Colombia. Policía militar captura cuatro campesinos que luchan por derechos sociales

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Desde el día 17 de septiembre en el departamento de Arauca, comunidades organizadas en  el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro de Colombia, realizan un paro cívico exigiendo los derechos constitucionales a la protesta, movilización e inversión social.

En el desarrollo de esta actividad la Guardia Interétnica, Campesina y Popular del Centro Oriente en el municipio de Saravena realizaba una jornada de pedagogía por cada uno de los colegios explicando los motivos de dicha jornada, invitando a padres, estudiantes y profesores a solidarizarse con las luchas de las comunidades en el departamento.

Dentro de esta jornada pedagógica visitaron el  Colegio Técnico Comercial José Eustasio Rivera. Fue allí donde  la Policía militar capturó ilegalmente a  cuatro guardias interétnicos, despojándolos de sus bastones de mando y de sus teléfonos celulares y conduciéndolos a la estación de policía.

Los cuatro miembros de las guardia responden a los nombres de Pablo Emilio Gil, Mauricio Mendoza Patiño, Uriel García, Humberto Mateus, y siguen retenidos. Según información inicial se pretende realizar audiencia de legalización de captura bajo los delitos de constreñimiento ilegal e incitación a la protesta.

Esta es una muestra más de la forma como el gobierno nacional y los gobernadores y alcaldes tratan a la población cuando deciden reclamar sus derechos, dándole tratamiento a la protesta social como delito y realizando falsos positivos judiciales. El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, hace un llamado a los entes de Control, a la Defensoría del Pueblo, la personería, defensores y defensoras de derechos humanos para que estén pendientes de esta situación.

Comunidades y organizaciones sociales de Arauca se declaran en paro cívico indefinido

En la madrugada del 17 de septiembre, campesinos, mujeres, jóvenes, indígenas, obreros, trabajadores y afrodescendientes se declararon en paro cívico indefinido en el departamento de Arauca. Las comunidades se concentran en los puntos de Banadias, Caño Negro, Villa Maga – en el municipio de Saravena, en la vereda la Osa, el Chuzo y la Yuca municipio de Arauquita, en el municipio de Tame en Río Tame, La Cabuya y Caricare, y en Arauca en Panamá.

En dos comunicados el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia anuncia la jornada donde reivindican el derecho a la protesta, la movilización y la inversión social en el departamento.

Son enfáticos en denunciar la estigmatización, la judicialización a la movilización y protesta en el país, además del asesinato sistemático, persecución, desplazamiento y judiacialización y estigmatización de líderes sociales en los territorios.

Esta jornada departamental de exigibilidad de derechos tiene como objetivo elevar la voz de las comunidades y que estas sean atendidas; y que se abran los espacios para la interlocución con los entes departamentales y nacionales para que se evalué el cumplimiento de los acuerdos pactados.

En su comunicado expresan que, “hemos manifestado de manera reiterativa, el Estado colombiano mantiene una histórica deuda social con el pueblo araucano; en primer lugar, por su acción y/u omisión frente a la hecatombe ambiental, social, humanitaria y económica de más de 30 años de presencia y actividad extractivista de empresas petroleras en la región; en segundo lugar, por la falta de voluntad para atender las exigencias en inversión social que las y los campesinos de Arauca hicieron luego de adelantar un proceso de erradicación manual, consciente y voluntaria de los cultivos de coca durante los años 2007 a 2010.”

Según las comunidades, después de 5 años de haber presentado el pliego único de exigencias en el marco de las movilizaciones adelantadas en el año 2013 y la expedición del decreto presidencial 0285 que institucionalizó la mesa de interlocución y concertación entre el gobierno, el movimiento social y las corporaciones transnacionales en el departamento, así como de haber agotado diversas reuniones e incluso acciones de exigibilidad de derechos, el avance ha sido poco y la inversión social no compensa las necesidades y esfuerzos de las comunidades.

Ante estos incumplimientos las comunidades se vieron abocados a esta nueva jornada legal, legítima y constitucional para reclamar del Estado colombiano en el ámbito regional y nacional, el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones en materia de derechos y garantías para la vida digna de los pobladores del departamento de Arauca.

En su pronunciamiento convocan de manera fraterna y respetuosa al magisterio, a los comerciantes, a los transportadores, a los gremios del sector agropecuario, al sector de la salud, a los contratistas, a las iglesias, gremios, sectores y población en general a vincularse de manera directa y decidida al paro cívico a fin que de manera colectiva se logre mejorar las condiciones de vida digna en el territorio. Asimismo, solicitan la presencia de una comisión del Estado conformada por instituciones del orden departamental y nacional con poder de decisión frente a las exigencias del pliego; de igual manera, solicitan la participación de los órganos de control, como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personerías municipales; y el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, MAPP-OEA, la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Federación Luterana Mundial y la iglesia católica.

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