del pueblo

Los cambios en las formas de lucha no significan renuncia a los objetivos revolucionarios. Exigen el aprendizaje, el ejercicio y la creación de nuevos modos de actuar, de organizar la fuerza popular y de avanzar en la construcción de la unidad del pueblo.

La unidad de las fuerzas que se oponen a la guerra contrainsurgente y su política excluyente, detrás de las que están los poderosos intereses económicos y geopolíticos actualmente gobernantes, que se han enriquecido con la guerra o en su transcurso, exige imperativamente actuar por un cambio en las relaciones de poder. Su contenido no puede ser otro que el cambio democrático en la orientación y la composición del poder político, en el despliegue de la potencialidad constituyente de la ciudadanía y de la intervención ciudadana popular en las decisiones sobre su presente y su futuro.

Un gobierno de convergencias con las fuerzas democráticas comprometidas con la paz es la única garantía cierta del cumplimiento, ratificación, pedagogía, seguimiento consecutivo de los acuerdos de paz y la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

Con una política inteligente de alianzas, aun en medio de las limitaciones que impone el régimen, la lucha electoral es un medio útil y necesario para los procesos de acumulación de fuerzas. Las elecciones locales de 2015 y las generales de 2018 son un desafío crucial, particularmente en la confrontación con la ultraderecha uribista y los amparadores políticos del paramilitarismo en extensas y conflictuadas regiones del país. De hecho, la batalla por la paz con justicia social en muchos momentos ha pasado por el resultado de las urnas y las experiencias latinoamericanas muestran los nuevos contenidos que puede expresar la acción masiva del pueblo con un proyecto emancipador por fuera de la politiquería tradicional.

Una plataforma básica de medidas inmediatas para la paz con justicia social debe contemplar:

*Defender los procesos de diálogo, ante todo el que tiene lugar en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

*Abrir todos los espacios de la intervención popular en la búsqueda de la paz.

*Superar la antidemocracia o la desigualdad política excluyente impuesta mediante la violencia.

*Concretar el cese al fuego bilateral.

*De inmediato, cesación de bombardeos aéreos, ataques a poblaciones, falsos positivos y detenciones arbitrarias.

*Ampliar el proceso de diálogo con la inclusión del ELN y del EPL.

*Modificar el gigantismo del aparato represivo, la militarización de la vida nacional, revocatoria de la ley 1621/13 de Inteligencia y Contrainteligencia, desmonte de las estaciones clandestinas de espionaje a la ciudadanía y las organizaciones

*Acuerdo democrático que reconozca elementos cruciales de la verdad histórica con la concurrencia de múltiples relatos de las víctimas y los informes de la Comisión para el esclarecimiento de las causas. Creación de una representativa y confiable Comisión de la Verdad.

*Reparación integral de las víctimas a partir de la verdad, la justicia y la reparación; así como las garantías necesarias y suficientes de no repetición.

*Garantías de trato digno, atención médica oportuna, debido proceso y libertad inmediata para los presos políticos, de consciencia y sociales, como para los prisioneros de guerra.

*Desmantelamiento de todos los aparatos paramilitares, desmonte de todo vínculo con autoridades castrenses, de policía o civiles.

El Frente amplio y el diseño de una forma de la unidad

Existen en Colombia varias miradas sobre la unidad y los procesos unitarios que respetamos y acompañamos. Una forma o modalidad de la unidad no tiene que excluir otras sino buscar aproximaciones, acompañamientos y convergencias. Si se habla de Frente Amplio se alude a una propuesta incluyente, que recoge experiencias latinoamericanas y una opción de construcción colectiva participada. La brega más inmediata es el apoyo a la consolidación de un amplio y activo movimiento por la paz vinculado a la movilización social y cultural.

El Frente Amplio surge en los espacios de convergencia de las izquierdas y su compromiso con la dinámica de las movilizaciones agrarias, estudiantiles, la incorporación creciente del movimiento obrero, del sindicalismo unitario y del magisterio; con indígenas, afros, raizales, rom, movimientos de mujeres, diversidades sexuales y géneros.

Esta abarcante base social y sectorial se hermana con el trabajo en las organizaciones y comunidades locales territoriales y atiende a sus reivindicaciones más sentidas. Los movimientos en defensa de las consultas ciudadanas en los territorios frente a megaproyectos mineros y energéticos o en defensa de los páramos y el agua, activan nuevas franjas comunitarias, ecologistas y juveniles. Es preciso destacar el inmenso aporte de la mujer, en todas las dimensiones de la vida y el batallar diario a la esperanzadora ruta de la unidad.

En un sentido preciso, el Frente Amplio convoca a la unión del pueblo, pero surge, se fortalece y se afianza desde lo popular y no solo desde las alturas. Una de sus estrategias persuasivas tiene que ser el diálogo franco, abierto, en todas las direcciones para vencer los mitos y prejuicios que deforman el entendimiento y enfrentan pueblo contra pueblo.

Es la hora de avanzar a la unidad estratégica

La unidad necesaria tiene que incluir el destino y el futuro del movimiento revolucionario. Hay que mantener abiertas las puertas y la comunicación, bilateral o multilateral, para explorar las coincidencias programáticas y los proyectos comunes. El más importante debe ser el proyecto democrático nacional de país que se propone para la Colombia democrática, en el contexto de la integración y la unidad latinoamericana y caribeña. Las propuestas programáticas existentes hoy son coincidentes en aspectos cruciales de gran expectativa popular.

Todo lo que se haga para aproximar la acción común es un insumo útil para avanzar, ahora que las murallas estructurales que el sistema político antidemocrático estableció para dividir al pueblo y aislar sus vertientes revolucionarias pueden desaparecer. Ello favorece el reencuentro entre hermanos, compañeros y conciudadanos, la exploración conjunta de nuevos caminos de la mano del pueblo y el fortalecimiento de las identidades que han sido el soporte de la resistencia, de la memoria y del renacimiento de la esperanza para la Nueva Colombia.

¡Unamos todas las voces y todas las rebeldías por la justicia social, la paz y la democracia!

Tercera Conferencia Nacional Ideológica
Partido Comunista Colombiano.

Bogotá, D.C., octubre 10, 11 y 12 de 2014

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