Colombia. Montes de Maria: Neoparamilitarismo, violencia, víctimas y memoria histórica. (III)

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Colombia. Bajo cauca antioqueño: Neoparamilitarismo y víctimas de la violencia (1)

Colombia. Urabá: Neo paramilitarismo, violencia, víctimas y Memoria histórica (II)


Este documento es un examen a la situación de violencia promovida y ejecutada por los grupos paramilitares1 y las Organizaciones sucesoras2 de estos en la region de los Montes de Maria (Bolívar y Sucre) con grave impacto en los derechos humanos y las garantías democráticas de la población y sus expresiones gremiales y políticas.

Se trata de mirar las expresiones concretas de la violencia de las clases dominantes de la region, grandes terratenientes y ganaderos, contra la población campesina y contra los trabajadores agrarios, ejecutada mediante masacres, ejecuciones, desapariciones y acciones arbitrarias en todas las dimensiones contra los grupos sociales subalternos de los Montes de Maria, campesinos, trabajadores agrarios y organizaciones populares y de izquierda. Violencia que ha tenido graves impactos provocando desplazamientos, despojos de tierras, de bienes y de conquistas sociales. En Montes de Maria las víctimas se cuentan por miles debido al régimen de terror instaurado por el Bloque Héroes de los Montes de Maria de los paramilitares encabezados por Diego Vecino, Rodrigo Cadena, Juancho Dique y Mike Ramírez, grandes traficantes de droga por las rutas regionales y poderosos despojadores de tierras en los territorios de la region.

Entre 1985 y 2017 ocurrieron en los Montes de Maria 3.197 asesinatos selectivos, 117 masacres y se registran 1.385 personas desaparecidas; además, masivos desplazamientos forzados y cientos de casos de despojo de tierras que son tratados actualmente en los tribunales de restitución de tierras en los términos de la Ley 1448.

Solo entre 1999 y 2001 ocurrieron 42 masacres que dejaron 354 muertos

Las Brisas, Chengue, Macayepo, Plan Parejo, el Salado son algunas de las 56 masacres vividas en la región que sumados a las casi 200 mil personas desplazadas, terminaron arruinando a la región y acabando con cultivos prósperos en una época como era el del tabaco. Todos afectados, campesinos y ganaderos, que por falta de políticas serias y sin mezquindad, hicieron de esta región caldo de cultivo para la violencia en donde cada uno tomó partido y todos terminaron perdiendo.

Asi, en los Montes de Maria el lapso entre 1999 y 2001 fue la etapa con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado en todo el registro histórico de la región. Un periodo que condensa las mayores cifras de violencia en la región. En estos años se identifica el primer repunte en las cifras de desplazamiento forzado, pasando de 15.756 en 1998 a 40.589 en 1999. Datos nunca antes vistos en la historia de Montes de María, los cuales se incrementan abruptamente en el 2000, al registrar 98.865 personas desplazadas.

Para la construcción de este trabajo realizamos en el mes de noviembre del 2019 una visita a los municipios de Carmen de Bolívar y algunos de sus corregimientos; a Morroa, a Zambrano, a Cordoba Tetón, San Onofre, San Jacinto, los Palmitos, Ovejas y algunas veredas que fueron azotadas por la violencia generalizada de los paramilitares y por otros grupos de la delincuencia rural, lugares en que desarrollamos mesas de trabajo y entrevistas con líderes agrarios y de los derechos humanos.

Con este trabajo queremos aportar a las acciones de construcción de la Memoria histórica que permitan el esclarecimiento de la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición, aspecto este último bastante afectado por el rebrote del neoparamilitarismo de los Urabeños, los Rastrojos y otros grupos violentos que cuentan con el apoyo y patrocinio de las fuerzas militares, de policía y las elites políticas y económicas de la region.

El análisis aborda las características del territorio, su geografía, su composición demográfica, cultural, antropológica; también su economía y las fuerzas productivas que dan sustento a los Montes de Maria; también hacemos un recuento histórico de dicha region a través de lo que han sido las disputas por la tierra, con la participación activa de las organizaciones agrarias, de izquierda, socialistas y sindicales que han hecho presencia durante más de 100 años allí.

La violencia se aborda en sus actores y repertorios de ejecución. Los grupos guerrilleros que han hecho presencia; el origen y organización de los paramilitares y del neoparamilitarismo que ha retornado con otros nombres.

Recogemos en este documento la problemática del desplazamiento, población involucrada, las víctimas y su situación, el tema de la recuperación de tierras a la luz de lo que dispone la Ley 1448 del 2011 y sus disposiciones reglamentarias.

Por ultimo retomamos el tema de la memoria histórica en lo que ella significa para los Montes de Maria, el aporte de los estudios y trabajos del Centro Nacional de Memoria Historica con las investigaciones sobre las masacres, especialmente la del Salado, Chengue, Mampuján, Pichilín, y las del municipio de Zambrano.

Nuestro enfoque parte de la Memoria histórica3 razonada como herramienta de construcción colectiva de la misma mediante la gestión de historias de vida que permitan correlacionar la memoria con la historia colectiva del pueblo de los Montes de Maria. No obstante que allí se han dado pasos muy importantes como la organización del Museo itinerante de la Memoria de Carmen de Bolívar y el Museo Comunitario de San Jacinto, aun estan pendientes muchas tareas por ejecutar para levantar el recuerdo de los pasajes más tenebrosos de la violencia acaecida en los últimos 25 años con graves impactos en las mujeres, los campesinos, los indígenas, los afros y trabajadores.

Esa memoria histórica necesita un potente dispositivo comunicacional y pedagógico para hacer del recuerdo un elemento vivo de la identidad, el territorio y la pertenencia regional y local.

El documento está organizado en los siguientes temas:

Introducción con referencia al tema de violencia y el papel del neoparamilitarismo.

Primero. Geografía de los Montes de Maria. Municipios. Población. Economía. Agricultura. Ganadería.

Segundo. Historia de los Montes de Maria. La historia del Movimiento social: luchas campesinas.

Tercero. Violencia en MM, actores del conflicto. Paramilitares, grupos guerrilleros.

Cuarto. Víctimas, desplazamiento forzado, reparación, justicia y restitución de tierras en los Montes de Maria. La ley 1448 del 2011.

Quinto. Memoria histórica e historias de vida.

Conclusiones.

Introducción.

La tierra es sin duda el centro de la disputa social histórica en los Montes de Maria

El tema de tierras es una de las principales preocupaciones de la comunidad, las demandas por restitución, titulación y otorgamiento de baldíos están en la primera línea de la agenda política de las autoridades locales y de las víctimas.

Esta situación problemática alrededor de la propiedad de la tierra y del uso del suelo, está asociada claramente a la cultura política regional, a la estructura social y a las dinámicas políticas y económicas, las cuales son indisolubles en territorios con dinámicas institucionales premodernas o de una “modernidad tardía”. Esto es, una sociedad de un talante señorial y aristocrático, con bajos niveles de ciudadanía y la carencia de una sociedad civil que promueva la defensa de un Estado de Derecho moderno. Estamos delante de una formación social regional liderada por una élite conservadora de las viejas tradiciones y costumbrista, cuyo sistema político/administrativo asume el “Gamonalismo Rural” como modelo de gestión, en donde las instituciones encargadas de la provisión de los bienes y servicios que demanda la sociedad, terminan siendo permeadas por la práctica “clientelista-electoral”, en detrimento del ejercicio de los Derechos Ciudadanos. Además de lo anterior, la economía regional refleja la ausencia de un espíritu y carácter empresarial de riesgo para la actividad productiva; la cual se apuntala sobre la dinámica agroexportadora del tabaco, la ganadería extensiva, una producción campesina de subsistencia y, más recientemente, la agroindustria de la palma de aceite4.

Primero. La geografía de los Montes de Maria. Municipios. Población. Economía. Agricultura y Agroindustria de la Palma.

Cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi indican que la región de Montes de María tiene una extensión de 2.700 kilómetros cuadrados y comprende cerca de 600 mil hectáreas de tierra rural, de las cuales el 19,5 por ciento tiene aptitud para uso agrícola (117 mil hectáreas); 29,7 por ciento tiene potencial agroforestal (172 mil hectáreas); 46 por ciento vocación forestal; y el restante 5,6 por ciento se estima para la conservación de la vida silvestre y paisaje.

Los Montes de María son una region ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Se compone de 16 municipios y su población es de casi 420 mil habitantes.

En jurisdicción del departamento de Bolívar se encuentran: María la Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba; pertenecientes a Sucre se tiene a San Onofre, Toluviejo, San Antonio de Palmito, Colosó, Chalán, Ovejas, Morroa, Los Palmitos y Corozal.

La biodiversidad está conformada por bosques secos tropicales y manglares, recursos hídricos y ecosistemas asociados (ciénagas, lagunas y aguas subterráneas), formaciones coralinas, playas marinas y una variedad de flora y fauna. Los bosques albergan una diversidad de fauna y son productores de agua pero han sido afectados por la deforestación, que ocasiona problemas ambientales de deslizamientos, erosiones de suelos y deterioro del hábitat de la fauna. Además, las actividades agropecuarias de subsistencia que se realizan en laderas empinadas y nacimientos de cuencas hidrológicas causan daños ambientales a los recursos naturales. Para controlar estos factores negativos fueron creadas dos zonas de reservas naturales protectoras con el objeto de conservar, estudiar e investigar los recursos hídricos, la fauna y la flora. Estas zonas son la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María y el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, que tienen potencial para el ecoturismo5.

Población.

La población de Montes de María es multicultural y étnicamente heterogénea.

Según el DANE (2005), la población total de los 16 municipios que conforman la región de Montes de María es de 420.206 personas 21; 37% vive en áreas rurales y 28% se reconoce parte de alguna minoría étnica (116.398 personas). Los cinco municipios con mayor población étnica son: María La Baja (91,6%), San Onofre (87,3%), Palmito (70,6%) y Toluviejo (33,7%), mientras que aquellos que registran menos del 4% de población étnica a nivel municipal son: El Guamo, El Carmen de Bolívar, Chalán, Los Palmitos y Zambrano6.

Montes de Maria tiene las dos quintas partes de la población viviendo en el campo, casi el doble del porcentaje de ruralidad del país. Aunque esta comunidad rural tiene acceso a amplios recursos naturales (bosques y tierras cultivables), presenta altos niveles de pobreza por las deficiencias en el acceso a los servicios básicos domiciliarios (electricidad, agua, alcantarillado), educación, salud y empleo.

Existen dos grandes dinámicas poblacionales étnicas en la región montemariana. Una de ellas se explica a través de la concentración de la población indígena en la parte sur de la región en San Antonio de Palmito y Toluviejo, donde el 70% y 20% (respectivamente) de la población es indígena. Otra gran dinámica poblacional étnica se expresa en la parte norte de la región, donde se concentra la población afrodescendiente en María La Baja y San Onofre (91% y 85% respectivamente).

Abordemos en detalle la composición étnica de la region7.

Para tal descripción hemos recurrido al excelente y documentado trabajo del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontifica Universidad Javeriana de Cali “Entre Paramilitares y guerrilla: La desposesión territorial en los Montes de Maria. Dinámicas históricas y territoriales del conflicto social y armado 1958-2016”.8

Comunidades indígenas.

Hacia el año 2017, en todo Montes de María existían 63 Cabildos Menores pertenecientes al pueblo indígena Zenú, de los cuales 16 de estos han sido registrados ante sus respectivas alcaldías municipales y los 47 restantes ante el Ministerio del Interior. Adicionalmente, hace presencia en la región un Cabildo Territorial en el municipio de San Antonio de Palmito y un Cabildo Mayor en el municipio de Toluviejo.

En este sentido, es importante resaltar el proceso adelantado por las comunidades indígenas para la constitución de un Resguardo denominado Yuma de las Piedras, cuyo polígono geográfico está ubicado en el municipio de Toluviejo. Del total de Cabildos Menores presentes en la región montemariana, 14 de ellos hacen parte de esta iniciativa de constitución del resguardo de Yuma de las Piedras. Así mismo, es necesario aclarar que al interior de la región montemariana existen pequeños polígonos geográficos correspondientes al resguardo Indígena San Andrés de Sotavento, el cual está ubicado en el departamento de Córdoba.

El municipio con mayor presencia indígena es San Antonio de Palmito9 con el 79% respecto a la población total municipal, así mismo, contiene el mayor número de Cabildos Menores de la región (19) y el único Cabildo Territorial que tiene como función principal representar a la población indígena del municipios ante el Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento que está ubicado en el departamento de Córdoba10. En 1996 se constituyeron los dos primeros Cabildos Menores, mientras que los 17 restantes lo hicieron en 1998; es decir, todos los cabildos menores de las comunidades indígenas de Montes de María se establecieron durante la década del noventa.

Por su parte, Toluviejo11 cuenta con el 42,2% del total poblacional indígena de la región, albergando 14 Cabildos Menores que están registrados ante el Ministerio del Interior y un Cabildo Mayor que se ocupa de la coordinación de los menores y de la representación legal del proceso de clarificación del Resguardo Indígena Yuma de las Piedras; dado que cuenta con una escritura colonial. En el municipio de Ovejas12 existen 11 Cabildos Menores, de los cuales tres están registrados ante el Ministerio del Interior en 2009. San Onofre13 cuenta con 8 Cabildos Menores, cinco de ellos están inscritos en el Ministerio del Interior y los tres restantes ante la Alcaldía Municipal (uno de ellos como cabildo urbano). Para el caso de los municipios de Morroa, María La Baja y San Juan Nepomuceno, en cada uno de ellos están dos Cabildos Menores, mientras que los municipios de Colosó, Chalán, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Corozal cuentan con un Cabildo Menor en su interior.

Comunidades afrodescendientes.

De acuerdo con el DANE (2005), San Onofre y María La Baja14 presentan la mayor concentración poblacional afrodescendiente a nivel regional, convirtiéndose en las municipalidades con mayor registro de constitución de consejos comunitarios –con más de 45.000 habitantes y 10 organizaciones de este tipo en cada uno–. Bajo este contexto geográfico, la población afrodescendiente montemariana se ubica principalmente en la parte norte de la región, donde se encuentra la mayoría de los consejos comunitarios, que suman entre sí 26.

Los dos consejos comunitarios que iniciaron la solicitud de titulación colectiva son Eladio Ariza y Santo Madero; ambos ubicados en el municipio de San Jacinto y con aspiraciones territoriales que suman entre sí aproximadamente 1.800 hectáreas. En cuanto a los otros municipios con presencia organizativa afrodescendiente, se identifica que en San Juan Nepomuceno existen dos consejos comunitarios, mientras que El Guamo y Toluviejo sólo cuentan con un consejo comunitario cada uno.

Comunidades campesinas y la Zona de Reserva Campesina de Montes de María (I y II)

Como figura de ordenamiento territorial, la comunidad campesina de Montes de María ha solicitado al Gobierno nacional la constitución de una Zona de Reserva Campesina que está compuesta por dos polígonos geográficos. El primero está ubicado en la parte montañosa de la región (ZRC I), mientras que el segundo se encuentra sobre el margen izquierdo del río Magdalena (ZRC II). En este punto es necesario aclarar que actualmente el polígono II de la ZRC de Montes de María ya se encuentra constituido mediante el Acuerdo 57 del 2018 de la Agencia Nacional de Tierras, mientras que la ZRC I todavía está en proceso de constitución.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina de Montes de María, esta figura territorial se convertiría en una estrategia para impedir compras masivas de predios en la región, el despojo territorial y la concentración de tierras, así como para regular los monocultivos en la zona15.

Limites.

Los Montes de María limitan al norte con los municipios bolivarenses de Cartagena, Arjona, Mahates y Calamar; al norte de María La Baja se encuentra el Canal del Dique que desemboca al mar Caribe. Al oriente, la región es bordeada por el río Magdalena, que traza la frontera con el departamento del mismo nombre. Al sur limita con los municipios sucrenses de San Pedro, Sincé, San Juan de Betulia, Galeras, San Benito Abad, Sampués, Sincelejo, Tolú y toca frontera con el departamento de Córdoba a la altura de Palmito. Al occidente limita con Santiago de Tolú (Sucre) y el mar Caribe en el Golfo de Morrosquillo.

Serranía de San Jacinto.

Los Montes de María, también conocidos como Serranía de San Jacinto16, se extienden sobre esta formación montañosa, una de las tres ramas en que se divide la cordillera occidental colombiana.

Subregiones.

Según sus características geográficas los Montes de María pueden dividirse en tres subregiones: la Troncal del río Magdalena, la zona de Montaña y la zona de Piedemonte y litoral.

Troncal del Rio Magdalena.

La Troncal del río Magdalena, que comprende los municipios bolivarenses de El Guamo, Zambrano y Córdoba ubicados en las riberas de dicha cuenca hidrográfica, se caracteriza por sabanas donde se han desarrollado ganadería extensiva y agricultura comercial, sumando entre sí un total de 128.964,4 hectáreas.

El proceso de poblamiento de esta subregión es el más antiguo de la región montemariana, ya que las primeras dinámicas de asentamiento y desarrollo económico se dieron en la ribera occidental del río Magdalena.

En esta zona, los grupos paramilitares han encontrado condiciones que favorecieron su implantación ante la presión que ha ejercido la guerrilla a través del cobro de la extorsión y la realización de secuestros.

Zonas de Montaña.

La zona de Montaña comprende los municipios de San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar (Bolívar), Ovejas, Chalán, Coloso, Los Palmitos, Morroa y Corozal (Sucre). Su área alcanza las 335.012,7 hectáreas, haciéndola la más extensa.

El municipio de San Juan de Nepomuceno presenta tanto parte montañosa como zona baja a las orillas del río Magdalena.

Biofísicamente, esta subregión está atravesada por la serranía de San Jacinto, hacia donde se amplió la frontera agrícola y se consolidó la economía campesina. También la recorre de sur a norte la vía nacional Troncal de Occidente.

El Carmen de Bolívar17 representa el centro de la zona montañosa y de los Montes de María, pues históricamente ha sido el centro económico regional y el actual eje articulador vial de carreteras nacionales y regionales, convirtiéndose en un corredor estratégico entre el río Magdalena, la Troncal de Occidente y el Golfo de Morrosquillo.

La construcción de la Troncal de Occidente posicionó al municipio de El Carmen de Bolívar como un punto de referencia regional. En este municipio confluyen dicha carretera y la Transversal Carmen – Bosconia – Valledupar – Maicao – Puerto Bolívar, que comunica hacia Valledupar y La Guajira. Este municipio luego sería asediado por guerrilla y paramilitares, por configurarse como zona de retaguardia de las FARC-EP y como punto estratégico para su abastecimiento y circulación en la región.

Dadas estas características, El Carmen de Bolívar fue el principal objeto de disputa armada en el territorio desde los años 90 del siglo XX.

Piedemonte y litoral.

La zona de Piedemonte y litoral, ubicada entre la carretera Transversal del Caribe y el mar, se compone de los municipios de María La Baja (Bolívar), San Onofre, Toluviejo y San Antonio de Palmito (Sucre) con una totalidad de 205.458,8 hectáreas. Esta zona tiene como particularidad la inclusión de municipios que se encuentran en el piedemonte de la serranía (Toluviejo, Palmito y parte de María La Baja) y en la zona litoral de San Onofre, la cual presenta la salida de la región al mar Caribe. Dada su localización estratégica cercana a la bahía de Cartagena, el municipio de San Onofre estuvo bajo control de los paramilitares encabezados por Diego Vecino, Juancho Dique y Rodrigo Cadena a principios de siglo.

En esta subregión se presentó los mayores índices de compra de tierras por parte de narcotraficantes desde la década del ochenta; dinámica que se concentró en Toluviejo, San Onofre, Palmito y los municipios contiguos de Tolú y Sampués. En términos productivos, esta zona cuenta con las mayores extensiones de palma de aceite en María La Baja, concentra también el mayor inventario ganadero de la región y hacia el sur agrupa los títulos mineros en Palmito y Tolú Viejo.

Posición estratégica de los Montes de Maria.

Los Montes de María presentan una gran diversidad geomorfológica, pues cuenta con zonas montañosas y zonas planas. Las primeras corresponden a las elevaciones de la Serranía de San Jacinto, que se distingue por elevaciones superiores a los 450 metros. Las principales elevaciones son los Cerros de Maco (900 metros), La Cansona (542 metros) y La Pita (470 metros). Las zonas planas, por su parte, corresponden a las planicies aluviales asociadas al Canal del Dique y al río Magdalena, así como a la zona costera en el municipio de San Onofre.

La ubicación geográfica de los Montes de María es estratégica ya que conecta la costa Caribe con el interior del país. La región es atravesada por carreteras nacionales como la Troncal de Occidente, que recorre el país de sur a norte y conecta a ciudades principales como Cali, Medellín y Barranquilla, y la Transversal del Caribe, que se extiende sobre la costa Caribe desde Turbo (Antioquia) hasta Paraguachón (Guajira). La Troncal de Occidente atraviesa la serranía conectando al sur a Sincelejo y al norte a Barranquilla, pasando por Corozal, Los Palmitos, Ovejas, El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno. Por su parte, la Transversal del Caribe bordea el costado oeste de Montes de María, conecta al sur a Tolú y al norte a Cartagena atravesando Toluviejo, San Onofre y María La Baja.

Igualmente, su ubicación en cercanía al mar ha convertido la región en una ruta para el tráfico de drogas ilegales, armas y contrabando hacia y desde otros países. El Golfo de Morrosquillo y las costas cercanas en los municipios contiguos de Tolú y Coveñas han sido puntos de salida y entrada de mercancías ilegales. La presencia de importantes vías fluviales también contribuye a su localización estratégica, pues limita en su margen oriental con el río Magdalena. Este afluente presenta dos salidas al mar, una desemboca en Barranquilla, y la otra se conecta con el Canal del Dique, que finalmente vierte sus aguas en la bahía de Cartagena. Ese río conecta, además, al sur con el interior del país. Los cuerpos de agua facilitan también el transporte de drogas, mercancías ilegales y combatientes a través de rutas difíciles de detectar por las autoridades.

Los Montes de María hacen parte de un corredor de guerra y narcotráfico que conecta la región de Urabá y Catatumbo, objetivo que movilizó el proyecto de expansión paramilitar.

Dicha región se consolidó como de interés estratégico para los departamentos de Bolívar y Sucre desde mediados del siglo XX, dada su posición colindante con el Caribe y su potencial agroindustrial y ganadero. Sin embargo, hasta la década del ochenta las tierras montemarianas fueron un escenario marginal para el país, pues carecían de importancia estratégica dentro del funcionamiento de la economía nacional y de la dinámica del conflicto armado nacional.

Como antecedente, durante la administración de Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970) se intentó desarrollar una estrategia para resolver el problema de la distribución de la tierra a través de una política de reforma agraria. Lo anterior aunado a su esfuerzo por impulsar un desarrollo económico y una propuesta de democratización política en un contexto de amplia desigualdad económica y social. En ese marco, el Gobierno impulsó nuevas inversiones para la modificación de la red vial y la infraestructura de transporte, orientadas a conectar diversos centros de producción agrícolas entre el río Magdalena y las costas del Caribe y el Pacífico.

En los años 90 se adelantó la construcción de las vías regionales que daban acceso al sistema portuario del Caribe y, en el marco de la apertura económica neoliberal consolidada en el gobierno de Cesar Gaviria, la región pasó a adquirir gran relevancia y un alto potencial para desestabilizar la economía nacional si llegase a sufrir reveses productivos.

No puede olvidarse, además, la cercanía con el oleoducto que se extiende desde Caño Limón (Arauca) hasta Coveñas (Sucre), en zona contigua a la región, y que opera desde 1985.

La malla vial de los Montes de María comunica, además, centros económicos importantes como Valledupar (Cesar) y Bucaramanga (Santander) al mar Caribe.

La región se encuentra en cercanías al corredor regional Cartagena-Barranquilla-Santa Marta y hacia el sur conectan la Transversal de Occidente con la Transversal de la Depresión Momposina, que comunica Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. Dada su posición privilegiada, esta subregión alcanzó importantes dinámicas comerciales y de asentamiento de actividades económicas y poblacionales que la convirtieron paulatinamente en un polo estratégico de crecimiento.

Tales condiciones atrajeron a varios actores armados, quienes vieron grandes posibilidades para sus intereses criminales en el territorio. A esto se suma la larga tradición de lucha social del campesinado por el territorio, que las guerrillas pretendieron utilizar para reivindicar su propia agenda político estratégica. No puede olvidarse la vocación de despensa agrícola que ha caracterizado a la región, clave para el abastecimiento alimentario del Caribe y de gran potencial para establecer prácticas agroindustriales y mineras.

El peso estratégico se completa con el acceso directo al mar a través del Golfo de Morrosquillo, que ha posibilitado el tráfico de drogas, armas y contrabando en el mar Caribe y las Antillas.

Canal del Dique.

En el siglo XVI fue construida una bifurcación artificial del río Magdalena, que se conoce como Canal del Dique. Esta vía de comunicación fluvial tiene 113 kilómetros de largo y se extiende desde Calamar (Bolívar) hasta la Bahía de Cartagena, con tres desembocaduras adicionales: mar afuera por el caño Correa y por los caños Matunilla y Lequerica, hacia la bahía de Barbacoas18.

La economía y las fuerzas productivas de los Montes de Maria.

Los Montes de María han sido conocidos históricamente como “la despensa del Caribe”, ya que tradicionalmente ha basado su producción agrícola en la economía campesina, dando provisiones alimenticios al resto del país.

La producción económica y las fuerzas productivas en los Montes de María se desarrolla en el marco de una economía campesina de subsistencia, complementada con una mediana producción de tipo comercial cuyos cultivos más representativos fueron el algodón, la yuca industrial, el maíz mecanizado y el arroz mecanizado. Más recientemente, ha cobrado importancia el cultivo de la palma africana. Se destaca la cadena productiva de la apicultura, particularmente en los municipios de Sucre.

En materia de servicios la región tiene potencialidad en ecoturismo, gracias a las áreas protegidas como los Santuarios de Flora y Fauna Los Colorados19, El Chorchal “El Mono Hernández”20 y la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza”21.

Mientras que las tierras más fértiles (zonas inundables del río magdalena y las llanuras) son usadas en su mayoría como pastos para la ganadería extensiva, la agricultura campesina se concentra en las tierras menos fértiles ubicadas en las laderas de las zonas montañosas. En esta estructura productiva se ponen en pugna los intereses de los campesinos, dueños de pequeñas porciones de tierra, y la élite ganadera y agroindustrial, que es propietaria de extensos e improductivos latifundios. Lo anterior corresponde, además, a los procesos de despojo de tierra que se dieron por vía violenta por parte de los paramilitares, así como a los procesos de compra masiva y concentración que le siguieron aprovechando la precariedad del orden público en la región y la informalidad en la tenencia de la tierra rural.

Los principales productos agrícolas cosechados son, en su orden: yuca, maíz amarillo, palma africana, maíz blanco, plátano, tabaco y, en menores proporciones, ñame, aguacate y arroz verde. La región también produce frutales, cacao, caña panelera, hortalizas, algodón y café; así como algunos maderables.

Los principales municipios productores son María La Baja y El Carmen de Bolívar, con casi 17.000 hectáreas cosechadas de los principales productos agrícolas. Sin embargo, en María La Baja tiene gran importancia el cultivo agroindustrial de la palma africana con 9.819 hectáreas sembradas y unas 7.400 cosechadas. Mientras que en El Carmen de Bolívar se privilegia la agricultura campesina, donde el cultivo más abundante es la yuca con 6.172 hectáreas sembradas y 5.314 cosechadas; además de una importante extensión de tabaco (2.614 ha), legado de la bonanza del siglo XIX. En orden de área cosechada les siguen San Onofre, Ovejas y San Jacinto. Entre ellos destacan aproximadamente 500 y 900 hectáreas de palma africana en San Onofre y San Jacinto respectivamente, y un poco más de 1.200 de tabaco en Ovejas.

Se evidencia que las mayores extensiones de cultivos se concentran entre las zonas piedemonte y litoral y de montaña, al norte de los Montes de María. Por su parte, los municipios de la zona sur entre montaña y piedemonte (Colosó, Los Palmitos, Morroa, Palmito, Chalán) y Zambrano en la troncal del río Magdalena, presentan las menores extensiones de cultivos. Lo anterior a pesar que la parte sur de los Montes de María en el departamento de Sucre presenta una importante vocación agrícola y agroforestal del suelo.

Segundo. Historia de los Montes de Maria. La historia del Movimiento social: luchas campesinas.

Los primeros pobladores y los colonizadores.

Los primeros pobladores de los Montes de Maria fueron los indígenas Zenú22, pertenecientes a los grupos Panzenú y Finzenú, que compartieron territorios con los Malibues23. Estas culturas indígenas se caracterizaron por su laboriosidad en la agricultura aprovechando la fertilidad de sus suelos. También por la elaboración de artesanías, en especial el tejido de la hamaca y derivados del algodón. Vivían de la riqueza de su flora y fauna que les permitía la recolección de frutos, la caza y la pesca. Fueron cultivadores de maíz y yuca, producción que realizaban en huertas cercanas a sus caseríos, con un régimen económico de subsistencia sometido a las condiciones hidrológicas y alternaban sus actividades en zonas altas y bajas.

Durante los siglos XVII y XVIII, Montes de Maria fue refugio de palenques24, lugares alejados y de difícil acceso donde los esclavos negros fugados de las haciendas de la provincia de Cartagena trazaron estrategias de sublevación con el propósito de obtener su libertad.

Debido a los altos índices de fuga por parte de negros esclavizados en la primera mitad del siglo XVII, en la Sierra de María, se fueron constituyendo los primeros palenques registrados por las autoridades coloniales de la época, como fue el caso de Limón, Piolín y Sanaguare. Al finalizar esta centuria, ya se identificaban once de estos mismos: Limón, Piolín, Sanaguare, San Miguel, Arenal, Duanga, María Angola, Joyanga, Sanagual, Arroyo Pinela y Manuel Mula o Embuyla.

El poder de los palenques en la Sierra de María fue tan importante durante el siglo XVII que en esta centuria se identifica una serie de treguas y tratados de paz entre estas comunidades cimarronas y las autoridades coloniales de la provincia de Cartagena. En este proceso, Domingo Criollo (oriundo de las Sierras de María), mediante la intermediación del párroco de Turbaco (Baltasar de la Fuente), pudo acceder el 20 de enero de 1974 a un reconocimiento político y gubernamental del palenque de San Miguel de Arcángel, población que después sería conocida como San Basilio de Palenque.

El establecimiento y consolidación de población cimarrona en las Sierras de María mediante la configuración de palenques durante los siglos XVI, XVII y XVIII, permite deducir que este territorio se convirtió en un espacio geográfico de resistencia frente al sistema colonial esclavista de la época, convirtiéndose en un centro receptor cimarrón que desarrolló una autonomía territorial y un sistema social determinado diferente al colonial español. Una lógica territorial y poblacional que cambió con el proceso de expansión territorial desde la colonia hasta la época republicana.

Hoy subsiste el palenque de San Basilio25, en el municipio de Mahates (Bolívar), que fue el primer pueblo libre de la Nueva Granada, en 1713, gracias a las luchas de cimarrones como Benkos Biohó26 y sus seguidores y a la intervención del obispo Antonio María Casiani27.

En 1774, Antonio de la Torre y Miranda28 asumió las tareas de congregar pueblos o vecindarios, reordenar el agro y controlar el naciente campesinado. Este llegó a los Montes de María y, con la ayuda de los negros del palenque de San Basilio, decidió abrir un camino que condujera hasta las sabanas de Tolú (o Corozal en la actualidad). En el trayecto iba señalando los parajes que pretendía poblar, a la vez que delimitaba calles, plazas y ejidos.

Además hizo censos de vecinos e inducía a desmontar terrenos colectivos y sembrar en las nuevas tierras. Fue así como en 1776 surgieron los actuales pueblos de Ovejas (2 de junio), Nuestra Señora del Carmen (6 de agosto), San Jacinto (8 de agosto) y San Juan Nepomuceno (10 de agosto). En 1778 fundó San Onofre (3 de marzo) y realizó la refundación de San Antonio de Abad, hoy San Antonio de Palmitos (16 de noviembre).

Esta reordenación humana llevó a una expansión demográfica en la zona (658 familias con 3.903 personas) y al desarrollo de sistemas de producción de parcelarios y campesinos multirraciales (negros, indios, mestizos y mulatos), pues salieron familias de labriegos que emigraron de varias partes de la región para establecer allí fincas medianas y pequeñas.

Siglo XIX.

En el siglo XIX, los pueblos de los Montes de Maria crecieron y atrajeron familias que expandieron las haciendas ganaderas, entre ellas los Támara, Romero, Alvis, Herazo, García, Navas, Lozano y Vásquez, así como extranjeros de Italia, Curazao, Aruba y Cuba.

Uno de esos cubanos, el médico José María Pizarro, se estableció en Ovejas y trajo de Cuba las mejores variedades de tabaco negro que fue cultivado en la zona para el consumo interno y la exportación. Además, se constituyeron casas comerciales que acrecentaron los negocios de la compra y venta de tierras y la ganadería. Muchas de estas familias establecieron sistemas productivos como el cobro de terrajes (dos quintales por siembra en las tierras de las haciendas) y el peonazgo (10 a 20 jornales por época de trabajo). También instalaron “tiendas de raya” en sus fincas, donde se obligaba a los trabajadores a comprarles los elementos necesarios revendidos a precios altos.

Proceso de fundación y poblamiento en Montes de María: siglos XVII, XVIII y XIX.

Entre 1536 y 1545 se desarrollan las primeras fundaciones poblacionales en la región Caribe, asentamientos que funcionarían como autoridades civiles y eclesiásticas españolas en el territorio. Para el caso de la región montemariana y sus alrededores, unas de las primeras fundaciones que se identifican son las de Toluviejo (1534), Sincelejo (1535) y Tolú (1535). Sin embargo, el periodo de fundación de las principales poblaciones en Montes de María se remonta al siglo XVIII, mediante el proyecto de poblamiento desarrollado por Antonio de la Torre y Miranda entre 1774 y 1777. En éste se registra la fundación de 43 poblaciones en las tierras sabaneras del Caribe, de las cuales 8 hacían parte de la región de Montes de María y sus alrededores (San Cayetano, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Nuestra Señora del Carmen (actualmente El Carmen de Bolívar), San Francisco de Asís (actualmente Ovejas), San José de Piletas (actualmente Corozal), Sincelejo y San Luis de Sincé29.

Este periodo de fundación corresponde al reinado de los Borbones, quienes implementaron una serie de políticas que afectaron la distribución poblacional y territorial del Caribe colombiano30. En su búsqueda por racionalizar y centralizar el control estatal a nivel nacional y generar un reordenamiento del agro mediante la composición de tierras y congregaciones de habitantes, Antonio de la Torre y Miranda en sus misiones de fundación y refundación sentó las bases de una transformación económica y social en las sabanas del Caribe colombiano.

Generando una distribución de la tierra en aquellos poblados que constituía y promoviendo una red de comunicación y comercio en toda la provincia de Cartagena, desarrollando así la primera gran expansión demográfica y económica del siglo XVIII.

En la segunda mitad del siglo XVIII, el territorio montemariano vivió una fuerte dinámica mercantil, convirtiéndola en uno de los ejes centrales dentro del circuito comercial de la costa Caribe. Durante este periodo, Nuestra Señora del Carmen (actualmente El Carmen de Bolívar) se constituyó como la población con mayor potencial productivo y económico de la zona al estar atravesada por el principal eje de comunicación terrestre entre el norte con el centro del país.

El paso de la Colonia a la República significó un gran cambio en diversos productos agrícolas en todo el territorio nacional, como el tabaco, que se convirtió en uno de los principales renglones productivos a finales del siglo XVIII e inicios del XIX al interior de la hacienda colonial neogranadina costeña. Para esta época, en El Carmen de Bolívar y en Ovejas se consolidó una oligarquía que se enriqueció con la producción y exportación de la hoja de tabaco, la cual era distribuida a través del puerto fluvial de Zambrano y por el marítimo de Tolú. Una prosperidad económica y productiva que despertó el interés de grandes familias nacionales y extranjeras que quisieron combinar el comercio local y regional con la gran ganadería.

Dado este panorama, la región montemariana se constituyó paulatinamente en un gran centro económico y productivo en la región Caribe, configurándose como la zona tabacalera de la costa y estableciendo la primera factoría gubernamental en 1847 (Factoría El Carmen); así como otras compañías exportadoras que aprovecharon de manera apropiada el puerto de Zambrano, el cual permitía una conexión directa con Barranquilla y con el centro del país a través del río Magdalena hacia 1888.

Durante este mismo periodo, la dinámica ganadera en la región había acumulado grandes cabezas de ganado en las tierras desmontadas de las sabanas y playones en el actual departamento de Sucre y Bolívar. Bajo este contexto económico, el Gobierno nacional decidió promover la construcción de vías de comunicación a lo largo de las sabanas del Caribe con la costa Atlántica y el centro del país para promover de una mejor manera este boom económico y productivo regional.

Debido a las reformas liberales de 1850, el tabaco y la ganadería en la costa Caribe ingresaron en un proyecto de ampliación del mercado internacional en base al librecambio y la exportación. Determinaciones políticas que incidieron en la concentración de la propiedad y un aumento de la explotación de las comunidades campesinas e indígenas en esta región del país. Se estableció así una relación intrínseca entre la propiedad latifundista y el poder político local, generando las bases del clientelismo político y electoral de la región montemariana.

Hacia 1870 en el actual territorio montemariano se consolidó el Círculo de El Carmen que estaba conformado por 8 distritos distribuidos poblacionalmente de la siguiente manera: El Carmen (6945 habitantes), San Jacinto (3205 habitantes), San Juan (2435 habitantes), El Guamo (1175 habitantes), Barranca (1603 habitantes), Yucal (1093 habitantes), Zambrano (1204 habitantes) y Cordoba Tetón (con 1421 habitantes).

Bajo tal distribución poblacional, El Carmen de Bolívar se convirtió durante la segunda mitad del siglo XIX en un centro de desarrollo social y económico muy dinámico, atrayendo tanto capital como población nacional y extranjera. Esto permitió que pasara de ser una parroquia a una de las capitales más importantes del mundo rural de la costa Caribe colombiana hasta inicios del siglo XX, estableciendo empresas agroindustriales que alternaron una producción ganadera, cafetera, forestal y de caña de azúcar.

Los primeros pasos de lucha campesina y procesos organizativos sabaneros: 1910-1920.

En las dos primeras décadas del siglo XX la Costa Caribe se convirtió en la entrada de las nuevas ideas socialistas provenientes del extranjero, ideas que tuvieron gran adopción en poblaciones ubicadas en las sabanas de Bolívar, el Alto Sinú y la Depresión Momposina.

Uno de los actores más representativos que promovió estas ideas en la región fue el italiano Vicente Adamo31, quien llegó a Montería en 1918. Las ideas reformistas y modernistas que promulgaba Adamo entre las clases trabajadoras fomentaron la organización popular en aquella época, brindándole un tinte de autenticidad a la lucha obrera de los años veinte y atrayendo el interés del campesinado.

Bajo este contexto político se establecieron diversos procesos campesinos en el departamento de Córdoba, especialmente en el municipio de Montería entre 1919 y 1920, fomentando el proceso de ocupación e invasión de tierras bajo el soporte de ideas socialistas. Frente a ello los terratenientes regionales, con auspicio de las autoridades locales, respondieron a tales iniciativas campesinas con masacres y encarcelamientos a líderes.

Durante este mismo periodo se fueron constituyendo las Ligas Campesinas en las Tierras de Loba, donde promovían una lucha anti-imperialista contra diversas compañías extranjeras que querían apoderarse de grandes latifundios. Lo mismo ocurrió con otras expresiones organizativas campesinas formadas bajo el contexto de una agricultura de exportación, como fue el caso de las plantaciones de banano en Santa Marta (United Fruit Company), las plantaciones cafeteras (Viotá) y las zonas de frontera agrícola (Liga de Colonos Antioqueños en Puerto Berrío).

De este modo, las dinámicas socialistas en la costa Caribe se expresaron a través de huelgas y manifestaciones frente a los sectores económicos instaurados en la zona (petrolero, bananero, textil y ferroviario) en las primeras décadas del siglo XX, configurando un incipiente escenario de lucha organizativa campesina frente a las dinámicas de opresión a los sectores rurales de la región Caribe. Una lucha organizativa que fue determinante en los procesos de organización y reivindicación territorial tanto en la época de La Violencia (años cuarenta) como en la etapa de mayor auge del conflicto por la tierra en la región (décadas del sesenta y setenta).

Expresiones de resistencia campesina en medio de La Violencia en el periodo 1930-1940.

En 1936 se presenta la Ley 200 como una respuesta a las demandas campesinas. Pese a ello, resolvió las inquietudes de los terratenientes regionales sin propiciar un proyecto de distribución de la tierra a nivel nacional hacia el campesinado colombiano, generando un proceso de expulsión de aquellos líderes que dinamizaban las luchas sociales en el campo.

Esta ley también legalizó el proceso de expansión de la hacienda en la costa Caribe mediante la apropiación de baldíos, aplicando juicios de pertenencia para obtener títulos de propiedad por sentencia judicial. Con el impulso de la ideología industrialista a raíz de la crisis de 1930, esta nueva legislación agraria tenía como objetivo acabar con el monopolio improductivo de la tierra y convertir los latifundios en empresas capitalistas a través de la explotación del suelo.

En diciembre de 1936 se realizó la primera Asamblea Agraria Interdepartamental de la costa Atlántica. Espacio que propuso mejorar las condiciones de vida del campesinado, la parcelación de tierras para el campesinado caribeño, la potencialización de Ligas, Sociedades y Sindicatos de Agricultores y la formación de la Federación Agrícola y Campesina de la Costa. Así mismo, recomendó la creación de una Asociación de Ligas y Sindicatos en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena.

Fue en este contexto donde se consolidaron diversas Ligas Campesinas y organizaciones en torno a la lucha por la tierra en San Onofre, logrando alcances significativos para aquella comunidad liderada principalmente por Francisco Atencio, Felicita Campos y Máximo Romero. Del mismo modo, también hubo otras expresiones organizativas campesinas en la región montemariana, como fue el caso de las Ligas Campesinas guiadas por Aquiles Peluffo en Coloso y de Pedro López y Francisco Márquez en Ovejas. Lo anterior gracias al principio de la agremiación sindical expresada en la Ley 38 de 1931.

Bajo este contexto de lucha organizativa campesina, en diversos municipios de Montes de María se desarrollaron algunos trabajos de la Federación Agraria Nacional – FANAL a finales de la década del treinta e inicios del cuarenta. De este modo, cabe resaltar el accionar de diversas organizaciones campesinas reconocidas legalmente hasta 1945 en la región de Montes de María, como fue el Sindicato de Agricultores y Trabajadores Campesinos de Zambrano (1941) y el Sindicato de Obreros y Campesinos de San Jacinto (1943).

En este escenario de proliferación organizativa inicia la época conocida como La Violencia en la década del cincuenta. Un periodo donde diversos actores sociales aprovecharon la situación de conflictividad social para ejercer mecanismos de usurpación y despojo de tierras en todo el territorio colombiano, creando así un nuevo escenario agrícola, poblacional y económico en las regiones. Para el caso de las sabanas del Caribe colombiano, la Violencia fue empleada principalmente por los latifundistas regionales para apoderarse paulatinamente de tierras ubicadas en la frontera agrícola, expandir sus propiedades y consolidar fincas ganaderas en toda la región. Fue así como se desarrolló un relacionamiento entre la violencia y la tenencia de la tierra en aquellas zonas donde se presentó un mayor recrudecimiento del conflicto.

Tierra y violencia en los años 50.

Durante la década del cincuenta el campesinado caribeño tuvo que someterse a diversos arreglos de arriendos de tierras y aparcería, donde los agricultores desmotaban parcelas llenas de selva para cultivar alimentos y luego sembrar pastos para la ganadería del propietario, contribuyendo así a la consolidación y expansión de la hacienda ganadera costeña. Esta lógica de expansión territorial a partir de la aparcería se empieza a fraccionar al implementar diversas políticas de reforma agraria en la década del sesenta, cuando los grandes hacendados expulsan masivamente al campesinado costeño de las tierras. Debido a esta expulsión de familias campesinas costeñas por terminación de arriendos a cambio del cultivo de pastos para el ganado, se empieza a registrar el inicio de un conflicto agudo por la tierra en las zonas sabaneras del Caribe colombiano, como fue el caso de Montes de María.

Reformismo agrario en el Frente Nacional.

Desde la década del sesenta, las administraciones presidenciales se caracterizaron por su interés en modernizar el sector rural con el objetivo de hacerlo compatible con el proceso de industrialización jalonado para aquella época. Para esto se definieron nuevas políticas e instituciones que buscaban el cambio social y promover un modelo de desarrollo rural ajustado a la modernización. Bajo este contexto político, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1960-1964) se decretó la Ley 135 de 1961 de la reforma social agraria, promoviendo la regulación del derecho a la propiedad y el cambio en la estructura social agraria del país. Mediante esta ley también se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria – INCORA, encargado de implementar una política de desarrollo rural a través de la coordinación de programas integrales para el campesinado relacionados con la adecuación de tierras y el desarrollo social y agropecuario en zonas rurales.

Distritos de riego y drenaje.

Con la conformación del INCORA y la Ley 135 que respaldaba una reforma agraria, el Gobierno nacional comenzó una serie de intervenciones en la región montemariana, en el marco de diversos proyectos de adecuación de tierras. Una de ellas fue la construcción de distritos de riego y drenaje para prevenir inundaciones en zonas bajas y cenagosas de la región, una estrategia que permitió el aumento de la productividad regional.

El Distrito de Riego y Drenaje de María La Baja se construyó en Montes de María a través del Proyecto INCORA Bolívar N. 1 ejecutado entre 1962 y 1966. Tal distrito se concentró en la zona montañosa de la región en los embalses de Arroyo Grande y Arroyo de Matuya, con el objetivo de retener el exceso de agua durante el invierno y proveerla durante el verano a los municipios de María La Baja, Mahates y Arjona. Así mismo, el INCORA hacia 1967 había entregado en todo el departamento de Bolívar 8.168 hectáreas, de las cuales el 98% se ubicaban en la zona de influencia del distrito de riego de María La Baja, Mahates y Arjona.

A través del Distrito de María La Baja, la región montemariana vivió un proceso de diversificación productiva, ya que el campesinado regional producía caña, ganado y plátano, siendo este último uno de los cultivos que sostuvo económicamente a los productores locales cuando el arroz entró en una etapa de crisis. Fue mediante la destinación de importantes inversiones públicas para la construcción de diversos distritos de riego como se denota una política económica nacional que privilegiaba la modernización agrícola del latifundio con miras a la exportación en diversas partes de la costa Atlántica, como fue el caso de la transformación de la hacienda ganadera hacia cultivos empresariales en el municipio de María La Baja.

La reforma agraria de Lleras Restrepo.

Por otra parte, durante la administración de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) se intentó resolver el problema de la distribución de la tierra a través de una política de reforma agraria, de desarrollo económico y de democratización política en un contexto de amplia desigualdad económica y social, impulsando inversiones para la modificación de la red vial y la infraestructura de transporte orientadas a conectar diversos centros de producción agrícolas entre el río Magdalena y las costas del Caribe y el Pacífico.

En cuanto a la problemática referente a la distribución de la tierra, Lleras Restrepo propuso una alianza con el campesinado colombiano, impulsando la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC mediante la Resolución 061 de mayo de 1967 y creando la división de Organización Campesina dentro del Ministerio de Agricultura. Así mismo expidió el Decreto 755 de 1967, que permitía que arrendatarios y aparceros pudieran ser propietarios, que existieran propuestas de crédito para el campesinado colombiano y que la ANUC se convirtiera en un canal entre el sector rural y el Estado.

Para esta administración presidencial, la creación de la ANUC tenía como propósito consolidar una organización campesina con la suficiente fuerza para equilibrar el peso de los ganaderos en el Congreso Nacional, quienes tenían la capacidad de bloquear la propuesta de reforma agraria. Bajo este contexto, las acciones de masas, las invasiones de haciendas y las manifestaciones pacíficas fueron el medio principal de la lucha campesina.

1970, la década del conflicto por la tierra en el Caribe Sabanero.

La década del setenta en la región Caribe se caracterizó por el conflicto en torno a la tierra.

Tres factores influyeron en la gestación de las tensiones por la tierra32.

En primer lugar, existía ya en el territorio un monopolio sobre la propiedad de la tierra por parte de una reducida élite, lo que obligó a los campesinos a someterse a variados arreglos de aparcería y arriendo de tierras. Segundo, la gran hacienda empieza a prescindir del trabajo de los aparceros y arrendatarios que habían sido utilizados para así aumentar la extensión de los pastizales para ganadería. Y tercero, la reforma agraria impulsada durante el Gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) que indujo a grandes y medianos propietarios a expulsar masivamente a las familias de aparceros y arrendatarios quienes migraron a los centros urbanos.

Efectivamente, la política de titulación de tierras produjo un efecto adverso que se reflejó en una serie de tensiones regionales. Ante la inminente titulación de tierras a los arrendatarios, la respuesta de los patrones fue la expulsión de los labriegos, cuya vida había estado asociada al trabajo de las haciendas montemarianas. Alrededor de 30.000 familias campesinas fueron condenadas al exilio. Paralelamente, los campos desocupados sirvieron para imponer la ganadería extensiva, para disminuir la dependencia hacia los trabajadores asalariados y como consecuencia se disminuyó notablemente la productividad agrícola. Todo ello liderado por unas pocas familias cuyo poder ha estado asociado con la propiedad de la tierra, familias que habían mandado en casi todo en estos montes verdes de ceibas milenarias por siglos, como los García, los Guerra, los De la Ossa, los Badel, los Martelo.

El movimiento de campesinos que no estaba dispuesto a ceder, se encontraba representado en la recién creada Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que con un carácter pacífico y gremial promovía la reforma agraria. Pacíficamente pedían el retorno de las familias a sus antiguas parcelas y exigieron la titulación prometida.

Centenares de haciendas fueron invadidas, mientras que algunas familias campesinas se lograron reasentar en el territorio gracias a la compra de tierras del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA). Éstas solo alcanzaron a ser un quinto de la población total expulsada.

Los asentamientos informales que se dieron en más de dos mil haciendas hacia 1971 fueron consecuencia de las dinámicas de expulsión de familias campesinas arrendatarias de sus tierras por parte de los grandes y medianos propietarios caribeños. Así mismo, a inicios de la década del setenta el INCORA compró propiedades y reasentó a cerca de una sexta parte de las familias expulsadas en el departamento de Sucre, repartiendo parcelas a aproximadamente 5.000 de las 30.000 familias que fueron desalojadas en los años sesenta.

Alrededor de 546 fincas fueron tituladas en parcelaciones colectivas y empresas comunitarias, que sumaban 122.400 hectáreas.

A pesar del esfuerzo del Gobierno de Carlos Lleras para redistribuir la tierra rural, y por continuar con la implementación del programa de extinción de dominio de tierras baldías, se empezaron a gestar fuertes resistencias políticas.

Las resistencias del bipartidismo.

Al interior de ambos partidos, los dueños de las tierras promovían el freno a la reforma. Entrada la década de los 70, los cambios al statu quo promovidos por las organizaciones sociales de la región -en particular la ANUC- fueron rápidamente reprimidos.

Durante esta década se observa una decaída al interior de la lucha campesina en la costa Caribe, que inicia con la represión violenta implementada en la administración de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), quien después del Pacto de Chicoral (1973) priorizó el fomento a las exportaciones, orientó la inversión pública hacia la agricultura comercial y organizó la defensa institucional de los grandes propietarios, relegando a un segundo plano la reforma agraria para el campesinado colombiano.

Como respuesta a la represión violenta instaurada por Pastrana Borrero, a inicios de la década del setenta los conflictos agrarios se manifestaron a través de la ocupación directa de las haciendas ganaderas en los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba como una expresión a la necesidad de tierras que tenía el campesinado.

Debido al auge e importancia que adquirió la lucha campesina y la toma de tierras a finales del sesenta e inicios del setenta, el Gobierno nacional realizó el Pacto de Chicoral manifestado a través de la Ley 4 y 5 de 1973 y la Ley 6 de 1975. Una política tradicional y conservadora que redujo la intervención del INCORA a predios inadecuadamente explotados, a la política de adjudicación de baldíos y a la explotación moderna. Bajo este contexto, el Pacto de Chicoral se convirtió en el primer obstáculo para la implementación de una política de reforma agraria a nivel nacional, afectando profundamente a los Montes de María, una región que durante esta época presentaba altos niveles de organización y lucha política por la adquisición de tierras para el campesinado costeño.

Aparece y se organiza delincuencia común.

Durante este periodo los Montes de María se consolidaron como un corredor estratégico para la instalación de diversos actores sociales que veían en este territorio un lugar para su beneficio propio. Así, en los años setenta se conformaron diversas bandas o clanes familiares dedicados al abigeato, como fueron los Mesa en Canutal (Ovejas) y San Pedro; los Cohen en El Salado y los Rodríguez en El Carmen de Bolívar, así como los Meléndez y los Méndez en el municipio de Córdoba. Cada una de estas familias utilizaba el corregimiento de Macayepo como un corredor que permitía entrar a Chengue para extorsionar y saquearlo. Con la llegada de la guerrilla maoísta del EPL a San Jacinto este grupo guerrillero empezó a tener enfrentamientos directos con estas familias hasta la década del ochenta.

Lopez Michelsen elimina reforma agraria.

Finalmente, entre 1974 y 1978 el gobierno de Alfonso López Michelsen suspendió tajantemente la reforma agraria, reemplazándola por el programa de Desarrollo Rural Integrado – DRI. Esta estrategia debilitó la organización campesina colombiana y frustró la dinámica de democratización agraria que servía como impulso para resolver el conflicto por la tierra desatado en los años sesenta, dado que múltiples haciendas adquiridas por la lucha campesina fueron devueltas a sus antiguos propietarios y se intensificó el uso de la fuerza contra la protesta social. Aunado a lo anterior, el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala (1978-1982) legitimó la represión militar como estrategia para la resolución de los conflictos agrarios, amedrentando a los diversos grupos campesinos de la región caribeña, persiguiendo y aniquilando líderes campesinos de la época.

Mediante la implementación de estas políticas gubernamentales se debilitó la incidencia política y territorial de la ANUC en la región a mediados de 1978, atentando contra el quehacer de la organización a través de legislaciones que propendían por una contrarreforma agraria, distanciaban a las bases campesinas de sus respectivos líderes sociales y estimulaban la creación de grupos de choque por parte de terratenientes contra esta organización.

Tomas de tierras.

Entre 1970 y 1974 se desarrollaron más de 800 tomas de tierras en las sabanas cordobesas y sucreñas, teniendo como epicentro de lucha campesina los municipios de Morroa, Coloso, Corozal, Los Palmitos, Ovejas, Palmito, Toluviejo y San Onofre. El proceso organizativo que propendía por la reforma agraria en la región de Montes de María durante los setenta y ochenta se concentró principalmente en Ovejas y Los Palmitos, para luego expandirse a otros municipios como Toluviejo, San Onofre y Colosó. Lo anterior se derivó de un ejercicio de promoción y capacitación hacia líderes campesinos de la región, que poco a poco fue consiguiendo más adeptos, como sucedió en aquellas zonas donde hubo sindicatos tabacaleros y diversas comunidades rurales de Corozal y Morroa.

A mediados de la década del ochenta, la ANUC padecía dos grandes problemas: por una parte existía una fuerte división política e ideológica entre los sectores que la conformaban, y por otra, se enfrentaban a las apuestas políticas de los gobiernos de turno que no apoyaban el proyecto de la reforma agraria en el país. A partir de lo anterior, diversas organizaciones campesinas fueron tomando partida aparte a la emprendida por la ANUC.

A pesar de lo anterior, las organizaciones campesinas y sociales de las sabanas del Caribe colombiano siguieron en pie de lucha durante los noventa, época donde las reivindicaciones sociales no sólo giraron en torno al acceso a la tierra (como sucedió en los años setenta y ochenta), sino que se enfocaron en una lucha por la buena calidad de los servicios públicos, reclamando por una política agraria justa y visibilizando la violación de los derechos humanos de la que eran víctimas. Todo lo anterior en el marco del conflicto armado que padeció esta región.

1980, fraccionamiento y represión del proceso organizativo campesino en las sabanas costeñas.

A finales de la década del setenta e inicios del ochenta la organización campesina se fraccionó fuertemente, permitiendo el ingreso de diversas guerrillas en aquellas zonas donde la ANUC disputó el monopolio de la tierra. Los conflictos campesinos por la tierra históricamente tuvieron mayor intensidad en la costa Caribe y el Magdalena Medio, una situación que fue tomada por grupos guerrilleros como una oportunidad para apoyar al campesinado colombiano, promoviendo y organizado grandes movilizaciones campesinas como la realizada en 1987, donde se reunieron más de 150.000 campesinos en la costa Atlántica, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales.

En ese escenario se empieza a construir la influencia por parte de grupos guerrilleros hacia el campesinado colombiano.

Acá es importante señalar la existencia de una fuerte relación entre diversas áreas geográficas con las dinámicas de compra de tierra y la presencia de grupos paramilitares, que fueron apoyados por grandes hacendados y narcotraficantes.

A partir de lo anterior, fue durante los años ochenta y noventa cuando se consolidó fuertemente la gran propiedad en la costa Caribe, a través de compras masivas de tierra por parte de narcotraficantes, en las que instalaron infraestructura para la producción de estupefacientes, así como dispositivos de seguridad privada que ejercían un uso amplio de la violencia en la región.

Configuración territorial multicultural y poblacional desde 1991 hasta la actualidad33.

Desde la década del noventa hasta la actualidad, los Montes de María han estado marcados por las lógicas del conflicto armado, protagonizadas por diversos actores ilegales.

La década del noventa fue de gran impacto para la sociedad rural colombiana debido a la configuración de la Constitución Política de 1991, incorporando un proyecto pluriétnica y multicultural a nivel nacional que aportó a consolidar los derechos diferenciales para las comunidades rurales, principalmente indígenas y afrodescendientes.

Mediante este tipo de reconocimiento constitucional, las comunidades indígenas accedieron a un marco normativo que les permitía el reconocimiento de sus territorios colectivos, como fue el caso de la Ley 21 de 1991, la cual aprueba lo dictaminado por el Convenio 169 de la OIT en términos de la relación entre comunidad y territorio, el respeto e importancia de la cosmovisión y las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas. Así mismo, se expidió el decreto 2146 de 1995 (el cual reglamenta el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994), exponiendo cada uno de los lineamientos para la adjudicación de tierras para comunidades indígenas mediante la conformación, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas a nivel nacional.

En cuanto a las comunidades afrodescendientes, el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 se convirtió en uno de los mecanismos jurídicos mediante el cual estas comunidades pudieron ejercer el derecho al reconocimiento y protección a territorios colectivos. Este artículo da las bases generales para el inicio de un proceso de adjudicación y acceso a tierras para este actor social. Del mismo modo, también sirvió como base central para la construcción de la Ley 70 de 1993, determinando las diferentes instituciones y competencias para la gestión de los derechos territoriales para las comunidades negras.

A pesar de que la Constitución Política de 1991 no reconoció al campesinado como sujeto de derechos diferenciados, éste fue acogido por una ley que trató de promover el acceso progresivo de la propiedad de la tierra y pretendió reformar la estructura social agraria del país. Esta fue la Ley 160 de 1994, que estableció una figura de ordenamiento territorial denominada Zona de Reserva Campesina, con el objetivo de introducir un modelo de acceso a la tierra para el campesinado colombiano.

Cada una de estas políticas de reconocimiento territorial para las comunidades rurales en Colombia ha tenido una serie de efectos en la estructura y ordenamiento social de la propiedad en Montes de María. En esta región las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en su ejercicio efectivo de derechos territoriales, solicitaron la consolidación de un resguardo indígena (Yuma de las Piedras), dos títulos colectivos (Santo Madero y Eladio Ariza) y dos zonas de reserva campesina (ZRC de los Montes de María I y II). En estas solicitudes se traslapan los intereses territoriales de estas comunidades, generando entre sí una serie de tensiones por el acceso a la tierra34.

La ubicación de cada una de estas figuras de ordenamiento territorial responde a las necesidades territoriales de estas comunidades rurales al interior de la región. Para el caso de las comunidades negras, los dos títulos colectivos hacen parte de una estrategia territorial reivindicativa iniciada por los consejos comunitarios de Eladio Ariza y de Santo Madero, ambos ubicados en el municipio de San Jacinto, en la parte norte de Montes de María, donde se concentra la mayoría de la población afrodescendiente de la región.

Respecto a las comunidades indígenas, la solicitud de conformación del resguardo de Yuma de las Piedras responde a la necesidad de tierras y salvaguarda por parte de 14 cabildos menores indígenas pertenecientes al pueblo Zenú. Cabildos que están conformados en Toluviejo, municipio ubicado en la parte sur de la región montemariana y que presenta uno de los mayores índices de población indígena en toda la región. Finalmente, la zona de reserva campesina está conformada por dos polígonos que abarcan la mayoría de los municipios que conforman los Montes de María. Uno de ellos ya está conformado, el cual está ubicado en la parte oriental de la región, sobre el margen izquierdo del río Magdalena; el otro polígono está en proceso de construcción debido que las aspiraciones territoriales de esta figura de ordenamiento territorial se traslapan con las de los títulos colectivos de las comunidades afrodescendientes.

No existe ningún tipo de traslape entre el polígono del Resguardo Indígena de Yuma de las Piedras y la Zona de Reserva Campesina I. Pese a ello, cuatro cabildos menores del municipio de Toluviejo y nueve de Ovejas están en su interior.

Respecto a la comunidad afrodescendiente, se observa que los dos polígonos geográficos de títulos colectivos para las comunidades negras (la del Consejo Comunitario de Eladio Ariza y la del Consejo Comunitario de Santo Madero) están al interior de las aspiraciones territoriales de la ZRC I.

Así mismo, se debe recalcar que un consejo comunitario de San Onofre está incluido en la delimitación geográfica de la ZRC I, situación similar sucede con seis consejos comunitarios de María La Baja, con dos en San Jacinto y en San Juan Nepomuceno; así como uno de Toluviejo y otro de El Guamo. En este sentido, para el año 2016 se identifica que 14 de los 26 consejos comunitarios de todo Montes de María se encuentran incluidos en el polígono geográfico de la ZRC I.

A partir de esta situación de traslape territorial e intersección multicultural, la propuesta de constitución de una ZRC en Montes de María es una situación pionera en Colombia, dado que, por primera vez se quiere desarrollar un proceso de consulta previa de parte de una comunidad hacia otra. Es decir, el sujeto por el que se debe desarrollar la consulta previa sería una comunidad (campesinos), y no una empresa privada, como suele suceder en la mayoría de las consultas previas. Al realizarse un proceso de consulta previa de comunidad-comunidad, se podrían desarrollar estrategias de configuración de territorios interculturales, o si es el caso, de gobiernos colegiados entre comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.

Organizaciones sociales en los Montes de Maria.

En los Montes de Maria se ha identificado una red de organizaciones sociales originadas en el marco de la vigencia de la Constitución de 1991, agrupadas en organizaciones afrodescendientes, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres y LGBTI, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones campesinas.

Las primeras organizaciones campesinas en Montes de María inician a comienzos del siglo pasado a través de las Ligas Campesinas, los Sindicatos Tabacaleros y las diferentes organizaciones políticas ligadas a una ideología socialista. Un escenario político y organizativo al interior de las comunidades rurales montemarianas que permitió la adopción de la ANUC35 de una manera consolidada. A pesar de sus respectivas etapas de auge y debilitamiento, la ANUC sigue vigente en la región montemariana, al ser parte constitutiva del proceso de creación de la ZRC de Montes de María (I y II) como integrante del Comité de Impulso de tal figura de ordenamiento territorial. Pese a ello, existen otras organizaciones campesinas como son: Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Montes de María36, proceso organizativo campesino constituido por dos comités que se encargan del proceso de difusión, divulgación y visibilización de su respectiva ZRC en la región.

Organizaciones de víctimas.

Las organizaciones que se identifican como víctimas del conflicto armado nacen aproximadamente en el año 2005, fecha que coincide con la desmovilización de los grupos paramilitares en la región.

Los Montes de María cuentan con dos experiencias significativas que afrontaron graves violaciones a derechos humanos y que fueron las primeras en ser reparadas por vía judicial.

Este fue el caso de la comunidad de Mampuján (María La Baja) y Las Brisas y San Cayetano (San Juan Nepomuceno); procesos que dejaron grandes enseñanzas para las organizaciones de víctimas en la región.

En el 2005 la Asociación para la Vida Digna y Solidaria – ASVIDAS y su iniciativa “Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Mampuján”37 fue reconocida con el premio nacional de paz por su trabajo en la recuperación física y mental de las mujeres víctimas del desplazamiento. Algunas de las organizaciones de víctimas con procesos regionales identificadas en el territorio son:

Narrar para vivir. Organización creada en el 2004 dedicada a la recuperación de la memoria, la palabra, la narración oral y los derechos de las mujeres sobrevivientes del conflicto armado. Actualmente es Sujeto de Reparación Colectiva y articula aproximadamente a 840 mujeres víctimas del conflicto armado38.

Organizaciones de Población Desplazada, Étnicas y Campesinas de Montes de María. Organización creada en el 2007 mediante la articulación de 22 organizaciones de víctimas del desplazamiento forzado del municipio de María La Baja que trabajan temas relacionados con los derechos de las víctimas y el desarrollo rural y agrario.

Comisión Étnico-Campesina de Seguimiento a Procesos de reparación Colectiva en Montes de María. Creada en el año 2016 e integrada por 8 Sujetos de Reparación Colectiva de los municipios de San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Ovejas y María La Baja, esta comisión se ha centrado en hacer seguimiento e incidir en la implementación de la ruta de reparación colectiva en la región.

Proceso Pacífico de Alta Montaña. Integrado por asociaciones agropecuarias y Juntas de Acción Comunal de 14 corregimientos y más de 50 veredas de la zona alta de El Carmen de Bolívar. Actualmente es Sujeto de Reparación Colectivo y ha adelantado acuerdos con el gobierno local, regional y nacional39.

Tercero. Violencia en Montes de Maria, actores del conflicto. Paramilitares, grupos guerrilleros y Organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

La violencia en los Montes de Maria se encuadra en los modelos de violencia que han afectado a lo largo de su historia tanto a la nación como a la sociedad y al Estado.

Antes de examinar en sus manifestaciones concretas la violencia en los Montes de Maria y sus actores centrales recojamos algunos elementos sobre este fenómeno recurrente en nuestra formación social.

En principio abordemos algunas consideraciones teóricas sobre la misma.

El estudio de la violencia en Colombia, y por consiguiente la de los Montes de Maria, ha presentado diversos momentos como lo señala con rigor Carlos Ortiz en su amplia obra sociológica, histórica e historiográfica40.

Jefferson Jaramillo Marín nos ha dado una muy completa descripción y análisis sobre las investigaciones de tal fenómeno41. Mónica Zuleta igualmente ha hecho un denso trabajo sobre el fenómeno en La violencia en Colombia: avatares de la construcción de un objeto de estudio42.

Los trabajos de Gonzalo Sánchez y del Centro de Memoria Histórica son de obligada referencia en cualquier acercamiento a dicha fenomenología. El informe ¡Basta Ya! es un punto de obligada referencia para quien pretenda dar cuenta de la violencia colombiana43.

De necesaria referencia es el trabajo de Jerónimo Ortiz Sierra “Los enclaves de la violencia en Colombia, 1998-2012”44

El más reciente estudio sobre la violencia colombiana fue el informe elaborado para la Mesa de diálogos con las Farc en La Habana conocido como “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, de Febrero de201545.

Lo que llama la atención es que no obstante estos estudios tan amplios y reputados, y haber llegado a unos acuerdos para poner fin al conflicto social armado con las Farc, la violencia persista con tanta perversidad asesinando a líderes sociales y a quienes se desmovilizaron como integrantes de las Farc..

No parecen ser suficientes los enfoques que vinculan la violencia con el tema de la tierra, la miseria (que es desigualdad más que violencia), la exclusión política y con las economías ilícitas.

Hay algo más que eso que debe ser objeto de estudio.

Los estudios de Blair y Han.

Quiero citar acá dos textos que considero bastante pertinentes para explorar nuevas rutas explicativas de la violencia en el post conflicto y otras formas de abordarlas para lograr su erradicación definitiva.

Elsa Blair en Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición46 nos ofrece una reflexión teórica sobre el fenómeno de la violencia que resulta conveniente rescatar. Su trabajo desarrolla una aproximación y una “lectura crítica” del concepto de violencia y problematiza su dificultad de teorización dada la variedad semántica de la palabra que, como deja ver, es inmensa y termina por nombrar cosas bastante disímiles. Luego de una reflexión general sobre el concepto y sus avatares, se detiene en buena parte de lo que ha sido la discusión sobre el tema en Colombia. Para hacer esta reflexión, la autora se apoya en diferentes referentes teóricos, que han sostenido su actividad investigativa durante los últimos años.

La visión de Byung-Chul Han.

Más recientemente el filósofo Byung-Chul Han ha dado a conocer un estudio de bastante profundidad y actualidad sobre la violencia.

Me refiero a las “Topologías de la violencia”, obra en la que Byung-Chul Han da continuidad a su análisis de la sociedad contemporánea, después de libros como La sociedad del cansancio o La sociedad de la transparencia, centrándose en este caso en la violencia, que, según sus tesis, es omnipresente en la sociedad tardomoderna, aunque no se perciba como tal47.

En su texto Han plantea que hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se cuenta la violencia. Su forma de aparición varía según la constelación social. En la actualidad, la violencia ha mutado de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcomunicativos y neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha desaparecido. Pero la violencia se mantiene constante. Simplemente se traslada al interior. La decapitación en la sociedad de la soberanía, la deformación en la sociedad disciplinaria y la depresión en la sociedad del rendimiento son estadios de la transformación topológica de la violencia.

Han afirma que hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se encuentra la violencia. La Modernidad no se define, precisamente, por su aversión a esta.

La violencia, dice, solo es proteica (cambiante en sus formas). Su forma de aparición varía según la constelación social. En la actualidad, muta de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomunicativos, capilares y neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha desaparecido. En el momento en que coincide con su contrafigura, esto es, la libertad, se hace del todo invisible. Hoy en día, la violencia material deja lugar a una violencia anónima, desubjetivada y sistémica, que se oculta como tal porque coincide con la propia sociedad.

La topología, plantea Han, de la violencia se refiere, en primer lugar, a toda manifestación macrofísica de la violencia, que se presenta como negatividad, es decir, estableciendo una relación bipolar entre el yo y el otro, entre dentro y fuera, entre amigo y enemigo. En general, suele darse de un modo expresivo, explosivo, masivo y materialístico. Forman parte de esta, la violencia arcaica del sacrificio y de la sangre, la violencia mítica de los dioses celosos y vengativos, la violencia de la muerte del soberano, la violencia de la tortura, la violencia exangüe de la cámara de gas o la violencia viral del terrorismo. Sin embargo, la violencia macrofísica puede tomar una apariencia más sutil y expresarse, por ejemplo, como violencia lingüística. La violencia de una lengua hiriente también remite, como la violencia física, a la negatividad, pues resulta difamadora, desacreditadora, denigradora, o desatenta. La violencia de la negatividad se distingue de la violencia de la positividad, basada en la spamización del lenguaje, en la sobrecomunicación y la sobreinformación, en la masificación lingüística, comunicativa e informativa.

La sociedad actual evita cada vez más la negatividad del otro o del extranjero. El proceso de globalización ha acelerado la desaparición de las fronteras y las diferencias. La supresión de la negatividad no se puede equiparar con la desaparición de la violencia, pues junto a la violencia de la negatividad existe también la violencia de la positividad, que se ejercita sin necesidad de enemigos ni dominación.

No solo el exceso de negatividad es violencia, sino también el exceso de positividad, la masificación de lo positivo, que se manifiesta como sobrecapacidad, sobreproducción, sobrecomunicación, hiperatención e hiperactividad. La violencia de la positividad probablemente sea mucho más funesta que la violencia de la negatividad, pues carece de visibilidad y publicidad, y su positividad hace que se quede sin defensas inmunológicas. La infección, la invasión y la infiltración, características de la violencia de la negatividad, son causa de infarto.

En este sentido, el sujeto de rendimiento, propio de la Modernidad tardía, es libre, pues no se le impone ninguna represión mediante una instancia de dominación externa. En realidad, sin embargo, goza de tan poca libertad como el sujeto de obediencia. Si la represión externa queda superada, la presión pasa al interior. Y eso hace que el sujeto de rendimiento desarrolle una depresión. La violencia se mantiene constante. Simplemente se traslada al interior. La decapitación en la sociedad de la soberanía, la deformación en la sociedad disciplinaria y la depresión en la sociedad del rendimiento son estadios de la transformación topológica de la violencia. La violencia sufre una interiorización, se hace más psíquica y, con ello, se invisibiliza. Se desmarca cada vez más de la negatividad del otro o del enemigo y se dirige a uno mismo.

Broek, citado por Han, plantea que en el pasado, de acuerdo a Han, la violencia social era externa, flagrante, basada en la relación del sujeto subordinado con el soberano, en la que la vida o la muerte se deciden unilateralmente, desde la instancia de autoridad. A este tipo de sociedad la llama «de la decapitación», pues la voluntad es ajena al sujeto, y el poder se ejerce con carácter absoluto.

Más tarde, la sociedad evolucionaría hacia una sociedad disciplinaria, en la que las relaciones estructurales perpetúan un estado de dominación del poseedor del capital sobre las masas trabajadoras. En su terminología llama a esta sociedad una «de la deformación«, por su capacidad de formar a su antojo las necesidades de la explotación capitalista y la identidad de los sujetos involucrados. En nuestros tiempos, la violencia se ejerce desde dentro, pues cada ciudadano la ejerce sobre sí mismo, y se genera el fenómeno de la autoexploración, en el cual el ser humano ejerce su libertad para encarcelarse a sí mismo en un individualismo que satisface las demandas del capital y la globalización. Han caracteriza a esta sociedad como la sociedad «del rendimiento«, que produce fenómenos psíquicos como la depresión, o el burnout y el déficit de atención por hiperactividad.

Mientras que en las sociedades que nos anteceden la violencia operaba por negatividad, esto es, incitando una reacción inmunológica, de defensa, pues las líneas de confrontación eran claras, hoy día el problema sería un exceso de positividad, que ofusca toda negatividad y desplaza la violencia al interior de uno mismo, a pesar de las apariencias de prosperidad y libertad que prevalecen. Con estas ideas, Han entabla un diálogo con algunos pensadores que le han servido de contraparte o de inspiración, como Schmitt o Ehrenberg o Foucault, el cual es una obvia referencia en su armazón conceptual, por su análisis de la violencia estructural y de la presencia del poder en las relaciones de la sociedad disciplinaria.

Pero Foucault no tuvo tiempo de asistir a la emergencia de una sociedad en la que las relaciones de poder se difuminan y se interiorizan, en las que la ideología y las líneas de confrontación han desaparecido, y en la que la transparencia elimina toda subjetividad negativa o crítica con el sistema que uno ha interiorizado. De la misma manera, Han critica a Negri, por ejemplo, por mantener un marco conceptual marxista de análisis, ya que las clases han desaparecido (según Han) y solo existe un sistema único, que exige de uno la participación en el sistema global del capitalismo, que, a pesar de invadir nuestra intimidad, se presenta como un sistema de positividad y libertad absolutas, en el que las identidades son fluidas y moldeables, a diferencia de la sociedad disciplinaria, donde las identidades eran fijas.

A la sociedad moderna la llama Han, como dijimos, “sociedad del rendimiento”, pues el valor de la realidad y de los individuos se establece sobre la base de su producción económica y de su contribución al crecimiento del sistema, lo que ocurre con la anuencia de los que participan, embriagados por la positividad presente de consumo infinito, comunicación global, despliegue constante de la intimidad, sin lugar al misterio o al secreto, dado que el sistema nos necesita con ilusión de libertad y con disposición para el consumo, a fin de funcionar a cabalidad. Para lograr este estado de cosas, la sociedad requiere de nosotros la autoexplotación, en la que víctima y verdugo son lo mismo, esto es, ejercer una violencia íntima que nos lleva al cansancio, al infarto social y a la depresión, la enfermedad por excelencia de esta sociedad de violencia microfísica, en el planteamiento de Broek.

Cito estos dos enfoques teóricos de la violencia como aporte para un estudio más consistente de la violencia en los Montes de Maria.

A los mismos efectos resulta pertinente retomar los esquemas analíticos de larga duración de la violencia colombiana. Me refiero a los trabajos de Marcos Palacio, de Fernán Gonzales y de Gonzalo Sanchez48.

La interpretación de Palacios.

Palacios (2012) en su libro Violencia pública en Colombia tiene como referente para su periodización el funcionamiento del Estado con su déficit de legitimidad y soberanía en el territorio y en el sistema internacional. Para construir sus periodizaciones plantea los grandes cambios en el Estado-nación con un especial énfasis en la dimensión internacional. Plantea grandes hitos como: la guerra fría, la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y el consenso de Washington. Su entendimiento central del conflicto es que se trata de una disputa violenta, entre élites por medio de la violencia pública. Es decir, se trata de una violencia que requiere un discurso de autolegitimación de cada una de las partes. Los bandos en la disputa son aquellas élites gobernantes del Estado y sus aliados (acá Palacios ubica a paramilitares y narcotraficantes como fuerzas “prosistema”), contra aquellas que buscan desalojarlas por medio de la guerra de guerrillas en un campo de hostilidad absoluta. La periodización de este autor, aunque específicamente no la delimita, sí considera tres grandes etapas de la “violencia pública” en Colombia. La primera de ellas que va desde la segunda mitad de los años cincuenta y toda la década del sesenta, en la que a nivel internacional se caracterizó por el inicio de la guerra fría. En ese periodo, Palacios enfatiza su narrativa en la distribución de legitimidades entre la insurgencia y contrainsurgencia, y se enfoca en describir la influencia internacional sobre el conflicto interno, y el surgimiento de grupos armados de corte marxista. Un segundo periodo, que podría considerarse como de “frontera”, entre uno y otro, se ubica a lo largo de la década de los setenta, hasta mediados de los noventa. Ese periodo se caracteriza como un salto cuantitativo del conflicto armado y de la profundización de la guerra sucia de baja intensidad. Intensificación en la que tiene un importante grado de responsabilidad la irrupción del narcotráfico, la emergencia de los grupos paramilitares y las prácticas de guerra contrainsurgente y sucia que, heredadas de la doctrina anticomunista de la guerra fría, fueron acentuadas por el estamento castrense para enfrentar las guerrillas en los territorios donde estas hacían presencia, violencia que también se dirigió contra los sectores que los militares consideraban sus aliados, en los que se incluía a la izquierda política legal y los movimientos sociales. Conforme lo muestra Palacios, en el cierre de este periodo además de terminarse la guerra fría, se abre la puerta a las primeras reformas neoliberales, fruto del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y, al mismo tiempo, emergen con gran potencia los carteles de la droga y con ellos, la guerra en su contra. Así, se pasó de una confrontación que enfrentaba al Estado con las guerrillas marxistas, a una violencia generalizada que implicaba múltiples actores, y diversos intereses económicos y políticos, que produjeron procesos que marcarían el devenir posterior de la guerra: la mayor fragmentación del Estado, la fluidez entre lo legal y lo ilegal, la exacerbación del individualismo y la pérdida de referentes colectivos. Por último, en un tercer momento Palacios contempla paralelamente lo que denomina “la paz cuatrienal” y aborda los contextos de cada uno de los intentos de paz presidencial emprendidos con diferentes grupos armados, desde principios de los años ochenta, hasta el proceso iniciado por el gobierno Uribe con las AUC.

El estudio de Fernán Gonzales.

Por otro lado, se encuentra la propuesta de síntesis histórica de González en su libro Poder y violencia en Colombia. Desde una visión procesual y de largo plazo, lejana a enfoques normativos y teleológicos, González propone ver la violencia en relación con el conflictivo proceso de construcción del Estado. Esto, desde un enfoque que combina la necesidad de considerar los problemas estructurales de la vida colombiana y sus transformaciones en el tiempo y en el espacio: la configuración social de las regiones, su poblamiento y cohesión interna, el problema agrario no resuelto y la integración territorial y política de las regiones. Lo anterior, sin dejar de lado los aspectos subjetivos de la percepción, valoración y accionar de diferentes agentes sociales, entre los que se consideran aquellos que optaron por la opción armada. González establece una periodización extensa que tiene como punto de arranque la herencia colonial y las turbulencias del siglo XIX, es decir, los inicios de la conflictiva construcción estatal y su presencia diferenciada en el tiempo y en el espacio, que aún hoy se mantiene. Con ese presupuesto, el autor interpela el hábito de pensamiento que ha imperado en la producción académica y en la discusión pública, que establece una relación directa entre el conflicto armado y la ausencia del Estado en los territorios. Y plantea que el hecho cierto de que el Estado colombiano nunca haya tenido control total del territorio ni haya detentado el pleno monopolio de la violencia legítima, más que una anomalía es parte de nuestro proceso particular de formación de las instituciones estatales y de la construcción de la nación. Así las cosas, la periodización emprendida por González analiza las diferentes etapas de las transformaciones del Estado, su relación con las regiones y los momentos de conflictividad y violencia, hasta el conflicto armado contemporáneo. En esa medida, en un primer periodo, describe los antecedentes coloniales y del siglo XIX, especialmente las dinámicas de poblamiento original, las dificultades que sobre el control del territorio y de la población tuvo el Estado colonial y el impacto de las reformas borbónicas; así como las tensiones regionales en los inicios de la República, y luego, la competencia política y el papel de los partidos Liberal y Conservador, y las redes bipartidistas durante el siglo XIX. En un segundo periodo, de 1905 a 1930, se ocupa de describir el proceso a través del cual la hegemonía de los partidos Liberal y Conservador empieza a ser controvertida por otros actores, como resultado del surgimiento de tensiones en el incipiente mundo obrero y en el mundo rural de una frontera agraria en permanente expansión. Un tercer periodo contemplado por González se denomina “modernización y violencia” y va desde 1930 hasta 1957. En esa etapa, el autor establece un contraste entre dos momentos: La primera violencia que enfrentó a nivel regional las Fuerzas Armadas del gobierno liberal con los grupos armados de los políticos conservadores en los departamentos de Boyacá y Santander, en un contexto nacional polarizado, resultado de las tensiones entre los intentos de modernización de la República liberal, el surgimiento de la movilización social (obrera y campesina) y los sectores que, desde la derecha, se oponían al experimento reformista del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945). Y el periodo de La Violencia, entre 1948 y 1957, cuando de las disputas violentas ligadas a la homogeneización política en el ámbito local, se pasó a la generalización de la violencia, según González por los siguientes factores: la lectura complotista del 9 de abril, tras el asesinato del líder populista liberal Jorge Eliécer Gaitán; el predominio del fundamentalismo conservador, representado por el presidente Laureano Gómez; el colapso parcial del Estado y la ligazón entre las venganzas de sangre y las rivalidades bipartidistas a escala local. En síntesis, La Violencia, afirma el autor, fue resultado de la convergencia entre la aceleración de la modernización agraria capitalista, la agudización del conflicto agrario y la exasperación de las identidades partidistas. En el cuarto periodo, González describe las vicisitudes del Frente Nacional y el acuerdo consociacionalista con el que las élites pretendieron poner fin a la violencia. Afirma el autor que, en ese momento, si bien hubo una sustancial disminución de la violencia fue evidente el fracaso de los intentos reformistas, especialmente en el sector rural, para enfrentar los cambios demográficos, culturales y sociales de esos años, lo que derivaría en el surgimiento de un nuevo tipo de violencia política con la emergencia de grupos armados de carácter marxista. Finalmente, el autor analiza el periodo de la violencia y el conflicto armado contemporáneo (1982-2014) en el que examina la los debates sobre los orígenes y persistencia de la violencia, el conflicto armado y el fenómeno paramilitar. En este periodo el autor distingue varias etapas de las que resaltamos su contribución a la caracterización y evolución sobre el paramilitarismo: primera etapa, emergencia de los grupos paramilitares como respuesta a la expansión de los grupos guerrilleros en los años ochenta; segunda, ola expansiva del conflicto y la consolidación del fenómeno paramilitar durante los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana; y la etapa de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera, negociación con las AUC y aparición y expansión de grupos armados surgidos de este proceso de negociación; y finalmente el proceso de negociación con las FARC, en el primer gobierno de Juan Manuel Santos.

En la etapa que denomina la primera ola de expansión de los grupos violentos en la década de los ochenta, González (2014) destaca como elementos centrales: la crisis del sistema político y la creciente movilización social al margen del bipartidismo; la expansión de las FARC hacia nuevas regiones, más allá de sus tradicionales zonas de colonización, y la reactivación del ELN y el EPL; además de la creciente penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana. Factores y nuevos escenarios de la guerra que, sumados al ambiguo y débil proceso de negociación emprendido por Belisario Betancur con las guerrillas (1982-1986), explican la aparición y primera ola de expansión de los grupos paramilitares, que tuvieron el auspicio de los sectores que se oponían –por motivos económicos o políticos– a la negociación con las guerrillas y a las reformas que de ello se podrían derivar: narcotraficantes, poderes locales y regionales, gremios, mandos militares y la clase política tradicional. La segunda ola expansiva del conflicto y la consolidación del fenómeno paramilitar abarca los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana. En esa etapa, el intento de relegitimación del sistema político buscado con la Constitución de 1991, con el que se logró la inserción a la política legal del M-19, el EPL y el PRT, no detuvo la generalización de la guerra ni la intensificación de la violencia política. Al contrario, la crisis de gobernabilidad del gobierno de Samper, sumado al mayor relacionamiento de los grupos armados con los cultivos de coca y la producción y el comercio de la cocaína, tendrían como resultado, para el final del periodo –en medio de las negociaciones del Caguán–, la mayor expansión geográfica de los grupos paramilitares y guerrilleros, así como la intensificación de la violencia política a niveles nunca antes alcanzados. Lo anterior, según González, por cuenta de las decisivas transformaciones estratégicas en relación con la guerra, tanto del Estado como de los grupos armados: por un lado, las FARC, deciden el aumento de su capacidad bélica y la continuación de la expansión hacia las zonas más articuladas a la vida económica y política de la nación; y por otro lado, los paramilitares, como respuesta, se ensanchan a zonas de control guerrillero, deciden exportar el modelo de seguridad y desarrollo experimentado en el Magdalena Medio y Urabá en los años ochenta y lograr el reconocimiento político con la conformación de las AUC; y finalmente, el Estado dio inicio a la reingeniería de las fuerzas militares, con el apoyo financiero y tecnológico de los Estados Unidos y el Plan Colombia, para la recuperación militar del territorio. Así, en opinión del autor, esos factores explican en buena medida el fracaso de las negociaciones y la búsqueda de la paz en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), ya que la combinación ambigua entre la retórica de la paz y los hechos de guerra, la lógica militar y política, los abusos de las FARC en la zona de despeje y la arremetida paramilitar, harían incierta la agenda de negociación, y bloquearían de manera persistente el desarrollo de las negociaciones. Este fracaso explica la llegada de Álvaro Uribe (2002-2010) al poder, etapa que González denomina como de repliegue guerrillero hacia zonas de retaguardia y frontera, por cuenta de la ofensiva militar que ese Gobierno desató contra estas, lo que contrastaba, con las polémicas negociaciones que sostuvo con los grupos paramilitares. De esa etapa, el autor destaca los cambios del estilo político del Gobierno y sus pretensiones neocaudillistas, que se concretaron en una combinación entre apelación populista, el manejo mediático del poder personalizado, la negociación clientelista con la clase política tradicional y los estímulos tributarios y financieros a los gremios. También destaca los polémicos resultados de la negociación con las AUC, la temprana emergencia de los GAPD, los efectos diferenciados de la Seguridad Democrática y los cambios en las territorialidades del conflicto. Así, para González, si bien se logró la recuperación militar del territorio integrado del país y la profundización de la derrota estratégica de las guerrillas, el énfasis militar y la ausencia de atención a los problemas sociales en las zonas recuperadas, implicaría que no solo se mantuvieran las guerrillas, sino que emergiera una nueva generación paramilitar en las zonas fronterizas (Catatumbo, Urabá y andén Pacífico) y en las zonas de colonización de la Orinoquia y el Amazonas.

La violencia en la versión del Centro Nacional de Memoria Historica.

Otra de las síntesis elaboradas en el último tiempo es la realizada por el Grupo de Memoria Histórica, en cumplimiento del mandato de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, de elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales. Esta síntesis fue publicada en 2013, en el Informe general del conflicto armado: ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Los principales alcances y objetivos del informe, que han sido parte fundamental de las apuestas del inicial GMH y luego del CNMH, se pueden resumir así: interpelar a la sociedad y exhortar al Estado desde la perspectiva de la memoria de las víctimas, para comprender lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Por eso, el informe construye una síntesis que se aleja del reconocimiento pasivo del sufrimiento de las víctimas, para comprender la violencia en sus diferentes etapas y manifestaciones, como resultante de actores y procesos sociales y políticos también identificables. Enfatizando en la visibilización de las magnitudes de la violencia, las diferentes dimensiones de la victimización y el rol de las víctimas, como agentes activos en el marco del conflicto armado, esto en el entendido de que Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a ella. En el informe ¡Basta ya!, sus autores, en consonancia con González y Palacios, resumen así los factores que explican tanto el origen como la reproducción del conflicto: persistencia del problema agrario; la irrupción y propagación del narcotráfico, las limitaciones y posibilidades de la participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado. Si bien, en el capítulo dos, estos factores atraviesan la periodización del conflicto armado que propone el ¡Basta ya!, también analiza otras dimensiones, como los cambios cualitativos y cuantitativos de las modalidades de victimización contra la población civil (capítulo uno), las relaciones entre guerra y justicia (capítulo tres), los impactos y daños ocasionados por el conflicto armado (capítulo cuatro) y las memorias y formas de resistencia de las víctimas (capitulo cinco). En el capítulo dos, la periodización propuesta por el informe ¡Basta ya! enfatiza en las transformaciones temporales y espaciales de la violencia, en las disputas político-militares entre los actores en contienda y su simultaneidad con las reformas democráticas, y la búsqueda de la paz. En esa medida, las etapas del conflicto armado que propone el ¡Basta ya! tienen como punto de partida la transformación de la violencia bipartidista a la violencia guerrillera (1958-1982). Para ese periodo se describen las continuidades y rupturas entre la violencia bipartidista y la emergencia de los grupos guerrilleros en el contexto del Frente Nacional. Se destacan los intentos fallidos de reforma a la estructura de tenencia de la tierra y la limitada incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el régimen del Frente Nacional, como los asuntos de mayor relevancia.

Un segundo periodo es el denominado de Expansión guerrillera, políticas de paz y eclosión paramilitar (1982-1996). Allí, como en las otras síntesis, se relacionan los diferentes intentos presidenciales de paz, la emergencia de grupos paramilitares, la creciente penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana y la expansión del conflicto a nuevos territorios más articuladas a la vida económica y política de la nación. Al tercer periodo se le denomina como los años de la tragedia humanitaria: la expansión de guerrillas y paramilitares, el Estado a la deriva y la lucha a sangre y fuego por el territorio (1996-2005). Allí se describe, cómo en esa etapa la guerra y la violencia alcanzan su mayor intensificación y expansión geográfica y, por tanto, los mayores niveles de victimización contra la población civil. Un periodo en el que, enfatizan los autores, se transformaron sustancialmente las relaciones de los actores armados con la población civil. Finalmente, el cuarto periodo tiene que ver con la negociación y desmovilización de las AUC y el traslado de las FARC hacia sus retaguardias, en razón a la ofensiva estatal que va de 2005 a 2012. De esa etapa, los autores destacan dos dinámicas simultáneas: por un lado, la arremetida contra las guerrillas que se concretó en la política de la Seguridad Democrática; y por otro, el desenlace de la fallida negociación con las AUC, la temprana emergencia de los GAPD y sus nuevas características.

Conflicto armado en Montes de Maria.

Desde sus inicios los Montes de María han estado ligados a procesos de lucha y resistencia, convirtiéndose en un territorio en continua disputa, por ser un área geográfica que propiciaba la lucha por el acceso a la tierra. Este panorama de lucha y resistencia llamó la atención de diversas organizaciones armadas que vieron en este territorio un espacio propicio para su respectiva consolidación y como una zona de refugio y control territorial con fines particulares.

Abordemos la cronología del conflicto armado en Montes de María.

Veamos los periodos de la violencia en Montes de Maria: I) 1958-1981: lucha campesina y represión armada montemariana; II) 1982-1990: periodo de la incursión insurgente y paramilitar en Montes de María; III) 1991-1994: adaptación, reacomodamiento y fortalecimiento paramilitar e insurgente en la región; IV) 1995-1998: disputa y asentamiento territorial entre la insurgencia y el paramilitarismo en Montes de María; V) 1999-2001: guerra regional: entre la violencia y el desplazamiento montemariano; VI) 2002-2005: consolidación y desmovilización de las AUC, la política de seguridad estatal y subsistencia guerrillera; VII) 2006-2009: derrota de la insurgencia, recuperación territorial y presencia de nuevos actores armados y VIII) 2010-2016: consolidación de los grupos pos desmovilización.

Primer periodo. 1958-1981.

Lucha campesina y represión armada montemariana. La lucha y resistencia campesina en torno a la tierra ha existido en el territorio montemariano desde inicios del siglo XX, convirtiéndose en el bastión principal del proceso organizativo rural, obrero y sindical en la región. Una lucha basada en los intereses de la clase social rural en un contexto de dominio terrateniente, de empresas extranjeras y una incipiente comercialización industrial y capitalista.

La violencia y represión armada en Montes de María empieza a finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta debido al ímpetu adquirido por el movimiento campesino. El conflicto en esta zona se relaciona con el acceso a la tierra y los esquemas de represión social que usan los hacendados montemarianos a través de criminales a sueldo que inician procesos de eliminación sistemática de líderes pertenecientes a la ANUC. Este contexto fue la antesala de la dinámica socioterritorial en Montes de María al inicio de la década del setenta, evidenciando una relación directa entre las expresiones de violencia con el control y uso de las tierras montemarianas.

Bajo este escenario y teniendo de antesala la violencia bipartidista de la década del cincuenta (la cual dejó estructuras armadas instaladas y disponibles para los terratenientes de la región) se fueron configurando clanes familiares armados que cometían crímenes por encargo. Para aquel entonces se estableció el clan de Los Meza en los corregimientos de Canutal y Canutalito (municipio de Ovejas-Sucre), el cual era contratado por terratenientes en contra del gremio campesino que estaba en pro de la lucha por la tierra. Dinámica que permitió la conformación de diversos grupos conocidos como pistoleros que estaban a disposición de hacendados regionales como estrategia para proteger las haciendas de invasiones campesinas.

Diversas comunidades rurales de Montes de María consideran que algunos ganaderos de la región fueron partícipes de la fundación de grupos paramilitares, como fue el caso de los descendientes de las familias Meza (municipio de Ovejas y Chalán), Cohen (municipio de El Carmen de Bolívar) Méndez y Meléndez (municipio de Córdoba). Clanes familiares que históricamente tuvieron intereses en las tierras ubicadas en la zona montañosa de El Salado y en confrontar a os grupos guerrilleros.

A finales de la década del setenta se evidencia el ingreso de diversos grupos alzados en armas en la región como una zona de refugio, desarrollando un fuerte trabajo político en el territorio, tomando como referencia aquella población campesina que tuvo gran influencia en la zona. De esta manera, fue en la primera mitad de la década del ochenta cuando aparecen las guerrillas en los Montes de Maria.

El primer grupo insurgente que ingresó en el territorio fue el Ejército Popular de Liberación-EPL. Una guerrilla de tendencia maoísta nacida en 1967 como la expresión armada del Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista PCC-ML. Este movimiento combinó la confrontación armada con la construcción de un proyecto político en diversas zonas del departamento de Antioquia, el Magdalena Medio y en algunos lugares en Córdoba y Sucre.

Durante la década del setenta el EPL tuvo una presencia y un accionar esporádicos en diversas zonas donde se asentaba el movimiento campesino montemariano, como fue el caso del municipio de San Jacinto; a pesar que ya había indicios de su incorporación en el territorio a partir de 1968. Sin embargo, el ingreso efectivo del EPL en el territorio montemariano se realiza en 1985.

La presencia de actores armados en Montes de María durante el periodo comprendido entre 1958 y 1981 se concentra principalmente en la región montañosa debido a dos tendencias socioterritoriales específicas: la primera de ellas se debe a la conformación de grupos de pistoleros contratados por terratenientes como mecanismo de confrontación a las tomas de tierras campesinas y la segunda, corresponde a la incursión del primer grupo insurgente (EPL) en zonas donde el proceso organizativo campesino tenía fuerza e historia en el territorio.

Así mismo, es necesario remarcar que fue bajo este ambiente de rebelión campesina contra las relaciones de poder ejercidas por los hacendados montemarianos, cuando las élites políticas regionales incitan al desarrollo de una violencia organizada mediante la combinación de fuerzas de seguridad y procesos de orden de autodefensa en ciernes en la región. Lógicas que serán características en los actores armados presentes en el territorio de Montes de María en el siguiente periodo histórico.

Segundo periodo 1982-1990. Organización de bandas y autodefensas y presencia de la guerrilla.

Es un periodo de la incursión insurgente y la estructura de autodefensas en Montes de María. Durante el periodo presidencial de Belisario Betancur (1982–1986) hubo una ampliación de frentes en las guerrillas a nivel nacional, a pesar de los intentos de consolidación de acuerdos de paz con las mismas. Entre 1981 y 1986 el EPL pasó de tener 2 frentes a 12; el ELN pasó de 3 a 10; y las FARC-EP de 10 a 31. Bajo este panorama de desdoblamiento de frentes guerrilleros, los ochenta se convirtieron en la década de apertura e interés territorial por parte de diversos grupos guerrilleros hacia Montes de María.

Durante este periodo también se empieza a conformar una incipiente estructura de autodefensas en la región debido a coyunturas sociales, políticas y económicas específicas de la zona. A su vez, también se identifica el ingreso de grupos guerrilleros de corrientes políticas diferentes que vieron en Montes de María un territorio ideal para establecerse

El nacimiento de la estructura de las autodefensas en Montes de María tiene sus bases en el fenómeno de la adquisición de tierras con dineros procedentes del narcotráfico en la parte costera del departamento de Sucre, específicamente en Tolú, Sampués, Toluviejo, San Onofre y Palmito (estos tres últimos en la región montemariana). Para aquel entonces, los capos del narcotráfico querían asumir el control de la salida al mar Caribe a través del Golfo de Morrosquillo, configurando a Montes de María como una zona de interés geopolítico en el ámbito de la comercialización de las drogas.

Fue desde esta zona del Caribe colombiano donde se realizó la exportación internacional de drogas desde Colombia hasta Panamá. Para su respectivo control, fue necesario un ejercicio de tenencia latifundista amparada en la ganadería extensiva, principalmente en las zonas fértiles de Sampués y San Onofre. Iniciando simultáneamente una inversión en diferentes estructuras de seguridad privada para implementar un proceso de limpieza en las áreas de influencia guerrillera.

A finales de los ochenta ya se conocían en la región diversos grupos paramilitares denominados La Mano Negra, Los Rodríguez (municipio de El Carmen de Bolívar); Los RR (municipio de San Juan Nepomuceno); Los Benítez (San Pedro); Los Encapuchados (municipio de Colosó); Los Meza (Chalán y Ovejas) y La Casona (municipio de Sincelejo).

En este último grupo paramilitar estuvo Rodrigo Mercado Peluffo alias Cadena, ex comandante del Frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Héroes de Montes de María.

Durante este periodo los Montes de María también presencian la llegada y consolidación del narcotráfico en la parte costera de su región, mediante la compra de tierras en los municipios de Tolú, Toluviejo, Coveñas, San Antonio de Palmito y San Onofre; adquiriendo predios en cercanías a la carretera que une la ciudad de Cartagena con el Golfo de Morrosquillo. En estas zonas utilizaban fincas como áreas de consolidación del tráfico de drogas a través de corredores naturales y conformaban pequeños ejércitos privados que protegían las propiedades de narcotraficantes y terratenientes. Tales ejércitos se caracterizaban por ser pequeñas estructuras fragmentadas y autónomas, sin tácticas ofensivas delimitadas ni planes de dominio territorial. Uno de los capos que propició la creación de grupos de seguridad en Sucre fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, reconocido narcotraficante colombiano que fue asesinado en diciembre de 1989 en un operativo de la Policía Nacional desarrollado entre Tolú y Coveñas.

En este periodo, narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, los hermanos Ochoa Vásquez, Luis Enrique Ramírez, alias Miki Ramírez y Víctor Carranza compraron tierra en la región. Adicionalmente, José María Barrera, narcotraficante y ex jefe de las Autodefensas del sur de Magdalena también habría comprado tierras en el Guamo para extender presencia en la zona

Hacia 1994 Ramírez compró la hacienda El Hacha, en Zambrano. En el mismo municipio también era propietario de la finca Guasimal, de 553 hectáreas, y la hacienda Jesús del Río, de 2.000 hectáreas, incautadas ambas por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes.

Ramírez organizó una estructura armada para su seguridad personal y la de sus grandes extensiones de tierra en el sur del municipio de Zambrano – Bolívar.

El cuerpo de seguridad que trabajaba en las propiedades de Ramírez incrementó de 10 a 178 escoltas sin autorización legal, lo cual se constató en el allanamiento y registro de la hacienda El Hacha donde se halló evidencia material de la utilización de armamento y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, usadas por un número superior a 200 personas

Así, en los últimos años de la década del ochenta la región montemariana presenció el nacimiento de múltiples grupos de autodefensas, los cuales amparaban el proceso de adquisición de propiedades por parte de organizaciones vinculadas al narcotráfico a través de organizaciones de pequeño nivel en zonas aledañas al Golfo de Morrosquillo.

La presencia de los grupos insurgentes.

El Ejército Popular de Libración–EPL ingresó en el territorio montemariano en la década del setenta, pese a ello, este actor armado hizo presencia efectiva en la región desde 1985 a través del Frente Garnica Narváez en El Carmen de Bolívar, San Onofre, Ovejas, Palmito, Morroa, San Jacinto y Chalán. Este frente no se desmovilizó con el grueso de los combatientes del EPL en 1991, sino que siguió su accionar en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. En 1994 realizó una rápida negociación con el gobierno de César Gaviria, favoreciendo la captura de Francisco Caraballo, principal disidente del EPL en las negociaciones de 1992. Para el mes de julio de 1994, aproximadamente 130 guerrilleros se desmovilizan en el corregimiento de Cañaveral, municipio de Turbaco.

Así como el EPL, el Partido Colombiano Comunista Marxista Leninista PCC-ML también tuvo una participación esporádica en los Montes de María en la década del setenta, pese a ello, fue a principios de la década siguiente cuando se establecería en la región a través de la estructuración del Partido Revolucionario de Trabajadores–PRT. Esta guerrilla desde sus inicios en julio de 1965, escogió tres grandes zonas de guerra: Santander y Sur de Bolívar (actual Magdalena Medio), Valle del Cauca (con incidencia en el Chocó y Risaralda) y noroeste (Alto Sinú y San Jorge en Córdoba). Debido a distintas dificultades de acceso y control en el Valle del Cauca y el Magdalena Medio, el PCC-ML decidió concentrarse en el Alto Sinú y San Jorge.

PRT.

La configuración del Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP en Montes de María data del año 1996, como una disidencia del ELN liderada por los hermanos Rafael, alias Gilberto, y Nilson Antonio Simanca, alias Fabio. Su compañía Jaider Jiménez operó en los municipios de El Carmen de Bolívar, Ovejas, Chalán y Colosó; así como algunas zonas del centro del departamento de Bolívar y al norte de Sucre con aproximadamente 150 hombres entre sus filas.

Hacia 2006, se estima que este grupo contaba con 60 combatientes en todo Montes de María. Debido a la arremetida paramilitar y la avanzada de la Fuerza Pública en la región, su operatividad y estructura militar desaparece casi por completo, perdiendo control y presencia territorial debido al cerco militar que la Fuerza Pública aplicaba en la zona. En abril del 2007 fue asesinado alias Fabio por parte de las FARC-EP, un duro golpe para esta organización armada, obligando a la desmovilización de 18 combatientes en Tiquisio (Bolívar) y otro grupo de personas en San Jacinto.

El PRT incursiona principalmente en El Carmen de Bolívar y Ovejas, promoviendo la lucha obrera contra las tabacaleras y adhiriendo líderes obreros a su organización insurgente para promulgar las ideas revolucionaras en la región. Durante este periodo, el centro de operaciones político-militares se efectuó principalmente en el corregimiento de Pichilín (municipio de Morroa), lugar donde se armaban las estrategias de divulgación política y accionar militar del PRT. Este grupo guerrillero se concentró en las zonas altas de Montes de María desde 1984 –cuando ingresa el 9 de junio al corregimiento de El Salado– hasta 1991 – cuando se moviliza alrededor de los municipios de Colosó, Chalán, Ovejas, San Onofre y El Carmen de Bolívar–.

Cabe resaltar que la decisión del EPL y del PCC-ML de asentarse en un primer momento en la zona del Alto Sinú y San Jorge no sólo se debió a las condiciones sociales y políticas que sucedían en este territorio por aquel entonces; sino también a su ubicación geográfica, dado que permitía el acceso al Caribe colombiano, a la frontera con Panamá y al Pacífico.

Del mismo modo, se convertía en un punto de conexión y proyección hacia regiones del Urabá, Córdoba, Sucre y Bolívar.

El MIR.

Otro de los pequeños grupos insurgentes que arribó en el territorio montemariano fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria–MIR, organización que se fusionó con el Movimiento de Unidad Revolucionaria Marxista Leninista MUR-ML en 1983 para gestar el MIR-Patria Libre. Esta estructura insurgente se uniría en 1987 con el ELN para conformar la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional UC-ELN, que en 1991 expulsa al MIR-Patria Libre de sus filas debido a diferencias de tipo ideológico y práctico. La UC-ELN operó durante este periodo de alianza entre el MIR y el ELN específicamente en los municipios de San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y San Jacinto.

Farc.

En 1982 se realiza la Séptima Conferencia de las FARC en la región del Guayabero (departamento del Meta), determinando la necesidad de copar la mayor cantidad de espacios en todo el territorio nacional a través de la estrategia del desdoblamiento de los frentes. Debido a ello, las FARC le apuestan a la ocupación de territorios de frontera que presenten vacíos institucionales y fuertes conflictos agrarios (como era el caso de Montes de María); los cuales les permitirían cercar los principales centros urbanos.

Esta estrategia de desdoblamiento de los frentes y la necesidad de ocupar una mayor cantidad de espacios geográficos en el territorio nacional se consolida en 1983, cuando la administración de Belisario Betancur firma un acuerdo de paz con las FARC-EP, el M-19 y el EPL, permitiendo que estos grupos guerrilleros aprovecharan el cese al fuego para reorganizarse y ampliar sus tropas de combatientes. Ya en 1985 las FARC-EP rompen la tregua y empieza a desplegarse en todo el territorio nacional.

En su afán por expandirse territorialmente, las FARC-EP deciden incursionar en la región Caribe a través de las estructuras armadas que tenían en el noroccidente del país y en el Magdalena Medio, convirtiendo los Frentes 4 y 5 en la base central para la conformación de diversas estructuras armadas en esta zona. Entre 1982 y 1983 el Frente 4 gesta los Frentes 24 y 19; este último da inicio al Frente 41. Desde el Frente 5 se crea el Frente 18, el cual permitiría el desarrollo de los Frentes 35 (en 1986) y 37 (en 1987).

Bajo el anterior contexto, se debe precisar que los Frentes 35 y 37 de las FARC-EP no nacieron específicamente en esta región, sino que se originaron por el desdoblamiento de diferentes frentes guerrilleros que operaron en otras zonas del país. Así mismo, es necesario aclarar que a pesar que estos frentes (el 35 y el 37) surgieron entre 1986 y 1987, su incursión en Montes de María data de 1991 debido a la desmovilización del EPL y el PRT.

Estos frentes fueron parte del Bloque Caribe, un bloque que fue uno de los más débiles de esta organización. Por una parte, nunca contó con un número considerable de frentes; por otra parte, en esta región siempre hubo presencia de otros grupos armados ilegales y, finalmente, el Caribe colombiano al estar rodeado de amplias sabanas, históricamente ha sido una región de difícil acceso y control por parte de organizaciones insurgentes. No obstante, su capacidad operativa tanto en la Sierra Nevada de Santa Marta como en la Serranía del Perijá y en los Montes de María durante toda la década del noventa, fue lo suficientemente alta como para desplazar a la Fuerza Pública de una buena cantidad de municipios de la región Caribe.

La inserción territorial de las FARC-EP en la costa Caribe se realizó bajo dos condiciones territoriales específicas: la primera consistía en la coexistencia de zonas montañosas, bosques primarios y colonización campesina; y la segunda correspondía a territorios caracterizados por planicies y sabanas propicias para la ganadería extensiva y plantaciones agroindustriales con grupos poblacionales susceptibles a la extorsión.

Despliegue de los frentes 35 y 37 de las FARC-EP en la región de los Montes de Maria.

El Bloque Caribe o Martín Caballero se integró de diversos frentes, dentro de los cuales, dos de ellos harían presencia efectiva en la región de Montes de María: el Frente 35 Antonio José de Sucre (Bolívar) y el Frente 37 Benkos Biohó (Sucre). La operatividad de cada uno de estos frentes se materializó de la siguiente manera: Frente 35 Antonio José de Sucre (Montes de María–Bolívar). Operó tradicionalmente en Sucre, aunque hacía presencia en algunos municipios de Bolívar. Este frente estuvo dividido en tres estructuras: la Compañía Carmenza Beltrán, que operó en las áreas rurales de los municipios de Morroa, Colosó, Ovejas, Toluviejo, San Onofre, Corozal, Chalán y los Palmitos; la Compañía Robinson Jiménez, ubicada en la zona de Sabana, principalmente en las áreas rurales de los municipios de Betulia, Sincé, Buenavista y Galeras; y la Compañía Policarpa Salavarrieta, que actuó en conjunto con el Frente 37, desplazándose esporádicamente al departamento de Sucre.

El Frente 37 Benkos Biohó , operó a través de cuatro estructuras armadas: la Compañía Móvil Pedro Góngora Chamorro, la Compañía Che Guevara; y la Compañía Palenque que actuó en el noreste del municipio de El Carmen de Bolívar, especialmente en El Salado, así como en el área rural del municipio de Zambrano.

La delegación territorial de los Frentes 35 y 37 establecida en 1994 por parte de las FARCEP marca el comienzo del proyecto de control territorial en Montes de María, proyecto que se concentraría durante los años siguientes en la parte montañosa de la región.

Durante la segunda mitad de la década del noventa, los Frentes 35 y 37 realizaron una fuerte presencia territorial en aquellos municipios que no contaban con estaciones de policía. Una característica que facilitó el ingreso de esta guerrilla a la zona, logrando conseguir el apoyo no sólo de la población civil, sino también de funcionarios públicos municipales. Desde 1995 las FARC-EP empezaron su despliegue territorial en la región a través de diversas tomas a centros poblados, como fue la realizada el 15 de mayo en Canutal (Ovejas), donde 50 insurgentes irrumpieron mediante una emboscada a una patrulla de infantes de marina contraguerrilla a este corregimiento, dejando como saldo a un guerrillero y un infante de marina muerto. En este mismo año, las FARC-EP emboscaron y asesinaron en las inmediaciones de El Salado aproximadamente a 30 militares.

Por otra parte, cabe resaltar que uno de los principales actores de la insurgencia que arriba a los Montes de María en 1996 fue alias Martín Caballero, líder guerrillero que realizó innumerables tomas a poblados urbanos como la de San Jacinto y Macayepo, se encargó del control y movimiento de la droga que pasaba por el Golfo de Morrosquillo y posteriormente comandó el Frente 37. En este año (1996) los frentes 35 y 37 comenzaron su accionar conjunto en los municipios de Chalán y Los Palmitos en el departamento de Sucre. El mismo año las FARC-EP atacaron la estación de policía de Chalán mediante un “burro-bomba” a cargo de alias Dúber; así mismo, se enfrentaron con la Fuerza Pública en Los Palmitos. En noviembre del mismo año también se realiza la toma de San Cayetano (San Juan Nepomuceno).

Acciones violentas y tomas guerrilleras de las Farc.

El 31 de julio de este año (1995) las FARC-EP ejecutan en El Salado a Santander Cohen, uno de los personajes más ricos y de mayor influencia en este corregimiento. Al año siguiente, esta misma guerrilla derriba la casa de Cohen y decide centrar sus fuerzas en Los Méndez, uno de los clanes familiares que incidieron en la conformación de grupos de seguridad privada y algunas Convivir en El Carmen de Bolívar. Como ya se expresó con anterioridad, la retaliación de este grupo familiar contra las FARC-EP fue una reacción desencadenada contra la población civil de El Salado el 23 de marzo de 1997.

Como respuesta a la masacre de El Salado de 1997, las FARC-EP manifiestan su interés por el exterminio de la familia Méndez, desencadenando una guerra directa contra José y Eduardo Méndez, quienes fueron encarcelados el 27 de julio de 1998 bajo la acusación de ser los autores intelectuales de tal masacre. En agosto de 1998 las FARC-EP ingresaron en el municipio de Córdoba con el objetivo de destruir el puesto de policía y acabar con Los Méndez. Para ello, incursionan en la finca Las Yeguas, expropiando de hecho esta propiedad y consolidando en este predio un nuevo campamento central del Frente 37.

En cuanto a Los Meza, estos eran una familia del corregimiento de Canutal (Ovejas), la cual había militado con la guerrilla del ELN. A pesar que no tuvo la incidencia de Los Méndez, desarrollaron un rol esencial en la realización de masacres paramilitares en la zona montañosa de Montes de María. Lo anterior, ya que Aroldo Meza fue contratado como administrador en la finca El 18 (propiedad de Los Méndez) que sería la base de operaciones de grupos paramilitares durante la masacre de El Salado en el año 2000.

En 1997 las FARC-EP realizan una toma en el centro poblado de San Jacinto, cuando los Frentes 35 y 37 atacaron la estación de policía del pueblo. En ese mismo año asesinaron a algunos candidatos que aspiraban a ser alcaldes de Ovejas y Los Palmitos.

Así mismo, el 3 de agosto de 1998 los Frentes 35 y 37 realizaron una toma en el municipio de Córdoba, dejando como saldo cinco personas asesinadas, entre ellas un oficial de policía. Dado lo anterior, en enero de1998 se crean dos batallones contraguerrilla en El Carmen de Bolívar y Ovejas.

Conformación del Bloque de Guerra Norte del ELN.

El ELN ingresó en el territorio montemariano aproximadamente en 1985 y estableció su presencia en 1989 mediante la fusión realizada con el MIR-Patria Libre para construir la UC-ELN. Su fraccionamiento político con el MIR-Patria Libre en 1991 (cuando una disidencia del ELN decide establecer la CRS) genera un ingreso efectivo del ELN en Montes de María; el cual se consolida en 1994 cuando la CRS se desmoviliza totalmente.

Para la región Caribe colombiana, el ELN configuró el Frente de Guerra Norte que tuvo hasta cierto momento 13 estructuras militares repartidas entre compañías y frentes guerrilleros. Para el caso de Montes de María se estableció el Frente Jaime Bateman Cayón, el cual operó en las zonas rurales de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar; así como en otras áreas aledañas a la región como era la Cuchilla de Huamanga, Loma Central y Mula Mamón (departamento de Bolívar). En este proceso de expansión territorial, también hizo presencia en Ovejas, Los Palmitos y Colosó; especialmente en las áreas de Pijiguay, Don Gabriel, Almagra, Zapato, La Cruceta, Naranjal, Arenal, Sabaneta y Oriente, Pichilín, El Bajo, Don Juan, Calle Larga y La Lata (departamento de Sucre). Este frente estaba conformado por siete estructuras armadas que sumaban entre sí aproximadamente 130 integrantes.

Estructuras armadas del Frente Jaime Bateman Cayón del ELN en Montes de María

El Destacamento 33.

La Comisión Kalamarí 10 de Ovejas y Los Palmitos.

La Escuadra Militar 10.

La Comisión Edwin Pérez 10 en Ovejas, Colosó y Los Palmitos.

Las Milicias Rurales en las Áreas rurales de El Bajo Don Juan, Calle Larga, Desbarrancado, Naranjal y Oriente.

Las Milicias Urbanas Jurisdicción de Sincelejo – Sucre

En los primeros años del noventa, el ELN concentró su actividad en diversas ciudades intermedias de la costa Caribe, como fue el caso de El Carmen de Bolívar en Montes de María, estableciéndose principalmente en aquellos lugares donde operó el PRT. Cabe resaltar que luego de la separación con la CRS en 1994, su incidencia territorial fue afectada, pero su accionar militar fue continuo durante toda esta década.

Entre 1994 y 1996 el ELN había ingresado a la región de la Depresión Momposina, conformando dos corredores estratégicos: el primero de ellos comunicaba la zona del Magdalena Medio con el Valle de Upar, mientras que el segundo conectaba el centro del departamento del Magdalena con la región de Montes de María. A diferencia de las FARC-EP, que tradicionalmente se ubicaron en las zonas más altas de la Serranía de San Jacinto, el ELN se posicionó en la zona del piedemonte montemariano, en las estribaciones de las carreteras con el objetivo de agilizar su movilización y hacer más efectivo cada uno de los corredores estratégicos mencionados con anterioridad.

Negociaciones de paz en los 90.

El reacomodamiento y adaptación de las FARC-EP y el ELN en Montes de María se debió a los procesos de desmovilización y a diversos acuerdos de paz suscritos en el territorio durante el primer lustro de la década del noventa.

El primero de ellos se dio el 26 de enero de 1991 en el caserío Don Gabriel, jurisdicción de Ovejas, cuando se firma la paz entre el PRT. En este mismo año también se firma un tratado de desmovilización con el EPL en San Jacinto.

Dos años después, el 12 de diciembre de 1993 se firma el acuerdo político inicial entre la CRS y el Gobierno nacional, para luego desarrollar cabalmente su proceso de desmovilización el 9 de abril de 1994 en Flor del Monte (Ovejas), a pesar del asesinato de dos de sus negociadores en Turbo (Antioquia) que adelantaban el traslado de militantes a este corregimiento de Ovejas.

Por otra parte, también se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Gaviria con el Frente Garnica Narváez, disidencia del EPL que estaba comandada por Francisco Caraballo. Tal acuerdo se realizó el 30 de junio de 1994, en el municipio de Turbaco (Bolívar), muy cerca a María La Baja. Mediante tal acuerdo, la presencia de este grupo insurgente desapareció del territorio montemariano.

Como se pudo evidenciar en este segmento, el periodo comprendido entre 1991 y 1994 tiene una serie de características particulares para los actores armados en Montes de María.

En este sentido, cabe resaltar los diversos procesos de desmovilización de los pequeños grupos insurgentes que desde la década pasada tenía una presencia efectiva en la región, desmovilizándose dos de ellos en 1991 y otros dos en 1994. Es decir, este periodo condensa el mayor número de procesos de desmovilización en el territorio montemariano.

Este proceso de desmovilización le permitió a las FARC-EP ampliar la presencia en la región sin ningún tipo de inconveniente, cooptando aquellos espacios dejados por los grupos insurgentes desmovilizados, intensificando su presencia en aquellas zonas donde delinquían tales grupos insurgentes; es decir, en la parte montañosa de la región. Así mismo, el ELN continuó su accionar después de su fraccionamiento con el MIR-Patria Libre y con la disolución de la CRS, específicamente en la misma zona en las que ingresa las FARC-EP (la alta montaña). Por su parte, las Convivir y las compañías de seguridad privada se consolidaron de gran manera en el territorio regional, siguiendo la tendencia del periodo anterior en la zona del Golfo de Morrosquillo, algunas zonas de la alta montaña y parte del margen izquierdo del río Magdalena.

Tercer periodo 1991-1994.

Se trata de un periodo de adaptación, reacomodamiento y fortalecimiento paramilitar e insurgente en la región.

El recrudecimiento de la violencia por parte de las FARC-EP incidió en la aparición de nuevas estructuras armadas y grupos de seguridad por parte de narcotraficantes y terratenientes como estrategia para afrontar la presencia insurgente en los Montes de Maria.

Hay tres componentes que confluyeron en la consolidación del proyecto paramilitar en la región del Caribe colombiano: los grupos de seguridad privada por parte de hacendados y élites sociales; el despliegue de grupos paramilitares en el territorio y el establecimiento de las Convivir en la región.

Establecimiento de grupos de seguridad privada.

En los primeros años de la década del noventa, la región de Montes de María presenció el establecimiento y desarrollo de diversos grupos de seguridad privada a lo largo de su territorio. Para esta época era reconocido el clan de Los Méndez, una organización familiar dedicada al robo de ganado, la extorsión y al sicariato en el municipio de El Carmen de Bolívar. Con el paso de los años, focalizaron su operación en los municipios de Zambrano y EL Guamo bajo la dirección de José Adolfo Eduardo Méndez.

Los Méndez tenían una fuerte influencia en el corregimiento de El Salado (zona de alta montaña en la región), lugar donde habían adquirido diversas tierras y eran propietarios de la finca El 18; la cual fue propiedad de los hermanos Ochoa en los años ochenta. Así mismo, este clan guardaba relaciones de compadrazgo con la familia de Salvador Fieri, terrateniente de origen italiano que llegó al municipio a principios de siglo. Bajo este contexto, Los Méndez desempeñaron su papel como ejército privado de los Fieri contra la lucha por la tierra de las comunidades campesinas en este municipio.

Los Carranceros.

En la zona del Golfo de Morrosquillo estuvieron Los Carranceros, grupo que protegía los ejes de comunicación y salida de estupefacientes entre los municipios de San Onofre y María La Baja, cobrando a los narcotraficantes una prebenda por tales servicios.

Miky Ramírez.

Al otro lado de la región montemariana, a lo largo del río Magdalena también se establecieron diversos grupos de seguridad privada en el primer lustro de los noventa. El caso más documentado para la región es el del narcotraficante Luis Enrique Ramírez, alias Miki Ramírez, quien en 1994 compró la hacienda El Hacha, la finca Guasimal (de 553 hectáreas) y la hacienda Jesús del Río (de 2000 hectáreas). Ramírez organizó una estructura armada de seguridad personal encargada de cuidar sus propiedades ubicadas al sur de Zambrano (Bolívar), principalmente en la hacienda El Hacha.

Los Valdez.

También se registra la existencia del grupo armado conocido como Los Valdez, encargado de vigilar las propiedades de Ramírez y que fueron culpados como responsables de múltiples matanzas en el corregimiento de Bajo Grande (San Jacinto), señalando como responsable a alias Miki Ramírez de la creación de este grupo de seguridad privada.

La presencia de este tipo de grupos de seguridad se consolidó rápidamente en el territorio montemariano, principalmente en aquellas zonas donde los narcotraficantes de la época delinquían a través de grandes propiedades ubicadas en la parte costera y ribereña de Montes de María. Grupos que años más adelante, harían parte del proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC en el norte del país, a través del Bloque Héroes de Montes de María.

Despliegue paramilitar en Montes de María.

Las autodefensas en Colombia tienen sus orígenes en el Decreto Legislativo 3398 de 1965 expedido en el periodo presidencial de Guillermo León Valencia. Tal normativa tenía como finalidad afrontar el accionar de los grupos insurgentes creados en la década del sesenta, amparando el surgimiento de los llamados Grupos de Autodefensa, que estarían compuestos por ciudadanos que podían hacer uso de armas para cumplir funciones de defensa y seguridad nacional.

En la región del Urabá y el sur del departamento de Córdoba, este proyecto estuvo a cargo de Fidel Castaño Gil, sucedido por su hermano Carlos Castaño Gil, quien convocó a la creación de un grupo de autodefensas con alcance nacional, el cual se formalizó en 1994 mediante el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá-ACCU. Con el desarrollo de compra masiva de tierras y con la creación de ejércitos privados a finales de la década del ochenta e inicios del noventa, los grupos paramilitares deciden incidir en las áreas montañosas de Montes de María, con el objetivo de:

1. Consolidar el control armado de la cabeza de playa instaurada en los municipios de Tolú, Toluviejo y San Onofre, dinámica asociada al control privado del narcotráfico.

2. Recuperar el territorio bajo control insurgente, contexto en el cual se observa la búsqueda de una incidencia en las partes más altas de Montes de María, en los dos municipios estratégicos de Ovejas y El Carmen de Bolívar. Con ellos también se controla el eje vial que atraviesa el área.

3. Abrir un corredor hacia la franja oriental que conecta el río Magdalena a través del municipio de El Guamo.

4. Crear condiciones para incorporar personal desvinculado de las Fuerzas Armadas y reclutar desmovilizados de los procesos de paz de los grupos con influencia en Flor del Montes y Don Gabriel, en Sucre y en Cañaveral, en el departamento de Bolívar.

5. Generar un control omnímodo sobre la ruta estratégica de doble vía que, como se sabe hoy, ha servido para importación ilegal de armas y para el trasiego de drogas tanto para el cruce por el mar Caribe como para la interconexión vía Panamá por el Golfo de Morrosquillo.

Durante la época de 1990 y 1995 la región de Montes de María registró una baja intensidad de violencia por parte de los grupos paramilitares que se asentaron en esta región contra la población civil. Dado que, el fenómeno paramilitar consistía en esta primera etapa en una estrategia de reconocimiento y acomodación de grupos paramilitares en aquellos espacios copados por las FARC-EP en el norte del país.

A pesar de lo anterior, en 1992 se presentan dos masacres en el departamento de Sucre por parte de grupos paramilitares que delinquían en la zona. La primera de ella se realizó el 28 de abril de 1992, en el corregimiento El Floral, jurisdicción de Ovejas, donde fueron asesinadas 4 personas. Así mismo, el 28 de septiembre de ese mismo año, en la vereda El Cielo Azul en el municipio de Chalán, grupos paramilitares asesinaron a 8 personas.

Frente Rito Antonio Ochoa.

En 1997 se crea el Frente Rito Antonio Ochoa de las AUC liderado por la Casa Castaño, que posteriormente se autodenominaría como Bloque Héroes de Montes de María49, comandado por Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino50, y por Rodrigo Antonio Pelufo, alias Cadena51.

Para acceder a un territorio completamente conocido y controlado por las FARC-EP como era los Montes de María, las ACCU (junto con el apoyo del sector ganadero y empresarial de la región) proponen construir una estrategia lo suficientemente directa que le permitiera ingresar en esta zona de manera fácil. Partiendo del supuesto de que todas las comunidades rurales montemarianas colaboraban con las guerrillas, este grupo paramilitar desarrolló una táctica eficiente para desocupar el territorio, la cual se basaba en la triada masacrar aterrorizar-desplazar. Resultado de esta estrategia fueron cometidas 42 masacres en una sola década (entre 1991 y 2001) en toda la región montemariana, dejando un saldo de 354 víctimas fatales y miles de familias desplazadas.

Nacimiento de las Convivir en la región montemariana.

En 1994 mediante el Decreto 356 de 1965 se autorizó la creación de las Asociaciones Comunitarias de Seguridad Rural (Convivir)52, cuyo propósito era prevenir las actividades de insurgencia; además, propendía por organizar las comunidades como cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, con el fin de proporcionar la vigilancia y la seguridad privada a sus miembros o asociados en el área donde la respectiva comunidad tuviera sede.

Para el año 1997 existían 507 Convivir en el país, y aproximadamente 300 empresas de seguridad particular, a las que les era permitido el uso de armas. De este total, cinco estaban en el departamento de Bolívar y otras cinco en Sucre. Respecto a la región montemariana, se estima que operaban cerca de siete Convivir en los municipios de El Guamo, Zambrano, San Onofre y en zonas aledañas a esta región, como los municipios de Sincelejo, Sincé, Magangué y Mahates. Así mismo, también se registra la presencia de otras Convivir en el área de Varsovia (corregimiento de Toluviejo), donde realizaban su ejercicio de seguridad y protección a los hacendados, narcotraficantes y élites sociales a cambio de dinero, como era el caso de la finca Las Canarias, residencia de Miguel Nule.

Una de las estructuras más reconocidas en la región era la Convivir Montes de María, creada en 1995 y liderada por alias Miki Ramírez en El Guamo y Zambrano. Del mismo modo, también era reconocida la Convivir Nuevo Amanecer, registrada en 1996 por Javier Piedrahita y que operaba en San Onofre. Durante muchos años Javier Piedrahita fue reconocido como una pieza clave para acercar a la Casa Castaño con los terratenientes en Sucre y por ende, ayudar a la llegada del paramilitarismo en la región. Según esta misma fuente, alias Diego Vecino señaló que alias Cadena trabajó con Piedrahita en la Convivir Nuevo Amanecer y fue enviado a las escuelas de formación de comandantes de Carlos Castaño en el Urabá

El auge y consolidación de las Convivir en la región de Montes de María inició justamente en 1994 y culmina en 1997 con la fuerte entrada del paramilitarismo en la zona a través del proyecto de expansión territorial de las AUC liderada por la Casa Castaño. Dado que, justamente el proyecto de expansión paramilitar en la región consistió en agrupar las Convivir que se encontraban en la zona, así como los diversos grupos de seguridad privada.

Se puede observar una superposición de la presencia de múltiples actores armados en la mayoría de los municipios de Montes de María, iniciando un proceso de disputa y control territorial; así como un determinismo geográfico de las zonas donde se establecerían por los próximos años en la región.

1995-1998. Disputa y asentamiento territorial entre las guerrillas y el paramilitarismo en Montes de María.

La baja intensidad de la violencia por parte de los grupos insurgentes contra la población civil que había registrado los Montes de María durante 1991 y 1994 se modifica rotundamente en 1995. A partir de este año se observa un aumento en la tasa de homicidios en la región, siendo las masacres uno de los hechos victimizantes más recurrentes y representativos por parte de los grupos paramilitares en la región.

Así mismo, durante este periodo las diferentes expresiones guerrilleras que habitaban en la región (FARC-EP, ERP y ELN) inician una disputa territorial con el paramilitarismo por el control de aquellos corredores estratégicos utilizados para la comercialización de estupefacientes, lo anterior debido a la consolidación territorial de estos últimos en la región. Dado este panorama, comienza una fuerte inserción de tropas paramilitares desde el departamento de Córdoba y la región del Magdalena Medio en Montes de María, iniciando procesos de reclutamiento, asesinatos selectivos e intimidaciones hacia la población civil.

Propagación paramilitar en el territorio.

Entre 1994 y 1997 se produce la mayor expansión territorial de grupos paramilitares a nivel nacional, ejerciendo intensamente un accionar en diversos municipios del Caribe (como fue el caso de los Montes de María), iniciando en aquellas zonas que habían sido seleccionadas por las guerrillas, específicamente las FARC-EP. Para adelantar este propósito, los grupos paramilitares se alinearon bajo una visión del desarrollo rural ligado a la producción agroindustrial con base a la tenencia de grandes territorios; así como a la producción de droga y control de sus respectivas rutas de comercialización.

En este mismo periodo las Convivir fortalecieron el proyecto paramilitar en la región montemariana debido a su unión con las AUC y al fundamento legal que tenía como figura de seguridad privada rural. Hacia 1997 se consolida la Casa Castaño en la zona geográfica del sur del departamento de Córdoba y en el Urabá antioqueño como resultado de la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, un proyecto militar liderado por los hermanos Carlos y Vicente (Castaño), Sor Teresa Gómez, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, y Edward Cobos Téllez alias Diego Vecino.

Este último sería el encargado de comandar el Bloque Héroes de Montes de María en tal región del Caribe colombiano. La irrupción de las AUC en Montes de María se da a la par con su ingreso en la región del Sur de Bolívar, consolidando una ofensiva encaminada a la apropiación de los cultivos de uso ilícito de la Serranía de San Lucas y el control de los principales corredores estratégicos para la exportación de droga.

Desde esta fecha (1997), la Casa Castaño decide diseñar una estrategia militar cuyo objetivo se centraría en el control territorial de la costa Caribe, creando así el Bloque Norte de las AUC. Un bloque constituido para realizar las siguientes operaciones militares entre 1997 y 1999: 1) apropiarse de la región del Catatumbo (Norte de Santander) y quitarle a las guerrillas las zonas de cultivos de uso ilícito y sus respectivas rutas de comercialización en la frontera con Venezuela; 2) controlar la ciudad de Barranquilla, el occidente del departamento de Sucre y el oriente del departamento del Cesar y 3) entregar la franquicia de las AUC de los cultivos de uso ilícito ubicados en la zona del Sur de Bolívar al Bloque Central Bolívar de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

El control territorial desarrollado por el Bloque Norte de las AUC bajo el mando de la Casa Castaño estaba soportado por las élites políticas costeñas, las dinámicas del paramilitarismo y las lógicas del narcotráfico antioqueño. Así mismo, esta avanzada regional se basaba en controlar los departamentos costeños con menor presencia estatal (Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre y La Guajira) para trasladarse hacia los de mayor presencia (Bolívar y Atlántico). Lo anterior con el objetivo de capturar rentas del Estado nacional en el ámbito local y regional a través de la imposición de políticos en la administración pública, así como la creación de rutas de narcotráfico que constituían más del 70% de sus fuentes de financiación.

El accionar paramilitar se desarrolló en las zonas planas con la generalización de los homicidios selectivos, alternándose con incursiones esporádicas en las zonas montañosas con masacres pequeñas. Sin embargo, la oficialización de la llegada del paramilitarismo a la región se dio con acuerdos explícitos pactados entre los líderes de la Casa Castaño y las élites locales sucreñas –inicialmente–, de quienes habrían recibido peticiones de ayuda frente a la situación de orden público y de insatisfacción de los ganaderos y comerciantes con la respuesta del Estado a sus denuncias por los secuestros, los hurtos de ganado y los homicidios de los mayordomos de las fincas.

La reunión en Medellín.

Órganos judiciales de Medellín registran como un hecho trascendental en la conformación paramilitar en los Montes de Maria una reunión realizaba en 1996 por las ACCU en el Club Unión de Medellín, con la asistencia de Salvatore Mancuso, Francisco Javier Piedrahita, Edwar Cobos Téllez alias Diego Vecino, Nicolás Bergonzoli (narcotraficante), el ganadero Joaquín García, el empresario y ex gobernador de Sucre Miguel Nule Amín, entre otros. Allí se tomó la decisión de fortalecer aquellos grupos paramilitares con presencia en los departamentos de Sucre y Bolívar.

La reunión de las Canarias53.

Al año siguiente, se celebró la llamada reunión de Las Canarias, en la que se formalizó la creación del bloque paramilitar que entraría a operar en los Montes de María a partir de la decisión conjunta entre los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso y varios políticos y empresarios locales. La reunión se ofició en la Finca Las Canarias, en Sincelejo, perteneciente Miguel Nule Amín.

Según los testimonios de Diego Vecino y Salvatore Mancuso, a la reunión asistieron miembros de la élite política local, reconocidos ganaderos, hacendados y oficiales de la Fuerza Pública, entre ellos el ganadero Francisco Javier Piedrahita quien propuso a Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, como comandante del bloque pues éste conocía la zona y había sido víctima de los grupos insurgentes y guía de la infantería de marina. Alias Cadena, oriundo de Macayepo, había hecho parte de la CONVIVIR de Piedrahita. El senador Álvaro García Romero también participo de la mencionada reunión. Los asistentes acordaron hacer aportes mensuales voluntarios y permanentes a la organización.

Esta estructura replicó el modelo aplicado en Urabá: Recibió apoyo de la clase política local, financiación de ganaderos y hacendados y unificó a grupos de autodefensas presentes en la región. Es de destacar que la financiación del grupo también se dio a partir de cuotas extorsivas a tenderos, transportadores, comerciantes y empresarios, porcentajes exigidos a la institucionalidad estatal, los dineros de las transferencias a entidades territoriales indígenas, el narcotráfico, despojo y hurto de tierras y robo de combustible, entre otras fuentes de recursos.

El interés de la Casa Castaño por el control de esta región residía en la importancia económica, ganadera, agrícola, agroindustrial y minera que tenía en su interior, logrando así sustraer los mayores recursos para el crecimiento y consolidación de su proyecto paramilitar. De este modo, los Montes de María se establecería como un corredor estratégico para el mercado de las drogas ilícitas en el Caribe colombiano.

Según los testimonios de Edwar Cobos Téllez y Salvatore Mancuso Gómez, a las Canarias asistieron Carlos Mauricio García Fernández, Elías Vélez, Antonio Correa, Carlos Pabón, Miguel García, José Guerra de la Espriella; los ganaderos Francisco Javier Piedrahita Sánchez, Rodrigo Montes, Jaime Isaac Nader, Edwar Charry, Eduardo Martínez, Arturo Cumplido, Armando Segrera, Víctor Guerra de la Espriella, Miguel Ángel Nule Amín, Joaquín García Rodríguez; los propietarios de fincas Alfonso Olivares y Juan Díaz Yépez; los empresarios Ramón Villegas y Jaime Bustamante; los dirigentes políticos Ángel Daniel Villarreal Barragán, Mario Salgado, Víctor Guerra Tulena y Luis Salaiman Fayad; el Ex-Presidente del Comité de Cebuístas de Sucre Gustavo Vergara Arrazola, el Directivo de las Asociaciones Ganaderas y Secretario de Agricultura de Sucre Humberto Vergara Támara y el Gerente de la Cooperativa de Lecheros de Sucre, doctor Franco.

Debido a su accionar, los grupos paramilitares organizados se expandieron rápidamente sobre el Canal del Dique, ampliando sus dominios y aumentando sus niveles de exportación de la droga a toda la costa Atlántica. Tal estructura paramilitar adquirió especial protagonismo a partir de 1998, cuando realizó las más reconocidas y sangrientas masacres del país.

A pesar que el Bloque Norte y el de Héroes de Montes de María estaban conformados por múltiples estructuras armadas consolidadas regionalmente entre 1985 y 1996, la conformación de la estructura paramilitar en Montes de María no obedece a una lógica de articulación militar, social o política; sino que es resultado de la fusión de grupos armados con historias diferenciadas y con intereses múltiples, pero que al final tienen algo en común: su vinculación con el narcotráfico.

Para aquel entonces, el accionar paramilitar estaba dirigido explícitamente en atacar las “bases sociales de las guerrillas”, argumento que guio múltiples tomas de centros poblados en la región, como fue el caso de la toma de San Jacinto en 1996. Así mismo, cabe resaltar que fue en 1996 cuando ocurren diversas masacres desarrolladas por grupos paramilitares en el departamento de Sucre, como la sucedida en el corregimiento de Pichilín (Morroa). Así mismo, el primero de octubre de 1996 en el corregimiento de Tasajera (El Guamo) un grupo de paramilitares asesinaron a cuatro personas, acusadas de ser supuestos colaboradores de las guerrillas.

La expansión de las AUC y su impacto en los Montes de Maria.

Para hacer efectiva la presencia ofensiva del paramilitarismo entre 1999 y el 2002 la comandancia del Bloque Héroes de Montes de María fue ejercida conjuntamente por alias Cadena y por alias Diego Vecino, controlando la intercomunicación marítima en aquellos municipios costeros de la región, como es el caso de San Onofre, Toluviejo, María La Baja, Tolú y Sincelejo (estos dos últimos por fuera de la región montemariana). Para los paramilitares, la toma de María La Baja residía en el control del sistema cenagoso municipal, donde las ciénagas de María La Baja, Carabalí Arriba, Carabalí Abajo y La Cruz servían como ejes de comunicación fluvial con el Canal del Dique.

Mediante este accionar el paramilitarismo concentró la violencia en ciertos lugares de Montes de María, como fue el caso de la subregión de la montaña, siendo El Carmen de Bolívar el epicentro de sus acciones, y en menor medida San Jacinto, San Juan Nepomuceno, María La Baja, San Onofre y Ovejas. Aquellos municipios contiguos en la zona central y que al mismo tiempo implicaba una coincidencia con la presencia y accionar de las FARC-EP en la región.

Cabe resaltar para esta época la masacre paramilitar desarrollada el 11 de marzo de 1999 en los corregimientos de San Isidro y Caracolí (El Carmen de Bolívar), cuando 35 paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María asesinan a ocho personas. Así como la sucedida el 27 de septiembre de este mismo año en el corregimiento de Las Palmas en San Jacinto, cuando grupos paramilitares pertenecientes a este bloque asesinaron a cuatro habitantes de la localidad.

La ofensiva paramilitar desarrollada en este periodo fue denominada la Ruta de la Muerte, donde sólo en el año 2000 se registran 135 víctimas fatales, siendo la masacre de El Salado parte de esta escalada de violencia en la región, donde asesinaron a 52 hombres y 8 mujeres tanto al interior de este corregimiento como en sus inmediaciones. Un corregimiento de El Carmen de Bolívar que desde la incursión de la guerrillera en la parte montañosa de la región, fue considerado como un pueblo guerrillero.

Estigma que se convirtió en el argumento central para el desarrollo de una de las masacres más atroces en toda la historia de Montes de María.

Vínculos de la Marina con los paramilitares.

En este punto es necesario destacar la relación demostrada entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares en la masacre de El Salado. La Infantería de Marina, el Batallón Nº 5 (“Bafim Nº 5”), que tenía la competencia territorial y militar en la zona no interfirió el avance paramilitar porque el dispositivo de presencia de aquel cuerpo en el territorio había cambiado meses antes. Dicho batallón había recibido órdenes del Comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina sobre desarrollar operaciones en los municipios de Córdoba y Zambrano, lo cual implicó una cesión de su competencia militar sobre el territorio al Batallón de Contraguerrilla de Infantería de Marina Nº 31, que a su vez cambió su dispositivo militar el 15 de febrero de 2000, es decir, la víspera del inicio de la masacre.

En el año 2000, el 10 de marzo 60 paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María asesinaron a 11 personas en el corregimiento de Mampuján (María La Baja) y en Las Brisas (San Juan Nepomuceno) por suponer que eran colaboradores de las guerrillas mientras que el 30 de abril este mismo grupo paramilitar asesina a 4 campesinos al ser señalados colaboradores por presuntos guerrilleros en el corregimiento de Palo Alto en San Onofre. Dos meses después, el 1 de junio del 2000 en el corregimiento de Libertad (San Onofre), un grupo de paramilitares asesinaron a cinco campesinos.

El 24 de agosto paramilitares asesinaron a 5 personas en Colosó por ser consideradas colaboradoras de la insurgencia al mes siguiente, el 13 de septiembre en el corregimiento de Chinulito (Colosó) paramilitares de este mismo bloque asesinaron a 11 personas, así mismo 14 de octubre del 2000 también se realiza otra masacre en Macayepo (El Carmen de Bolívar), cuando un grupo paramilitar liderado por alias Cadena asesina a 15 habitantes de este corregimiento.

Así mismo, también resaltan otra serie de masacres en el 2001, como la sucedida en Chengue (Ovejas), cuando 80 paramilitares incursionan en este corregimiento y asesinan a 28 habitantes al ser considerados colaboradores de la insurgencia. Así como la sucedida en Retiro Nuevo (María La Baja), cuando 15 integrantes del Bloque Héroes de Montes de María ingresan a este corregimiento vistiendo uniformes del Ejército y asesinan a 4 habitantes señalándolos como informantes a las guerrillas.

La zona de los Montes de María fue una de las zonas donde se perpetraron más masacres entre 1999 y 2001, con un total de 49. Este periodo fue el más álgido en la violencia en la región de los Montes de Maria.

La actuación conjunta militar-paramilitar se manifestó en la masacre de Chengue, ocurrida el 17 de enero de 2001 y en donde fueron asesinadas 29 personas.

En 2011, 10 años después de los hechos, el Tribunal Administrativo de Sucre condenó al Estado colombiano por la masacre y ordenó que indemnizara con 3.500 millones de pesos a las familias de las víctimas. Con esta decisión, el Tribunal determinó que la Policía y la Armada sabían de la presencia de un grupo al margen de la ley cerca del lugar donde ocurrieron los hechos y nada hicieron para evitar su incursión. La condena también obligaba a compulsar copias para investigar al Contralmirante Rodrigo Quiñones, el entonces comandante militar de la zona, y a varios de sus oficiales. Una sentencia previa de un Juzgado de Sincelejo en 2009 ya había confirmado que algunos miembros de las fuerzas armadas habían permitido que los comandos paramilitares ingresaran y salieran del pueblo de Chengue sin intervenir.

Según testimonios de sobrevivientes de la masacre, en la víspera del ataque dos helicópteros militares sobrevolaron Chengue. Luego, después de los asesinatos, dicen que un helicóptero de la Brigada disparó desde el aire en dirección contraria hacia donde huía el comando paramilitar. La orden de Quiñones de verificar la situación en Chengue ocurrió después de acabada la masacre, hacia las 8:00 de la mañana del 17 de enero, cuando el grupo paramilitar ya había huido.

Es decir, el punto más álgido y visible de la violencia desarrollada por el paramilitarismo en Montes de María data del año 2000, con las múltiples masacres ejecutadas en diversos municipios ubicados en la parte costera (como fue el caso de San Onofre) y en la zona montañosa de la región (como fue el caso de El Carmen de Bolívar). Las cifras correspondientes a la violencia en la región durante los primeros años de la década del 2000 varían dependiendo de la fuente, pese a ello, sí se puede considerar que la temporalidad comprendida entre 1999 y el 2001 fue el periodo con mayor intensidad de masacres en toda la región de Montes de María.

La expansión nacional de las AUC y los Montes de Maria.

La expansión nacional de las AUC respondió a su objetivo estratégico de conectar el Urabá al Catatumbo de manera que permitiera cerrar el circuito del tráfico y crear una zona de retaguardia estratégica desde donde se planearan ofensivas a las FARC-EP en el suroriente de Colombia. Las incursiones para lograr control sobre el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, como pasos previos para llegar al Catatumbo, desencadenaron una guerra de masacres en el norte del país, focalizadas en los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Una vez consolidado dicho corredor, con incursiones en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio en 1998 y en Catatumbo en 1999, se dio una escalada de la guerra de masacres en la zona Caribe buscando consolidarla como retaguardia estratégica.

De este modo, se observa cómo la estrategia geopolítica de los paramilitares en Montes de María en los últimos años de la década del noventa se basó en el siguiente proyecto territorial: 1) implementar una fuerte presencia del narcotráfico en la zona costera de la región a través de la incursión de ejércitos privados inscritos como seguridad privada en un contexto de guerra contrainsurgente (Toluviejo y San Onofre). 2) La implementación de la violencia contra poblados clave ubicados en la zona montañosa (Chalán, Ovejas, Morroa y San Jacinto) y 3) el control por los corredores de comunicación entre la montaña y el río Magdalena (Zambrano y El Carmen de Bolívar).

Violencia en Ovejas. Masacre de Chengue54.

En el municipio de Ovejas el conflicto fue muy intenso. Guerrilla y paramilitares se disputaron el corredor hacia el litoral Caribe. En enero de 2001, el grupo de paramilitares a cargo de ‘Cadena’ llegó al corregimiento de Chengue, en Ovejas, y asesinó a 27 campesinos.

La masacre provocó el desplazamiento de por lo menos 10 mil personas. Según documentó la Unidad de Tierras, ese mismo año el Frente 35 de las Farc sembró un campo minado en la finca Santa Catalina, ubicada sobre la vía que conduce al corregimiento Cambimba, en Morroa.

Periodo 1997-2001.

En el periodo comprendido entre 1999 y 2001 se da un proceso de reconfiguración territorial por parte de las guerrillas que hacían presencia en Montes de María. Un proyecto que se concentró en una reorganización militar principalmente en la zona de montaña, con el objetivo de hacer más efectiva su presencia y el control territorial en esa parte de la región.

Como respuesta a esta reconfiguración militar y territorial insurgente, los grupos paramilitares desatan una fuerte arremetida para afrontar tal avanzada guerrillera.

Con la misión de acabar con la guerrilla y dominar corredores para el tráfico de drogas, los grupos paramilitares en la zona usaron métodos atroces, entre los que resaltan sus horrendas incursiones.

Los corregimientos de Cambimba y Pichillín55 en Morroa, Sucre, fueron escenarios de tales confrontaciones entre paramilitares y guerrilleros.

Parapolitica en los Montes de Maria.

El fenómeno paramilitar no se quedó sólo en el escenario bélico, sino que también se ubicó en la esfera política de Sucre, cooptando así espacios estatales del departamento. Entre los casos más sonados de parapolítica resaltan: Jairo Merlano, exsenador condenado a 8 años y 3 meses por concierto para delinquir; Eric Morris, ex representante a la Cámara condenado a 6 años por sus nexos con el Frente Mojana; Álvaro García, exsenador condenado a 40 años, entre otras cosas, por ser el autor intelectual de la masacre de Macayepo, y Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile condenado a 40 años por el asesinato del ex alcalde de El Roble y conformación de grupos paramilitares.

Durante este periodo también hay que resaltar el fuerte relacionamiento entre el paramilitarismo y diversos políticos costeños de la región, donde el Bloque Norte de las AUC estableció múltiples pactos tanto con políticos activos e inactivos, como con funcionarios públicos. Lo anterior como muestra de la avanzada de reconfiguración socioterritorial que tenían los paramilitares en aquella época en el Caribe colombiano y el proyecto de región que buscaban establecer, como fue el caso del “Acuerdo de Ralito” desarrollado en julio del 2001 justamente antes de las elecciones parlamentarias del 2002, pero que sólo salió a la luz pública en el año 2006.

Este acuerdo tuvo la participación de los principales cabecillas paramilitares (Santander Lozada, alias Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40) con dirigentes políticos relacionados con la región de Montes de María (Salvador Arana Sus, gobernador de Sucre; William Montes, senador conservador por el Bolívar; José “Pepe” Gnecco, senador del Bolívar; Luis Saleman, exalcalde de San Onofre (Sucre); Sabas Balserio, alcalde de San Onofre (Sucre); Edwin Musi, alcalde de Ovejas (Sucre); y Felipe Quedaga, funcionario de Ovejas (Sucre). Este tipo de pactos comprobaron la manera como el paramilitarismo pudo penetrar el ámbito político a nivel local y regional en función de su propio beneficio.

2001 se consolida dominio paramilitar.

Para 2001 los paramilitares ya habían establecido un dominio sobre Montes de María, por lo que los índices de violencia disminuyen ligeramente con respecto al año anterior.

Consecuentemente hubo una disminución en las masacres, manteniendo constante el homicidio selectivo y aumentó la modalidad de desaparición forzada. El cambio provino de una orden del estado mayor de las AUC para disminuir las huellas de la violencia. Durante esta época muchas personas en los Montes de María fueron enterradas por los paramilitares en parajes desconocidos, en fosas comunes, tiradas a los ríos o al Canal del Dique.

Indicios de esto se reconocen en el hallazgo de 44 fosas encontradas en Sucre entre 2006 y 2007, 42 de las cuales se ubicaron en San Onofre. Solamente en El Palmar, base de operaciones de alias Cadena, hasta 2011 se habían encontrado 111 fosas con cientos de cuerpos. Sin embargo, los habitantes del municipio denuncian que el número de cuerpos enterrados en la finca puede sobrepasar los 500.

Lo anterior sugiere la colaboración entre la Fuerza Pública y los paramilitares para disponer los cuerpos de las víctimas de una forma que no generara sospechas frente a la inacción de las autoridades, por el alto número de asesinatos que seguían aumentando en la región. Apunta, en últimas, a una comunicación directa entre tales partes, en el marco de un abierto conocimiento y omisión de parte de la Fuerza Pública frente al accionar paramilitar.

Mediante esta nueva estrategia político-militar de las AUC, los grupos paramilitares no sólo implementaron dinámicas de extorsión a las élites políticas, sino que también consolidaron una bancada en el Congreso Nacional para la toma de decisiones definitorias en la Nación. Una estrategia que las diferenciaría de las primeras organizaciones paramilitares que ingresaron en el territorio en el siguiente sentido: los grupos paramilitares de primera generación nacieron como consecuencia y reacción de la presencia de grupos guerrilleros en zonas donde existían grupos de autodefensa locales (como lo sucedido en el Magdalena Medio); mientras que estos grupos paramilitares de segunda generación buscaron constituirse como una fuerza nacional con aspiraciones de control territorial, político y social en diversas regiones del territorio colombiano.

Cabe resaltar que fue en este periodo donde se desarrollaron unos diálogos fallidos de paz de la administración de Andrés Pastrana con las FARC-EP (1998-2002).

Las cifras más altas de violencia y desplazamiento.

El lapso entre 1999 y 2001 fue la etapa con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado en todo el registro histórico de la región. Un periodo que condensa las mayores cifras de violencia en la región. En estos años se identifica el primer repunte en las cifras de desplazamiento forzado, pasando de 15.756 en 1998 a 40.589 en 1999. Datos nunca antes vistos en la historia de Montes de María, los cuales se incrementan abruptamente en el 2000, al registrar 98.865 personas desplazadas. Pese a ello, en el 2001 se presenta una disminución de desplazados de casi 30.000 personas (71.355), iniciando una tendencia a la baja en las cifras correspondientes a este hecho victimizante.

El año 2000 representó el pico de asesinatos selectivos, desapariciones, secuestro, violencia sexual y masacres en toda la región. Estas acciones respondieron a la estrategia de vaciamiento del territorio, que buscaba la expulsión de los pobladores, la desintegración del tejido social de las luchas populares y el despeje de corredores estratégicos para el tráfico de narcóticos.

A partir de lo anterior, se podría establecer que el intenso accionar bélico sufrido en la región durante este periodo a través de los diversos hechos victimizantes incidieron fuertemente en las lógicas de desplazamiento forzado en Montes de María. Cabe resaltar que fue en estos años donde el proyecto paramilitar tuvo su mayor auge, intentando ocupar de múltiples maneras el mayor territorio posible, enfrentándose con las guerrillas de aquel entonces e implementando estrategias militares para afianzarse en determinados espacios geográficos de uso estratégico para su establecimiento y mantenimiento.

Las Farc y su conflicto con la Gata.

Así mismo, también se evidencia una fuerte tensión entre los frentes de las FARC-EP con las élites regionales y los clanes familiares que ejercían presión en el territorio, como fue el caso de Enilse Gómez Romero, alias La Gata, quien era propietaria de una empresa de chance denominada “Apuestas El Gato” y que siempre tuvo intereses económicos y políticos en la región de Montes de María. Del mismo modo, continua el accionar militar insurgente contra Los Méndez y Los Meza.

Las pugnas entre las FARC-EP y La Gata desencadenaron, para esta última, el asesinato de tres de sus hermanos, el secuestro de su padre, el ataque a sus propiedades y el robo de ganado. Todo lo anterior debido a las alianzas que tenía Enilse Gómez Romero con las élites sociales regionales y a su incidencia en la conformación de algunas Convivir en el territorio, específicamente en algunas zonas de El Carmen de Bolívar.

Ejemplo de lo anterior fue la Convivir esperanza Futura que funcionó en Magangué, la cual fue creada por Álvaro Botero Maya –hacendado de Magangué– en sociedad con Héctor Julio Alfonso Pastrana, esposo de Enilse López.

La reorganización de las Farc.

En septiembre de 1999 el Secretariado de las FARC-EP realiza un proceso de reorganización militar y territorial de cada una de las estructuras armadas que hacían presencia en Montes de María, con el objetivo de tener una presencia más efectiva en la región y poder tener un rango de acción más amplio respecto a los años anteriores. Para lograr este cometido, el Frente 35 Antonio José Sucre, que para aquella época contaba con un aproximado de 200 guerrilleros, se reestructuró bajo diferentes compañías que tenían como rango de influencia territorial.

En este mismo año, el Frente 37 Benkos Biohó también sufrió cambios en su estructura armada interna, distribuyendo territorial y militarmente a 250 de sus integrantes en el centro y norte del departamento de Bolívar.

En este mismo periodo los Frentes 35 y 37 desarrollaron diversas tomas de centros poblados en la región. Para ello, el Frente 35 se fortalece mediante la incorporación de unidades provenientes del Magdalena Medio, ejerciendo una mayor presencia en los municipios de Ovejas, Chalán y Colosó. A través de la introducción de nuevos milicianos, las FARC-EP consolidan una resistencia armada y territorial más prolongada en la región.

Esta avanzada insurgente fue contrarrestada por parte de los grupos paramilitares de la región entre 1999 y el 2001 mediante una confrontación supremamente violenta, siendo la población civil la más afectada en tales enfrentamientos. Convirtiéndose en uno de los periodos más críticos para esta guerrilla en la región, ya que, a inicios del año 2000 la inserción paramilitar de las AUC fue bastante efectiva en aquellas zonas que históricamente controlaban. Dado el panorama anterior, las FARC-EP determinaron dos prioridades durante este periodo: posicionarse en las áreas estratégicas de la región y afrontar eficazmente la respuesta violenta de los paramilitares frente a su avanzada militar.

Bajo este proyecto de control territorial, las tres subregiones que componen el territorio montemariano sufrieron las retaliaciones de la guerra, siendo Colosó, Ovejas y Chalán los municipios que afrontaron las mayores consecuencias de la violencia. Del mismo modo, las acciones bélicas también se intensificaron en la parte costera de Montes de María, debido a su interés por controlar las vías terrestres que comunican toda el área geográfica del Golfo de Morrosquillo entre Toluviejo y San Onofre. Finalmente, para controlar la zona de interconexión con el río Magdalena, la insurgencia desató su accionar en El Carmen de Bolívar en el año 2000 y en Zambrano durante 2001.

Presencia y accionar limitados del ELN.

Entre los años 2000 y 2001 se registraron algunas acciones bélicas por parte del ELN en María La Baja, San Jacinto y San Juan Nepomuceno. Pese a ello, su presencia fue cada vez menor, especialmente en aquellas áreas donde estaba operando el Bloque Héroes de Montes de María de las AUC. La arremetida de los grupos paramilitares, como ya se ha mencionado, tenía como objetivo alejar las bases sociales de las guerrillas, por ende, el ELN a diferencia de las FARC-EP, no disputó militarmente el territorio contra el paramilitarismo, sino que se fue retirando paulatinamente de la región.

En noviembre del 2002 fue capturado William Taylor Pimienta García, alias Amaury (comandante del Frente Jaime Bateman Cayón). Al mes siguiente este guerrillero muere en un intento de fuga de la cárcel La Vega (Sucre), donde guerrilleros del ELN atacaron la prisión con explosivos y disparos en su intento por liberarlo. Este hecho significó un duro golpe en la estructura militar del ELN que operaba en Montes de María al quedar sin comandante y con el suficiente personal para operar en el territorio montemariano.

2002-2005. Consolidación y desmovilización de las AUC, la política de seguridad estatal y subsistencia guerrillera.

El periodo comprendido entre 2002 y 2005 significó dos grandes etapas del paramilitarismo en Montes de María: por un lado, la consolidación territorial de este grupo, y por otro, el proceso de desmovilización. Dos etapas desarrolladas en medio de diálogos con el gobierno nacional de turno que intentaba finiquitar la violencia en la región y culminar con el paramilitarismo en la zona.

Así mismo, durante este periodo se pone en marcha la Política de Seguridad Democrática, implementando una fuerte arremetida militar contra los actores armados a nivel nacional.

Para el caso de Montes de María, tal política tuvo grandes repercusiones en el accionar y presencia de los grupos insurgentes, en especial las FARC-EP.

Consolidación territorial paramilitar.

El proceso de control y consolidación territorial desarrollado por los grupos paramilitares correspondientes a las AUC inicia en Montes de María en el año 2002. La persona indicada para la realización de este proyecto fue alias Diego Vecino, quien conformó diversos frentes que estructuraron el Bloque Héroes de Montes de María y que estuvieron presentes en toda la región montemariana.

Frente del Bloque Montes de María Zonas comandado por Eduardo Cobos, Téllez “Diego Vecino”.

Con presencia en Sabanas de Bolívar y Sucre Magangué, Galeras y Zambrano, San Pedro, Buena Vista y Sincé Base. En las sabanas de Magangué el Comandante era “Román”, con presencia en el Golfo de Morrosquillo y acciones en Sincelejo, Corozal, Betulia, El Roble, Sampués, Los Palmitos, Tolú, Coveñas, San Antonio de Palmito, Toluviejo, Ovejas, Morroa, Chalán y Colosó, San Antero, Chinu, San Andrés de Sotavento, Purísima, Chima.

Rodrigo Antonio Mercado Peluffo “Cadena”, junto con Juancho Dique como Jefes paramilitares operaban en el Canal del Dique, María La Baja, Arjona, Turbaco, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Bayunca, San Estanislao, Mahates, Calamar, Arroyohondo, San Cristóbal, Soplaviento, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina y Cartagena.

Frente Canal del Dique.

El Frente Canal del Dique operó principalmente en el departamento de Bolívar con aproximadamente 260 hombres a través de la siguiente estructura militar y organizativa:

– Grupo liderado por Manuel Antonio Castellanos Morales alias El Chino junto con alias Cacho como segundo al mando. Este grupo contaba con 45 hombres y operaba en los municipios de Arjona, Turbaná, Santa Catalina, Clemencia y Villanueva.

– Grupo al mando de alias Convivir y alias Alberto. Integrado por 12 hombres que controlaban los municipios de Turbaná, Turbaco y los corregimientos de Pasacaballos (Cartagena), Rocha y Puerto Badel (Arjona).

– Grupo a cargo de alias Tasca. Compuesto por 50 hombres que dominaban los municipios de El Guamo, Zambrano, Calamar y la vereda Yucalito.

– Grupo comandado por Alexi Mancilla García. Constituido por 50 hombres que bordaban los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Mampuján y San Juan Nepomuceno.

– Grupo al mando de alias Ramiro en conjunto con alias Chico como segundo al mando. Operó en los municipios de Mahates, Calamar, Soplaviento y San Cristóbal.

– Grupo comandado por alias Mauricio, Migue o Escorpión. Contaba con 60 hombres que intervinieron en los corregimientos de Buenos Aires, Las Mesas y Mesitas.

– Grupo de los Urbanos. Al mando de alias El Pollo y alias Geño con 12 hombres a cargo del casco urbano de la ciudad de Cartagena de Indias.

Después del asesinato de seis agentes del DAS ordenado en el año 2003 por Francisco Robles Mendoza alias Amaury, nació el Frente Bolívar y Sabanas de Sucre. Este frente estaba compuesto aproximadamente por 60 hombres bajo la comandancia de William Alexander Ramírez Castaño alias Román Sabanas, junto con el segundo al mando Leonardo Flores Rojas alias Montoya.

A pesar de esta postura de expansión y control territorial, a finales de 2002 las AUC declaran un cese de hostilidades en la región, dando inicio a un proceso de negociación con el Gobierno nacional y disminuyendo su accionar armado en el territorio.

El Golfo de Morrosquillo, la ruta estratégica de la coca.

El año 2003 el Frente Golfo de Morrosquillo –también conocido como Frente Montes de María– se conformaba de aproximadamente de 260 hombres bajo el mando de alias Cadena y estaba organizado en la siguiente estructura. Rodrigo Mercado Pelufo tenía como base de operaciones la finca El Palmar, en el municipio de San Onofre.

Alias Cadena se adueñó de esta propiedad, de 2.500 ha, en el corregimiento Rincón del Mar. En la finca estableció campos de entrenamiento y funcionó como lugar de planeación de las acciones violentas, de tortura y ejecución de un gran contingente de víctimas. Dentro de la finca se dispusieron lugares de violencia sexual, espacios de tortura, fosas comunes e incluso, un lago de caimanes al cual eran arrojadas las personas.

El Golfo de Morrosquillo, fue el lugar establecido por alias Cadena para la exportación de drogas y entrada de armas a la región. Las zonas geográficas de ubicación estratégica fueron:

1. Las Brisas: la comunidad de esta zona fue golpeada, puesto que fue con terror que se despejó la ruta de salida de drogas hacia el Golfo de Morrosquillo.

2. Berrugas: punto de salida para poner la droga en Panamá. Parte del trasiego por tierra se hizo usando animales de carga (burros) manejados por niños.

3. Rincón del Mar.

4. Higuerón.

5. En diversos puntos de las playas del Golfo de Morrosquillo (San Onofre, entre otros) también se pudieron rescatar alijos de cocaína que eran lanzados al mar cuando había peligro de interceptación por parte de algunas autoridades.

6. Berlín, sitio de almacenamiento de cargamentos de cocaína.

En el 2003, el Frente Golfo de Morrosquillo contaba con aproximadamente 260 hombres bajo el mando de alias Cadena.

Desmovilización del Bloque Héroes de Montes de María.

Uno de los sucesos más memorables en el 2005 fue el desarme, la desmovilización y la reintegración a la sociedad civil de las AUC mediante la Ley 975 de ese mismo año. En este proceso el Bloque Héroes de Montes de María entregó 364 armas y desmovilizó a 594 hombres (pertenecientes a los Frentes Canal del Dique, Sabanas y Golfo de Morrosquillo) el día 14 de julio de 2005 en el corregimiento de San Pablo (María La Baja).

La antesala del proceso de desmovilización de las AUC en la región data del cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito realizado el 23 de julio de 2003 entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y este grupo paramilitar en el caserío de Valencia, departamento de Córdoba. Acuerdo que fue ratificado por las AUC el 7 de octubre de 2004 mediante el comunicado público denominado “Acto de Fe por la Paz”, desmovilizándose los diferentes grupos pertenecientes al Bloque Héroes de Montes de María de las AUC comandado por alias Diego Vecino.

El proceso de diálogo entablado entre la cúpula de las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue en el municipio de Tierralta (departamento de Córdoba), mediante una mesa de diálogo instalada en una zona de ubicación que permitió la inserción de los desmovilizados a la vida civil. De este modo, el Bloque Héroes de Montes de María se convirtió en el decimosegundo grupo de las AUC en iniciar un proceso de reincorporación.

Uno de los factores que permitió la desmovilización de este bloque paramilitar, fueron las diversas operaciones realizadas por la Fuerza Pública para frenar la expansión territorial de este grupo armado; así como el hallazgo de las fosas comunes en el municipio de San Onofre, sus respectivas denuncias dadas por la población civil y el incumplimiento de su objetivo principal en derrotar militar y territorialmente las zonas donde las FARC-EP todavía contaban con algún tipo de presencia en la región.

La Política de Seguridad Democrática y la subsistencia de la insurgencia en el territorio.

En el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) se implementa la Política de Defensa y Seguridad Democrática, dando inicio al Plan Patriota en 2003. Tales iniciativas se convirtieron en el principal mecanismo contrainsurgente de la época, fortaleciendo de manera continua a la Fuerza Pública y complementando el aspecto político-militar del Plan Colombia, cuyo objetivo principal se enfocaba en la desarticulación y fragmentación de las FARC-EP y el ELN a nivel nacional.

Aunado a lo anterior, el 21 de septiembre del 2002 el Gobierno nacional decreta a los municipios correspondientes a la región de Montes de María y a otros ubicados al sur del departamento de Sucre (23 en total) como una Zona de Rehabilitación y Consolidación, aumentando la presencia de las Fuerzas Militares en aquellas zonas de histórica presencia guerrillera.

Para este tiempo, la región no contaba con presencia de la Fuerza Pública en Chalán, Colosó y Morroa, por lo tanto, la entrada y presencia de esta institución militar estatal en los municipios montemarianos era uno de los objetivos más fuertes del gobierno.

Los golpes a las Farc.

Para ese entonces, las FARC-EP tenían una influencia efectiva en El Carmen de Bolívar, Chalán, San Jacinto, María La Baja, Ovejas y San Onofre. Durante 2003, el Ejército Nacional le propinó fuertes golpes a los Frentes 35 y 37 en Ovejas, Chalán, Colosó y Corozal. En cada una de estas intervenciones, la población civil asegura que las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos de la población montemariana a través de la Operación Ovejas. Debido a este panorama, las Farc deciden posponer su objetivo de lograr un control territorial a uno en búsqueda del control de posiciones estratégicas que garantizaran la supervivencia y continuidad de la guerra. Por tal motivo, esta guerrilla consolida su accionar en copar corredores estratégicos y hostigar las fuerzas armadas en tales zonas, sin comprometerse en una lógica bélica directa.

Dada esta ofensiva militar en el 2003 la actividad guerrillera comienza a concentrarse en las cercanías de los centros poblados, efectuando múltiples hostigamientos contra las unidades militares de la Fuerza Pública. Así mismo, empiezan a replegarse y a dividirse mediante pequeños grupos, a minar los accesos a sus zonas de refugio y a realizar acciones terroristas en zonas urbanas. Tales estrategias fueron empleadas por la guerrilla como una expresión que permitiese compensar la inferioridad militar que tenía por aquella época, así como la disminución de la presencia del Ejército Nacional en las áreas rurales donde predominaba este grupo insurgente.

Con el paso del tiempo, las Farc se trasladan a las zonas más altas de la región, subdividiéndose en pequeños grupos para facilitar su movilidad en la zona. Para aquel entonces en estos frentes había entre 500 y 700 milicianos. Dado este despliegue territorial, esta insurgencia realiza en 2005 una avanzada militar de acciones en Chalán, uno de los municipios montañosos más afectados por la violencia en la región.

Este accionar militar por parte de la insurgencia en Montes de María sucede específicamente en el mismo año en el que las AUC se desmovilizan en la región, registrando en el 2005 un total de 11 atentados, convirtiendo a la población civil en el objetivo militar de los grupos guerrilleros. Así mismo, también se registra la presencia de milicias guerrilleras en zonas urbanas, como sucedió en algunos barrios de Corozal y Sincelejo.

Respecto al ELN, es importante mencionar que pierde definitivamente su influencia en la región Caribe entre 2002 y 2003, debido a la arremetida dada por la Fuerza Pública. Desde aproximadamente el 2007, se presume que el ELN no hace presencia en los Montes de Maria.

2006-2009. Derrota de la insurgencia, recuperación territorial y presencia de nuevos actores armados. La muerte de Martin Caballero.

Los años comprendidos entre 2006 y 2009 corresponden a un periodo de transición de un actor armado a otro, cuando la presencia de las FARC-EP en el territorio desaparece debido a la implementación de la política militar del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, dando paso a la conformación de nuevos grupos armados atraídos por aquellos territorios históricamente comandados por esta guerrilla y donde, a su vez, desarrollaban una maquinaria económica basada en el narcotráfico.

Uno de los hechos que impactó a las Farc en el territorio montemariano fue la operación militar que condujo a la liberación del exministro de Desarrollo Económico Fernando Araujo Perdomo, funcionario secuestrado el 4 de diciembre del 2000 por el Frente 37 en Cartagena y mantenido en la región de Montes de María bajo el comando de alias Martín Caballero. El 31 de diciembre de 2006, el Comando Conjunto del Caribe puso en marcha la Operación Linaje, rescatando a Araujo en una zona denominada Aromeras Norte, en el sector del Cocuelo (El Carmen de Bolívar).

La presión militar del Estado.

Debido a la aplicación de la Política de la Seguridad Democrática y a la creación de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, entre septiembre de 2002 y abril de 2003 la región de Montes de María presenció un fortalecimiento militar y policial, limitando el accionar y movilidad del ELN y las FARC-EP, obligando al Frente 35 comandado por alias Manuel o Mañe a unirse con el Frente 37, comandado por alias Martín Caballero.

El 24 de diciembre de 2004 se crea el Comando Conjunto Caribe, que gracias al proceso de desmovilización del grupo paramilitar Bloque Héroes de Montes de María en el año 2005 y a miembros que integraban el ERP, el 29 de abril de 2007 en la vereda Charquitas (San Jacinto) pudo acceder con mayor contundencia a la región. Así mismo, para el año 2005 en Montes de María se registraba la presencia de aproximadamente 2000 hombres de la Fuerza Pública siguiendo la línea de control militar y territorial que había dejado la política de las Zonas de Rehabilitación.

Uno de los objetivos del Comando Conjunto Caribe era terminar con los reductos de las FARC-EP en Montes de María, así como recuperar la seguridad de la zona y liberar al último secuestrado que tuviera ese grupo guerrillero bajo su poder. Luego de la liberación del exministro de Desarrollo Económico Fernando Araujo Perdomo, alias Martín Caballero quedó muy afectado debido a la pérdida de su hijo mayor y su compañera sentimental en esa operación militar, por lo tanto, tuvo que esconderse al interior de la región y cesar su actividad insurgente por meses. El Gobierno nacional aprovechó este intervalo para ejecutar la Operación Alcatraz el 24 de octubre del 2007 en Aromeras del Sur (El Carmen de Bolívar), dejando como saldo a 20 insurgentes abatidos, entre ellos a alias Martín Caballero.

Con la muerte de Caballero, alias Manuel o Mañe (quien resultó herido en la operación del 31 de diciembre del 2006) que comandaba el Frente 35 tomó el liderato del 37 y alias Dúber hizo lo mismo con el 35. El 11 de febrero del 2008, el Comando Conjunto del Caribe entra en combate con el Frente 35 y dan de baja a alias Dúber; así como a alias Pedro Stalin, cabecilla ideólogo-político de tal frente. El 29 de febrero de ese mismo año, abaten a alias Manuel o Mañe, quien había quedado al mando de los Frentes 35 y 37 en la región de Montes de María. Así mismo, el 11 de marzo del 2008 se desmovilizaron 12 integrantes de estos frentes ante el Comando Conjunto Caribe en Los Palmitos. El 22 de mayo capturan en Medellín a alias Jáder, quien había quedado al mando del Frente 35 después de la baja de Dúber y el 20 de junio capturan al último cabecilla significativo del Frente 37 y de los reductos del Frente 35, a alias Daniel King.

Debido a este avance de la Fuerza Pública y su poca operatividad, el Frente 35 Antonio José de Sucre y el Frente 37 Benkos Biohó que actuaban históricamente en la región de Montes de María, se desplazaron hacia mediados del año 2008 hacia el sur de Bolívar, específicamente en aquellas zonas de operatividad del Bloque Magdalena Medio de las Farc. De este modo, se acaba el accionar de esta guerrilla en Montes de María.

A pesar de la estrategia de confrontación por parte del Estado colombiano en Montes de María, a finales del 2009 se dieron algunos brotes de grupos insurgentes en la región. Lo anterior se basa en algunos grafitis aparecidos en Zambrano que hacían alusión al Frente 19 de las FARC-EP, en la presencia de algunas personas con vestimenta camuflada en El Salado y Ovejas; así como de grupos armados bajando de las montañas en María La Baja, San Jacinto y San Juan Nepomuceno.

Un balance de la violencia en Montes de Maria56.

Entre 1985 y 2017 ocurrieron 3.197 asesinatos selectivos, 117 masacres y se registran 1.385 personas desaparecidas; además, numerosos desplazamientos forzados y cientos de casos de despojo de tierras que son tratados actualmente en los tribunales de restitución.

Solo entre 1999 y 2001 ocurrieron 42 masacres que dejaron 354 muertos

Las Brisas, Chengue, Macayepo, Plan Parejo, el Salado son algunas de las 56 masacres vividas en la región que sumados a las 200 mil personas desplazadas, terminaron arruinando a la región y acabando con cultivos prósperos en una época como era el del tabaco. Todos afectados, campesinos y ganaderos, que por falta de políticas serias y sin mezquindad, hicieron de esta región caldo de cultivo para la violencia en donde cada uno tomó partido y todos terminaron perdiendo.

Focalicemos esta violencia por municipios.

Carmen de Bolívar.

El 26 de noviembre de 1996 en la localidad La Roma los paramilitares sacaron de sus casas a tres campesinos y los degollaron.

El 23 de marzo de 1997 los paramilitares cometieron la primera masacre de El Salado. En esa ocasión miembros de las ACCU llamaron lista en mano a cuatro familiares y los ejecutaron delante de la población, e hirieron a dos pobladores más. El 10 de febrero de 1998 en el barrio El Vergel los paramilitares sacaron de un vehículo y de una casa a dos mujeres y las asesinaron. Meses antes habían asesinado a sus maridos. El 16 de mayo 1998 unos cuarenta paramilitares entraron al caserío La Negra y con lista en mano asesinaron a cinco campesinos y se llevaron a seis más, que desaparecieron. En 1999 se producen cuatro masacres: el 13 de febrero hombres armados entraron a la finca Villa Amalia donde vivían desplazados de Urabá, mataron a cinco personas y le prendieron fuego a la casa; el 9 de marzo ochenta miembros de las ACCU asesinaron a dos campesinos en el corregimiento San Isidro y a nueve en el corregimiento Caracolí; el 7 de abril en Jesús del Monte guerrilleros de las FARC asesinaron a cinco campesinos, después de sacarlos de sus casas con lista en mano; el 20 de septiembre los paramilitares irrumpieron en el billar Ranchoalegre del casco urbano y se llevaron a once personas, ejecutaron a tres en la vía hacia Zambrano y ocho días después fueron hallados los cuerpos de otras tres. En 2000 se producen seis masacres: entre el 16 y 21 de febrero 450 paramilitares masacraron a 61 personas en los municipios de El Carmen de Bolívar (corregimiento El Salado, sitio Loma de las Vacas, y vereda El Balguero), Ovejas (corregimientos de Canutal y Canutalito, y veredas Pativaca, El Cielito y Bajo Grande) y Córdoba (vereda La Sierra). Unos días más tarde en el sector Loma de Las Vacas de este mismo corregimiento fueron asesinados cuatro empleados de la Administradora de Riesgos Subsidiados Mutual de los Montes de María; el 13 de abril, nueve habitantes de la vereda Mata de Perro del caserío Hato Nuevo fueron asesinados a manos de integrantes de las AUC; en junio, en la vía que conduce a Zambrano, desconocidos secuestraron y posteriormente dieron muerte a cinco agricultores; el 14 de octubre se realiza la masacre de Macayepo, en la cual murieron 18 personas; en diciembre, en el barrio Siete de Agosto integrantes de las AUC asesinaron a cuatro civiles. El 19 de agosto de 2002 los paramilitares ejecutaron a tres campesinos en Guamanga y luego a otro en Saltones de Mesa.

San Jacinto.

El 13 de marzo de 1999 en la vía al Cerro Maco los paramilitares ejecutaron a cuatro personas; el 28 de septiembre de 1999 los paramilitares asesinaron a cuatro personas en Las Palmas. En marzo de 2001 guerrilleros del frente 37 de las FARC dieron muerte con arma de fuego a cinco labriegos en la hacienda La Alemana.

Ovejas.

En noviembre de 1996 un grupo armado no identificado asesinó a cinco habitantes del corregimiento El Piñal. Entre 27 y 28 de febrero de 1997 los paramilitares asesinaron a siete personas en La Peña, Flor de Montes, San Rafael y el Palmar. El 2 de noviembre de 1998 los paramilitares asesinaron a tres personas que iban de Ovejas a Chalán, en La Recta, luego en Las Flores asesinaron a otra. En septiembre de 2000 miembros de las AUC dieron muerte a cinco personas en el corregimiento La Peña. El 17 de enero de 2001 integrantes de las AUC incursionaron en el corregimiento Chengue, donde asesinaron a 34 personas; en abril, guerrilleros del frente 37 de las FARC produjeron la muerte a cuatro personas en la vía que conduce al municipio de Zambrano.

San Onofre.

El 21 de marzo de 1997 hombres armados llegaron de noche en el corregimiento La Libertad y mataron a cuatro personas.

El 26 de agosto de 1999 en el sitio Pasacorriendo los paramilitares ejecutaron a cuatro hermanos y a dos personas más que sacaron de la finca Sabalete. El 1 de junio de 2000 en el corregimiento La Libertad un grupo de paramilitares sacó a cinco personas de sus casas y las asesinó; en septiembre de 2000, en los corregimientos Verrugas y El Rincón, integrantes de las FARC incursionaron y dinamitaron varias propiedades y en una de ellas asesinaron a cinco trabajadores. El 30 de abril de 2001 los paramilitares asesinaron a cinco campesinos en Palo Alto; del 13 al 16 de septiembre de 2001 los paramilitares asesinaron a quince campesinos en La Balestra, El Parejo, El Bobo, La Arenita, Chirulito y El Cerro. El 18 de julio de 2003 los paramilitares torturaron y mataron a tres mujeres familiares entre sí en Pajonalito. El 21 de marzo de 2004 los paramilitares desaparecieron y asesinaros a un torero y a seis de sus parientes en Berrugas; el 20 de abril los paramilitares ejecutaron a cuatro personas en el casco urbano.

La masacre de Zambrano.

En la noche del 16 de agosto de 1999 un grupo de 20 paramilitares del Bloque Montes de María realizó un recorrido por varios veredas del municipio de Zambrano y asesinó a 11 personas. Los ‘paras’ comenzaron la masacre en la vereda Capaca donde les quitaron la vida a cinco campesinos, luego en el caserío Campoalegre mataron tres personas y después en el camino hacía el Carmen de Bolívar asesinaron a otras tres víctimas. Otras tres personas fueron desaparecidas.

Al mando de la operación estuvo el paramilitar Sergio Manuel Ávila alias ‘Caracortada’, quien antes de ser enviado a los Montes de María en 1998 fue el administrador de las fincas del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en el Guamo, Bolívar. Según versiones de este desmovilizado, dentro del grupo que perpetró la masacre iban miembros de la fuerza pública.

Las fosas.

En el 2005, fueron halladas varias fosas comunes implementadas por paramilitares en San Onofre. En un primer momento, la Fiscalía General de la Nación encontró en el mes de marzo, aproximadamente 20 cuerpos en 5 fosas comunes en distintas fincas ubicadas en la vereda Brisas y en los corregimientos de Buenos Aires y Pajonal. Al mes siguiente, esta misma institución gubernamental encontró otros 20 cuerpos en 4 fosas comunes en el corregimiento de Pajonal y en la vereda La Pita Baja.

Neoparamilitarismo, Organizaciones sucesoras del paramilitarismo en los Montes de Maria. Presencia y configuración de nuevos actores armados.

El fenómeno paramilitar y sus respectivas redes de ilegalidad en la región no finalizó a partir de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de Maria. Lo que se desarrollo fue un proceso de reconfiguración de las estructuras y grupos armados que no participaron en el proceso de desmovilización, generando así una base de nuevos grupos paramilitares que retomaron las principales dinámicas de las AUC en los Montes de Maria.

La presencia de los grupos armados posdesmovilización es una expresión de un proceso histórico que se relaciona con dos aspectos. Por un lado, el favorecimiento estatal de diseños institucionales que incentivaron el uso privado de la fuerza y la provisión de seguridad por parte de particulares. De otro lado, la permanencia de economías ilegales e informales, las cuales se han articulado a ofertas de regulación privada de seguridad como sucedió con el narcotráfico y los grupos de seguridad privada en la zona montenariana, y se han configurado como una vía de integración de comunidades locales generalmente relegadas de inversiones estatales. Así comprendidos, tales grupos pueden entenderse como un fenómeno que excede solamente su manifestación criminal y los articula a una interpretación histórica de continuidad con las expresiones armadas paramilitares regionales57.

Su accionar, inserción y presencia está profundamente focalizada territorialmente y ha afectado, a lo largo del tiempo, a regiones específicas de nuestra geografía, entre las cuales se cuenta sin duda a los Montes de María.

La focalización y persistencia de estos grupos en determinadas regiones indica que se han posicionado a partir de los espacios dejados por antiguos grupos armados, lo que manifiesta que el reto para su desarticulación está en la capacidad del Estado de reemplazar los órdenes y regulación que han ejercido por tanto tiempo.

Las características de los grupos armados posdesmovilización se articulan a conflictos menos políticos y más económicos que corresponde a su inserción en las dinámicas de la globalización y de las nuevas guerras.

La atomización de estos grupos responde, además, a disputas y rupturas internas que ya venían presentándose entre las agrupaciones paramilitares en el marco de su proyecto de expansión nacional.

Un proceso de paz centrado en la desmilitarización, en la participación política y en la reintegración a la vida civil, con muy pocos incentivos en el plano económico generó poco interés para una organización enfocada en la acumulación de riqueza. El 38% (12.372 personas) de la población desmovilizada de las AUC han reincidido en actividades criminales después de 2013.

Durante 2006 y 2010 hubo una disminución en intensidad y cantidad de municipios afectados por el conflicto a comparación de los periodos anteriores, la presencia de diversos grupos posdesmovilización se asentaron en las mismas regiones donde estaban las antiguas AUC. Pese a ello, se evidencia una concentración de estos grupos armados principalmente en zonas urbanas para luego expandirse a las rurales.

Estas nuevas estructuras armadas con antecedentes paramilitares surgen a partir de la desmovilización de las AUC mediante el mecanismo de justicia transicional dispuesto en la Ley 975 de 2005; la cual ayudó a la desmovilización parcial de organizaciones paramilitares, pero el mismo tiempo permitió la configuración de un eventual rearme de diversos grupos que estaban vinculados a las AUC.

El proceso de desmovilización de las AUC tuvo grandes implicaciones en la región de los Montes de Maria debido a dos grandes características: la primera de ellas por ser una región estratégicamente ubicada para el desarrollo de actividades ilegales; y en segunda medida, por el camino dejado por el paramilitarismo en relación con un proceso de reconfiguración de las instituciones políticas que se basaba en el saqueo y apropiación del presupuesto público de las entidades estatales regionales.

Para el caso de los grupos posdesmovilización hay dos tendencias muy fuertes. La primera de ellas hace referencia a los grupos disidentes, los cuales corresponden a diversos sectores que no negociaron con el Gobierno ni entraron en el proceso de desmovilización; los grupos rearmados son aquellos conformados por desmovilizados que reincidieron en actividades similares a los anteriores bloques paramilitares y los grupos emergentes se refieren a grupos que antes existían y que cobraron mayor presencia al copar espacios que fueron de las AUC; así como otros que se constituyeron por diversas razones después de la desmovilización de las AUC.

A finales de la primera década del 2000, se identifican progresivas incursiones de Los Paisas, Los Rastrojos y el Clan del Golfo en las subregiones de los Montes de Maria.

Los Paisas inicialmente se concentran en la ciudad de Cartagena y algunos municipios del norte del departamento, hasta la incursión del Clan del Golfo (Urabeños) en el territorio, los cuales fueron cooptando estos lugares y expandiéndose a otras zonas como los Montes de María, donde disputan y ganan posiciones ante la presencia de Los Rastrojos. Estos grupos paramilitares desde el 2008 ya estaban ubicados en la región de Montes de María, específicamente en El Carmen de Bolívar, San Onofre y Toluviejo.

Entre los años 2010-2016 se dio la consolidación de las Organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

Desde finales del 2009 la Policía de Bolívar hizo énfasis en la presencia e impacto de grupos posdesmovilización en el territorio. Para 2010 las Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos y el Clan del Golfo tenían una presencia efectiva en 34 de los 46 municipios que conforman este departamento; mientras que en Sucre estos grupos armados operaban en 17 de 26. Así, estas organizaciones hacían presencia en 51 de 71 municipios de Bolívar y Sucre, de los cuales algunos pertenecían a los Montes de María.

El grupo que alcanzó mayor poder y perpetuó el territorio montemariano fue el Clan del Golfo, también autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan Úsuga. Sus orígenes se atribuyen a Vicente Castaño, quien rearmó una unidad paramilitar con Ever Veloza García, alias HH, y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Después del asesinato de Castaño en 2007 y la captura de Don Mario en 2009, el grupo quedó al comando de Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, y Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este grupo se compuso con exintegrantes del EPL y exoficiales de la Fuerza Pública que pasaron por las filas de las AUC.

Frente a la presencia de las Águilas Negras en Montes de María es relevante mencionar que no se identifica una estructura, un mando, ni tendencias espaciales claras. Tampoco se registran capturas, ni golpes de la fuerza pública en su contra. Las organizaciones y líderes afectados por las amenazas de este grupo se inclinan a pensar que ese nombre es utilizado por diversos actores, pequeños grupos o personas con entrenamiento en guerra sucia o en operaciones encubiertas que las mantienen a pesar del cambio de situación después de los acuerdos de paz.

El Clan del Golfo y Los Paisas se radicaron en San Juan Nepomuceno, municipio que históricamente estuvo bajo la influencia del Frente Canal del Dique del Bloque Héroes de Montes de María; Los Rastrojos se asentaron en San Jacinto y El Carmen de Bolívar (zona de influencia de Juancho Dique) donde también hubo presencia del Clan del Golfo. Hacia el 2011, el Clan del Golfo ya había ingresado a San Juan Nepomuceno, utilizándolo como corredor de conexión con El Carmen de Bolívar y San Jacinto para controlar entrada y salida de drogas e insumos para el procesamiento de la hoja de coca.

En este mismo año también hicieron presencia las Águilas Negras en la región mediante la distribución de panfletos en San Juan Nepomuceno y Toluviejo. En abril del 2011 aparece el grupo paramilitar Ejército Revolucionario Popular Anticomunista–ERPAC en San Jacinto y la Oficina de Envigado en Zambrano.

A raíz de los enfrentamientos entre Los Rastrojos y Los Paisas-Clan del Golfo, desarrollados en el departamento de Sucre entre 2010 y 2011, hubo un aumento de homicidios en la región montemariana, principalmente entre los mismos integrantes de estos grupos. Sin embargo, civiles de sectores sociales, de organizaciones de víctimas y líderes de restitución de tierras también fueron víctimas de estos grupos.

De igual forma se registraron amenazas a defensores de derechos humanos, población LGBTI, consumidores y expendedores de drogas, entre otros.

Era tan efectivo el poder militar que alcanzaron a tener estos grupos en el territorio montemariano, que en enero de 2012 el Clan del Golfo, en retaliación por la muerte de Juan de Dios Úsuga alias Giovanni en una operación desarrollada por la Policía Nacional, declararon un paro armado de 48 horas en varios municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, Magdalena y Sucre. Entre ellos había algunos pertenecientes a la región montemariana, como Ovejas, Corozal, San Antonio de Palmito, Tolú y Toluviejo. Este hecho se repitió a finales de marzo de 2016 por 24 horas en Antioquia, Córdoba, Cesar y Bolívar.

Hacia el 2014 el Clan del Golfo y Los Rastrojos se consolidan como los grupos posdesmovilización de mayor predominancia en Montes de María. Para aquel entonces, el Clan del Golfo ejercía un control efectivo en el Golfo de Morrosquillo, especialmente en los municipios de Tolú, Coveñas y San Onofre; en la zona montañosa se consolidaron en El Carmen de Bolívar, específicamente en El Salado; y en algunas zonas del río Magdalena a partir de su presencia en El Guamo, Córdoba y Zambrano.

En cuanto a Los Rastrojos, entre el 2013 y 2014 se identifica su presencia en el Golfo de Morrosquillo (Tolú, Coveñas y San Onofre) y en la parte sur de la región montemariana (Sincelejo y Corozal). En el 2014 también se observa la presencia de un grupo paramilitar posdesmovilización denominado La Mano Negra en la zona del Golfo de Morrosquillo.

¿El paramilitarismo no se ha ido de los Montes de María?

Una reciente amenaza contra una líder social y supuestos combates en la región en la que confluyen municipios de Bolívar y Sucre han prendido las alarmas sobre la presencia de actores armados ilegales.

Varios líderes han denunciado la presencia de neoparamilitares, pero autoridades las niegan. La Defensoría ha documentado la consolidación de estructuras, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Voces de esa zona denuncian, bajo el temor de ser asesinados, que el oscuro capítulo de violencia y amedrentamiento por parte de los armados ilegales de extrema derecha regresó y se está fortaleciendo en la zona de la alta montaña.

Así lo dijo Rodrigo Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

Hay acciones recientes que registran la presencia del neoparamilitarismo como la captura el 23 de mayo de 2017 de Manuel Vergara, alias Monín, quien se trataría de un “jefe militar de las AGC”; el asesinato el 4 de noviembre de ese mismo año de Edwin Morales, alias Emmanuel, presunto miembros de ese grupo armado; el hallazgo en noviembre de 2017 de una caleta en la vereda Roma de ese municipio con armas presuntamente de las AGC; y la captura, el 30 de enero de 2018, de tres hombres presuntamente miembros de las AGC en el sector El Aguacate, del corregimiento de Macayepo.

Una Alerta temprana de enero de 2019 de la Defensoría del Pueblo, es decir, atiende la situación en María La Baja y advierte que la consolidación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) en el municipio, es en la actualidad el factor que produce de mayor riesgo para la población civil. La Alerta indica que las AGC ejercen la violencia a través de grupos delincuenciales locales y pandillas juveniles, a los cuales cooptan e instrumentan, para concretar la amenaza y garantizar que sus exigencias se cumplan, aunque aclara que estas agrupaciones, sin pertenecer directamente a la estructura armada, les sirven a sus necesidades de manera temporal con participaciones en economías ilegales locales tales como microtráfico, narcomenudeo, préstamos a tasas de usura, extorsión de menor cuantía, abigeato y robo a mediana escala.

Lo que queda claro en esa Alerta temprana es que las AGC realizan amenazas, homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato y uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La Defensoría pone de presente conflicto por las tierras, tensiones en el programa de restitución y reparación colectiva y la llegada de hombres armados sin identificar que estarían actuando presumiblemente en nombre de un exjefe paramilitar que operaba en la región, al parecer Juancho Dique.

Para las víctimas de la violencia les resulta doloroso aceptar que, mientras ellas aún mantienen una ardua lucha ante las agencias del Estado para ser reconocidas y reparadas por los daños ocasionados durante el conflicto armado, este exjefe paramilitar transita libremente por la región administrando sus negocios, constituyendo su presencia un factor adicional de intimidación y miedo frente a la gestión que realizan para obtener acceso a la justicia, verdad y reparación, anota la alerta temprana.

¿Cómo estarían operando los armados ilegales en los Montes de María? Esto cuentan los líderes

El Espectador conoció cuatro testimonios de líderes de la región que contaron de qué manera hacen presencia los actores armados ilegales en los Montes de María. Los nombres y lugares fueron omitidos por petición y seguridad de quienes hablaron58.

Testimonio 1.

Tres personas, dos costeños y un paisa, vinieron a mi casa y se identificaron como los gaitanistas. Me dijeron que no vienen al territorio con ánimo de matar a ninguno, sino a hacer control social. Ellos están aquí en la zona, por mi casa pasan todos los días. Ellos andan a pie, en motos y han venido camionetas. Yo estoy entre la espada y la pared porque soy un líder. Uno no se atreve a confesar y decir que nos están visitando, porque más me demoro yo en llamar a la Infantería que ellos en saber, tienen infiltrados en esa autoridad. Cómo es posible que, si hay batallones, esta gente ronde por aquí tranquilamente. Dicen que vinieron a acabar el microtráfico y con los ladrones, pero son personas que no son de acá de la zona. Dicen que quieren traer seguridad, pero no creo en esas intenciones. Lo que me ha tranquilizado es que vienen en tono conciliador”.

Testimonio 2.

Según nos dijo la comunidad, el 4 de junio sucede el enfrentamiento en la vereda El Floral: hubo 15 tipos con fusiles vestidos de civil, llegó el Ejército y se dio un intercambio de disparos que duró aproximadamente una hora. Sobre eso hemos analizado, porque nos parece raro que no hubiera ni heridos ni capturados. Pero antes de eso el grupo ilegal estaba probando unas armas. Ahí fue cuando se escucharon unas ráfagas y entonces las autoridades pusieron unos retenes y activaron unos puestos de control, pero por unos lugares donde no estaban pasando los paramilitares. Con eso, lo que yo veo es que la autoridad no está buscando a nadie. Hay desconfianza en el territorio, incluso se sabe que ya se desplazó una familia. Lo que hemos hecho es darle tranquilidad a la gente, pero hay un desespero total, la gente está diciendo que si eso sigue así se van, porque hay antecedentes. Qué hicieron los grupos aquí: llegaron diciendo que no matarían a nadie, y luego se dieron los asesinatos”.

Testimonio 3.

Me dijeron que no iban a matar como lo hicieron anteriormente. Por esos días, once personas, algunos con pistolas, convocaron a una reunión. En ella dijeron que estaban recorriendo la zona para hablar con cada uno de los líderes. Y es preocupante, aquí nos llaman todos los días. Hay gente amenazada y por eso algunos se han ido ya. De a uno o dos, pero no regresan. Después del enfrentamiento, ellos (los ilegales) han seguido con sus actividades. Dijeron que si se enteraban de que algún campesino los denunciaba, que lo mataban. Ellos tienen gente por todo lado. Entre líderes hemos hablado sobre la situación y las acciones para protegernos los unos a los otros. Lo que podemos decir es que no se sabe qué va a pasar”.

Cuarto. Desplazamiento forzado y víctimas de la violencia.

Violencia y desplazamiento forzado en Montes de Maria.

Durante los últimos 30 años la violencia en esta región ha dejado más de 158.000 víctimas de desplazamiento y cerca de 82.600 hectáreas de tierra abandonada por los campesinos, debido a las acciones de la guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y el Estado, según el informe «Montes de María Bajo Fuego»59.

Incidencia de los actores armados

Según el informe, a partir de la segunda mitad de la década de los años 90 con la llegada del paramilitarismo a la región y el apoyo de sectores estatales comenzaron las masacres y el desplazamiento forzado de campesinos.

El documento también detalla cómo las FARC, que se consolidó entre 1987 y 2007 en este complejo ubicado entre los departamentos de Sucre y Bolívar, violentó a prósperos campesinos de la región acusándolos de apoyar al paramilitarismo.

A la guerrilla, que a mediados de los 90 fortaleció su actividad militar, se le adjudican 13 tomas de corregimientos de la zona y años después, hacia el 2001, realizaron el derribamiento de 50 torres de energía y sostuvieron más de 40 combates con el ejército60.

Entre 1996 y el 2001 los paramilitares ejecutaron más de 70 masacres contra campesinos de los pueblos y veredas, que arbitrariamente consideraban eran supuesto apoyo de la guerrilla, se indica en el Informe.

Este accionar fue cometido de la mano de instituciones del Estado local y regional, en conjunto con los clanes familiares representativos de las élites de poder de la región y ligados al narcotráfico.

En el Informe se señala que los campesinos llegaron a María La Baja en los años setenta cuando compraron las parcelas con ‘cartas-venta’ (documentos a puño y letra). Allí sembraron productos de pancoger y criaron vacas, pero nunca recibieron títulos del entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder), pese a que las tierras eran de origen baldío, es decir, predios de la Nación que pueden ser tituladas a campesinos como ellos.

El municipio con mayores índices de desplazamiento forzado en Montes de María es El Carmen de Bolívar con 134.610 víctimas; siendo la única municipalidad con un registro con más de 100.000 personas bajo esta denominación. Una tendencia muy alta teniendo en cuenta que el total de víctimas para este hecho victimizante es de 475.800 personas para toda la región. Bajo esta tendencia, El Carmen de Bolívar condensa el 28,29% del total de personas registradas bajo este hecho victimizante.

Otros municipios con altos índices de desplazamiento forzado que presentan registros menores a las 100.000 personas son San Onofre y Ovejas con 52.117 y 48.670 víctimas respectivamente. Los demás municipios presentan cifras por debajo de las 40.000 personas como es el caso de San Jacinto con 37.691, María La Baja con 34.514, San Juan Nepomuceno con 30.447, Córdoba con 30.233, Colosó con 25.541, Zambrano con 20.234, Toluviejo con 18.629, Los Palmitos con 12.717, Chalán con 10.124, Morroa con 8.759, El Guamo con 5.306, Corozal con 3.534 y Palmito con 2.674 víctimas.

Desplazados de Morroa.

Según datos del antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd, entre 1997 y agosto de 2010 de Morroa salieron expulsadas 4.300 personas. La Unidad de Tierras documentó que, como retaliación, en 1999 la guerrilla asesinó a Luis Cárdenas mientras trabajaba en una finca y en 2001 a Asdrúbal Guzmán Pérez y a William Amaya porque supuestamente incumplieron un ‘toque de queda’ impuesto por el grupo armado.

La restitución de tierras.

Las sentencias emitidas por los jueces agrarios cobijan predios que fueron abandonados y despojados en los corregimientos de Cambimba y Pichillín, en Morroa, así como en Ovejas. Hasta enero de 2013, las víctimas en Sucre reclamaron la restitución de 50 mil hectáreas, siendo Morroa y Ovejas los municipios con más solicitudes, con 9.882 y 15.932 hectáreas reclamadas, de forma respectiva.

La zona de los Montes de María es de las que tiene mayor porcentaje de área afectada por el abandono de tierras (que en muchos casos se configuran en despojo), toda vez que según, informe del Incoder sobre hectáreas forzadas a dejar en abandono, 72.1% de su territorio habría padecido de este fenómeno, reconocen las sentencias que les devolvieron las tierras a los campesinos.

Problemas de tierras en Carmen de Bolívar.

Los predios Puerta Roja, Nueva Esperanza y Las Tinas regresaron a manos de sus dueños, después de que los tribunales reconocieran, a través de sentencias de restitución, el derecho territorial de los solicitantes.

En diligencia judicial, realizada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar, fueron entregadas más de 70 hectáreas a tres miembros de una misma familia, que fueron víctimas de desplazamiento por episodios ocurridos en la región, como la masacre de Hato Nuevo y la muerte de un familiar a manos de la guerrilla de las Farc.

El caso del Salado61.

En El Salado, la población está desconcertada. Desde hace una década el gobierno nacional centró su mirada en este corregimiento del Carmen de Bolívar por el volumen de víctimas que dejó el conflicto armado. El pueblo quedó desolado después de dos masacres paramilitares, en 1997 y 2000, por lo que la justicia transicional comenzó a dictar medidas de reparación integral, que siguen en curso. El desconcierto es porque quienes reclaman esa reparación están siendo amenazados.

Diversos reportes que dan cuenta de las amenazas que, por redes sociales, reciben líderes de esta población. Sin embargo, esas intimidaciones no son nuevas, vienen desde hace un año, cuando integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas, del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña y líderes veredales comenzaron a recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto intimidantes, además de notar que extraños los seguían en motocicletas hasta sus casas y lugares de trabajo.

La situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir el 12 de junio de 2018 una Alerta Temprana de Inminencia, solicitando a las autoridades adoptar medidas urgentes y efectivas de prevención y protección a favor de los líderes y sus familias. Además de El Salado, esta agencia del Ministerio Público señaló que el riesgo también persistía sobre líderes de otras veredas de El Carmen de Bolívar como Santo Domingo de Mesa, Arenas del Sur, Verdún, Jesús del Monte, Macayepo, Coloncito, Lázaro, El Hobo y Bonito.

Otras amenazas han sido contra mujeres víctimas de violencia sexual, en casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública. Una de ellas hacía un trabajo comunitario, recorriendo las veredas más lejanas explicando las rutas de atención.

El ‘fantasma’ de ‘Miki Ramírez’ ronda en Zambrano, Bolívar.

Campesinos víctimas del conflicto armado están preocupados. Hombres que dicen ir en nombre de este narcotraficante, condenado por conformación de grupos paramilitares, los están presionando a entregar las tierras.

El predio Veranillo, cultivado por familias campesinas víctimas del conflicto armado, está a 15 minutos del casco urbano del municipio de Zambrano, en Bolívar.

Según los folios de matrícula analizados en el informe de visita al predio, “Veranillo” es propiedad de ‘Miky Ramírez’ y sus 250 hectáreas hacen parte de un predio de mayor extensión llamado El Hacha Jesús del Río, de mil 430 hectáreas, sin que todavía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac) haya realizado un desengloble.

El pasado 30 de marzo (2019), una decena de hombres vestidos de negro y usando gafas oscuras llegaron hasta las parcelas de 14 familias campesinas del municipio de Zambrano. Según testimonios de los labriegos, esos extraños violentaron el candado de la casa de un parcelero que hace un par de años quedó en situación discapacidad. “Le compramos las mejoras de la tierra”, le dijeron, precisando que iban de parte de ‘Miki Ramírez’ (Luis Enrique Ramírez Murillo), condenado en 2007 por la Corte Suprema de Justicia por conformación de grupos armados ilegales.

La situación se repitió un día después, con la llegada del mismo grupo de hombres a la parcela de otra familia. Quien atendió a los foráneos se llenó de temor y se atacó en llanto, no podía creer lo que estaba sucediendo: que siete años de relativa tranquilidad, una nueva vida retoñada entre cultivos de yuca, maíz, ñame, ajonjolí y ahuyama, comenzara a ser truncada por unos extraños. Allí hicieron un nuevo ofrecimiento: les daban 15 millones de pesos por las 13 hectáreas de su parcela.

Las 14 familias viven y cultivan desde el año 2006 unas 215 hectáreas que componen el predio Veranillo, que encontraron lleno de maleza y abandonado cuando, tras ser desplazados por el conflicto armado de diferentes municipios de la Costa Caribe, vieron en esta tierra la posibilidad de comenzar de cero.

Las organizaciones campesinas han indicado ante distintas autoridades que el propietario original del predio es Luis Enrique Ramírez, identificado por las autoridades judiciales como ‘Miki Ramírez’. Ramírez creó desde principios de siglo, Montes de María Ltda., una empresa de seguridad privada, que usó como “fachada” para proteger sus tierras en Zambrano.

Varios campesinos que han rendido testimonios ante los tribunales aseguraron que los integrantes de esta compañía amedrentaron a la población, atizando la violencia de la zona, perpetrando extorsiones, asesinatos y desapariciones, e impidiendo la movilidad de los pobladores con la instalación de ‘retenes’. Miky Ramírez fue socio de Pablo Escobar.

En 2011, los campesinos se organizaron en la Asociación de Usuarios Campesinos de Veranillo y con asesoría jurídica solicitaron ante el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) la extinción de dominio del predio por “inexplotación económica”. Si el Instituto les da la razón, este predio sale del registro de la propiedad privada, pasa al Estado y puede ser adjudicado y titulado a campesinos como ellos, que carecen de tierra.

Con la convicción de que pronto el Incoder se pronunciaría, los campesinos siguieron cultivando las parcelas. No obstante, tras las presiones por parte de extraños, consideran que su situación es de mayor vulnerabilidad por la falta de celeridad del Incoder. Por esta razón.

¿Quién es ‘Miky’ Ramírez?

Ramírez es un nombre conocido en la zona. Ramírez era propietario de la finca Guasimal, que le fue incautada por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Aunque los documentos indicaban que esta haciensda tenía 533 hectáreas, según sabían los habitantes de Zambrano y Córdoba-Tetón donde se extiende sus territorios, tiene entre mil 500 y mil 600 hectáreas.

La hacienda Jesús del Río, de 2 mil hectáreas, fue propiedad de ‘Miky Ramírez’ y centro de un escándalo en la que es cuestionada la administración de la liquidada DNE. Varios. Ramírez adquirió esta hacienda en los años 90 y tras su embargo por la DNE, ésta terminó en manos de un empresario que presuntamente aprovechó su amistad con el director de esa institución para poder adquirirla

Miky’ Ramírez fue condenado en el año 2013 por el Juzgado Sexto del Circuito Especializado de Bogotá por apropiarse de 30 mil millones de pesos del Estado con el fin de lavar dineros ilícitos.

Piloto de la restitución de tierras.

El gobierno nacional priorizó a los Montes de María como piloto de los procesos de reparación a víctimas. En Justicia y Paz, por ejemplo, por los hechos de El Salado fueron condenados en varias sentencias Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’; Uber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’; Alexi Mancilla García, alias ‘Zambrano’; y Eugenio José Reyes Regino, alias ‘Geño’. Ante la justicia ordinaria, fue juzgado Luis Francisco Robles Mendoza, alias ‘Amaury’, quien estuvo al frente de una de las masacres en El Salado.

En Restitución de Tierras, El Salado fue microfocalizado en agosto de 2012 y desde la vigencia de la Ley, El Carmen de Bolívar es el municipio con más sentencias en el departamento.

Pese a que estos fallos han exigido la presencia institucional y acciones para reparar a las víctimas, el conflicto ha sido latente. Ese corazón que se disputaron en el pasado guerrilleros y paramilitares, ahora es un botín para las bandas criminales, principalmente para las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que encuentran un corredor estratégico para el narcotráfico.

¿Retorno sin progreso?

El Gobierno y la cooperación internacional han participado durante los últimos 10 años en la reconstrucción de El Salado. Sin embargo, con las recientes amenazas hay preocupación sobre las garantías para que la comunidad pueda permanecer y progresar en estas tierras.

Con las amenazas, que han sido persistentes desde hace un año contra diversos sectores de la comunidad, el panorama resulta incierto para las víctimas que retornaron y están en procesos de reparación, así como para labriegos a los que les han restituido sus predios por la vía judicial o siguen a la espera de una sentencia.

De hecho, hay una particular coincidencia entre la reiteración de los mensajes amenazantes y la decisión tomada por el Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta que, el pasado 12 de diciembre (2018), profirió uno de los fallos más importantes para los saladeros, al cobijar a 17 familias que esperaron casi dos décadas por una decisión a su favor.

Aunque ya hay sentencias de restitución en El Salado, esta es la primera que restituye de un sólo tajo a un grueso de familias que perdieron a varios seres queridos durante el conflicto armado y que tuvieron que abandonar las parcelas, algunos en 1997 y otros en 2000, tras las masacres paramilitares.

Según se lee en el fallo, fueron desplazados de las tierras que sus padres trabajaron desde 1950 y que ellos siguieron cultivando en 1970 con tabaco, maíz, yuca y ajonjolí. Sin embargo, durante el juicio, el opositor los señaló de invasores y alegó actuar de buena fe al haber comprado las tierras, aun cuando los campesinos habían retornado y resistían en el predio en condiciones de vulnerabilidad.

En su decisión, el Tribunal señaló que, aunque el opositor no tuvo relación con el conflicto armado, no pudo acreditar la “buena fe exenta de culpa”, negándole cualquier tipo de compensación. En contraposición, ordenó restituir a las 17 familias, dictando medidas que incluyen la titulación de cada parcela y su acceso prioritario a programas de subsidios de vivienda, proyectos productivos, educación primaria y secundaria, así como a programas de formación técnica.

Otra de las órdenes exige una Jornada de Atención Especial con Enfoque Psicosocial y reclama un seguimiento continuo al estado de salud física y emocional de los beneficiarios, hasta que se restablezcan sus condiciones normales de salud. El fallo también llama la atención sobre cómo varias mujeres fueron “revictimizadas” durante los interrogatorios citados por el abogado del opositor durante la primera instancia del juicio.

La sentencia, además, previene a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Hocol S.A. de intervenir las parcelas, dado que las tierras están sobre el área de exploración gasífera y petrolera del bloque conocido como Samán, que está bajo la responsabilidad de la firma Hocol, filial de la estatal Ecopetrol.

Las medidas de reparación también involucran a la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, las Unidades de Víctimas y Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el Sena, las Fuerzas Militares y a la Policía. Cuando comience a ejecutarse la sentencia, el interrogante es si en el escenario actual los restituidos tendrán las garantías para reclamar el cumplimiento de esas órdenes.

En un país tan desigual como el nuestro, en donde los campesinos se encuentran a veces en situación de extrema pobreza, incluso antes de ser victimizados, y cuya vulnerabilidad es luego acentuada por la violencia, la restitución de tierras y cualquier medida de reparación integral no puede significar el retorno al estado previo de precariedad, dice el fallo.

Como lo alertó la Defensoría, desde hace un año en El Carmen de Bolívar las reclamaciones han tenido una respuesta violenta. La comunidad se pregunta, todavía sin respuesta, por qué los quieren callar y por qué las autoridades no han sido diligentes en garantizar su tranquilidad y progreso. En los últimos tres años, diez líderes sociales fueron asesinados en el departamento de Bolívar, según registros de la Defensoría del Pueblo.

Pero, ¿qué ha representado para las comunidades el reconocimiento público del horror que vivieron los Montes de María?

Jairo Barreto es uno de los integrantes de la Asociación de Víctimas de Chengue, una organización que reúne a los familiares de las 28 personas asesinadas en ese corregimiento de Ovejas el 17 de enero de 2001. Él asegura que en el caso de su pueblo, eso ha significado muy poco más allá de la exposición mediática.

Chengue está igual a como lo dejaron después de la masacre. En 15 años no ha pasado nada e incluso hemos sido revictimizados porque nos han utilizado para decir que ha habido reparación, asegura Barreto.

Hoy, en lo que queda de su pueblo, viven solo 11 familias de las 100 que había antes de la masacre. Después de convocar a los hombres y asesinarlos a martillo y a machete, el 70% de las viviendas de Chengue fueron quemadas por los paramilitares. Y así permanecen.

Para el retorno solo cumplieron con la condición de seguridad —dice Barreto—, pero lo importante es que haya condiciones dignas. ¿Cómo vamos a retornar si ni siquiera hay casas? Aquí todavía hay hambre y desigualdad, y mientras estén esas condiciones es muy difícil que haya paz. Es que la paz de una persona que vive en un apartamento en el quinto piso de un edificio en una ciudad no es la misma que la de una campesino”.

El Salado, hoy.

Hoy, el recorrido entre el Carmen de Bolívar y El Salado toma poco más de 30 minutos y el crédito de la pavimentación de la vía lo reclama el Grupo Argos con una valla que supera en altura las primeras viviendas de la cabecera del corregimiento.

Hace poco más de tres meses se inauguró la pavimentación de la vía que comunica a El Salado con la Troncal del Caribe y de allí con la cabecera municipal de Carmen de Bolívar.

La disputa por la tierra, hoy en propiedad de foráneos y de grandes empresarios, es uno de los nuevos conflictos que enfrenta la región. Elvia Badel espera que avance el proceso de restitución del predio que abandonó cuando los paramilitares asesinaron a su esposo y que ahora está a nombre de unos señores que no son de la región y que llegaron como caídos del cielo.

Hasta 2011 el Ministerio de Agricultura había documentado irregularidades en el proceso de titulación de por lo menos 40.000 hectáreas en esa región. Por medio de documentos falsos y de fraudes que involucran a notarios y registradores, cerca de 250 predios habrían dejado de estar en manos de campesinos de los 15 municipios montemarianos para escriturarse a nombre de empresas y particulares de otras zonas del país.

Para los líderes campesinos, esa cifra es muy inferior a la realidad del despojo que enfrentaron sus comunidades, no solo por cuenta de los fraudes, sino porque, según dicen, muchos de los actuales propietarios de tierras en la región aprovecharon la violencia y los bajos precios para comprar de forma “legal”.

El Grupo Argos y el despojo de tierras a los campesinos en el Salado.

En el centro de la polémica está el Grupo Argos, el mismo que invirtió en la pavimentación de la carretera a El Salado. En manos de esa compañía antioqueña y de sus filiales se encuentran cerca de 9.000 hectáreas en San Onofre, Carmen de Bolívar y Ovejas, de las cuales 3.100 están en proceso de reclamación. Sin embargo, la empresa ha asegurado que adquirió los terrenos legalmente y que no ha habido nada irregular en sus actividades en la región.

Mujeres de Montes de María, de víctimas a constructoras de paz.

Sobrevivientes de la violencia paramilitar en los municipios de María La Baja y El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, lograron que las alcaldías locales incluyeran en sus planes de desarrollo un artículo con el compromiso de suplir sus necesidades específicas y restituir sus derechos.

A mí me gustaría saber por qué nos usaron como botín de guerra. ¿Por qué nos tocó aguantar violaciones, torturas, ver cómo mataban a nuestros maridos y finalmente huir con nuestros hijos a cuestas, si nosotras no teníamos nada que ver con esa guerra?”. Rosalba Castillo hizo la pregunta mirando fijamente hacia adelante, después de narrar la violencia que vivieron las mujeres de la parte central de los departamentos de Bolívar y Sucre a manos del bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Hablaba alto, casi gritaba. Se había levantado de su silla para que las otras 30 mujeres que estaban reunidas en el colegio municipal de María La Baja (Bolívar) la vieran mejor. Las demás asentían. Llevan más de 20 años haciéndose la misma pregunta.

¿Será por la cultura machista? ¿Por la costumbre de ver a las mujeres como posesiones, porque nadie les había dicho cómo hacer valer sus derechos? ¿Por el afán de algunos por pisotear todo lo que parece frágil? ¿Una combinación de todas las anteriores?

Aunque ninguna tuvo la respuesta sobre la violencia del pasado, cuando se preguntaron sobre sus deseos para el futuro su visión fue muy clara: quieren una vida pacífica para ellas y sus familias. Esa era la razón de la reunión. Decenas de mujeres pertenecientes al Colectivo Restableciendo Derechos iban a hablar de los planes de desarrollo de algunos de los municipios más golpeados por la violencia en el departamento de Bolívar. Querían que en esos planes se incluyera un artículo que reconociera las necesidades específicas de las mujeres víctimas de la violencia. Querían que las autoridades se comprometieran por escrito a velar por sus derechos y darles las mismas oportunidades de estudio, trabajo y salud que tienen los hombres.

Quinto. Memoria histórica en los Montes de Maria.

Desgraciadamente en Colombia ni las grandes movilizaciones de la sociedad civil, ni la inclusión política de nuevos grupos sociales, ni la reforma económica, ni los proyectos de reforma institucional que introdujo la Constitución de 1991, ni el conocimiento sobre la existencia de ocho millones de víctimas, ni los Acuerdos de paz con las Farc, han logrado revertir las dinámicas de la violencia.

La Colombia contemporánea se caracteriza por la existencia en la vida nacional colombiana de la confrontación extrema, el terror, todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y el “democidio” entendido como el conjunto de acciones que con importante compromiso del Estado ha conducido a los paramilitares y neoparamilitares a estrategias de extinción programada y sistemática de los grupos de oposición y sus posibles bases sociales en un exterminio proclamado como solución de lucha antiguerrillera. Así, el guerrillero devino “enemigo interior” y ese criterio se extendió a los “colaboradores de la guerrilla” y a campesinos, indígenas y pobladores habitantes de las zonas con presencia guerrillera, convertidos todos en blancos de la acción bélica contrainsurgente. En este conflicto de cerca de cien años se han enfrentado grupos armados subversivos, estatales y paraestatales, en una guerra civil que ha tenido graves consecuencias en la población como la ruptura cultural, política y social.

Este país se define entonces por una des-estructuración socio-política que, en el marco del conflicto armado interno y de las presiones del imperialismo, ha coadyuvado el fortalecimiento del neoliberalismo, pero también de formas autónomas de organización política y de producción simbólica surgidas entre las clases subalternas. Esta acción bélica prolongada subsiste en un marco de legitimación social de los poderes establecidos.

Sobre este conflicto armado y su barbarie es poco lo que se informa y en el manejo de la información predomina la construcción de imágenes falsas y el ocultamiento, que conducen no solo a la desinformación, sino a la apatía e incluso a la complicidad con los actos atroces. Ello, porque muchos análisis de los medios masivos de comunicación se sumergen en la globalidad y son siempre fríos, distantes y sin una referencia concreta a los responsables, las personas víctimas, los lugares y fechas concretas, las circunstancias y los elementos de análisis de los hechos.

El testimonio de las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica.

Para los investigadores, resulta complejo y a veces casi imposible acceder a las voces de las víctimas sobrevivientes que den verdaderamente cuenta de lo ocurrido. En ellas prima el afán por la supervivencia. Si lograron salvar sus vidas, no quieren arriesgarlas con la denuncia o la exigencia de justicia que puede conducirlos -y los ha conducido en muchas oportunidades- a la revictimización. Muchas de ellas se resignan al silencio y dado el mal funcionamiento de la justicia que se traduce en impunidad, no se atreven a denunciar a los victimarios.

Frente a los hechos de violación de los Derechos Humanos es en extremo difícil convencer a una víctima, o a un testigo para que rinda una declaración; ellos están convencidos de que con sus declaraciones firman su sentencia de muerte y nuevas persecuciones. Algunos, sin embargo, desafían la impunidad y la falta de verdad y memoria y rinden sus declaraciones, algunas de ellas judiciales y otras extrajudiciales. Entre ellos y ellas se encuentran las víctimas que han dado sus testimonios, convencidos de la importancia de dejar una huella para la memoria que pueda dignificarlos y recobrar el buen nombre de sus familiares desaparecidos o asesinados.

En las circunstancias del país, la construcción de la memoria histórica se convierte en una cuestión de relevancia dentro de la sociedad, bien sea desde la perspectiva historiográfica, o desde la política. Es fundamental trabajar en la construcción de una memoria histórica razonada e incluyente.

Se hace relevante en el marco de la labor del investigador de la memoria, ubicar las experiencias y vicisitudes personales expresas en los relatos de las víctimas, en un panorama en que tanto el narrador como los lectores, entiendan que más allá de los episodios de dolor y muerte vistos por las víctimas a nivel personal, se encuentra un contexto de conflicto social, político y económico de orden nacional e internacional dentro del cual su drama se suma al de varios millones de víctimas del conflicto armado interno colombiano. Este ejercicio de comprensión habrá de ayudar a las víctimas a auto gestionar su pasado, su presente y su futuro. Igualmente, habrá de aportar a la sociedad civil y en general, al reconocimiento de la tragedia que ha vivido y vive Colombia, con miras a que sea la sociedad en su conjunto la que pueda empeñarse en la construcción de un país consciente, que asume sus responsabilidades frente al conflicto y que así abre senderos de construcción de paz.

El trabajo que hemos hecho en Carmen de Bolívar, en Morroa, en Zambrano y en Cordoba Tetón mediante entrevistas con víctimas del conflicto lo hemos realizado con las metodologías de la “historia oral” por su capacidad de transmitir las “voces de la historia reciente” y la “historia desde abajo”, como una forma de interacción con el pasado inmediato y con las vivencias y procesos de las clases ubicadas en los márgenes sociales, porque permite “dar voz” a quienes se les ha negado, dirigiendo las miradas a aquellos sectores sociales que han sido excluidos de los relatos de la historiografía tradicional y/ oficial.

También ha sido clave identificar el trabajo realizado en la region por el Museo itinerante por la memoria histórica de Montes de Maria y por el Museo comunitario de San Jacinto.

No hay que olvidar que la memoria colectiva y el olvido colectivo también son necesariamente materia de gran relevancia para el historiador de lo oral, en cuanto que las personas experimentan los hechos como individuos, pero también como miembros insertos en una particular cultura ubicada en un tiempo y un espacio específico.

Este trabajo se propone como una labor de Derechos Humanos y como tal asume su deber de recordar, enseñar, conservar, motivar, diversificar, recuperar y asistir el interés de re-significación de las luchas de diferentes grupos y sectores y la construcción de la memoria histórica razonada como construcción social y para la sociedad.

Desde luego, es importante señalar que, en el ejercicio de la memoria en Colombia, no es aceptable la neutralidad.

La garantía de los derechos de las víctimas y la movilización social para la no repetición, son imperativos que obligan a tomar partido por la verdad, a menos que se pretenda continuar con el desconocimiento de la realidad de millones de personas sometidas a crímenes de lesa humanidad, con consecuencias sobre toda la sociedad.

Memoria histórica comprometida con la resistencia.

Es preciso no olvidar que la memoria individual y colectiva puede ser funcional al poder o a las resistencias y que no basta con la mera representación del pasado para celebrar un avance de reconocimiento ligado a la garantía de derechos y la no repetición. Hacer y tener memoria es mucho más que evocar el pasado tal y como fue en realidad, puesto que las relaciones e intereses del presente son la marca que determina el riesgo de la posible manipulación. Para evitarla es preciso ampliar el proceso de construcción de memoria desde las víctimas y esa es la tarea que nos hemos propuesto.

Las Víctimas son las verdaderas actoras de este libro en donde los relatos emergen como escenarios de dotación de sentido, de capacidad de articulación, de comprensión, de enfrentamiento del miedo, y demás efectos buscados con la dominación.

Conclusiones.

Montes de Maria es el ejemplo vivo de los horrores de la violencia colombiana movida por la disputa por la tierra y por la apropiación de las economías y las infraestructuras que facilitan la acumulación de grandes riquezas.

Con 15 municipios, la region, fue escenario entre los años 90 y principios de siglo de una feroz violencia protagonizada por bandas delincuenciales, grupos paramilitares y otros agentes de violencia empeñados en mantener los factores de poder tradicionales de grandes terratenientes, y enfocados en fortalecer la gran hacienda agroindustrial y ganadera.

Fueron decenas de masacres, cientos de asesinatos y miles de familias desplazadas por la violencia de paramilitares y narcotraficantes como Miky Ramírez, Diego Vecino, Rodrigo Cadena, Juancho Dique y otros reconocidos asesinos que actuaron de manera mancomunada con la clase politica regional y con agentes del Estado como algunos integrantes de la Marina.

La violencia de estos grupos sigue allí y se recompone con las Organizaciones sucesoras del paramilitarismo como los Urabeños, la Oficina de Envigado y los Rastrojos.

En realidad el proceso de paz firmado con las Farc de poco ha servido para recuperar los derechos de los desplazados y para regresar la tierra a los campesinos pobres de los municipios. Afros e indígenas Zenú no han visto sus derechos restablecidos en los años recientes.

Bogota, 30 de mayo de 2020.

1 Para profundizar en el fenómeno paramilitar consultar el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cflOAE

2 Sobre las Organizaciones sucesoras del paramilitarismo ver los siguientes enlaces electrónicos https://bit.ly/2M9eLPz y https://bit.ly/3epGmYO

3 El trabajo sobre Memoria histórica que realizamos se apoya en los importantes y profundos procesos de construcción de Memoria Historica que adelanta la Universidad Industrial de Santander UIS a través de Amovi y de la investigación científica de la profesora Ivonne Suarez Pinzón, ver https://bit.ly/3gHlb6o

4 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3gyLz2h

5 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cgu2si

6 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cgu2si

7 Para esta descripción nos apoyamos en el texto de la facultad de estudios interculturales de la Universidad Javeriana de Cali que se puede consultar en el siguiente enlace electrónico Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cgu2si

8 Ver en el siguiente enlace electronico https://bit.ly/2ySnhiY

9 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3ccgXR2

10 Ver en el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3dfSQCi

11 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2McruRC

12 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2ZPdcy8

13 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3eyQa2C

14 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3ex1Tz0

15 Ver el texto de la facultad de estudios interculturales de la Universidad Javeriana de Cali que se puede consultar en el siguiente enlace electrónico Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cgu2si

16 Ver siguiente enlace electrónico https://www.youtube.com/watch?v=ibA3YdNjjbg

17 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2XfQVrL

18 Consultar el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2TOuGqU

19 Ver en YouTube en el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3dklEcM

20 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3exprDL

21 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3gxQBfv

22 Ver siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2Aj1uRO

23 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2XOftr4

24 El nombre de palenques se debe al conjunto de palos que a manera de muralla protectora rodeaba a los sitios donde se alojaban los cimarrones.

25 Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2XeC1Sv

26 Ver el siguiente enlace electronico https://bit.ly/2zIlZYc

28 Ver el siguiente enlace electronico https://bit.ly/3guMIYV

29 Ver el siguiente enlace electronico https://bit.ly/3gHj035

30 Ver en el siguiente enlace electronico https://bit.ly/3guMIYV

31 Ver el siguiente enlace electronico https://bit.ly/2ZN8QYw

32 Ver el siguiente enlace electronico https://bit.ly/3dbsEbT

33 Para esta descripción nos apoyamos en el texto de la facultad de estudios interculturales de la Universidad Javeriana de Cali que se puede consultar en el siguiente enlace electrónico Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cgu2si

34 Para esta descripción nos apoyamos en el texto de la facultad de estudios interculturales de la Universidad Javeriana de Cali que se puede consultar en el siguiente enlace electrónico Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cgu2si

44 Ver texto en el siguiente enlace electronico https://bit.ly/3dw0KHy

47 Ver https://bit.ly/2B99oxt

56 Ver https://bit.ly/2Mdw1mH con el informe a la Comisión de la Verdad.

57 Sobre las Organizaciones sucesoras del paramilitarismo ver los siguientes enlaces electrónicos https://bit.ly/2M9eLPz y https://bit.ly/3epGmYO

61 Ver sobre la masacre y la tragedia de este Corregimiento el siguiente enlace electronico https://bit.ly/2McILKv

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