Colombia. Organizaciones sociales llaman a la movilización por derechos populares

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A raíz del asesinato de lideresas y líderes sociales, la creciente militarización en los territorios, la erradicación forzada de cultivos llamados de “uso ilícito”, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y los recientes sucesos violentos ocurridos en el Suroccidente colombiano; movimientos y organizaciones sociales hacen un llamado a la unidad, solidaridad, resistencia, lucha y movilización.

El Coordinador Nacional Agrario –CNA-, el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras, la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otros movimientos y organizaciones sociales manifestaron este 5 de junio durante una conferencia de prensa conjunta, la urgencia de seguir construyendo la paz en los territorios.

Llamado a la Paz

Marylen Serna, Vocera Nacional de Congreso de los Pueblos, expresó que “este aislamiento sanitario, no sea un aislamiento político, sino que por el contrario podamos levantar la voz frente a lo que está pasando en este país, en esta región”.

Las comunidades campesinas han denunciado la militarización en los territorios no solo por parte de del Ejército Nacional, sino también por soldados estadounidenses.

“Nos sorprenden en la actualidad con el descaro que tropas norteamericanas supuestamente vienen a contribuir con este tema de la erradicación, pero nosotros sabemos que ellos vienen más es en función de preparar los escenarios de guerra para la invasión en Venezuela”, afirmó Robert Daza, del Coordinador Nacional Agrario –CNA.

Denunció que en ese camino de la erradicación forzada lo que se busca es incrementar los ataques contra los grupos “insurgentes”, donde las comunidades quedan en medio y son quienes sufren todo el daño ocasionado por la guerra.

“La política antinsurgente ha estado disfrazada de política antidrogas, pero en últimas los que hemos sido víctimas y hemos sufrido todas las consecuencias de estos programas que mayormente son militares y de intervención de guerra, hemos sido las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y afros”, enfatizó Daza.

 

De igual manera, los pueblos indígenas, han denunciado la violación del derecho a la vida y la zozobra en la que se encuentran a raíz de los ataques por parte de grupos armados y del Ejército Nacional.

Suroccidente colombiano

Hermes Pete, Consejero Mayor del CRIC, comunicó que en el Norte del Cauca, se han presentado 27 asesinatos y se han reportado 36 amenazas a los dirigentes.

“El tema de la militarización en nuestros territorios ha sido bastante agudo, recordemos que el año anterior nos asesinan guardias, autoridades, comuneros, sabedores ancestrales, amenazas contra la dirigencia indígena; y el Gobierno Nacional en respuesta lo que hizo fue militarizar (…) pero esto lo que hace es agudizar más nuestros territorios”, expresó Hermes Pete.

Movimientos y organizaciones internacionales, también han denunciado las violaciones que se vienen presentando y han dado apoyo a los procesos de lucha y resistencia llevados a cabo en los territorios de Colombia.

“Hemos demostrado preocupación histórica sobre la forma como Colombia viene respondiendo a la situación de riesgo de estas personas (lideresas y líderes sociales), hemos visto que Colombia incumple con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, en materia de protección”, también expresó Rodrigo Dacosta, integrante del movimiento global por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional.

Dacosta agregó que en las últimas semanas se viene denunciando internacionalmente la respuesta que ha dado el Estado colombiano a la situación de Defensores de DDHH durante la pandemia.

“Hemos visto que la Unidad Nacional de Protección, viene reduciendo los esquemas de seguridad de personas defensoras, lo que responde a una situación de riesgo agravado. Nosotros sabíamos que la protección antes de la pandemia era débil, ahora es aún peor”.

Es importante resaltar que más de 25 organizaciones sociales internacionales en Colombia han solicitado que el Gobierno Nacional no continúe con la erradicación forzada de cultivos llamados de “uso ilícito”.

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Organizaciones sociales llamaron a la movilización

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