Colombia. Nuevos falsos positivos judiciales en Norte de Santander

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En la madrugada del jueves 11 de junio, siete líderes sociales fueron capturados injustificadamente por integrantes del Ejercito Nacional y la Dijin en el marco de seis allanamientos en el municipio de Toledo, departamento Norte de Santander.


Así lo manifestó la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Sarare, a través de un pronunciamiento público. Las viviendas allanadas están ubicadas en las veredas Cubugón, La China, Cedeño, La Pista y Gibraltar. Asimismo denunciaron arbitrariedades y violencia por parte de los integrantes de la Policía y el Ejército. “Ingresaron a las residencias de forma violenta, intimidando a los habitantes, incluidos los menores de edad, y capturando a los ciudadanos”, aseguran.

Los líderes capturados son:

  • César Alirio Quiñones Villamizar, de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cubugón.
  • Libardo Parra Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La China.
  • Yohany Vega Gualdrón de 32 años de edad.
  • Miguel Eduardo Jaimes Valero de 35 años de edad.
  • Ramón José Contreras Torres, presidente de la Asociación de Juntas del Sarare -Asojuntas-.
  • Los hermanos Alirio Vera Mogollón y Jorge Vera Mogollón, a quienes trasladaron hacia el cantón militar del Municipio de Saravena.

Las personas capturadas han participado activamente de la oposición a la explotación de petróleo y gas que se lleva a cabo en la región.

Trochando Sin Fronteras, un medio de comunicación hermano, resaltó que “la mayoría de estos líderes comunales y sociales participaron de las movilizaciones desarrolladas en la planta de gas de Cedeño, operada por Ecopetrol; movilizaciones investigadas por la E.D.A de la Fiscalía en Arauca.”

Igualmente le han exigido al Gobierno nacional que proteja los páramos de El Almorzadero y Santurbán, los cuales se encuentran en peligro debido a las actividades extractivistas que se adelantan en el territorio por parte de empresas transnacionales.

Asimismo, durante la pandemia habían realizando actividades de desinfección y pedagogía social en materia de prevención y cuidado colectivo, con el fin de evitar la llegada del coronavirus a los territorios.

Esta no es la primera vez que se realizan este tipo de operativos en el país y específicamente en la región de centroriente. En el 2002 el Ejército Nacional en compañía del Gaula de la Policía llevaron a cabo una captura masiva de 2 mil personas, entre ellas líderes sociales y menores de edad. El objetivo de este operativo supuestamente era desmantelar las redes de apoyo de la guerrilla; sin embargo, la Fiscalía no presentó pruebas.

Asimismo, el 15 de julio del año pasado en el corregimiento Micohaumado, ubicado en el municipio Morales al sur del departamento Bolívar, también fueron capturadas nueve personas, en el marco de un operativo de la Fuerza de Tarea Marte desplegado en la región. La comunidad ha asegurado continuamente que las personas capturadas son campesinos y nada tienen que ver con la insurgencia, tal y como lo asegura la Fiscalía.

En esta región ya se había presentado un caso similar unos años antes. En el 2017 la Fiscalía acusó como integrante del Ejercito de Liberación Nacional -ELN- a Milena Quiroz, una lideresa social reconocida en el territorio. Sin embargo, ocho meses después el juez determinó su libertad porque las pruebas presentadas por la Fiscalía eran precarias y concordaban con otros casos de falsos positivos judiciales.

Todos estos escenarios de capturas masivas que han concluido como falsos positivos judiciales han tenido como objetivo quebrantar el tejido social de las comunidades y atemorizarlas para que abandonen sus luchas. Por este motivo, en el pronunciamiento público, la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Sarare hace “un llamado al Estado colombiano a respetar a las comunidades, sus líderes y organizaciones; a parar el genocidio contra el movimiento social; terminar la persecución contra los líderes sociales y dejar en libertad inmediata a los siete miembros de esta comunidad capturados.”

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