[Colombia] Nueva ley de patrimonio sumergido: los valores del capital frente al valor de la historia

preciosas que se encuentran sumergidas.

Lo que hoy nos convoca es el proyecto para que las empresas “caza-tesoros” (los piratas de nuestra época), avaladas por el gobierno, extraigan, sin ningún tipo de interés arqueológico ni histórico, los lingotes, las monedas, las piedras preciosas y los objetos que se consideren “comercializables”, que se encuentran sumergidos en las embarcaciones españolas y criollas hundidas en el mar sobre el que Colombia ejerce “soberanía”.

En dichas embarcaciones, además de oro y piedras, se cree que se encuentran documentos que pueden ayudarnos a comprender mejor la forma en que llegaron las personas esclavizadas desde el África; el destino de los tesoros; y los conocimientos en ingeniería y navegación de las personas de la época (de 1500 a 1800 en promedio); gracias al estudio de la estructura de las chalupas, galeones y demás embarcaciones hundidas.

Estas últimas corren el peligro de ser completamente destruidas pues los “caza-tesoros” no emplean métodos para la conservación durante la extracción de los pecios, sencillamente, van en busca de lo que para ellos es fácilmente rescatable y vendible: las piedras, el oro y los objetos coleccionables. Tanto las embarcaciones como los documentos requieren de procedimientos especiales en relación a la edad y el material, procedimientos que son del conocimiento de arqueólogos y antropólogos, no de piratas.

Por otro lado, de lo que sea sustraído un 50% quedaría en manos de estas personas y, supuestamente, el 50% restante en manos del Estado colombiano que se encargaría de crear los museos para la exhibición. Lo que el Estado omite es que lo que perderá irá a parar en las ostentosas galerías de ricos coleccionistas europeos y norteamericanos, y que es altamente probable que no pueda conservar los elementos de mayor relevancia, como lo advierten las comunidades académicas que conocen el récord de los “caza-tesoros”.

Aquí nos encontramos frente a un caso particularmente ilustrativo de la manera en que los gobiernos de turno, en uso de figuras legales, operan en el robo sistemático de las riquezas de un territorio (sea marítimo o en tierra firme), así como nos muestra el lugar que tienen el saber y nuestra identidad dentro de sus prioridades.

El argumento central del Ministerio de Cultura, en manos de la abogada Mariana Garcés, es que el país no cuenta ni con la tecnología ni con las posibilidades económicas para extraer el “patrimonio sumergido”; sin embargo, pese a que varios miembros de la comunidad académica consideran que no se debe intervenir hasta no contar con lo necesario para la preservación, el gobierno no dio marcha atrás a su proyecto, pues hay grandes intereses económicos en juego: se calcula que dos de las navegaciones hundidas sobrepasan los cien mil millones de dólares.

En ese sentido, los caza-tesoros son la opción predilecta, pues su interés es solamente el negocio, no la cultura, ni la historia, ni la educación. Frente a esto, vale la pena recordar que las embarcaciones que se encuentran hundidas a lo largo de las costas latinoamericanas (siendo las colombianas las de mayor afluencia en el s. XVI) no sólo son significativas para la historia de nuestro país, sino que representan un testimonio único para los pueblos africanos, americanos y europeos de lo que fueron los periodos de colonización y esclavización.

De otro lado, se ha puesto en evidencia la forma en que el mismo gobierno ha logrado manipular y empobrecer aquella institución que conservó su independencia en los últimos años y que, en los tres pasados intentos por imponer esta misma ley, detuvo al gobierno de Álvaro Uribe. Es el caso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que en manos de su más reciente director, el señor Fabián Sanabria, dio visto bueno al proyecto. En medio de varias irregularidades*, su elección fue exitosa para los propósitos del gobierno y las compañías “caza-tesoros”.

Debemos recordar que el señor Sanabria es antropólogo, sociólogo, aún docente de la Universidad Nacional de Colombia, y ex-decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma. Es un motivo de gran preocupación que este tipo de personas, fácilmente acomodables a los intereses de las empresas y de algunos políticos, hayan ocupado (y ocupen aún) cargos de tanta importancia en la universidad pública más importante y grande del país, así como el hecho de que tengan capacidad decisoria en instituciones en donde se juegan los intereses de todos los colombianos, como el ICANH.

Por supuesto, ya varios de sus colegas antropólogos se han pronunciado enfáticamente en contra de su gestión, proponiendo que se reconsideren las consecuencias de lo que se está llevando a cabo.

También la comunidad académica internacional reaccionó frente al fatídico proyecto de ley. El arqueólogo Filipi Vieria de Castro, entrevistado por el periódico ABC de España** , ha manifestado abiertamente su preocupación recordándonos que en ningún lugar del mundo los caza-tesoros han salvaguardado aquellos restos del pasado con fines académicos, culturales o sociales: todo lo contrario, sus intereses siempre han sido los de llevarse “el botín” para “gastárselo en champagne”.

En resumen, lo que está haciendo el gobierno colombiano es legalizar esta práctica que no deja ningún beneficio para el país y que ha sido repudiada en varios lugares del mundo en donde la extracción de las embarcaciones y su contenido se ha hecho de la mano de las universidades y de los centros de investigación (como en México y en Panamá). El mismo arqueólogo considera que esta política del gobierno colombiano ratifica el ideario según el cual Latinoamérica tiene que ser “el patio trasero” de los Estados Unidos, pues estos piratas caza-tesoros son en su mayoría norteamericanos persiguiendo un costalado de monedas de oro.

Por su parte, la UNESCO ha recordado que según la Convención del 2001, que suscriben 44 países entre los cuales no se encuentra Colombia, el patrimonio subacuático no es un bien comercializable y que, aunque los gobiernos colombianos hayan querido evadir esta convención, también la Constitución del 1991 presupone la protección del llamado “patrimonio de la nación” en sus artículos 63 y 72. Si bien es un asunto polémico definir lo que sea o no patrimonio, si existiese en este momento un elemento legal obligante, el gobierno no podría llevar a cabo el proyecto de traer piratas para repartirse entre sí el trofeo.

Claramente, en un momento en el que ya el Senado ha aprobado esta ley, el verdadero mecanismo de presión es la movilización social en contra de estas políticas del despojo, que son las mismas con las cuales se distribuyen los territorios para la explotación de sus recursos. Las víctimas han sido los campesinos, los indígenas y la población civil en general; en el caso particular de las embarcaciones hundidas, las grandes víctimas son la memoria de tres continentes, el saber y la identidad, tan sólo a tres años del bicentenario.

Como bien nos lo recuerdan tantos episodios, con esta ley estamos repitiendo lo que ha sido nuestra historia: la pérdida de Panamá, el regalo de numerosas piezas indígenas a principios del siglo XX (por un apellidado Holguín, ancestro de la actual ministra de relaciones exteriores), la fundición del oro precolombino hasta mediados de la década de 1930, entre tantos otros casos. Visto así, se podría decir que hemos sido un país condenado a olvidar su historia por el espíritu negociante de sus gobernantes, a ver con desdén su cultura, pues dicho espíritu se ha hecho pasar por una prioridad (e incluso una necesidad) y, finalmente, a callar ante su sometimiento: ¿lo seguiremos tolerando?

*Documentadas cuidadosamente por el informe de La silla vacía: http://www.lasillavacia.com/historia/ley-de-patrimonio-cultural-sumergido-hace-naufragar-la-independencia-del-icanh-44994

**http://www.abc.es/20121114/cultura/abci-arqueologos-subacuaticos-contra-colombia-201211131833.html

Fuente: CILEP

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