Colombia: Nordeste antioqueño, sigue la militarización.

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A la vez que anuncia inversión social, el alcalde de Remedios sostiene que no puede enviar maestros a las veredas porque están en zona de reserva forestal. Por su parte, el Ejército Nacional continúa ocupando viviendas y espacios de la comunidad, poniéndola en riesgo e infringiendo el DIH.

Una de las problemáticas sociales que más azota a nuestro país es la falta de educación para las comunidades marginadas, las cuales representan más del 60% de la población, entre campesinos, indígenas, negritudes y sectores urbanos. La falta de educación, así como la desatención de otros servicios fundamentales, aumenta en la medida en que se incrementa la represión contra la población civil mediante la política gubernamental de “seguridad democrática”.

Ejemplo de ello se puede evidenciar en el área del Nordeste Antioqueño. Ninguna de las veredas de la parte alta de la zona rural del municipio de Remedios cuenta actualmente con profesores para sus escuelas. En vez de maestros y personal de salud, la única presencia del Estado es la tropa de la XIV Brigada del Ejército Nacional, cuyas unidades han estado constantemente involucradas en violaciones a los derechos humanos. No hace poco un soldado de este batallón torturó y violó a dos menores de edad en la vereda San Francisco (del municipio de Yondó), hecho que aún se encuentra en la impunidad.

Además, los soldados se ubican permanentemente con sus armas dentro de los caseríos, poniendo en riego la vida de los pobladores, y estando en contra de la decisión de las comunidades, que manifiestan no querer su presencia dentro de las veredas. Esto sin contar los numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, el asesinato de indefensos campesinos que luego son presentados por las Fuerzas Militares como guerrilleros dados de baja en combate. Por estas razones, los soldados se han convertido en verdugos del campesinado.

El pasado 24 de abril, soldados del Batallón Calibío llevaron médicos a la vereda Puerto Nuevo Ité con el objetivo de realizar una jornada cívico-militar. Frente a ello, la comunidad se reunió para discutir sobre la presencia del ejército en el caserío, y concluyó, en un acta firmada por la mayoría de los habitantes de la vereda, que no deseaban la presencia militar en este tipo de actividades.

Ya el pasado mes de abril, en un informe de riesgo referido al municipio de Remedios, la Defensoría del Pueblo manifestó que “la intervención de cualquier actor armado en acciones asociadas con ayuda humanitaria expone a la población beneficiaria de la misma o a los líderes que la promuevan, la organicen o la acompañen, porque los grupos contendientes que se hallen en la zona los considerarían o los señalarían como colaboradores o auxiliadores de ese actor armado”. Este argumento es validado por las organizaciones campesinas, por lo que la comunidad rechazó la realización de la jornada cívico-militar.

Ésta decisión fue puesta en conocimiento del Teniente Coronel Gonzáles, del Batallón Calibío, el cual manifestó que “la población no podía tomar esta decisión porque la jornada propuesta había sido convocada por la Alcaldía de Remedios”. Además, falsamente argumentó que el Ejército había hablado con la comunidad y ésta estaba de acuerdo. También afirmó que sus hombres eran los encargados de la construcción de la escuela y el acueducto para la vereda. Por último, expresó que en su calidad de colombiano podía estar donde quisiera, que podía jugar billar todo el día en la cantina y transitar libremente entre la población civil, aún estando uniformado.

Ante esta lamentable situación, algunos habitantes expresaron el temor que le tienen al Ejército Nacional, el cual ha asesinado a varios campesinos, para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Frente a esta inquietud, el Teniente Coronel respondió que iba a interponer una denuncia por calumnia, cuyo argumento central sería el supuesto falso señalamiento que hace la comunidad en contra del Ejército Nacional. Así mismo, de manera despótica, ordenó “callar” a los miembros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC)..

La visita del alcalde de Remedios a la vereda Puerto Nuevo Ité

El 25 y 26 de abril, el alcalde de Remedios (Antioquia), Jesús María Bedoya, visitó la vereda Puerto Nuevo Ité con funcionarios de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Educación y Cultura, dos concejales, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Procuraduría, y la Delegada de la Vicepresidencia para los Derechos Humanos, Dra. Delcy Ruiz.

Durante la visita, se realizó una jornada de salud y vacunación contra la malaria, se vacunaron mulas y perros, se entregaron cédulas de ciudadanía y registros civiles, se regaló maná (alimento especial para niños) y se hizo entrega de una chalupa con su respectivo motor fuera de borda a la Junta de Acción Comunal. De igual forma, el alcalde expresó que empezaría a gestionar la construcción de la escuela, que tiene un costo aproximado de $80.000.000, y la instalación del acueducto, que vale alrededor de $120.000.000. Además, se comprometió con las comunidades a seguir visitándolas e invirtiendo en esta zona.

Agregó que este año no enviaría profesores a las veredas del área porque está contemplada como zona de reserva forestal, por lo que no se puede invertir ni en educación, ni en salud, ni en proyectos productivos hasta que haya una delimitación de la misma. Este anuncio va en contradicción con lo anteriormente expuesto por él con relación a gestionar los rubros para la escuela y el alcantarillado.

Las veredas y el número de niños y jóvenes afectados por la decisión son: Camelias con 23 estudiantes, Caño Tigre con 40, Dosquebradas con 35, Ojos Claros con 25 y Puerto Nuevo Ité con 33. Estos niños, con edades de entre 4 y 16 años, se encuentran hoy sin la posibilidad de acceder a la educación básica. Esto sin contar que las autoridades estatales, las pocas veces que han enviado profesores a la región, éstos llegan dos y tres meses después del inicio del año lectivo. Además, un sólo profesor tiene que impartir clases a todos los niños, en condiciones de infraestructura precarias, y en donde la misma comunidad muchas veces ha tenido que construir las escuelas sin la ayuda de ninguna entidad del Estado y cubriendo de su bolsillo el pago del sueldo de los educadores.

Por otra parte, téngase en cuenta también que ésta área hace parte de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra (ZRC), que fue suspendida desde abril de 2003 por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez. La ACVC, al lado de las comunidades de toda la región, ha venido dando una incansable lucha por el restablecimiento de esta figura jurídica que beneficia directamente al campesinado como garantía para la tenencia de la tierra, y la implementació n de su plan de desarrollo sostenible. El alcalde y demás funcionarios que han estado desfilando por la región deberían contribuir en la gestión que hace la ACVC y otras organizaciones de la región para reestablecer la ZRC, en vez de entorpecerla.

De otro lado, el alcalde y la Procuraduría resaltaron el peligro que traía la presencia del Ejército en el caserío porque es una infracción al derecho internacional humanitario (DIH) que obliga a las partes contendientes a respetar a la población civil y sus bienes. En este sentido, el mandatario municipal precisó que si bien había pedido seguridad a las Fuerzas Militares, ello no significaba la solicitud de una jornada cívico-militar, y que la idea no es que éstos construyan las obras proyectadas por su administració n.

Esta situación es preocupante pues el abandono del Estado en materia social contrasta con la incursión permanente de los militares en las veredas. El campesinado se pregunta ¿Por qué el Estado sí tiene la capacidad económica de enviar tropas a las zonas rurales, con alimentación, armas, municiones, equipos de comunicación, entre otros suministros, pero no tiene la capacidad de enviar profesores, medicamentos y servicio de salud a la población?

Además contrasta la gran diferencia en los altos costos económicos, sociales y humanos que acarrea lo primero (la militarizació n) con los bajos costos y ventajas para el progreso, el desarrollo integral y el logro de la paz de lo segundo (la educación). ¿Es entonces proporcional la financiación de la guerra con el aumento de la pobreza y la miseria? ¿Conlleva esto al logro de la paz, de la que tanto habla el gobierno?

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